Libertad y Orden: el dilema entre obedecer y no cumplir

“El desorden en que vivimos en estos últimos 8 meses, y algunas cosillas de las que aún no nos hemos librado, han hecho pensar a algunos que quiza nuestra emancipación fue prematura.. 

“Nuestra esclavitud se ha ido fortaleciendo, al tenor del terror y el desorden que propagan nuestros opresores, para mantener a los pueblos americanos en la ignorancia y en la esclavitud. Los sucesos de Quito, la Paz y los Llanos, no fueron más que el exordío de la gran tragedia que viven nuestros pueblos.” 

La Bagatela, 1er número de Antonio Nariño, 14 de julio de 1811.

En la historía reciente del país, no habíamos asistido a un espectáculo semejante a la reyerta que se armó con la publicación de la imagen del escudo de Colombia, que hicieron algunos mandatarios regionales, en el marco de la Cumbre de Gobernadores Quindio 2023. 

La imagen que se hizo viral en las redes, bajo el lema de “Libertad y Orden”, ha producido una increíble cacofonía mediática, aupada por el soterrado interés de los grandes medios de comunicación de crear una narrativa apocalíptica de caos y desorden para arrinconar al Gobierno del Cambio e impedir el avance de las reformas que le propuso al país el Presidente Petro. Favoreciendo así los intereses de los cacaos, jefes de la oposición y toda su corte de vástagos electoreros y plumíferos a sueldo que intentan frenar las reformas que cursan en el Congreso.

El nuevo-viejo lema que tiene más de 200 años, cuando el general Santander decidío incorporarlo en el escudo, como una expresión simbólica para consagrar el triunfo de su inveterada rivalidad contra su archienemigo, el Libertador Simón Bólivar, a quiénes los cacaos santafereños de la época calificaron de “tirano”.

El lema es realmente un dilema dificil de digerir. Más aún en un país como el nuestro, tan apegado atávicamente a la creencia del orden como defensa del status quo y  de la libertad como la libertad de hacer lo que nos da la regalada gana. De tal manera que puestos a escoger, hemos preferido siempre optar por el doble rasero de defender formalmente el orden -que favorece a terratenientes, cacaos, corruptos  y oportunistas- y, al mismo tiempo, hacer caso omiso de las normas que regulan los asuntos públicos y las relaciones interpersonales; haciendo alarde del famoso espíritu santanderista según el cuál “acá se obedece pero no se cumple”.

Pero la polvareda que se armó, alrededor de este gesto, tiene realmente raíces más profundas. 

No es mera coincidencia que, los mandatarios regionales que salieron a manifestar su inconformidad, provengan de las regiones donde el conflicto armado se mantiene vivo. Por que son esas regiones -el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca, los Llanos Orientales, la frontera colombo-venezolana y el Arco Amazónico- donde precisamente la disputa por la tierra se ha agudizado con la presencia de colonos, campesinos, grupos étnicos, bandas criminales del narcotráfico y de la minería ilegal.

Son esas regiones donde la política agraria predominante durante los últimos 50 o 60 años dirigió la colonización como mecanismo para titular tierras en las zonas de expansión de la frontera agricola. Lo cual ha tenido un doble efecto, sumamente benéfico para los grandes terratenientes y costoso para la estabilidad y protección de los recursos naturales del país. De una parte, incrementando el valor de los latifundios en los valles interandinos y, del otro, permitiendo el acaparamiento de tierras – por las buenas o por las malas- y la destrucción del bosque amazónico. 

Allí se hunden las raices de la violencia y el conflicto territorial que hemos padecido durante estos años de vida republicana. Por estas mismas razones, los colombianos y colombianas -con las contadas excepciones de los poco “polos” y las “sin-cabales”- y el mundo entero, celebramos el Acuerdo de Paz pactado en la Habana, Cuba, que tiene como primer y más importante acuerdo, la Reforma Rural Integral.

Sin embargo, trascurridos 6 años es muy poco lo que se ha avanzado en su cumplimiento. La estructura de la tenencia de la tierra permanece intacta y las disputas por el control y la expansión de la frontera agrícola se mantienen vivas.

Por eso resulta paradójico y, por decir lo menos, hipócrita que estos mandatarios y la caja de resonancia que es la gran prensa se rajen las vestiduras para reclamarle al Gobierno Nacional, “orden y libertad”, cuando todos sabemos que la principal tragedia que vive nuestro país sigue siendo la falta de una reforma agraria integral y, particularmente, las disputas por el control territorial que se mantiene en la frontera agrícola.   

En los 7 meses que lleva el gobierno del Cambio, los índices de violencia y seguridad han mejorado ostensiblemente. De acuerdo con la cifras recientemente reveladas por Indepaz[1], las masacres en estos territorios (25) se han reducido a más de una tercera parte (-350%) con respecto al 2022; lo mismo ocurrío en el número de víctimas (81) que descendieron en un 375%.

Desde el punto de vista de su localización geográfica, las regiones de Noreste antioquioqueño (21 masacres y 82 víctimas), Norte del Cauca (14 masacres y 53 víctimas), cordón Pacífico de Nariño (9 masacres y 42 víctimas), Norte de Santander (6 masacres y 28 víctimas), concentraron los principales hechos de violencia en el período 2020-21. (ver Gráfico 1)

Gráfico 1 Número de masacres y víctimas de la violencia, por departamentos (2021)

Fuente: Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, INDEPAZ, marzo de 2023

Según las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), durante el año 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado de los últimos 20 años, con un aumento del 43% (61.000 nuevas hectáreas) con respecto al año anterior. 

