Lo bueno, lo malo y lo feo de las elecciones a Consejos de Juventud

“Las cosas son y parecen ser, y nada aparenta

el secreto de la vida que lleva.”

Manía de la duda, Fernando Pessoa

En medio de la apatía generalizada, denuncias de fraude y la persecución a los líderes de la primera línea, se llevaron a cabo los comicios para la elección a los nuevos delegados a los Consejos Municipales de Juventud -CMJ-. Una figura creada por la Ley 1885 de 2018, mediante la cual los integrantes de los CMJ deben ser elegidos en votación directa de los jóvenes que hacen parte del censo electoral. Según la Registraduría, el censo lo conforman dos grupos: uno de mayores de 14 a 17 años, incorporados al censo en el lugar donde se expidió la tarjeta de identidad, y otro entre los 18 y 28 años, incorporados según la circunscripción donde se encuentren habilitados.

De acuerdo con el censo (Dane, 2018), los jóvenes en Colombia son 12’537.557, el 49,6% mujeres y 50,4% hombres; una fuerza electoral determinante, capaz de elegir el próximo presidente de Colombia. A pesar de esto, los jóvenes solo comenzaron a tener un reconocimiento formal, a través de la expedición del Estatuto de Juventudes (2018). Pero fue solo mediante el estallido social del S19 y, particularmente, del A21 que el país se dio cuenta de sus necesidades y frustraciones. Situación que la pandemia del Covid 19 exacerbó, disparando los índices de pobreza, desempleo y exclusión de este grupo de población.

Por esas razones, el profundo malestar de una juventud inconforme se transformó en un torrente incontenible que desbordó los estrechos causes institucionales y se tomó las calles para hacer sentir sus voces de protesta. La respuesta del gobierno Duque fue desconocer estos reclamos y desatar la más brutal represión policial, que tubo un altísimo costo en vidas humanas. 

Hoy, siete meses después, las denuncias de violación de los DDHH (CIDH, 2021) permanecen en la impunidad y, por el contrario, la fiscalía ha desatado una embestida judicial contra los líderes de la protesta juvenil en todo el país. Durante las últimas semanas han sido detenidos más de doscientos integrantes de la primera línea, acusados por delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte y trafico de objetos peligrosos (léase escudos, cascos y guantes), secuestro y tortura de servidores públicos e instigación para delinquir con fines terroristas. Delitos que suman penas de más de 25 años de cárcel. Esto ocurre al mismo tiempo que los responsables de asesinatos, torturas, y lesiones personales de más de 4.680 victimas de la violencia policial permanecen libres.

Esta semana se conoció un nuevo informe periodístico sobre la investigación adelantada por el grupo “Cero Setenta” de la U. de los Andes, con el apoyo de la agencia de noticias públicas FAByB, que da cuenta del evidente planeamiento y la complicidad de las autoridades de policía de Pereira con los perpetradores del crimen de Lucas Villa.

Estas dolorosas circunstancias señalan las razones por las cuales los jóvenes sienten una profunda desconfianza con el gobierno actual y carecen de credibilidad en las instituciones públicas. De acuerdo con la encuesta sobre percepciones (U. Rosario, 2020)[1], los jóvenes desconfían profundamente de instituciones como la policía (71%), las autoridades locales (77%), la presidencia (87%) y el congreso (88%). Igualmente, la más reciente encuesta de Invamer señala que la imagen del presidente Duque cayó 16 puntos y alcanzó el 70% de desaprobación.

En este contexto, la convocatoria a los jóvenes a participar en el proceso electoral cayó en el vacío del escepticismo y la apatía. De una parte, el desconocimiento de la mecánica electoral y, de otra, la falta de información oportuna y las fallas en el diseño del tarjetón electoral, frustraron la posibilidad de participar en este simulacro de representación política.

Los resultados del reciente proceso electoral señalan que los votantes fueron menos de 1,28 millones, con una abstención del 90% y casi 300 mil votos nulos. Lo cual señala las grandes fisuras existentes en el sistema electoral colombiano, y particularmente, el pésimo manejo de este proceso por parte del registrador nacional, quién afirmó sin sonrojarse: “lo importante no son los votos, sino el ejercicio democrático”. 

En materia de la participación política, los resultados nos dejan un sabor agridulce. La proliferación de listas (7.824) y candidatos (41.825), donde predominaron las listas de los partidos y movimientos políticos (54,2%), seguidos de las listas independientes (28,2%) y de listas que representaban procesos y prácticas sociales (17,5%), señalan la profunda atomización de los procesos de organización política juvenil.

Como era de esperarse, en este río revuelto de intereses y representaciones, la ganancia la obtuvieron los partidos políticos que lograron el 56,4% de los votos, mientras que los independientes alcanzaron el 29% y las listas de los procesos y prácticas organizativas de las juventudes solo el 14,5% de los votos. Demostrando una vez más que, con la famosa “operación avispa”, los partidos tradicionales siempre obtendrán una cosecha electoral. 

Esta vez la “cosecha” de votos, fue facilitada por la resolución 15881 de la Registraduría, expedida subrepticiamente la noche anterior (4 de diciembre) al día de las elecciones (05/12/2021), por medio de la cual, el avezado registrador Alexander Vega, autorizó a los jóvenes entre los 14 y 17 años a votar en cualquier puesto de votación, diferente a donde se hallaban inscritos. Abriendo así la compuerta a cualquier tipo de fraude (múltiple votación de la misma persona o la trashumancia electoral) y cambiando las reglas del juego a último momento, tal como lo advirtió la Misión de Observación Electoral.

Por las anteriores razones, se puede colegir que la abstención electoral -al igual que el voto en blanco- no constituye ningún tipo de sanción social sino la expresión de una “enfermedad infantil “, que se caracteriza por una precaria cultura política que facilita el predominio de los intereses de las maquinarias electorales, acostumbradas a aceitar los procesos electorales con prebendas que les garantizan la consecución de votos y la manipulación de los resultados.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 13 diciembre de 2021

Postre 1:

La última “jugadita” del HP, César Lorduy, de la bancada de Cambio Radical y cercano al Clan Char, de incluir un articulito (art 68) en el proyecto de ley anticorrupción que ordena cárcel a los periodistas que denigren de un funcionario público, es un atentado contra la libertad de expresión y constituye un descarado intento de imponer la mordaza a la libertad de prensa.

Postre 2.

Ante la presión de los organismos defensores de la libertad de prensa y de escandalo internacional, el presidente Duque tuvo que salir a regañadientes a solicitarle al Congreso el retiro de articulito Lorduy, que intenta imponer una mordaza a la prensa independiente. Esperamos que no sea solo un arrepentimiento de dientes para afuera, como nos tiene acostumbrados el presidente, en materia de defensa de los DDHH.

Postre 3:

La senadora Angélica Lozano abandonó la tolda de los verdes para pedir oxigeno en las filas de Ingrid Betancur. Verdes se crían y el oportunismo las marchita.

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[1] Universidad del Rosario y El Tiempo (2021). Encuesta ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?,   

El discreto encanto de la burguesía nazional

“Detened al terror y a las mordazas

para que renazca, joven, en España

la vida verdadera, la sangre jubilosa,

la ternura feroz de un mundo libre.

¡Detened a la muerte, camaradas!”

No pasaran, Octavio Paz

El más reciente escandalo protagonizado por la Policía de Tuluá tuvo un alcance mundial y provocó una inmensa reacción y condena del cuerpo diplomático de varios países. En una conmemoración histórica -que la directora nacional de la Policía declaró un evento pedagógico- los uniformados exaltaron a las tropas nazis y un miembro de la policía, disfrazado de Adolfo Hitler, encabezaba un grupo de policías que lucían uniformes y las insignias nazis.

El evento señalado como un hecho indignante, provocó la reacción del embajador de los EE. UU., quién se declaró “consternado” y “profundamente decepcionado”. En igual sentido se pronunciaron las embajadas de Alemania e Israel, para quienes “ninguna explicación es suficiente”

Este bochornoso incidente, nos hizo recordar la denuncia del periodista Daniel Coronel, sobre la exaltación que hiciera un tradicional y prestigioso club social de la capital de la República, a la doctrina nazi y a la figura de Adolfo Hitler, mediante la exhibición de un desfile militar nazi encabezado por Adolfo Hitler, el criminal que ordenó el genocidio de seis millones de personas, entre judíos, gitanos, homosexuales y comunistas.

En estos episodios, aparentemente aislados -al igual que en la magistral película de Buñuel, donde el embajador de una República bananera- nos sirve de hilo conductor para deshilvanar el ovillo de la soterrada admiración que las elites colombianas les profesan a las dictaduras. Cómo lo dijera el filosofo de Neiva, la burguesía colombiana es democrática, de dientes hacia afuera, pero su afición es la dictadura.

