lunes, 28 de mayo de 2012

QUÉ TAN PETRO RESULTO EL PLAN DE DESARROLLO DE PETRO?


La aprobación de la hoja de ruta de la Administración del Alcalde Gustavo Petro, el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016Bogotá Humana”, por parte de la Comisión del Plan del Concejo Distrital, constituye una victoria temprana del Alcalde en un terreno minado donde existe una férrea oposición. La prolija negociación del equipo de gobierno con los diferentes sectores políticos que tienen asiento en el Concejo Distrital que terminó en la aceptación de un extenso pliego modificatorio, le permitió sortear con éxito el difícil trámite.

Sin embargo, el Plan no tiene garantizado un tramite expedito en las secciones plenarias del Concejo Distrital, donde va ser sometido a una votación artículo por artículo. Y donde va a tener que enfrentar las diferencias de fondo que las mayorías del Concejo tienen a cerca de por lo menos tres temas capitales del Plan: la financiación, las facultades para el Alcalde y las prioridades de inversión en el sistema de movilidad.

En efecto, la Administración del Alcalde Petro ha puesto el mayor énfasis en escalar la inversión del Distrito en casi un 30% para alcanzar una inversión de $61,1 billones en el cuatrienio. Cifra que ha sido cuestionada por la mayoría de los críticos como insostenible desde el punto de vista financiero, basados en el hecho que existe un faltante de $8,5 billones que la Administración se propone financiar con recursos de crédito ($3,5 billones), mayores tributos ($3 billones), y recursos privados ($3,6 billones). Apuesta que si bien puede tener buenas probabilidades de ser alcanzada, dado que Bogotá conserva su calificación (Triple A) que le permite acceder fácilmente a los mercados financieros nacionales e internacionales. No ocurre lo mismo con la propuesta de modernización tributaria que no tiene mucha acogida entre las bancadas de la oposición.

Sin embargo, la argumentación financiera se ha quedado mirando solo un lado de la ecuación de las finanzas públicas: la financiación del gasto. Olvidando que el otro lado es definitivamente más importante: la calidad del gasto. En efecto, la magnitud del gasto que ha venido alcanzado el Distrito es extraordinaria: 9 billones de pesos anuales que representan el 10% del PIB de Bogotá y equivalen a la inversión pública total de todos los departamentos del país. De todos es conocido que esta monumental capacidad del gasto del Distrito no se ha reflejado en un mayor impacto del gasto público y, por el contrario, durante los últimos años se tradujo en una mayor ineficiencia del gasto y, lo que fue peor, en el incremento en los niveles de corrupción. Razón por la cual, es imperioso examinar la calidad del gasto público del Distrito antes de comprometerse a escalar los niveles de inversión. No basta invocar la transparencia o el control social para corregir tales ineficiencias. Este examen debe pasa por revisar por lo menos tres nudos gordianos de la calidad del gasto: los sistemas de asignación, la gestión del gasto público, y los sistemas de información y redición de cuentas.

Frente al primer imperativo, el Plan no aporta mayor claridad. Se limita a proponer un tímido remedo de los “presupuestos participativos” para asignar los pírricos recursos destinados a los Fondos de Desarrollo Local (aprox. $1 billón). Pero deja en manos de las mismas estructuras burocráticas y centralizadas la asignación de la mayoría de los recursos del Plan. En relación con el segundo aspecto, el Distrito adolece de un sistema integrado e integral de gestión del gasto público. Las piezas de este rompecabezas se encuentran dispersas entre la Secretaria de Distrital Planeación (Segplan), la Secretaria de Hacienda (Seguimiento Ejecución Presupuestal) y la Veeduría Distrital (Seguimiento a la Gestión y Resultados). Lo cual hace imposible un seguimiento integral a la gestión del gasto público distrital.

lunes, 21 de mayo de 2012

Por qué la pobreza rural no se reduce?


En medio del alborozo con que el Gobierno celebro las nuevas cifras de pobreza que fueron divulgadas en la semana anterior (DANE), el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, se mostró bastante escéptico y expreso: “esperamos que la pobreza rural continúe descendiendo

Y le sobran razones al Ministro para mostrarse escéptico. Las cifras de la Encuesta de Calidad de Vida –ECV- 2011, reveladas por el DANE, muestran que si bien la incidencia de la pobreza rural por ingresos en el período 2010-11 se redujo en 3,6 puntos porcentuales, al pasar de 49,7% a 46,1%. La brecha con respecto al sector urbano (34,1%) se mantuvo, siendo la pobreza rural 12 puntos porcentuales superior a la urbana.

