miércoles, 17 de octubre de 2012

EL CAMINO DE OSLO


EL CAMINO DE OSLO

El camino de Oslo significa no solo la protocologización de la segunda fase del Proceso de Paz en Colombia, definido como Mesa de Negociación de la Paz, sino la refrendación del carácter de negociadores plenipotenciarios de los (10) integrantes de la Mesa de Negociación: 5 delegados del Gobierno Colombiano y 5 delegados de las FARC. Los cuales contaran con el apoyo de un grupo de asesores integrado por 20 miembros de cada una de las partes que podrán ser rotados a voluntad de las partes.

Tal como lo expreso el Presidente Juan Manuel Santos, el encuentro de Oslo representa un paso más en la dirección del camino de la paz. Una vez surtida la fase exploratoria, que duro más de dos años, se inicia -con paso firme pero discreto- la fase de negociación del fin del conflicto armado en Colombia.  Por primera vez en la historia del prolongado conflicto armado en Colombia, las partes se sientan en Oslo con el firme propósito de pactar la terminación del conflicto armado. Para lo cual, se pacto una Agenda temática de 5 puntos y un procedimiento de negociación en medio del conflicto, donde las partes manifestaron su intención de NO levantarse de la Mesa hasta concluida toda la agenda de la negociación.

En opinión de uno de nuestros expertos –expresada en nuestro pasado encuentro del 2 de octubre- la negociación está avanzada en un 90%. Sin embargo, tal como lo manifestaran los voceros de la insurgencia “nada está pactado hasta que todo este pactado”. Razón por la cual, los tiempos de la negociación no están plenamente acotados y podrían ser un motivo de las previsibles divergencias que deben dirimirse durante esta fase de negociación.

Para el gobierno Colombiano, la fase de negociación debe contabilizarse el meses y estaría condicionada por la expectativa del próximo proceso electoral colombiano, que se inicia hacia finales del año entrante (2013). Sin embargo, sí bien la insurgencia aspira a llegar a ese proceso como un nuevo actor político de la contienda electoral, no es un escenario que los trasnoche.

De todas formas, los tiempos de la negociación para ambos bandos se sitúan más en el corto que en el mediano o largo plazo.

Un segundo aspecto que es fundamental para la negociación es la legitimidad internacional otorgada a los negociadores. El hecho que las partes estuvieran de acuerdo en emprender el camino hacia Oslo, en lugar de permanecer cómodamente sentados en la Habana, significa que se busca lograr ese reconocimiento de la comunidad internacional. Lo cual no solo ayuda a “blindar” el proceso de las amenazas internas y externas, sino que esto puede significar el desbloqueo de la “espada de Damocles” que pesa sobre las cabezas del secretariado de las FARC, tanto en la Corte Penal Internacional como en el Departamento de Estado de los EEUU. Una señal clara de estos intríngulis la representa la inclusión de la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer en la mesa de Oslo, sobre la cual pesan varias circulares rojas de la Interpol.

El tercer aspecto clave de este encuentro es la voluntad expresada por las partes de poner fin al conflicto armado en Colombia y hacerlo por la vía de la negociación política. En este aspecto, la habilidad del Presidente Santos se asemeja a la habilidad estratégica de Pekerman con la selección Colombia, al reconocer y direccionar todas las baterías políticas en la búsqueda de una salida negociada. Primero, reconoció el carácter político del conflicto armado, distanciándose fuertemente de la posición de su antecesor, el Presidente Uribe, quién siempre lo vio como una “guerra terrorista” contra el Estado. Luego, con la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, colocó a las víctimas del conflicto en el centro de atención de la política de reparación. Igualmente, el tema del despojo de las tierras y su intención de retornarlas a sus verdaderos dueños, a pesar de la resistencia de la insurgencia de reconocer su carácter progresista, constituye la cuota inicial de la política de tierras y desarrollo rural que está en el epicentro del conflicto armado colombiano.

En cuarto lugar, está la inclusión como primer punto de la Agenda el tema de la Tierra y el desarrollo rural, constituye un reconocimiento a la legendaria lucha por la tierra en Colombia como una de las fuentes primarias del conflicto armado. Para las FARC, este ha sido su legado histórico y no podría pasar a la historia sin revindicar su carácter de “guerrilla campesina”. Este es un “punto de honor, tal como lo expresara Alejandro Reyes en nuestro pasado conversatorio sobre la Ley de Desarrollo Rural. Por lo tanto, los temas de tierras y desarrollo rural territorial constituyen la puerta de entrada a la pacificación de extensas zonas del país y la oportunidad de lograr una completa reinserción de las bases campesinas y milicianas de las FARC. Adicionalmente, este tema está atravesado por los temas de la participación política de la insurgencia, el desarrollo regional, los cultivos ilícitos y la justicia transicional. De ahí la importancia estratégica del tema agrario en la negociación de la paz en Colombia.