La historia reciente del país así lo demuestra. Pasamos de un régimen dictatorial, que hizo del “estado de sitio” la forma más frecuente de gobernabilidad en el siglo XX, a la figura actual del “estado de excepción” para ejercer la dictadura civil, donde el presidente concentra todos los poderes, legislativo, judicial, electoral e, incluso, las agencias de control. 

En ambos casos, las élites en el poder han hecho uso de la doctrina de la seguridad para colocar a las FFMM contra la ciudadanía, y desatar largos períodos de violencia, persecución y exterminio de las fuerzas opositoras. En los años 50 del siglo pasado, el ejemplo de la España franquista y la narrativa del “enemigo interno”, les sirvió para entronizar dentro de los cuerpos de seguridad del estado, los discursos de odio y estigmatización del adversario, dejando como saldo más de medio millón de víctimas.

Durante los últimos 20 años, esa misma narrativa se hizo hegemónica en Colombia, bajo el mandato de la “seguridad democrática”, que el expresidente Uribe le vendió al país como la guerra del estado contra el terrorismo de las Farc. Doctrina que justificó el uso de todas las formas de lucha, legales e ilegales, incluida su alianza con el paramilitarismo y el narcotráfico. Esta guerra que le costó al país la cifra de más de 200 mil muertos, 8 millones de campesinos y campesinas desplazados, 6.450 ejecuciones extrajudiciales, el copamiento de extensos territorios de la Colombia profunda y la captura del estado por parte del narcotráfico y la inmensa corrupción de la clase política tradicional.

De este inmenso pantano, en que se sumió el país durante los dos mandatos de Uribe, comenzamos a salir cuando, el presidente Santos decidió apartarse del legado de su mentor, y encaminarse hacia la búsqueda de una salida política al conflicto armando; camino que finalmente nos condujo a la firma del Acuerdo de Paz en la Habana, que ahora llega a su 5º año de vida. 

Sin embargo, el Acuerdo de Paz alcanzado con la guerrilla de las FARC, no ha estado exento de escollos y avatares. El primero de ellos estuvo en el nacimiento mismo del Acuerdo, cuando el presidente Santos decidió someterlo a la aprobación de un plebiscito, en lugar de una oportunidad para lograr un gran acuerdo nacional de reformas. Este camino nos condujo a la primera gran frustración al perder el plebiscito frente a las fuerzas del NO. Un verdadero triunfo pírrico que, aún hoy sigue sido el caballito de batalla del desvanecido Centro Democrático, le ha servido para oponerse rabiosamente a los acuerdos y reclamar su ilegitimidad.

El segundo escollo, lo representó la falta de voluntad política para reformar las FFMM y sacar de sus filas la doctrina del “enemigo interno”; razón por la cual, la cúpula militar ha continuado haciendo uso de sus prácticas anti insurgentes, que se han traducido en permanentes abusos de los DDHH, ejecuciones extrajudiciales, y reiterados escándalos de corrupción e impunidad, que dejan entrever las “orejas de burro” de una oscura postura autoritaria.

El tercer escollo, lo constituye el incumplimiento de los acuerdos legislativos relacionados con las garantías y seguridad para la reincorporación de los excombatientes, la representación política de las víctimas y, particularmente, la reforma política que le ofrezca un nuevo marco para la participación democrática y la expresión de las nuevas ciudadanías. Particularmente, el derecho a la participación y la protesta ciudadana han sido brutalmente reprimido por parte del actual gobierno, en los más recientes estallidos de protesta juvenil. El balance de estos abusos quedó ampliamente documentado en los informes de la CIDH y en los registros, on line, de las redes sociales y los medios alternativos de información. Hechos que aún hoy, siete meses después, no han logrado ser esclarecidos y permanecen en la impunidad, pese a los reclamos de los organismos internacionales de los DDHH. 

El cuarto escollo ha estado centrado en la incompetencia y el descaro de Duque para hacerle “jugaditas” a la paz. En su primera acción legislativa, se negó a sancionar la entrada en vigor de la JEP, tal como se lo había ordenado el expresidente Uribe. Luego, intento frenar la acción de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, asfixiándola económicamente y obstaculizando la prolongación de la Ley de Víctimas. Y más recientemente ha saboteado el otorgamiento de las curules a las víctimas.  

Sin embargo, el Acuerdo de Paz trajo consigo una refrescante oxigenación al país, al remover las estancadas aguas del conflicto armado y abrir las exclusas para que las nuevas ciudadanías y los movimientos políticos alternativos comenzaran a forjar caminos independientes de expresión y de protesta. Aún, en medio del intento del gobierno actual de hacer “trizas” el Acuerdo de Paz y del alto numero de víctimas y asesinatos que ha costado su avance, la marea de la resistencia y la inconformidad popular ha seguido creciendo, tal como lo demostró el estallido social del paro nacional en los meses de marzo, abril y mayo del presente año.

En este nuevo escenario de la postpandemia, la burguesía criolla ha buscado remozar su discurso antidemocrático, bajo la narrativa de que lo que se esconde, detrás de las protestas sociales en Colombia, es la expresión de lo que Alexis López, un entomólogo chileno de extrema derecha, denominó la “revolución molecular disipada. Según está flamante “teoría”, las nuevas formas de la protesta social en América Latina son la expresión de movimientos de guerrillas urbanas desarticuladas que combaten “molecularmente al sistema para sembrar el caos e imponer su propia dominación”. 

Esta concepción encaja perfectamente en la ideología uribista que ha tildado de guerrilleros a sus opositores políticos, a los lideres sociales, a los ambientalistas y a los defensores de las víctimas, con los cuáles mantiene una encarnizada disputa en los tribunales de justicia, buscando enjuiciarlos con testigos y testimonios falsos. Al mismo tiempo que justifican el uso de la violencia policial contra los manifestantes y hasta el bombardeo de jóvenes y niños, a quienes el Min defensa llama “maquinas de guerra”.

No es casual, que este oscuro personaje haya sido citado por el expresidente Uribe en un tweet, en medio de la protesta social de este año, donde invoca a las FFMM a “resistir la revolución molecular disipada que impide normalidad, escala y copa” y al mismo tiempo sea un invitado especial del gobierno de Duque, para dar cátedra en la Escuela Superior de Guerra, a un grupo de oficiales que hacen el curso de ascenso a generales del Ejercito colombiano.

Esta pseudoteoría de la “revolución molecular disipada” constituye una vulgar tergiversación de los planteamientos de filosóficos franceses como Foucault (1966), Deleuze (2005) y del psicoanalista Félix Guattari (1977), para quienes, la revolución molecular, es una forma de liberación de la subjetividad, que se encuentra oprimida por los súper poderes que reprimen nuestros deseos y hacen del miedo, un instrumento para mantener la subordinación al tirano. El “embrujo autoritario” es el hijo legitimo de miedo en que se apoya el discurso autoritario. Es el mismo discurso que el año 2016, logró despertar el temor religioso a la “ideología de género” para colocar en contra del plebiscito por la paz, a muchos movimientos cristianos. Y, luego en las elecciones del 2018, género zozobra en el electorado con el temor al “castro chavismo”, para favorecer al candidato uribista que finalmente, con la ayuda de la corrupción electoral y la compra de votos, llevó a la presidencia a Iván Duque.

Pero está dinámica cambió radicalmente con la protesta estudiantil de finales del 2019 y, sobretodo, con el estallido de la protesta juvenil y popular de los meses de marzo-abril y mayo de 2021, que produjo un profundo malestar cultural en la sociedad colombiana. 

Naturalmente, a este remezón, contribuyó generosamente la pésima gestión económica, social, internacional y política del presidente Duque. Quién terminó por cocinarse en su propia salsa de vanidades, lisonjas y estupideces. Este presidente pasará a la historia, no solo por su total desconexión y desprestigio ante la opinión pública nacional e internacional, sino por el mérito de haber logrado hacer trizas a su propio partido. Un logro que difícilmente le reconocerá la burguesía nazional que discretamente lo ayudo a elegir y tampoco se lo agradecerán sus correligionarios, a quiénes deja tirados en el fondo del barril de los puercos.

Postre 1:

La HP Jennifer Arias -presidenta de la H. Cámara de Representantes- Falla el derecho de autor y viola los derechos patrimoniales, con un abultado plagio en su tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Así lo confirmó la Universidad Externado de Colombia en un comunicado donde ratifica la investigación iniciada por el portal Plagios y declara la existencia de una violación a los derechos de autor. ¿Será que ahora el gobierno la premiará con un encargo diplomático? Largo, ya.

Postre 2:

La presidenta (encartada) de la Comisión Quinta constitucional, la HP senadora Esperanza Andrade Serrano (Partido conservador), la vimos atragantarse con la intervención de senador Gustavo Petro, reclamando el pronunciamiento de la Comisión Primera del Senado contra las calumnias de María Elvira Salazar, congresista república por el Estado de la Florida, cercana a Álvaro Uribe y quién fuera elegida con el apoyo del CD.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 

noviembre 23 de 2021

 

El proceso del encadenado expresidente

 “¡Cómo ha cambiado mi vida y cómo, en el fondo, no ha cambiado nada!”