En efecto, las brechas entre el sector rural y el urbano, en materia de cobertura de los servicios sociales básicos, aumentaron: las tasas de asistencia escolar primaria ascendieron al 95,8% en el sector urbano y el 89,9% en el rural; a nivel medio fueron 92,5% y 84,4% respectivamente; y a nivel de la educación secundaria ascendieron a 78,2% y 59,2% respectivamente. Mayor incidencia tiene el analfabetismo que en el sector rural afecta al 14% de la población. En materia de acceso a los servicios de salud, en los centros urbanos el 91% de los habitantes tienen cubierto el servicio, tanto en el contributivo (60%) como en el subsidiado (40%). Mientras que en el sector rural la cobertura del servicio de salud llega al 87%, de ellos el 82% pertenece al régimen subsidiado y solo el 17,4% al contributivo.

Una situación similar se vive en materia de cobertura de los servicios públicos domiciliarios. Mientras la cobertura de los servicios de energía eléctrica en los centros urbanos llega al 99,5% de los hogares, en el campo alcanza el 89,9%. En materia de agua y alcantarillado, el 96% de los habitantes urbanos disponen de agua potable, frente al 56% de los pobladores rurales; y el 89% de los hogares urbanos cuenta con servicio de alcantarillado, frente a tan solo el 12,3% de los hogares campesinos. Igualmente, el déficit de vivienda en los centros urbanos es de 38,6%, en el sector rural es superior al 50%.

Las brechas sociales existentes entre el sector rural y el urbano también se han visto reforzadas por el desigual crecimiento económico. Las cifras suministradas por el DANE (Cuentas Trimestrales, 2011) también dan cuenta de este desequilibrio pues, mientras el PIB total creció en un 5,9%, el PIB Agropecuario solo alcanzó un modesto 2,2%. De tal manera que el Ministro Juan Camilo Restrepo tenia muy pocas razones para compartir el alborozo del Gobierno por el desempeño de las cifras de pobreza y crecimiento económico. 

martes, 15 de mayo de 2012

Colombia país diverso y desigual


COLOMBIA PAIS DIVERSO Y CON GRANDES DESIGUALDADES REGIONALES

Colombia se caracteriza por ser un país heterogéneo en su geografía, con diferentes niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas. Además, el país presenta grandes brechas en el desarrollo de sus territorios, las cuales son un reflejo, entre otros aspectos, de las trampas de la pobreza, de la complejidad de las relaciones territoriales y de condicionamientos históricos estructurales.

En particular, las brechas regionales se han incrementado significativamente durante los últimos años, lo que indica una mayor incidencia de la pobreza en ciertas regiones; particularmente, en aquellas regiones más apartadas y asiladas. En efecto, mientras la pobreza cayó más rápidamente (13%) al pasar del 49,7% en el 2002 al 36,9% en el 2009. la pobreza rural pasó de 69,2% a 64,3%, con lo cual  la brecha urbano-rural aumentó hasta el punto que la pobreza rural es 1,62 superior a la urbana.

Son múltiples los factores que explican el relativo atraso de nuestras áreas rurales. En primer término, las tasas de crecimiento (PIB) regional durante el periódo 1990-2005 han sido muy desiguales y muy poco convergentes. Como puede observarse en el gráfico Nº 1 mientras un grupo de departamentos de la región Caribe (Guajira, Cesar y Córdoba) y Nororiental (Casanare y Meta) tuvieron un tasas de crecimiento promedio anual superiores al 4,5%, la mayoria de los departamentos del eje cafetero (Antioquia, Caldas, Quindio y Risaralda) y de la región CentroOriente (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima) crecieron a tasas inferiores al promedio nacional (3,5%), y finalmente, departamentos como Choco (1,6%), Guaviare (-0,8%), Arauca (-1,45) y Amazonas (-5%) tuvieron un crecimiento negativo. Paradogicamente, los departamentos del primer grupo que fueron favorecidos con desarrollo de la mineria y la explotación petrolera, presentan índices elevados de pobreza (46,1% y 37,2% respectivamente), miseria (23,2% y 17,7%) y de concentración de los ingresos (GINI de 0,534 y 0,642 respectivamente). Igualmente, los departamentos del borde Pacífico (Choco, Cauca y Nariño) muestran los mayores índices de pobreza (62,5%), y miseria (19%).      