Finalmente, está el tema del cese al fuego que aunque se pacto NO incluirlo en la Agenda de la negociación, es un “llanito” que se cruza en el camino de las negociaciones. De una parte, distintos sectores de la opinión nacional reclaman que este tema haga parte de la Agenda de la Habana. Igualmente, los voceros de las FARC han comenzado a proponer que se discuta en la Mesa. De tal manera, que más temprano que tarde comenzará a tener que ser abordado en las negociaciones de paz.

Amanecerá y veremos!

lunes, 25 de junio de 2012

LA CAJA DE PANDORA DE LA REFORMA A LA JUSTICIA ... HASTA CUANDO?

Esta semana el país despierta más confundido que como terminó la semana anterior.

La aprobación del esperpento de Acto Legislativo de Reforma a la Justicia el pasado miércoles 20 al filo de la media noche, desato la peor crisis política de los últimos años en Colombia. El gobierno perdió a uno de sus alfiles, el Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, cuya cabeza rodó como consecuencia del estruendoso fracaso de la Reforma y de las imprevisibles consecuencias institucionales de su entrada en vigencia. El presidente de la Cámara de Representantes y tal vez uno de los delfines más promisorios del Liberalismo, tuvo que agachar la cabeza y reconocer que se equivocó de manera flagrante al no tomarse la molestia de leer el texto final de la conciliación y, no obstante, forzar su aprobación en la plenaria del Congreso esa fatídica noche. La mayoría de los congresistas de la Comisión de Conciliación -6 senadores y 4 representantes- se lavaron las manos y buscaron escondederos de a peso para eludir su responsabilidad ante la creciente ola de indignación que se desató en el país. . Los magistrados de las Cortes se declararon perplejos ante la magnitud de los desafueros de la Reforma, después de haberse congraciado con las gabelas que les fueron otorgadas en el curso de las negociaciones con el Gobierno y los parlamentarios. Hasta el propio Presidente tuvo que salirle al paso a la ola de indignación y haciendo grandes malabarismos políticos y jurídicos anunciar sus objeciones al texto de la Reforma aprobada por el Congreso.

Sin embargo, la decisión del Gobierno parece caer en un verdadero limbo jurídico al carecer de facultades constitucionales para objetar un Acto Legislativo que es facultativo del Congreso. Al mismo tiempo, toman fuerza dos iniciativas que convocan al constituyente primario a hacer uso del poder revocatorio que le otorga la misma Constitución Política: de una parte, la iniciativa ciudadana de convocar a un referendo revocatorio del Acto Legislativo ilegitimo promovida por organizaciones de la sociedad civil y a la cual se sumaron ya varios sectores políticos de oposición. De otra parte, la convocatoria a una constituyente por parte de los sectores uribistas que ven en esta coyuntura la gran oportunidad de poner en marcha su proyecto de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución del 91, a la cual le indilgan el origen del descalabro político y de los impedimentos del Presidente Uribe para retornar al poder.

Ambas iniciativas constituyen una cuenta de cobro contra el capital político del Presidente Santos y de concretarse constituirían un freno a sus aspiraciones reeleccionistas, Por estas razones, el Gobierno ha decidido jugársela a fondo por el hundimiento de la reforma. Para lo cual ha convocado a sesiones extras al Congreso los días miércoles y jueves de la presente semana. El Gobierno aduce que existen “dudas de ilegitimidad” en el trámite de la reforma y que, por lo tanto, resulta “altamente inconveniente que la reforma sea enmendada por el Congreso”.

Independientemente que está desesperada salida política sea constitucional o no, lo cierto es que la reforma resulto ser una verdadera “Caja de Pandora” que desató todas las tormentas políticas que el Gobierno nunca se imaginó cosechar. Y, sea cual sea el desenlace final de esta tormenta, la gobernabilidad del Presidente Santos se verá seriamente afectada y a partir del próximo 20 de julio la Unidad Nacional comenzará a resquebrajarse terminando con su prolongada “luna de miel”.

Al Presidente le esperan dos años con el sol a las espaldas.

lunes, 18 de junio de 2012

UN PASO ADELANTE Y DOS PASOS ATRÁS


LA MOVILIDAD DEL ALCALDE PETRO: Un paso adentate y dos pasos atrás?