Investigaciones de un perro, Franz Kafka

En uno de esos lúgubres días de octubre, el expresidente Uribe Velez y su séquito de abogados, lacayos y guardaespaldas, aguardaban silenciosos tras las cámaras, a que el abogado de la defensa de las víctimas, Reinaldo Villalba, avanzara en su explosivo alegato. Hacia ya más de tres largos y penosos años que las cosas se le venían enredando al expresidente, con ocasión del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual decidió archivar el proceso contra el senador Iván Cepeda Castro y abrir una investigación en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal y, al mismo tiempo, compulsar copias a la justicia ordinaria  contra el abogado Diego Cadena y otros determinados.

Por la blanquecina cabeza del ahora imputado expresidente, desfilaban un sinfín imágenes de cientos de reuniones y conversaciones, de las cuales fue protagonista tratando de reversar el fallo de la CSJ que desde entonces lo mantienen encadenado a este proceso.

Era consciente que esté deja vú, en que se han transformado sus días de retiro forzado en el Ubérrimo, comenzó cuando las falsas acusaciones contra su enemigo político, el senador Cepeda, se le devolvieron como un boomerang. Y, ahora, era él, el que estaba en el banquillo de los acusados. Se encontraba en un callejón sin salida, donde todo el entramado de su embrujo autoritario se le vino abajo, como un castillo de naipes, dejando al descubierto su verdadero rostro de determinador de crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante los últimos 20 años en el país. 

¿En qué momento habia pérdido las riendas del control autoritario de sus determinaciones? ¿Cómo era posible que esto le estuviera ocurriendo a él, ahora que su partido había logrado acumular todo el poder supremo, y controlar todos las ramas del poder público, anulando los precarios contrapesos de la maltrecha democracia restringida que impera en Colombia?. Esto era algo que en sus cursos de verano de ciencia política en Harvard, nunca se lo explicaron.

Sabia perfectamente que su gran habilidad como influenciador de la opinión pública y determinador de la voluntad de sus seguidores, se había desvanecido como espuma. Y guardaba sentimientos encontrados con su designado, el presidente Ivan Duque, a quien siempre protegia como a un hijo bobo. Pero era conciente de su ineptitud e incapacidad para cuidarle sus tres “huevitos”. Duque había dejado escapar, como agua por entre los dedos, las inmensas oportunidades de afianzar su legado y encubrir sus crímenes. 

Ahora, desde esa “jaula de oro” -en que se le ha transformado su estadía en la extensa hacienda de Córdoba- contempla impotente la meteórica caída de su popularidad y el creciente desprestigio del régimen político uribista que, él con tanto esfuerzo y sagacidad logró construir como un “estado de excepción” para albergar toda la pestilencia de la narcopolítica y de la plutocracia que lo rodea.

En medio del torbellino de sus atormentados recuerdos, era consciente que todo su tinglado de trapisondas y mentiras, comenzó a venirse a bajo cuando, en el desespero por reversar la decisión de la CSJ, perdió los estribos y se inmiscuyo directamente en el bajo mundo de la compra de testigos falsos. Llamó personalmente a Diego Cadena, un ladino abogaster, acostumbrado a sobornar testigos y a fabricar pruebas falsas para ayudar a los narcotraficantes a evadir la justicia, y lo hizo su aliado incondicional. Aprovechando la devoción que le profesaba, le encomendó el trabajo sucio de buscar y comprar falsos testigos en las cárceles que le permitirá: desacreditar testimonios que lo comprometían a él y a su hermano Santiago Uribe -preso por la conformación de grupos paramilitares-; desprestigiar a los Magistrados de la CSJ; y señalar al senador Cepeda como instigador de las acusaciones en su contra. 

No obstante, que trató de mantener oculta esta conspicua relación con el abogado Cadena -como ocurre con las relaciones clandestinas que se quieren esconder- se hizo pública, cuando las autoridades judiciales encontraron un hilo conductor entre el exsenador Uribe, el abogado Cadena y reconocidos jefes paramilitares que purgan condenas en las cárceles por crimenes de lesa humanidad y que estarían dispuestos a colaborar con las causas del expresidente Uribe. Estas revelaciones de la CSJ, terminaron por correr el velo que mantenian al expresidente afianzado en su acostumbrado patron de “tirar la piedra y esconder la mano”, dejando que sus subalternos hicieran el trabajo sucio. 

¡Proceda, doctor Diego¡ ¡Hay que seguir en la batalla¡ Eran las frases que se le escuchaban decirle al abogado Cadena, para avalar su proceder delictivo. Al igual que ocurrió durante los largos años de sus mandatos, estaba completamente seguro que sus subalternos cumplirían sus ordenes al pie de la letra, aún a costa de sacrificar su integridad personal. ¡Es larga la lista de colaboradores y amigos suyos, que purgan condenas o han tenido que huir para encubrir las torcidas ordenes de su admirable jefe¡

Pero, los tiempos han cambiado. Ahora, las imputaciones han recaido directamente sobre él. Por eso, su rostro ha perdido todo el brillo del encanto autoritario, y ahora una mancha amarillenta, como de rigidez cadaverica, le cubre la cara. Tal vez, esa sea la razón para que ahora prefiera apagar la cámara del zoom y dejar que sean sus abogados los que den la cara!

En estas circuntancias tan aciagas para el imputado expresidente, tal vez sus abogados hayan pensado en la posibilidad de aconcejarle se acoja a los beneficios de la JEP; pero esto significaria el reconocimiento final de su fracazado plan de hacer trizas los acuerdos de paz y, eso, para el determinador significaría su muerte política. Por esas razones, saben que ahora no tienen más opción que prolongar la agonía del difunto y esperar que las inmensas presiones y veladas amenazas sobre la juez que ahora conduce el proceso contra el expresidente, terminen por doblegar la voluntad de hacer justicia.

Pero aún, en el caso de un improbable fallo de preclusión en favor del imputado expresidente, como lo ha solicitado el fiscal Gabriel Jaimes, es tal el cúmulo de evidencias y pruebas de la conducta dolosa de Uribe Velez que va a ser imposible escapar, ya no solo a la condena de la opinión pública nacional y mundial, sino a la justicia misma. Ya bien sea en Colombia o ante la Corte Penal Internacional -que tiene sus ojos puestos en este juicio-, el expresidente tendrá que responder por sus delitos.

La suerte del expresidente Uribe está irremediablemente encadenada a este proceso histórico.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, octubre de 2021  

Potre 1: RCN dice que la exministra Adudinen salió del país por razones personales y está en lo cierto, salió huyendo para eludir el llamamiento a juicio de la CSJ, una razón muy personal.

Postre 2: La nueva ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, que según la revista Semana tiene la lupa puesta en recuperar los 70 mil millones entregados por su antecesora a Centros Poblados, no supo responder en entrevista a la doble W, cómo va ha proceder para recuperar esos dineros de los Colombianos; en cambio fue muy diligente en responder que no tiene ninguna inhabilidad para decidir sobre el pleito de las plataformas del transporte privado, por que viene de actuar a favor de una de ellas. (SIC!!!)

Postre 3: La Función Pública confirmó que el director de la DIAN ocultó la sociedad que tiene en el paraíso fiscal Delaware en su declaración de bienes y rentas (SIGEP) del año 2020, por que no lo consideró conveniente para sus interés como elusor de impuestos.

Bienvenidos, al caos

“A la oligarquía criolla, la independencia le pareció una fiesta brava, 

una buena oportunidad para recoger los frutos de una cosecha

que nunca contribuyeron a sembrar”

La Bagatela, Antonio Nariño 1810

El 20 de Julio se instaló en el imaginario de los colombianos como el día de la independencia. Sin embargo, las recientes lecciones de nuestra historia patria nos han señalado que, con lo advirtió en su momento Antonio Nariño, lo que realmente ocurrió no fue la conquista de la independencia sino un cambio de mando, de una aristocracia despótica y decadente por una oligarquía criolla de lacayos y buscadores de renta que nos ha gobernado hasta nuestros días, con muy contadas excepciones.

Después de dos siglos de despojos y despotismo, la estabilidad de las clases dirigentes del país parece haberse quebrado. El espejo del poder, como lo dijera J.M. Brunner, “está irremediablemente trizado”. No de otra manera se puede entender que la instalación del Congreso de la República se hiciera cambiando el horario y que, el ingreso al sagrado recinto de la democracia se hiciera a hurtadillas y custodiado por 10 mil hombres y mujeres de las FFMM. 

Estamos -cómo lo dijera J.M. Barbero- “de vuelta al caos”

Pero está vez lo que se quebró no fue un florero sino el embrujo autoritario del régimen despótico del uribismo. El 28 A. pasará a la historia cómo el episodio que, motivado el intento del exministro Carrasquilla pasarle la factura a la clase media por el fracaso de su política fiscal y monetaria, dio origen al estallido social más significativo de los últimos tiempos. En los tres meses de protesta, se han producido 4973 manifestaciones, 1897 marchas, 2426 bloqueos, 522 movilizaciones, 1130 disturbios y 18 asambleas populares, que suman más de 10 mil expresiones de la protesta social y un número similar de atropellos y excesos de la fuerza pública. 