En segundo lugar, las dificultades que tienen los pobladores de las regiones aisladas para acceder a los bienes públicos se reflejan a los menores niveles de cobertura y calidad de los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico; las deficiencias en las infraestructuras para la prestación de servicios tales como energía, telefonía, conectividad, transporte, recreación, cultura y deportes. Lo mismo que el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), la innovación y la asistencia técnica agropecuaria.

En tercer lugar, los conflictos en el acceso y uso de los recursos del suelo, agua, recursos biológicos y ambientales, y en general, de los recursos naturales generan una mayor vulnerabilidad de la población rural frente a fenómenos tales como el cambio climático, los desastres naturales y los riesgos propios de la agricultura.

En cuarto lugar, la carencia y debilidad de instituciones públicas de apoyo al sector rural capaces de garantizar un marco de regulación y protección de los derechos fundamentales de los pobladores rurales, ha agudizado la inestabilidad y la precariedad de los espacios de participación ciudadana y la gobernabilidad local.

En quinto lugar, es bien sabido que nuestras áreas rurales han sido severamente afectadas por una larga inestabilidad económica, social y política, pues en ellas se han dado las mayores manifestaciones de violencia por el conflicto interno, además de haber sido el escenario más frecuente para los problemas derivados de los cultivos ilícitos y de la actividad del narcotráfico. Cabe mencionar que como resultado directo de lo anterior, existen cerca de 3 millones de personas desplazadas[1], algunas de las cuales fueron objeto del despojo de tierras o dejaron abandonadas sus propiedades en muchas regiones del país. A esta situación de pobreza rural se le ha sumado el fenómeno de desplazamiento forzado que durante los años 2000-2010 despojo de sus tierras de aproximadamente 830.000 hogares campesinos. Con lo cual la situación de la gran mayoría de los 11,8 millones de habitantes que viven en las áreas rurales empeoró.

En general se destaca la precariedad de las políticas públicas de desarrollo rural y la atomización y fragmentación en la asignación de los recursos, lo cual ha generado grandes ineficiencias en la aplicación de los recursos públicos y, sobre todo, unos bajos impactos en las condiciones de vida de los pobladores del sector rural.

Las más recientes evaluaciones sobre el resultado de las intervenciones de las entidades encargadas de ejecutar las acciones encaminadas a promover el desarrollo rural coinciden en señalar en sus conclusiones aspectos tales como:
  • El carácter centralista y el sesgo agropecuario en la estructuración de los planes y programas de desarrollo territorial y de las intervenciones de las entidades nacionales en los territorios.
  • Los esfuerzos realizados por estas entidades se caracterizan por estar notoriamente dispersos, y no existe articulación alguna entre las distintas intervenciones
  • Es muy bajo el nivel de coordinación entre las organizaciones encargadas de promover el desarrollo rural, tanto al interior del sector agrícola, como entre los demás sectores que tienen que intervenir con las acciones bajo su responsabilidad que son indispensables para el desarrollo de las zonas rurales
  • Las características productivas del sector rural son diversas y se diferencian por región y por productos, pero las políticas del sector agropecuario tienden a ser cada vez generales, han perdido su capacidad de adaptarse a las condiciones de los productores y generan una distribución desigual y a veces inequitativa de los recursos públicos.
  • Las intervenciones que actualmente se aplican al sector rural no responden a las necesidades de ordenamiento productivo ni al objetivo de lograr un uso más eficiente del suelo, y carecen de un verdadero enfoque de competitividad en el cual las decisiones productivas respondan a factores vinculados con los mercados a los cuales se pretende atender.



CONTEXTO INTERNACIONAL

El mundo de hoy se caracteriza por el proceso de globalización, el cual se manifiesta como la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter puramente local, nacional o regional. Aunque no se trata de fenómeno nuevo –dado que sus raíces se remontan a períodos históricos anteriores- los cambios dramáticos que se están operando en los espacios y tiempos generados por la revolución en las comunicaciones y la información han configurado nuevos escenarios, que representan inmensos retos para los países, las regiones y las localidades. En particular, estas transformaciones han dado lugar al surgimiento de nuevos territorios más integrados con los contextos urbanos, regionales e internacionales. Las antiguas fronteras y divisiones tienden a desaparecer y en su lugar han aparecido nuevas dimensiones del desarrollo regional (Schejtman, 1999).
Los estudios recientes sobre los nuevos territorios reconocen dos rasgos principales que caracterizan esas transformaciones: la creciente heterogeneidad de su estructura productiva y su articulación con los procesos de apertura e internacionalización de los mercados en el mundo. Como consecuencia del primer fenómeno, en Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, coexisten unas regiones modernas o capitalistas y unas regiones atrasadas y desarticladas; lo cual plantea grandes desafíos en el diseño de las políticas públicas de desarrollo.