Las recientes decisiones tomadas por el Alcalde Petro en materia de movilidad y recambios en el equipo de gobierno, constituyen -sin lugar a dudas- un avance frente a la inacción prolongada de su administración que estaba haciendo agua en su precaria gobernabilidad. En particular, la decisión de introducir cambios significativos en el mecanismo del “pico y placa” representa un paso adelante y en la dirección prometida en la campaña de desmontar “gradualmente” las restricciones impuestas a la movilidad por el “pico y placa”. Por encima de la polémica desatada por decisión, la medida significa que el Alcalde le apuesta al mecanismo de la regulación para paliar el embrollo de la movilidad y de esa forma anticiparse a los efectos que las reiteradas demoras en la entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) le pueden causar a su precaria gobernabilidad. Todos sabemos que los “plazos políticos se vencen” y las “deudas se pagan” políticamente y, en este sentido, en contra del limitado capital político del Alcalde Petro.

Acudir al mecanismo de la “regulación” constituye un reconocimiento de que dentro del arsenal de instrumentos de la política pública, la expedición de esta clase de “normas” aún puede traer efectos benéficos en la movilidad de la ciudad. En efecto, el cambio en la regulación de los tiempos y los espacios de circulación del abultado parque automotor –que de acuerdo con las estimaciones de los expertos de la movilidad puede estar cerca del millón doscientos mil vehículos- puede ayudar a racionalizar la movilidad. Reduce la inmovilidad de los coches en un 25%, al pasar de las 112 horas/mes actuales a 84 h/m por el mecanismo de los pares e impares. Y desplaza su circulación de llamadas “horas pico” a las “horas valle”. Lo cual, en términos llanos significa un incremento potencial en la circulación de vehículos en las horas valle del 65%. Si los supuestos del modelo matemático funcionan, es posible que más del cincuenta por ciento de estos carros NO circulen porque pertenecen a empleados que están sujetos a horarios inflexibles que les impide usarlos en estas horas valle. Lo cual quiere decir que el incremento real será de aproximadamente el 30% en la circulación diaria de vehículos. En segundo lugar, la novedad de la medida está en crear una zona de exclusión: el sur de Bogotá, a partir de la Av. Primero de Mayo. Por tratarse de una zona con predominio de población los estratos 1 y 2 que no poseen vehículo particular y hacen uso frecuente del transporte público, la medida favorece a aquellos contados propietarios de vehículos particulares que los utilizan como medio de trabajo (informal por supuesto). Tal vez el caso más emblemático sea el de los transportistas particulares que realizan “acarreos” en el caótico mercado de Corabastos. Lo cual incrementará la puja en esta congestionada Localidad de Bogotá. Tamaño lio que deberá afrontar el nuevo Secretario de Desarrollo Económico para hacer efectiva la estrategia de abastecimiento alimentario y provisión de las Plazas de Mercado.

Sin embargo, lo que se podría ganar en eficiencia y equidad en la nueva disposición del mecanismo de regulación de “pico y placa” se puede perder en materia de congestión, autorregulación y contaminación. Tal como lo ha descrito la teoría de juegos (Tucker, 1950), en el famoso “dilema del prisionero”, acá estamos frente a un juego que NO es de suma cero, por cuanto el uso que hacemos los particulares de esta norma no depende de la medida misma sino de OTROS factores situacionales –raison d’humanité-, tales como las percepciones de “ventajas” o ganancias ocasionales que se pueden obtener con el incumplimiento y de las sanciones –de todo tipo- que puedan hacerse efectivas. De tal manera que, la sumatoria de las decisiones individuales se alejará cada vez más del óptimo social. La larguísima fila de los “incumplidos” tenderá siempre a incrementar los niveles de congestión del tráfico y, lo que es aún peor, los niveles de contaminación. En síntesis, lo poco o casi nada que se puede ganar en movilidad se va a perder en deterioro de las vías y del medio ambiente.

Estas reflexiones de política pública, nos conducen a pensar que está clase de decisiones, cuando no van acompañadas de una seria e integral planificación pueden devolverse como un bumerang. La regulación para que sea efectiva debe venir acompañada de otras acciones públicas tales como: decisiones en materia del Sistema Integrado de Transporte Público, inversiones en ampliación, mejoramiento de vías, y promoción de la cultura ciudadana, etc.…

Mientras estas decisiones NO sean integrales estaremos expuestos al famoso paradigma leninista de …un paso adelante y dos pasos atrás

martes, 12 de junio de 2012

CAFÉ AMARGO


Hace un par de semanas asistímos a la presentación de una publicación sobre la Crisis y Transformaciones del Mundo del Café. Este libro, bellamente editado por la Universidad Javeriana, se ocupa de los resultados de un exhaustivo y cuidadoso examen de las transformaciones ocurridas en el mundo del café durante las últimas décadas y de cómo los diferentes países cafeteros sortearon las situaciones de crisis. Unos con mucho éxito y otros –como es el caso de Colombia- con graves consecuencias para la productividad y competitividad de sus exportaciones.