En un duro informe sobre la represión a la protesta en Colombia, la CIDH señaló su preocupación por la situación de los DDHH “el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia de género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, detenciones arbitrarias, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desapariciones; así cono el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar”.

En Colombia estamos asistiendo un profundo malestar cultural. Tres son las atmosferas culturales que lo envuelven: el protagonismo de los jóvenes, el desencanto social y la desintegración del imaginario social común. En relación con la primera atmosfera, la dura realidad de marginalidad y exclusión de los jóvenes generó, primero, su desconfianza en las instituciones y, ahora, su abierta rebelión contra las autoridades gubernamentales. 

La rebelión juvenil representa el desanclaje generacional con un orden social y político que le ha negado los derechos elementales a la educación, la salud y el trabajo a millones de jóvenes de los sectores populares. En momentos que la expansión de los mercados converge con la explosión de las TIC, para ofrecerle a los alienados consumidores la más variada oferta de bienes y servicios, incluidos los productos del conocimiento y la información, a los cuales no tienen acceso. 

Como lo narra A. Baricco, los jóvenes de hoy son nómadas que navegan por las redes sin aferrarse a ningún relato. No necesitan instructores ni instrucciones para experimentar estas nuevas realidades virtuales. Pero para lograrlo, deben destruir primero el orden establecido. Vandalizar ese orden que les ha negado violentamente su ingreso. 

La expresión de los cascos y las primeras líneas es la respuesta de los jóvenes que, para enfrentarse a los poderes dictatoriales del “Capitolio”, deben salir a las calles vestidos con sus armaduras. Son las mismas que nos acostumbramos a ver en todas las sagas contemporáneas como el Juego de Tronos, los Juegos del Hambre o los Caballeros del Zodiaco. 

Por esas razones, la fuerza incontenible de la actual revuelta juvenil no tiene que pedirle permiso a nadie para expresar su rabia y sus reclamos. No tienen, ni tampoco quieren, acudir a los tradicionales intermediarios políticos o institucionales para hacerse sentir. Les basta y les sobra creatividad, imaginación y ganas para usar las redes sociales como sus plataformas de lucha. Por eso resulta, por lo menos, ingenua la convocatoria del gobierno de Duque a constituir los Consejos Locales de Juventud para canalizar la protesta en medio de semejante estallido social. 

Las clases dirigentes de este país no se han percatado que nos enfrentamos a una profunda revolución cultural, donde el sistema de valores, las normas éticas y las virtudes cívicas se están recomponiendo radicalmente. Acá no caben los cambios cosméticos. Menos aún, cuando han estado precedidos de la más brutal y criminal represión de la juventud colombiana. 

Los jóvenes quieren ser ciudadanos, pero de un país distinto, justo y empático, que los escuche y respete sus derechos. 

La segunda atmosfera cultural que estamos viviendo hoy es el desencanto social generalizado, agudizado por la pandemia, con el orden existente. Es el fin del “embrujo autoritario”. Donde ya no solo se quebró la legitimidad de un régimen social organizado sobre unas relaciones sociales de dominación profundamente injustas e inequitativas, sino donde la coacción brutal del régimen se desnudo mostrando de cuerpo entero su catadura dictatorial, capaz no solo de disparar y matar con las armas oficiales a jóvenes indefensos, sino de aliarse con oscuras fuerzas criminales y paramilitares para atentar y asesinar a los presidentes de otros naciones, como acaba de ocurrir en Haití.

Ese orden social “racionalmente administrado” por los instrumentos democráticos y los partidos políticos profesionales, con el cual soñaba Weber, fue reemplazado en nuestro país por una frondosa camarilla de oligarcas y políticos corruptos dedicada a asaltar las arcas del estado. Como lo dijera hace más de 200 años A. Nariño, “lo miembros de la fronda terrateniente y oligárquica criolla, están destinados a convertir la independencia de España, en un régimen rentístico que favorezca sus ambiciosas ansias de poder para incrementar sus riquezas, consolidar sus castas en el Gobierno y el deseo oculto de seguir marginando, engañado y maltratando al pueblo. Divide y vencerás, tal es su mandato” (La Bagatela, 1810).

La tercera atmosfera cultural que acompaña este estallido social es la desintegración del horizonte sociocultural común. El imaginario colectivo que teníamos todos los colombianos acerca de los símbolos patrios -como la bandera, el escudo, el himno y las estatuas de los próceres de la patria- como referentes comunes se han transformado en espacios de desencuentros, en territorios de conflicto. La bandera tricolor invertida, el casco de la primera línea y los monumentos ecuestres derribados se han convertido en nuevos símbolos de la protesta juvenil. El ‘Monumento a la Resistencia’, un inmenso monumento de más de 10 metros de altura, construido por los jóvenes manifestantes en el sector de Puerto Rellena, al oriente de Cali, se convirtió en la expresión de la resistencia de los caleños y en un lugar de encuentro de los manifestantes. Lo mismo ocurrió con el Monumento a los Héroes, un lugar que era parte del paisaje urbano y había permanecido anónimo, fue resignificado por los manifestantes como un lugar de encuentro y expresión de resistencia.

Lo mismo ha ocurrido en las calles y avenidas de las principales ciudades del país, allí los muros se convirtieron en inmensos lienzos donde artistas y manifestantes plasman sus mensajes de protesta. Sus creadores son conscientes de lo evanescente de sus obras, sin embargo, destacan su capacidad para generar espacios de encuentro. “El pueblo no se rinde carajo” es uno de los murales que más fuerza evocadora tiene, porque ha sido reescrito tantas veces como lo han borrado.

Durante el día 20 de julio las calles de muchas capitales y pueblos de Colombia se volvieron a llenar de voces y expresiones artísticas y multiculturales que animaron la nueva jornada de protesta como un verdadero día de fiesta. En contraposición a la lánguida y acartonada ceremonia de instalación del Congreso donde un presidente soberbio y falaz, realizó la instalación con un discurso que, la oposición calificó de estar totalmente desconectado de la realidad del país. Y después haciendo gala de las famosa “jugadita”, abandono apresuradamente el recinto sin escuchar las voces de la oposición, como lo ordena el Estatuto de la Oposición. 

Hoy en día, a diferencia de los tradicionales consensos que, durante años, se generaron alrededor de los grandes medios hegemónicos de comunicación. O del papel que desempeñaban los partidos políticos, la iglesia y la misma escuela, como mediadores entre lo popular y lo moderno, entre lo local y lo nacional, entre los de ‘abajo’ y las elites del poder. La función del relacionamiento social la cumplen ahora las redes sociales y los medios de comunicación independientes. Y, a gracias a ellos, la diversidad y multiculturalidad de las expresiones populares, ha tenido una amplia y sonora difusión, a nivel nacional e internacional.

Estas nuevas formas de relacionamiento están permitiendo crear una vinculación distinta entre lo nacional y lo popular. Permitiendo que sean los de ‘abajo’, los que se relacionan con los comunes, con los que son parecidos a ellos. Las experiencias de las resistencias en los barrios caleños, en las comunas de Medellín, Popayán, Facatativá, Cajamarca, Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, han permitido que, la convivencia de los muchachos, madres de familia, tenderos, microempresarios, artistas y profesionales de distintas disciplinas, desemboque en asambleas populares, donde se discuten la táctica y la estrategia de la acción política de los comunes. De allí nació la iniciativa de la Asamblea Nacional Popular que se reunió en la Universidad del Valle, en su segunda versión, durante los días 17 al 20 de julio, con la participación de más de 300 delegados de diferentes partes del país, de las Comunidades Negras del pacífico (PCN), la Minga indígena del Cauca y del Movimiento de la Primera Línea. Esta asamblea terminó con la suscripción de una declaración política, un memorial de agravios y una propuesta de acción política para las próximas elecciones del año 2022.

De está manera, como lo señaló Gramsci, lo popular se vincula a la acción política para que la memoria de lo popular nos permita construir un país distinto, un país verdaderamente democrático, un país donde quepamos de todos los comunes y, donde el poder este al servicio de los indígenas, los negros, los mulatos, los mestizos, los LGTBi, las mujeres, los jóvenes y los niños.

Por estas razones, los jóvenes en está coyuntura están asumiendo su papel histórico de destructores del orden tradicional. Son ellos los únicos sujetos que pueden ver en el irremediable espejo trizado por los infinitos contenidos que pugnan por expresarse en las culturas populares y por las innumerables fracturas que ha provocado en las costumbres, en los valores éticos y en las virtudes cívicas, el intento de las clases dominantes de doblegarlas y condenarlas a vivir otros 100 años de soledad. 