En relación con el segundo proceso, de internacionalización e integración de los mercados a escala mundial, también ofrecen nuevos retos, pero también, oportunidades. La mayoría de los países de la región han entendido –con sobrada razón- que las estrategias de desarrollo regional deben diseñarse hoy en función de las posibilidades que ofrece y los requerimientos que exige una mayor integración a los mercados regionales e internacionales. Una de las dimensiones más relevantes del proceso de globalización es la gradual e inexorable generalización de ideas, valores y formas de consumo que se hacen cada vez más globales. Uno de los aspectos que mejor expresan esta tendencia integradora son los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se pactan entre países o regiones para enfrentar mejor las oportunidades y los retos de la internacionalización económica.

El contexto internacional de la presente década se caracteriza por la tendencia alcista de los precios internacionales de los alimentos y las materias primas agrícolas –commodities-, que comenzó a sentirse durante el segundo semestre de 2010, como resultado de la conjugación de la crisis económica de las economías desarrolladas y el incremento de la demanda mundial de alimentos y materias primas sustentado en la expansión del consumo de países como China e India.

En este contexto, los países de América Latina y el Caribe –ALC- han experimentado un crecimiento de las actividades agrícolas y rurales, favorecido por el alza de precios y una mejora en la productividad del sector agropecuario. El positivo comportamiento del valor agregado agrícola (VAA) refleja mejor el crecimiento de los ingresos reales de los factores de producción, dado que en la última década se presentaron ciclos de crecimiento en los ingresos reales significativamente mayores que en los volúmenes de producción. En efecto, el ingreso real agrícola promedio de ALC creció un 13,3% en el 2002, 10,2% en 2003, 10,9% en 2007 y 10,1% en 2009, al mismo tiempo que la tasa de crecimiento del volumen de producción agrícola no supero el 5% durante esos años.

En general, el comportamiento del VAA ha sido muy positivo en toda la región de ALC, pues mientras en los países del Cono Sur las tasas de crecimiento promedio anuales estuvieron alrededor del 4,6%, en las demás subregiones estuvieron en 2,5% (2,5 en Centroamérica, 2,4% en el Caribe, 2,3% en la región Andina y 2,2% en el Norte).

Las Agencias de Desarrollo, tales como CEPAL, FAO e IICA[2], estiman que la tendencia al alza en los precios internacionales de los commodities se mantendrá a largo plazo –en un ciclo expansivo de 12 o 15 años más-. Estas agencias esperan que durante el presente año la producción agrícola continúe aumentando, particularmente la de los cereales, tal como lo fue durante el 2010 en que se incrementó la producción en más del 7% en comparación con el año anterior, gracias a las mejores condiciones climáticas, seguidas de incrementos en el área sembrada y aumento de los precios.
Igualmente se espera que la producción de biocombustibles continúe aumentado. Algunas de las previsiones más relevantes para ALC son las siguientes:
  • Elevación de precios de los biocombustibles y alimentos en términos reales en el largo plazo;
  • China continuará jalonando el crecimiento de la economía mundial y será uno de los socios más importantes de ALC, demandando una mayor cantidad de productos agroalimentarios, con lo cual contribuirá a reanimar los flujos de comercio agroalimentario;
  • El desafió de lograr la seguridad alimentaria mundial estimulará la producción competitiva de alimentos de calidad en ALC; 
  • Los países que deseen afrontar con éxito estos desafíos deberán incentivar de manera decisiva el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la información de calidad del sector agropecuario y rural.



[1] Respecto a las cifras del desplazamiento forzado en Colombia existe una amplia discusión sobre la consistencia de los registros y de la existencia de subregistro. El Registro Único de Población Desplazada –RUPD- de la Agencia Presidencial de Acción Social reporta cerca 3.600.000 personas desplazadas.
[2] CEPAL-FAO-IICA, Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas, 2010-2012.