La caficultura colombiana no logro enfrentar con éxito las vicisitudes del mercado mundial y tampoco pudo aprovechar la reciente expansión del consumo a nivel mundial. Las cifras así lo demuestran. La producción cafetera colombiana cayó hasta ubicarse en 7,8 millones de sacos en el último año, menos de la mitad de la producción que tuvimos durante los tiempos de bonanza. Igualmente, la participación de las exportaciones Colombianas en el mercado cafetero mundial cayó en 7 puntos porcentuales. Situación que fue aprovechada por los nuevos países cafeteros, como Vietnam e Indonesia para desplazar a nuestro país al cuarto puesto en el escalafón mundial. Posición que está siendo amenazada seriamente por países como Perú e India.

En el contexto Latinoamericano, los estudios reunidos y editados por el experto colombiano Mario Samper muestran que mientras países como Brasil, Perú y Costa Rica, lograron importantes transformaciones a sus caficultoras, consistentes en la introducción de innovaciones y la reconversión de los negocios cafeteros. Brasil, el gigante cafetero relocalizó sus áreas productivas hacia las zonas planas y cercanas al mar, logrando así un crecimiento del 13 puntos porcentuales en su participación en el mercado mundial. Perú, un país prácticamente desconocido hasta hace dos décadas en el mercado mundial, logró especializarse en la producción de cafés suaves (tipo gourmet), ocupando el nicho de mercado donde Colombia tuvo siempre la exclusividad.

De acuerdo con una investigación adelantada por el Banco de la República, la productividad física del cultivo del café en Colombia ha caído cerca del 40%, al pasar de una productividad de 14,4 sacos por hectárea en el 2007, a menos de 8,5% en el 2011. Si bien es cierto, como lo afirma la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la productividad del cultivo se ha visto afectada por la ola invernal y el envejecimiento de los cafetales, existen otros factores que la Federación se niega a reconocer. En primer lugar, como lo señalan los expertos del Banco de la República, la “excesiva” regulación del mercado interno y la inflexibilidad de las políticas de la Federación, atadas al monopolio de las exportaciones del café excelso. A lo cual se suman, la falta de una política de reconversión del negocio cafetero para enfrentar la reducción y encarecimiento de la mano de obra, el envejecimiento de los cultivadores y la reducción del tamaño de las plantaciones (la “microcaficultura”), han contribuido enormemente a empeorar la crisis de la caficultura colombiana. Tal parece que la Federación prefirió “dormirse sobre los laureles” y ahora tendrá que beberse este “café amargo

lunes, 4 de junio de 2012

¡Es la economía, estúpido!


La célebre frase de James Carville, asesor de la campaña de Bill Clinton en su primera elección, nos sirve para enmarcar la caída con la que tropezó la bolsa colombiana el pasado viernes 1 de junio. El efecto “bola de nieve” que se apoderó de las principales bolsas del mundo confirma el carácter globalizado de las economías y nuestra creciente exposición a los vaivenes de la economía mundial.

En efecto, los gélidos vientos de recesión que soplan en las economías capitalistas europeas. Las desalentadoras cifras del desempleo en los Estados Unidos. Y la desaceleración de las locomotoras del sudeste asiático, China e India, le han quitado el aire a las voces de los expertos nacionales que hasta hace poco proclamaban una era expansiva de la economía colombiana. Las locomotoras colombianas pierden su dinamismo, con la caída de los precios internacionales del petróleo y el café.

Internamente, las modestas cifras de crecimiento del PIB (2011) de los sectores industrial (3,9%) y agropecuario (2,2%) contrastan con el crecimiento del sector minero-energético (14,3%) y el sector financiero (5,8%). Cifras que confirman la preocupación por la “reprimarización” de la economía colombiana, cada vez más dependiente de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities. Igualmente, las recientes revelaciones del Simposio sobre el Mercado de Capitales, según el cual en el presente siglo el tamaño del sector financiero colombiano se duplicó hasta constituirse en el 53,5% del PIB. Recorriendo el peligroso camino de la dependencia (path dependence).