El poder despótico de está oligarquía criolla decadente, corrupta y abyecta quizás podrá, por un tiempo muy breve, atrapar los destellos fulgurantes del espejo y cubrir el horizonte con la sombra de sus oscuras ambiciones, pero no podrá nunca evitar que el sol salga mañana por el levante e ilumine el camino que el pueblo de Colombia eligió para transitar hacia la paz, la justicia social y la prosperidad de todos.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 20 de julio de 2021 

Adenda 1.: La Alcaldesa de Bogotá prefirió alinearse con las políticas represivas y antipopulares del Gobierno de Duque, para obtener unas dádivas en el Congreso y la promesa de una futura financiación de la 2ª línea del Metro, antes que refrendar su compromiso con el Pacto Social que tanto cacareó en su campaña.

Adenda 2: ¿Qué clase de ‘acuerdos políticos’ son esos dónde se eligen de dignatarios del Congreso de República a los más conspicuos e indignos representantes de la clase política colombiana?

Tras el humo del disparo

 Tras la cascada de condenas y titulares de prensa sobre el atentado de que fue objeto el helicóptero presidencial, mientras se dirigía al aeropuerto internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, quedan muchas preguntas. ¿Quiénes estarían detrás de este condenable y cinematográfico atentado? ¿Por qué se escogió el escenario de la frontera colombo-venezolana para realizarlo? ¿Quién fue y a quién(es) le sirve este tipo de atentados?¿Qué hay detrás del humo de los disparos?

El atentado muestra lo enredada que está Colombia, gracias al cambio de agenda de paz por la guerra que hizo este gobierno. Se conocen ya algunas ‘evidencias’, apresuradamente recolectadas y presentadas a la opinón pública nacional e internacional, pero se desconocen los móviles y los responsables del execrable atentado. Para desenredar esta espesa maraña es necesario, por lo menos, agarrarse de tres hilos que permitan esclarecer lo que en el argot de la guerra que se conoce como una “falsa bandera”: por qué se escogido este sitio?, por qué en este momento? y a quién(es) le sirve?. En relación con el primer hilo, hay que preguntarse por qué se escogió la frontera colombo-venezolana para acometer tamaña alevosía. Se trata de una de las “zonas rojas” donde se desarrolla, desde hace varios años, un conflicto de “baja intensidad”, que el gobierno Duque ha procurado escalarlo como un conflicto internacional, atendiendo las órdenes de Washington y del Ubérimo, para justificar muchas de las operaciones militares en lo que se conoce como “el arco del Caribe” (I. Griffith, 1993). 

El año pasado el gobierno norteamericano de Trump desplegó la flota naval del Comando Sur (U.S. Naval Forces Southern Command/US 44th Fleet), en aguas del Caribe, en una operación militar Multinacional denominada Martillo.Dicha operación estaba dirigida a interceptar rutas de narcotráfico y asfixiar al régimen de Nicolás Maduro. En el marco de esta campaña, el presidente Duque, junto con el exsecretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo y Juan Guaidó, pusieron en marcha la llamada operación Gedeón para derrocar al presidente Maduro que terminó con la captura de los mercenarios norteamericanos y colombianos que participaron en esta aventura, entre los cuales había infantes de marina colombianos.

Un año antes (febrero de 2019), la frontera colombo-venezolana fue el escenario del Concierto Ayuda y Libertad (Aid Live) donde, el recién autoproclamado presidente pro tempore de Venezuela, desembarco subrepticiamente en Puerto Santander escoltado por un grupo de paramilitares colombianos, como le denunció el Diario La Opinión de Cúcuta.  

Según cifras de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la OEA (MAPP/OEA), en esta zona operan 17 grupos armados ilegales organizados (GAO), que se disputan el control territorial de estas áreas fronterizas estratégicas desde hace más de 20 años. De acuerdo con la Fundación Progresar de Norte de Santander, en el área Metropolitana de Cúcuta se libró una cruenta guerra entre los Rastrojos, los Urabeños, el Clan del Golfo, las AUC Criollas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con miles de muertos, cientos de desplazados y desaparecidos y que terminó conformando el Ejército Paramilitar de Norte de Santander (EPN). Esta organización criminal, integrada por aproximadamente tres mil hombres bajo el mando de los hermanos Escamilla – Luis Jesús Escamilla alias el “Concha” y Carlos Escamilla alias “Patevaca”- opera como una red de extorsionistas, escuadrones de la muerte y políticos corruptos que, tuvieron en el exalcalde, Ramiro Suarez Corzo, a su mejor colaborador. El EPN se financia con los dineros de las extorsiones, el narcotráfico y el contrabando de gasolina y otros bienes y servicios, controlando los pasos fronterizos y, especialmente, los territorios aledaños al aeropuerto de Cúcuta, como las Comunas Norte (6) y Noroccidental (7), desde donde se fraguó el “atentado”.

El momento del atentado deja muchos interrogantes y cabos sueltos. La comitiva presidencial regresaba de Sardinata, donde se celebró una reunión para presentar los avances del programa de gobierno “Paz con Legalidad”. Donde el Ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que la presencia militar en la zona había aumentado en un 150%, para garantizar “la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del Catatumbo” y destacó que era una respuesta de institucionalidad ante las amezazas del terrorismo, luego de los ataques contra la Brigada Militar en Cúcuta. Ante estas circunstancias cabe preguntarse, ¿quiénes organizaron el operativo de seguridad para el desplazamiento de la comitiva gubernamental por una de las regiones más convulsionadas e inseguras del país? ¿Cómo obtuvieron, los supuestos terroristas, la información de las características, los horarios y la ruta del desplazamiento de la comitiva para ser tan precisos y asertivos en sus disparos?. Acá solo cabe una hipótesis, la información solo fue posible filtrarla desde la misma Presidencia de la República. 

El helicóptero Black Hawk, donde se transportaba el séquito presidencial, es una nave de combate considerada una de las más seguras del mundo, diseñada especialmente por el Ejercito Norteamericano para resistir a los ataques enemigos y sobrevivir a los impactos de armas de largo alcance, durante la guerra de Vietnam. Está dotado de una cabina blindada para proteger a la tripulación y cuenta con dualidad de sistemas que le permiten maniobrar ante cualquier hostigamiento, reponder con contundencia y soportar situaciones extremas. De tal manera que aún el más osado e infantil “terrorista” sabe que es un disparate apuntarle a esta nave con un fusil de las mismas características de los fusiles entregados al Ejercito Colombiano durante la desmovilización de las FARC-EP. 

Uno de los funcionarios de gobierno que viajaba en el helicóptero le dijo a la prensa que, en el momento de los disparos, sintieron como si estuvieran “fritando crispetas” y solo cuando descendieron de la aeronave fueron informados de los (6) disparos que impactaron la aeronave. De tal manera que, por las evidencias recolectadas, se puede afirmar que este incidente no pasó de ser un mero hostigamiento que no logró asustar a ningún miembro de la comitiva de gobierno. Incluso el presidente Duque se mostró muy tranquilo y no pudo ocultar su impostura ante el antentado.

Sin embargo, lo más sorpresivo del incidente fue el hallazgo posterior de dos fusiles -AK y 7-62 tipo FAL ,que habrían sido utilizados en el atentado, con el registro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, abandonados en un potrero de la cabecera del aeropuerto. Imágenes que fueron rapidamente difundidas por el senador Ernesto Macias del Centro Democrático, quien viajaba al interior del helicóptero presidencial, y provocaron la declaración del Ministro Diego Molano quién afirmó: “He recibido información de una posible alianza criminal narcotraficante entre el frente urbano del ELN y las disidencias de las FARC, con organizaciones narcotraficantes y criminales que deliquen en Norte de Santander y tienen el respaldo de Venezuela”. 

Por estas extrañas circunstancias cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que un “atentado” de esa magnitud hubiera sido encomendado a unos aprendices que dejan abandonadas las evidencias en un potrero? Más aún, que las dejen en el barrio la Concordia, de la Comuna 6, territorio de operaciones de los grupos paramilitares, donde nada se mueve sin la anuencia del nuevo EPN?

Finalmente, es valido preguntarse qué intereses que hay detrás del atentado? A quién(es) le sirve? El atendado ocurre en el momento en que los últimos sondeos de opinión muestran la caída vertical en la imagen del Presidente y el repudio generalizado a su gestión y a la brutalidad de las FFMM. 