Pero más allá de las cifras, debemos indagar por la solidez y la pertinencia de las políticas económicas. El Gobierno Colombiano y el Banco de la República se aferran a las políticas monetarias restrictivas y a políticas cambiarias expansivas que revalorizan el peso colombiano y le hacen perder competitividad a sus exportaciones. En materia fiscal, los excedentes de la bonanza petrolera (regalías) no se están canalizando para resolver los principales “cuellos de botella” del desarrollo: la infraestructura de transporte (red de carreteras y puertos multimodales) y la calidad del recurso humano (educación de calidad y salud).

De esta forma, el país está corriendo el riesgo de profundizar su dependencia del mercado internacional de los commodities y desaprovechar las oportunidades de mejorar la competitividad de sus exportaciones. 

lunes, 28 de mayo de 2012

QUÉ TAN PETRO RESULTO EL PLAN DE DESARROLLO DE PETRO?


La aprobación de la hoja de ruta de la Administración del Alcalde Gustavo Petro, el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016Bogotá Humana”, por parte de la Comisión del Plan del Concejo Distrital, constituye una victoria temprana del Alcalde en un terreno minado donde existe una férrea oposición. La prolija negociación del equipo de gobierno con los diferentes sectores políticos que tienen asiento en el Concejo Distrital que terminó en la aceptación de un extenso pliego modificatorio, le permitió sortear con éxito el difícil trámite.

Sin embargo, el Plan no tiene garantizado un tramite expedito en las secciones plenarias del Concejo Distrital, donde va ser sometido a una votación artículo por artículo. Y donde va a tener que enfrentar las diferencias de fondo que las mayorías del Concejo tienen a cerca de por lo menos tres temas capitales del Plan: la financiación, las facultades para el Alcalde y las prioridades de inversión en el sistema de movilidad.

En efecto, la Administración del Alcalde Petro ha puesto el mayor énfasis en escalar la inversión del Distrito en casi un 30% para alcanzar una inversión de $61,1 billones en el cuatrienio. Cifra que ha sido cuestionada por la mayoría de los críticos como insostenible desde el punto de vista financiero, basados en el hecho que existe un faltante de $8,5 billones que la Administración se propone financiar con recursos de crédito ($3,5 billones), mayores tributos ($3 billones), y recursos privados ($3,6 billones). Apuesta que si bien puede tener buenas probabilidades de ser alcanzada, dado que Bogotá conserva su calificación (Triple A) que le permite acceder fácilmente a los mercados financieros nacionales e internacionales. No ocurre lo mismo con la propuesta de modernización tributaria que no tiene mucha acogida entre las bancadas de la oposición.

Sin embargo, la argumentación financiera se ha quedado mirando solo un lado de la ecuación de las finanzas públicas: la financiación del gasto. Olvidando que el otro lado es definitivamente más importante: la calidad del gasto. En efecto, la magnitud del gasto que ha venido alcanzado el Distrito es extraordinaria: 9 billones de pesos anuales que representan el 10% del PIB de Bogotá y equivalen a la inversión pública total de todos los departamentos del país. De todos es conocido que esta monumental capacidad del gasto del Distrito no se ha reflejado en un mayor impacto del gasto público y, por el contrario, durante los últimos años se tradujo en una mayor ineficiencia del gasto y, lo que fue peor, en el incremento en los niveles de corrupción. Razón por la cual, es imperioso examinar la calidad del gasto público del Distrito antes de comprometerse a escalar los niveles de inversión. No basta invocar la transparencia o el control social para corregir tales ineficiencias. Este examen debe pasa por revisar por lo menos tres nudos gordianos de la calidad del gasto: los sistemas de asignación, la gestión del gasto público, y los sistemas de información y redición de cuentas.

Frente al primer imperativo, el Plan no aporta mayor claridad. Se limita a proponer un tímido remedo de los “presupuestos participativos” para asignar los pírricos recursos destinados a los Fondos de Desarrollo Local (aprox. $1 billón). Pero deja en manos de las mismas estructuras burocráticas y centralizadas la asignación de la mayoría de los recursos del Plan. En relación con el segundo aspecto, el Distrito adolece de un sistema integrado e integral de gestión del gasto público. Las piezas de este rompecabezas se encuentran dispersas entre la Secretaria de Distrital Planeación (Segplan), la Secretaria de Hacienda (Seguimiento Ejecución Presupuestal) y la Veeduría Distrital (Seguimiento a la Gestión y Resultados). Lo cual hace imposible un seguimiento integral a la gestión del gasto público distrital.

lunes, 21 de mayo de 2012

Por qué la pobreza rural no se reduce?


En medio del alborozo con que el Gobierno celebro las nuevas cifras de pobreza que fueron divulgadas en la semana anterior (DANE), el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, se mostró bastante escéptico y expreso: “esperamos que la pobreza rural continúe descendiendo

Y le sobran razones al Ministro para mostrarse escéptico. Las cifras de la Encuesta de Calidad de Vida –ECV- 2011, reveladas por el DANE, muestran que si bien la incidencia de la pobreza rural por ingresos en el período 2010-11 se redujo en 3,6 puntos porcentuales, al pasar de 49,7% a 46,1%. La brecha con respecto al sector urbano (34,1%) se mantuvo, siendo la pobreza rural 12 puntos porcentuales superior a la urbana.

En efecto, las brechas entre el sector rural y el urbano, en materia de cobertura de los servicios sociales básicos, aumentaron: las tasas de asistencia escolar primaria ascendieron al 95,8% en el sector urbano y el 89,9% en el rural; a nivel medio fueron 92,5% y 84,4% respectivamente; y a nivel de la educación secundaria ascendieron a 78,2% y 59,2% respectivamente. Mayor incidencia tiene el analfabetismo que en el sector rural afecta al 14% de la población. En materia de acceso a los servicios de salud, en los centros urbanos el 91% de los habitantes tienen cubierto el servicio, tanto en el contributivo (60%) como en el subsidiado (40%). Mientras que en el sector rural la cobertura del servicio de salud llega al 87%, de ellos el 82% pertenece al régimen subsidiado y solo el 17,4% al contributivo.

Una situación similar se vive en materia de cobertura de los servicios públicos domiciliarios. Mientras la cobertura de los servicios de energía eléctrica en los centros urbanos llega al 99,5% de los hogares, en el campo alcanza el 89,9%. En materia de agua y alcantarillado, el 96% de los habitantes urbanos disponen de agua potable, frente al 56% de los pobladores rurales; y el 89% de los hogares urbanos cuenta con servicio de alcantarillado, frente a tan solo el 12,3% de los hogares campesinos. Igualmente, el déficit de vivienda en los centros urbanos es de 38,6%, en el sector rural es superior al 50%.

Las brechas sociales existentes entre el sector rural y el urbano también se han visto reforzadas por el desigual crecimiento económico. Las cifras suministradas por el DANE (Cuentas Trimestrales, 2011) también dan cuenta de este desequilibrio pues, mientras el PIB total creció en un 5,9%, el PIB Agropecuario solo alcanzó un modesto 2,2%. De tal manera que el Ministro Juan Camilo Restrepo tenia muy pocas razones para compartir el alborozo del Gobierno por el desempeño de las cifras de pobreza y crecimiento económico. 

martes, 15 de mayo de 2012

Colombia país diverso y desigual


COLOMBIA PAIS DIVERSO Y CON GRANDES DESIGUALDADES REGIONALES

Colombia se caracteriza por ser un país heterogéneo en su geografía, con diferentes niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas. Además, el país presenta grandes brechas en el desarrollo de sus territorios, las cuales son un reflejo, entre otros aspectos, de las trampas de la pobreza, de la complejidad de las relaciones territoriales y de condicionamientos históricos estructurales.

En particular, las brechas regionales se han incrementado significativamente durante los últimos años, lo que indica una mayor incidencia de la pobreza en ciertas regiones; particularmente, en aquellas regiones más apartadas y asiladas. En efecto, mientras la pobreza cayó más rápidamente (13%) al pasar del 49,7% en el 2002 al 36,9% en el 2009. la pobreza rural pasó de 69,2% a 64,3%, con lo cual  la brecha urbano-rural aumentó hasta el punto que la pobreza rural es 1,62 superior a la urbana.

Son múltiples los factores que explican el relativo atraso de nuestras áreas rurales. En primer término, las tasas de crecimiento (PIB) regional durante el periódo 1990-2005 han sido muy desiguales y muy poco convergentes. Como puede observarse en el gráfico Nº 1 mientras un grupo de departamentos de la región Caribe (Guajira, Cesar y Córdoba) y Nororiental (Casanare y Meta) tuvieron un tasas de crecimiento promedio anual superiores al 4,5%, la mayoria de los departamentos del eje cafetero (Antioquia, Caldas, Quindio y Risaralda) y de la región CentroOriente (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima) crecieron a tasas inferiores al promedio nacional (3,5%), y finalmente, departamentos como Choco (1,6%), Guaviare (-0,8%), Arauca (-1,45) y Amazonas (-5%) tuvieron un crecimiento negativo. Paradogicamente, los departamentos del primer grupo que fueron favorecidos con desarrollo de la mineria y la explotación petrolera, presentan índices elevados de pobreza (46,1% y 37,2% respectivamente), miseria (23,2% y 17,7%) y de concentración de los ingresos (GINI de 0,534 y 0,642 respectivamente). Igualmente, los departamentos del borde Pacífico (Choco, Cauca y Nariño) muestran los mayores índices de pobreza (62,5%), y miseria (19%).      