Los hechos ocurren unas semanas después de la explosión del “coche-bomba” al interior del Cantón San Jorge de la Brigada 30, lo que le costó la cabeza a varios comandantes de la BM y que puso en evidencia profundas fisuras en la seguridad del Estado. Cómo lo afirmó en su momento, Gimena Sánchez-Garzoli directora para los Andes de la agencia Norteamericana de WOLA, declarando su esceptismo frente a esta clase de atentados: “Aún no se puede afirmar si fue un atentado o un ‘autoatentado’ (…) Lo que sí es muy curioso es que ocurriera solo unos días después de que se hubiera levantado el paro Nacional, cuando el Gobierno ha emprendido una campaña global y, en especial en los EEUU, para hacer creer que ‘Colombia está bajo el ataque’ de terroristas urbanos, con el fin de aumentar la polarización y las tensiones en este país; y así también justificar la increíble violencia estatal ejercida durante las protestas” 

Esto ocurre, precisamente, como en la película de terror y ficción del español Santiago Jimenez, “Trás del humo del disparo”, donde los adictos al miedo y al terror necesitan del humo de los disparos como un ‘basuco’ para sentir la adrenalina de la guerra.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, junio de 2021

 

Adenda 1: Con las recientes decisiones de ordenar la represión de los jóvenes manifestantes, la alcaldesa Claudia López decidió quitarse la desvencijada careta de demócrata, y dejar ver su verdadera cara de autócrata!

Adenda 2: Las renuncias del director de Derechos Humanos y del Secretario de Seguridad evidencian que hay algo podrido en el palacio de Lievano!

¡Colombia en la encrucijada: el difícil transito hacia una salida democrática¡

 “El principal problema de Colombia no es la guerrilla… es la bomba de tiempo, que amenaza con estallar en Medellín, Cali, Bogotá o Barranquilla, conformada por una masa de jóvenes que nunca ha tenido oportunidades. Ellos saldrán de sus barrios y comunas, avanzado hacia los centros comerciales, almacenes de cadena y grandes negocios, arrebatando, lo que nadie les ha ofrecido ” 

Gilberto Echeverry Mejía, 1999

Lo que en otra época era apenas un vaticinio, como el expresado por el lúcido empresario y mártir de la paz de la gobernación de Antioquia, ahora es una dura y explosiva realidad. Desde hace 40 días la rabia y la indignación de los jóvenes colombianos se tomó las calles y las avenidas de toda la geografía del país, produciendo el estallido social más hondo y significativo de la historia reciente de Colombia. Ni siguiera el Bogotazo del 9 de abril de 1948, a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, es comparable con un sacudimiento tan profundo de rebeldía social contra un régimen oprobioso, como el que se inició el 28 de abril. 

El detonante de todo este estallido fueron las reformas de corte neoliberal que el gobierno de Duque quizo imponerle al pueblo colombiano, en medio de los estragos humanos y sociales causados por las malas políticas públicas agenciadas por su gobierno. Colombia es uno de los países con más muertos por Covid en el continente y, en medio del tercer pico de la pandemia, solo el 8,4% de la población total ha sido vacunada. Además, casi la mitad de la población se encuentra hoy en situación de pobreza y a más de 7,6 millones de colombianos se acuestan con hambre . 

Esta explosión social ha tomado la forma de una insurrección popular que desbordó todos los causes institucionales de la democracia representativa. Según la última Encuesta Nacional sobre jóvenes[1], el 90% no confía en las instituciones y, dentro de ellas las peores calificadas son el congreso , los partidos políticos, la Presidencia (9%) la Procuraduría, la Policía Nacional (13%), la Fiscalía y las FFMM (27%). Esta encuesta rebela que, a raíz de la actual coyuntura, el 95% de ellos se sienten amenazados y sus sentimientos son de tristeza, miedo, ira y frustración. Ante a estos resultados, el rector de la U. del Rosario declaró: “el mensaje que nos envían nuestros jóvenes es francamente desalentador”.

El 84% de los jóvenes respaldan el Paro Nacional, pero no se sienten plenamente representados por las organizaciones estudiantiles que participan en el Comité Nacional del Paro. Las razones que consideran validas para la protesta son de rechazo al Gobierno Nacional (91%), al abuso de la fuerza pública (87%), al aumento del desempleo (74%), a la pobreza (53%), a la corrupción (48%), a las desigualdades sociales (43%) y la desconfianza creciente con los gobiernos locales (70%).

Por estás razones, lo que hoy escuchamos en las calles son las voces de la “otra Colombia”. Esa Colombia que se tomó las calles y caminos para llenarlos con las barricadas de la resistencia popular. Desde estos puestos, los jóvenes defienden sus territorios de la brutalidad policial y de civiles armados que, desde sus lujosas camionetas, disparan contra los manifestantes. Los “puertos de resistencia” tienen vida propia. Allí la gente resiste en las ollas comunitarias, en improvisados hospitales donde se atienden a los heridos, en las aulas abiertas en las calles y en consultorios jurídicos ambulantes, a donde los jóvenes acuden para reportar las desapariciones de lo que el Gobierno llama “traslados por protección”. 

Pero también la resistencia se manifiesta en los cuerpos, en los grafitis y en las diversas expresiones artísticas e identitarias de afros, indígenas, campesinos, LGTBi, mestizos y mujeres, y en las voces que desembocan en asambleas populares donde se debate el futuro del país. Para muchos jóvenes, padres de familia, mujeres, estudiantes, habitantes de las comunas y trabajadores informales, la resistencia es la primera acción colectiva donde participan y descubren que es posible otra forma de expresar sus reclamos: la democracia directa y popular.

Esto ocurre, precisamente, cuando las élites en el poder desconocen las reglas democráticas para tramitar la protesta social. Se aferran a las tradicionales formas de barbarie y opresión para sofocar el clamor popular, haciendo trizas las bases éticas del pacto social. El uso de la represión desbordada del Estado, en opinión de la profesora Sandra Borda, es causa y consecuencia de la tremenda debilidad del régimen. Es causa, por que la ceguera ideológica le impide al Gobierno entender lo que está pasando en las calles y lo lleva a abrazar las teorías conspirativas de la llamada, por el sub júdice expresidente Uribe, “revolución molecular disipada”, que le ordena darle un tratamiento de “enemigo interno”, militarizar la protesta popular y, sí es del caso, disparar y asesinar a los jóvenes a quienes llama “vándalos”. 

Pero la brutal represión de la protesta es también una consecuencia de la debilidad de un Gobierno incapaz de negociar. La renuencia a dialogar con el Comité Nacional del Paro y la desautorización de los acuerdos firmados por el nuevo Comisionado de Paz con el Comité del Paro de Buenaventura, así lo demuestran.

De tal manera que el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida. De un lado, su negativa a negociar con los voceros del Paro, lo aísla aún más de la comunidad internacional y de sus aliados políticos internos que prefieren pasar de agache ante el desgaste que representa estar del lado de un gobierno tan desprestigiado. De otro lado, un proceso de negociación tan complejo, como el que se ha abierto en Colombia, lo va a debilitar aún más, ante la falta de autoridad moral para sentarse a negociar con las organizaciones sociales y líderes juveniles a los cuales ha perseguido, reprimido y mandado a matar.

Adicionalmente, la dispersión y atomización del movimiento popular y la crisis de representación política que significa el desprestigio de las instituciones y la falta de liderazgo y legitimidad de los partidos políticos dificulta aún más encontrar un punto de convergencia para construir una salida negociada a la crisis.

En resumen, la encrucijada en que se encuentra el país va a hacer muy difícil y dolorosa la transición hacia una salida democrática. Solo la acción valerosa y directa de los movimientos populares puede empujar las reformas y los cambios que el país necesita en materia económica, social, política e institucional para hacer de Colombia un país verdaderamente democrático, más justo y prospero, donde todos los colombianos podamos vivir en paz.

 

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, junio 10 de 2021 

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[1] Tercera Medición de la Gran Encuesta Nacional sobre jóvenes de la Universidad del Rosario, Cifras y Conceptos y El Tiempo del 21 de mayo de 2021.

¡La primera línea: un futuro que comienza ahora!

La explosión social que vive Colombia hoy, al igual que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, ha desnudado las flaquezas del poder, gracias al despertar y el vigor del movimiento juvenil, denominado la “primavera colombiana”. Cómo nunca lo habíamos visto -y mucho menos cómo se lo imagino el inepto e inmaduro presidente Duque- la juventud colombiana se cansó de vivir en la zozobra y se puso en la primera línea de fuego de la protesta popular para expresar su profunda indignación con las élites que gobiernan el país.  

Bajo la consigna “Nos quitaron todo ... hasta el miedo”, los jóvenes que no tienen nada que perder han tomado conciencia de su papel histórico y están decididos a jugarse la vida por cambiar el rumbo de un país que los ha excluido y le ha negado el derecho a la educación, al trabajo, a la participación y a la vida. 

Por eso, esta vez la explosión juvenil tiene hondo significado como expresión del hastío, la resistencia y la aspiración de cambio de varias generaciones de colombianos. Son las generaciones que se han criado en la exclusión y la marginalidad. Viven en los barrios pobres, como Sameco, Siloé, La Luna y Puerto Resistencia en Aguablanca en Cali –convertido en el símbolo nacional de la resistencia-, o en La Comuna 13 de Medellín, o en Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar en Bogotá, o en otras ciudades de la Colombia diversa como Buenaventura, Popayán, Chinácota, Gachancipá, Calarcá, Cajamarca, Ibagué, Tuluá y otros cientos de pueblos que se han declarado territorios libres, “Territorios Antiuribistas”.