En segundo lugar, las dificultades que tienen los pobladores de las regiones aisladas para acceder a los bienes públicos se reflejan a los menores niveles de cobertura y calidad de los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico; las deficiencias en las infraestructuras para la prestación de servicios tales como energía, telefonía, conectividad, transporte, recreación, cultura y deportes. Lo mismo que el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), la innovación y la asistencia técnica agropecuaria.

En tercer lugar, los conflictos en el acceso y uso de los recursos del suelo, agua, recursos biológicos y ambientales, y en general, de los recursos naturales generan una mayor vulnerabilidad de la población rural frente a fenómenos tales como el cambio climático, los desastres naturales y los riesgos propios de la agricultura.

En cuarto lugar, la carencia y debilidad de instituciones públicas de apoyo al sector rural capaces de garantizar un marco de regulación y protección de los derechos fundamentales de los pobladores rurales, ha agudizado la inestabilidad y la precariedad de los espacios de participación ciudadana y la gobernabilidad local.

En quinto lugar, es bien sabido que nuestras áreas rurales han sido severamente afectadas por una larga inestabilidad económica, social y política, pues en ellas se han dado las mayores manifestaciones de violencia por el conflicto interno, además de haber sido el escenario más frecuente para los problemas derivados de los cultivos ilícitos y de la actividad del narcotráfico. Cabe mencionar que como resultado directo de lo anterior, existen cerca de 3 millones de personas desplazadas[1], algunas de las cuales fueron objeto del despojo de tierras o dejaron abandonadas sus propiedades en muchas regiones del país. A esta situación de pobreza rural se le ha sumado el fenómeno de desplazamiento forzado que durante los años 2000-2010 despojo de sus tierras de aproximadamente 830.000 hogares campesinos. Con lo cual la situación de la gran mayoría de los 11,8 millones de habitantes que viven en las áreas rurales empeoró.

En general se destaca la precariedad de las políticas públicas de desarrollo rural y la atomización y fragmentación en la asignación de los recursos, lo cual ha generado grandes ineficiencias en la aplicación de los recursos públicos y, sobre todo, unos bajos impactos en las condiciones de vida de los pobladores del sector rural.

Las más recientes evaluaciones sobre el resultado de las intervenciones de las entidades encargadas de ejecutar las acciones encaminadas a promover el desarrollo rural coinciden en señalar en sus conclusiones aspectos tales como:
  • El carácter centralista y el sesgo agropecuario en la estructuración de los planes y programas de desarrollo territorial y de las intervenciones de las entidades nacionales en los territorios.
  • Los esfuerzos realizados por estas entidades se caracterizan por estar notoriamente dispersos, y no existe articulación alguna entre las distintas intervenciones
  • Es muy bajo el nivel de coordinación entre las organizaciones encargadas de promover el desarrollo rural, tanto al interior del sector agrícola, como entre los demás sectores que tienen que intervenir con las acciones bajo su responsabilidad que son indispensables para el desarrollo de las zonas rurales
  • Las características productivas del sector rural son diversas y se diferencian por región y por productos, pero las políticas del sector agropecuario tienden a ser cada vez generales, han perdido su capacidad de adaptarse a las condiciones de los productores y generan una distribución desigual y a veces inequitativa de los recursos públicos.
  • Las intervenciones que actualmente se aplican al sector rural no responden a las necesidades de ordenamiento productivo ni al objetivo de lograr un uso más eficiente del suelo, y carecen de un verdadero enfoque de competitividad en el cual las decisiones productivas respondan a factores vinculados con los mercados a los cuales se pretende atender.