En primer lugar, la protesta juvenil y popular es un espacio para manifestar el hastío con el orden de cosas existente. Allí se expresa el repudio a la violencia y a la exclusión. El repudio a la violencia histórica de los conquistadores que les arrebataron la tierra y mancillaron la dignidad de nuestros antepasados. El rechazo a la violencia de los terratenientes que con sus bandas de forajidos desplazaron a miles de familias campesinas para ensanchar sus latifundios. El repudio a la violencia narcoparamilitar que sembró los campos y los pueblos de Colombia de masacres y asesinatos, con el apoyo de las FFMM y la complicidad de esa clase política. El rechazo a la violencia de la guerrilla que, creyéndose la partera de la historia, asoló los campos dejando a su paso una larga estela de víctimas. El repudio a la violencia oficial promovida por el Uribismo que ejecutó a sangre fría a, 6.402 jóvenes.

Es el rechazo a esa violencia oficial que hoy ha convertido a los jóvenes en el enemigo interno de una guerra absurda y cruel, que todos los colombianos queremos dejar atrás. Bajo el lema de “plomo es lo que hay” los enemigos de la paz han vuelto a armarse y a salir a las calles a matar a los jóvenes de la primera línea, a los indígenas, a los líderes populares y a todo aquel que levante su voz contra los atropellos y la barbarie; ejecutando la orden de lo que Uribe Vélez llama “masacres con criterio social”. 

Las principales víctimas de está barbarie son hoy los jóvenes que la prensa denomina los “ninis”: de los 12,4 millones de jóvenes que viven en nuestro país, 2,6 millones no tienen trabajo, 2,14 millones no tienen acceso a la universidad y más de 300 mil jóvenes se vieron obligados a abandonar la universidad por la pandemia del Covid-19. 

Por eso, esta rabia juvenil es histórica y profunda y se expresa en las calles de muy diversas formas. Los jóvenes de la primera línea se visten con sus cascos de ingenieros, cubren sus rostros, usan guantes, mono gafas, escudos de lata y portan la bandera tricolor. Son los jóvenes decididos a enfrentarse a la policía para defender a los manifestantes de las brutales agresiones policiales.

Según los casos documentados por la ONG Temblores[1], en las cuatro semanas de protestas se han presentado 3155 casos de violencia policial, 595 intervenciones para disolver violentamente las manifestaciones y 165 casos de disparos con armas de fuego por parte de la fuerza pública; los cuales han dejado 955 víctimas de agresiones físicas, 1388 detenciones arbitrarias, 46 víctimas de agresión en los ojos, 45 homicidios y 22 víctimas de violencia sexual. Un balance francamente aterrador que ha motivado la reacción y la condena de las Naciones Unidas, de la CIDH, de cientos de países y gobiernos, de miles de personalidades y de millones de personas que han salido a las calles de las principales ciudades del mundo a decirle al gobierno de Duque: ¡Detenga ya la violencia policial!

En segundo lugar, la protesta juvenil es también un espacio de resistencia a las reformas impulsadas por el gobierno Duque: a la reforma tributaria que intentó pasarle la factura a las clases medias y trabajadoras del país; a la reforma a la salud y a la reforma a las pensiones cuyo tramité se encuentra suspendido por la presión declarada por la protesta popular y el paro nacional declarado por las centrales obreras y los movimientos cívicos y populares.

Pero también este es un espacio de participación política, que se ha venido transformando en un escenario propicio para construir consensos cívicos y populares acerca de los temas de interés colectivo. Los jóvenes de la resistencia en Cali, junto con las madres y las comunidades que se han sumado a la protesta, elaboraron un pliego que contiene 7 peticiones para el gobierno: esclarecimiento de las muertes y desapariciones de jóvenes y castigo a los miembros de la fuerza pública responsables; retiro de las reformas a la salud y pensiones; matricula cero para los estudiantes; reducción de impuestos a la pequeña y mediana empresa; reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos, congresistas y diputados; y publicación de las actas de sesiones y asistencia al congreso de la república. En Bogotá, se han elaborado dos peticionarios públicos: uno surgido en el frente de resistencia de los Héroes, dirigido a exigir la reforma a la policía y la eliminación del “fuero militar”, lo mismo que la petición de permitir la llegada de una comisión internacional de expertos para verificar los casos de violación a los derechos humanos. El otro en el portal de Américas, donde los jóvenes y comunidades de las Localidades de Kennedy y Bosa, expresan sus demandas de suspensión de las fumigaciones con glifosato, las licencias de exploración y explotación minera en las áreas de parques nacionales y del fracking.

Por otra parte, el Comité Nacional del Paro, conformado por las centrales obreras, el magisterio, representantes estudiantiles, la minga indígena, organizaciones campesinas y gremios de transportadores, logró consolidar un pliego de ocho puntos que incluye aspectos como: la renta básica, el retiro del proyecto de reforma a la salud, la defensa de la producción nacional, matrícula cero y alternancia educativa, la no discriminación por género o diversidad sexual y étnica, no a las privatizaciones de las empresas del estado, detener las fumigaciones con glifosato y la venta de reservas internacionales para financiar las políticas sociales del estado.

A estas peticiones se suman las demandas de orden local y regional, muchas de las cuales han sido motivo de protestas y acuerdos anteriores, como el cumplimiento de los acuerdos con la Minga Indígena, el paro de Buenaventura y los acuerdos con los movimientos campesinos.

Esta transformación es fundamental para construir nuevas formas de participación política, en la medida que los canales tradicionales de la democracia representativa fueron obstruidos por los intereses mezquinos de una clase política clientelista y corrupta, que excluyó a la mayoría de los sectores y movimientos populares, perdiendo toda su legitimidad.

En estos espacios, la ciudadania ha encontrado nuevas formas de participación política para obtener el reconocimiento de sus identidades, reclamar sus derechos y manifestar sus solidaridades haciendo uso de la democracia directa.

En tercer lugar, esta protesta es un espacio para el reconocimiento y la valoración social de las más diversas formas de expresión juvenil y popular. Las nuevas ciudadanías de jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mestizos, campesinos, mujeres, LGTBI y los movimientos sociales alternativos, han convergido en la aspiración de un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y políticas. Por esta razón vemos que en la primera línea también se colocan los defensores de los derechos humanos, los paramédicos y salubristas que auxilian a los manifestantes heridos y víctimas de las agresiones de la fuerza pública, las madres de los jóvenes que se cansaron de vivir en la angustia de ver como atacan a sus hijos, los artistas que con sus cantos y sus expresiones plásticas llenan de alegría y significado las manifestaciones, los pequeños y medianos empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios por la falta de apoyo del gobierno y los reporteros de los medios alternativos que se han convertido en las ventanas para que el mundo entero se informe, en vivo y directo, de lo que está sucediendo en las calles y caminos de esta primavera que está naciendo en Colombia.

¡Son estas las voces que se han encargado de decirle a los colombianos y al mundo entero que un nuevo amanecer ha comenzado y que el futuro de Colombia es ahora!

Luis Alfredo Muñoz Wilches,

Bogotá, 26 de mayo de 2021

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[1] La ONG Temblores es una organización defensora de los derechos humanos que se ha dedicado a documentar los casos de violación a los derechos humanos y a desarrollar procesos comunitarios que contribuyan a transformar las estructuras sociales que generan exclusión, violencia, discriminación y negación de los derechos fundamentales.

Las dos orillas

“el presidente es mi hermano”

Expresión frecuente del narcotraficante Ñeñe Hernández para referirse a su amigo el presidente Iván Duque

El año 2020 será recordado como uno de los años más convulsionados en la historia reciente de Colombia. Comenzamos el año con la incursión de más de 300 hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en Bojayá, pese a las advertencias que hiciera la Misión de Apoyo al proceso de paz de la OEA (MAPP/OEA) en noviembre de 2019 al gobierno colombiano para que tomara cartas en el asunto. 

Sin embargo, el foco de la agenda del gobierno de Duque estaba puesto al otro lado de la frontera, atendiendo la visita del Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo y de su lacayo Juan Guaidó, con quienes preparaban la operación Gedeón. Su pretensión de asesinar al presidente Nicolás Maduro, en una incursión armada con la participación de miembros activos de la Armada Colombiana, finalmente fue abortada con la muerte de ocho mercenarios. 

Luego, al comienzo del mes de febrero fuimos testigos de los incendios forestales en el Parque Nacional Natural de Sumapaz recordándonos los devastadores incendios en Australia y la destrucción de la selva amazónica que mostraron de cuerpo entero los efectos catastróficos del cambio climático. 

Mientras tanto, un silencioso virus que había hecho su aparición en el mes de diciembre (2019) -como en la leyenda negra de Nosferatu, inoculado por un vampiro- se dispersaba por todo el planeta viajando en primera clase. En nuestro país, pese a las advertencias de la OMS, el ministro de Salud salió a tranquilizar los ánimos de la inquieta opinión nacional diciendo que en Colombia el riesgo de la nueva pandemia era moderado. Y tal vez así era, pues frente a la ola de los “homicidios colectivos” que ya sacudía a la dolida geografía rural, la aparición del primer caso de contagio y su muerte por Covid-19, era un mal menor.

En el mes de marzo estalló el escándalo de la Ñeñe política, cuando un abogado investigador dio a conocer los más de 20 mil audios de las conversaciones de un reconocido ganadero de Valledupar con quien la clase política, empresarial y ganadera del norte del país mantenía estrechos vínculos, como quiera que era uno de los más connotados electores de la costa atlántica. Los audios eran producto de interceptaciones ordenadas por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que le adelantaba por el asesinato del hijo menor del prestamista costeño Carlos Rodríguez. En esas investigaciones se logró revelar que el Ñeñe Hernández era el brazo político del Cartel de la Guajira, una poderosa organización criminal que opera al norte de la frontera entre Colombia y Venezuela, liderada por el narcotraficante Marquitos Figueroa, en alianza con el Kiko Gómez y el clan de los Gnecco y Cerchar. En esas conversaciones también se reveló un frondoso entramado para financiar la compra de votos de la elección presidencial de Duque, de la cual hacían parte, entre otros, la jefe de la Unidad Legislativa del exsenador Álvaro Uribe Vélez. No obstante, el abundante acervo probatorio, las investigaciones contra la clase política duermen el “sueño de los justos” en la Fiscalía General de la Nación, haciendo gala del lema de gobierno “el que la hace NO la paga”

En ese mismo mes, ante la rápida expansión de los contagios del Covid-19, el gobierno se vio obligado a suspender todos los eventos públicos, ordenar el cierre de las fronteras, de los establecimientos educativos y declarar la primera cuarentena estricta en todo el país; aunque alcaldes y gobernadores de las principales regiones ya habían tomado medidas para restringir las actividades económicas y sociales que pusieran en riesgo la salud de sus habitantes. 

Con la llegada de la pandemia, se puso en evidencia la precariedad de los sistemas de salud, educación y protección social.  El sistema de salud profundamente fragmentado por el interés comercial -basado en el aseguramiento privado-, la precariedad de la red hospitalaria y del régimen laboral de los trabajadores de la salud, limitaron las posibilidades de una respuesta contundente para mitigar los efectos de la pandemia. La capacidad de acción colectiva del personal de la salud y la instalación de nuevas UCIs nos permitió atravesar el primer pico de la pandemia con una letalidad reducida, pese al millón y medio de personas contagiadas que nos llevaron al top de los 10 países con mayor nivel de contagios en el mundo. Frente a este trizado panorama de la salud pública, el aprendiz Duque decidió acudir a un programa de TV, llamado “Prevención y Acción” que tuvo muy poco de lo primero y nada de lo segundo. Este programa se transformó en la “cajita de cristal” para maquillar la incompetencia del gobierno, y terminó siendo un aburrido espectáculo televisivo con bajo rating que obligó al gobierno a contemplar su terminación.

En materia de educación, el cierre de colegios y universidades y el abrupto salto a la virtualidad lesionó profundamente el derecho a la educación en Colombia. Las limitaciones en el acceso a internet, las profundas brechas de calidad y la falta de preparación de los maestros para la enseñanza virtual, terminan por excluir a más de 10 millones de estudiantes de la educación básica y media de un buen servicio educativo. Aunque no se cuenta con estadísticas actualizadas, según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el 96% de las escuelas rurales no pudieron poner en marcha las clases virtuales. De acuerdo con un estudio adelantado por Save The Children, en varios países de América Latina, el cierre de las escuelas en la pandemia hizo que los niños y niñas no avanzaran e incluso retrocedieron en su proceso de aprendizaje. Seguramente los costos futuros para el desarrollo económico y social del país serán muy altos… En pocas palabras la gestión de la educación pública en Colombia perdió el año.

Pero sí el balance de los programas de gobierno en materia de seguridad y equidad fue francamente lamentable, las políticas de empleo y la lucha contra la pobreza, no solo fueron insuficientes, sino con resultados a todas luces desastrosos. Con las restricciones impuestas por la pandemia y las medidas económicas erráticas de este gobierno, el desempleo abierto se disparó alcanzando una cifra récord del 21,1% en mayo (Dane, 2020) y aunque en los meses siguientes disminuyó hasta el 15% en el mes de noviembre, más de 2,5 millones de colombianos perdieron sus empleos. La tasa de desempleo (TD) afectó particularmente a las mujeres y a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) relacionadas con las actividades de alojamiento, servicios de restaurantes y comidas, servicios educativos y de atención de salud, actividades artísticas y de servicios culturales. Según datos de la Lonja de propiedad raíz, solo en Bogotá se cerraron más de 60 mil establecimientos comerciales.

Igualmente, las cifras preliminares de pobreza de la Cepal señalan un incremento de 5,1 puntos porcentuales en este año que representan más o menos 5,6 millones de personas regresando a la condición de pobreza. De acuerdo con Fedesarrollo la pandemia podría estar afectando al 42,7% de la población en el 2021, debido a sus impactos en los ingresos y el empleo; es decir que, cerca de 19 millones de colombianos estarían hoy en condición de pobreza. Estas cifras significan un retroceso de más de 11 años en la lucha contra la pobreza en Colombia. Frente a esta situación de emergencia, el gobierno nacional continuó utilizando los tradicionales instrumentos de política social diseñados para atender situaciones estructurales normales. Duque hizo oídos sordos a las recomendaciones de los expertos para adoptar la Renta Básica (RBA). En su lugar, y fiel a la ortodoxia neoliberal, prefirió usar los tradicionales instrumentos de política monetaria sustentados la irrigación de crédito para asegurar la reactivación económica, beneficiando así al sector financiero.

Entre tanto, se destapó la olla podrida de la corrupción, los abusos sexuales y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, cuando una niña de la comunidad indígena Embera fue secuestrada y violada por soldados, con la complicidad de los comandantes de un batallón en Santa Cecilia, Risaralda. Igualmente, el senador Roy Barrera reveló la responsabilidad del ministro de defensa en el ocultamiento de la muerte de 4 menores, en un bombardeo que efectuó el Ejército en Argelia (Cauca). Luego, en el mes de agosto el Ejército asesina a 2 indígenas que hacían parte de una manifestación campesina en la región del norte del Cauca y continuó el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Pero el detonante de la violencia policial fue el asesinato del abogado Javier Ordoñez, que dio lugar a las protestas del 9 y 10 de septiembre, dejando un saldo de 14 jóvenes muertos, 55 civiles lesionados a bala, 93 policías heridos, 39 CAI incendiados, 25 buses quemados y la militarización de Bogotá. Los principales periódicos del mundo calificaron estos hechos como “La Masacre de Bogotá”. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -en un fallo sin precedentes- condenó los abusos de la Fuerza pública, obligó al Ministro de Defensa a pedir disculpas públicas y lo conminó a reglamentar el uso de la fuerza para proteger el derecho a la protesta ciudadana.

A partir del mes de agosto, cuando la Corte (CSJ) ordena la reclusión del expresidente Uribe por los delitos relacionados con la manipulación de testigos y la obstrucción a la justicia, la escalada de asesinatos de jóvenes se disparó hasta alcanzar la cifra récord de 91 masacres en el año y 386 asesinatos de líderes sociales, familiares y relacionados, firmantes de los acuerdos de paz y excombatientes de la guerrilla en el 2020.

Con este desastroso balance global donde los tres ejes del programa de gobierno tienen un saldo en rojo, el desplome en la imagen de aprobación del presidente Duque era previsible. Las encuestas realizadas en el último trimestre de 2020 muestran una caída de 11 puntos porcentuales en la aprobación de la gestión del presidente de Colombia, lo mismo que la caída en la opinión favorable del expresidente Álvaro Uribe que alcanzó los niveles más bajos. Tal vez esto explica las declaraciones del presidente Duque a la revista Semana situándose en el “extremo centro”, en un intento por distanciarse del creciente desprestigio de su partido y de su mentor político el expresidente Uribe. 

Sin embargo, estas piruetas ideológicas tienen un claro sabor electorero, en un escenario donde es cada vez más evidente el desconcierto de los partidos de la coalición de gobierno para enfrentar el debate presidencial del año 2022. Resulta muy demagógico -por decir lo menos- que mientras el expresidente Uribe lanza una campaña para “salvar a Colombia en el 2022”, colocándose en la margen derecha del gobierno que el mismo ayudó a elegir, y el presidente Duque intente sintonizarse en la margen del extremo centro. Con esta estrategia de las dos orillas, el presidente Duque intenta abrirle paso a la descarriada locomotora del Centro Democrático. Amanecerá y veremos!

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 5 de enero de 2021