CONTEXTO INTERNACIONAL

El mundo de hoy se caracteriza por el proceso de globalización, el cual se manifiesta como la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter puramente local, nacional o regional. Aunque no se trata de fenómeno nuevo –dado que sus raíces se remontan a períodos históricos anteriores- los cambios dramáticos que se están operando en los espacios y tiempos generados por la revolución en las comunicaciones y la información han configurado nuevos escenarios, que representan inmensos retos para los países, las regiones y las localidades. En particular, estas transformaciones han dado lugar al surgimiento de nuevos territorios más integrados con los contextos urbanos, regionales e internacionales. Las antiguas fronteras y divisiones tienden a desaparecer y en su lugar han aparecido nuevas dimensiones del desarrollo regional (Schejtman, 1999).
Los estudios recientes sobre los nuevos territorios reconocen dos rasgos principales que caracterizan esas transformaciones: la creciente heterogeneidad de su estructura productiva y su articulación con los procesos de apertura e internacionalización de los mercados en el mundo. Como consecuencia del primer fenómeno, en Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, coexisten unas regiones modernas o capitalistas y unas regiones atrasadas y desarticladas; lo cual plantea grandes desafíos en el diseño de las políticas públicas de desarrollo.

En relación con el segundo proceso, de internacionalización e integración de los mercados a escala mundial, también ofrecen nuevos retos, pero también, oportunidades. La mayoría de los países de la región han entendido –con sobrada razón- que las estrategias de desarrollo regional deben diseñarse hoy en función de las posibilidades que ofrece y los requerimientos que exige una mayor integración a los mercados regionales e internacionales. Una de las dimensiones más relevantes del proceso de globalización es la gradual e inexorable generalización de ideas, valores y formas de consumo que se hacen cada vez más globales. Uno de los aspectos que mejor expresan esta tendencia integradora son los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se pactan entre países o regiones para enfrentar mejor las oportunidades y los retos de la internacionalización económica.

El contexto internacional de la presente década se caracteriza por la tendencia alcista de los precios internacionales de los alimentos y las materias primas agrícolas –commodities-, que comenzó a sentirse durante el segundo semestre de 2010, como resultado de la conjugación de la crisis económica de las economías desarrolladas y el incremento de la demanda mundial de alimentos y materias primas sustentado en la expansión del consumo de países como China e India.

En este contexto, los países de América Latina y el Caribe –ALC- han experimentado un crecimiento de las actividades agrícolas y rurales, favorecido por el alza de precios y una mejora en la productividad del sector agropecuario. El positivo comportamiento del valor agregado agrícola (VAA) refleja mejor el crecimiento de los ingresos reales de los factores de producción, dado que en la última década se presentaron ciclos de crecimiento en los ingresos reales significativamente mayores que en los volúmenes de producción. En efecto, el ingreso real agrícola promedio de ALC creció un 13,3% en el 2002, 10,2% en 2003, 10,9% en 2007 y 10,1% en 2009, al mismo tiempo que la tasa de crecimiento del volumen de producción agrícola no supero el 5% durante esos años.

En general, el comportamiento del VAA ha sido muy positivo en toda la región de ALC, pues mientras en los países del Cono Sur las tasas de crecimiento promedio anuales estuvieron alrededor del 4,6%, en las demás subregiones estuvieron en 2,5% (2,5 en Centroamérica, 2,4% en el Caribe, 2,3% en la región Andina y 2,2% en el Norte).

Las Agencias de Desarrollo, tales como CEPAL, FAO e IICA[2], estiman que la tendencia al alza en los precios internacionales de los commodities se mantendrá a largo plazo –en un ciclo expansivo de 12 o 15 años más-. Estas agencias esperan que durante el presente año la producción agrícola continúe aumentando, particularmente la de los cereales, tal como lo fue durante el 2010 en que se incrementó la producción en más del 7% en comparación con el año anterior, gracias a las mejores condiciones climáticas, seguidas de incrementos en el área sembrada y aumento de los precios.
Igualmente se espera que la producción de biocombustibles continúe aumentado. Algunas de las previsiones más relevantes para ALC son las siguientes:
  • Elevación de precios de los biocombustibles y alimentos en términos reales en el largo plazo;
  • China continuará jalonando el crecimiento de la economía mundial y será uno de los socios más importantes de ALC, demandando una mayor cantidad de productos agroalimentarios, con lo cual contribuirá a reanimar los flujos de comercio agroalimentario;
  • El desafió de lograr la seguridad alimentaria mundial estimulará la producción competitiva de alimentos de calidad en ALC; 
  • Los países que deseen afrontar con éxito estos desafíos deberán incentivar de manera decisiva el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la información de calidad del sector agropecuario y rural.



[1] Respecto a las cifras del desplazamiento forzado en Colombia existe una amplia discusión sobre la consistencia de los registros y de la existencia de subregistro. El Registro Único de Población Desplazada –RUPD- de la Agencia Presidencial de Acción Social reporta cerca 3.600.000 personas desplazadas.
[2] CEPAL-FAO-IICA, Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas, 2010-2012.