Sin embargo, como lo expreso Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, la política de Paz Total del presidente Petro ha aumentado las expectativas de paz y alivio humanitario entre las comunidades de cerca de 350 municipios donde hacen presencia 80 frentes de las 5 principales organizaciones al margen de la ley. Y agrego, “El Estado no puede parar de proteger a la población y combatir el macrocrimen … se trata de un aspecto crucial para desescalar la violencia armada y proteger la vida de la gente en estas regiones” [2]

De tal manera que una política de Paz eficaz pasa por desescalar el conflicto armado mediante una estrategia combinada de diálogo con las insurgencias armadas, el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, una fuerte presencia y control territorial para garantizar la seguridad y la protección de la población y, fundamentalmente, el diseño e implementación de políticas territoriales de ordenamiento social y productivo para el campo. 

Hasta el momento la política de Paz del Gobierno se ha concentrado en el desarrollo de las mesas de negociación con el ELN, que cerró exitosamente su 2da Ronda de negociaciones en ciudad de México[3]. Igualmente, se anunció recientemente la apertura de un diálogo con las disidencias de la Farc (Estado Mayor Central Farc-EP y la Segunda Marquetalia) para acordar los términos de las negociaciones que podrían adelantarse. No sín las dificultades y tropiezos que asualmente se presentan en este tipo de negociaciones. 

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional al comienzo del año, cómo lo fue decretar un cese bilateral de fuego con los prinicpales (5) grupos armados, no produjo los frutos esperados y los reiterados enfretamientos con las Fuerzas Armadas y el hostigamiento a la población civil y varios asentamientos territoriales de los firmantes del Acuerdo de Paz (ETRC), han conducido a estos mecanismos de desescalamiento del conflicto a un callejón sin salida.

Recientemente, el dirigente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, le expresó su preocupación al presidente Petro[4] por el incremento de hostigamientos a sus integrantes y aseguró que el actual Gobierno está enfrentando una díficil situación en materia de seguridad en las zonas de asentamiento de los desmovilizados de las Farc.

Manifestó Londoño que los enemigos de la paz quieren hacer parecer la política de Paz Total como un fracaso y, por eso, “los riesgos a la seguridad de los firmantes de paz se han aumentado, no por culpa de Petro, sino por la responsabilidad de Duque que permitió que los grupos armados y las expresiones violentas crecieran”.

El presidente, Gustavo Petro, en reunión con la cúpula del partido de los Comunes, expresó: “La implementación del Acuerdo de Paz y la seguridad de los firmantes es una prioridad para nuestro gobierno. El primer compromiso del gabinete es el cumplimiento de lo pactado en la Habana, este es el gobierto de la paz”. 

Igualmente, el Jefe del equipo de seguimiento de la ONU al Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, y el nuevo delegado de la CIDH en Colombia, Joel Hernandez García, manifestaron su confianza y respaldo a la búsqueda de la paz total en Colombia por parte del gobierno del presidente Petro. “Agradecemos la confianza depositada por las partes, Gobierno de Colombia y el ELN, en las Naciones Unidas para acompañar a las partes en mesa de diálogos en la búsqueda de la anhela paz entre todos los colombianos”.

Le corresponde ahora al Gobierno Nacional enfrentar los grandes desafíos identificados por la Misión de Transformación del Campo (MTC)[5] e incorporados en el punto uno del Acuerdo de Paz de la Habana[6], mediante la puesta en marcha de políticas territoriales eficaces de ordenamiento social y productivo que permitan desactivar el conflicto socio-ambiental, que tiene enfrentados a los campesinos, grupos indígenas, afrocolombianos y colonos en las zonas de la frontera agrícola colombiana. En particular, se requiere la urgente implementación de las zonas de reserva campesina (ZRC), como un mecanismo para ordenar y regular la ocupación social, productiva y sostenible de las áreas protegidas, promoviendo acciones colaborativas público-comunitarias y la titulación colectiva en las áreas sustraidas de las reservas forestales del país.

En segundo lugar es necesario agilizar los procesos de restitución de tierras, mediante la implementación de la jurisdicción agraria para agilizar la devolución de aproximadamente 5 millones de hectáreas a los campesinos víctimas del despojo violento de sus tierras.

En tercer lugar, el Gobierno Nacional debe avanzar en la puesta en marcha del Catastro Multipropósito que va a permitir la normalización y reconocimiento de los derechos de la propiedad de la tierra de los millones de campesinos y campesinas que viven en el campo y dependen económica, social y culturalmente de los frutos de la tierra. El Catastro Multipropósito es una herramienta que permitirá la administración, gestión y gobernanza de las tierras, a partir del conocimiento de la situación real de los predios, la clarificación de las distintas formas de tenencia y el otorgamiento de la seguridad jurídica de los derechos de propiedad de la tierra en Colombia. 

Por estas razones, el historiador y director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Fabio Zambrano afirmó, en el homenaje que la ESAP le rindiera al economista y candidato al premio Nobel, Albert Berry, “la condición para lograr la paz total y el ordenamiento territorial es y será siempre el cierre de la frontera agrícola.”

Tal como lo expresara el filósofo marxista y político Italiano, Antonio Gramsci, estamos asistiendo a un momento crítico de la historia de nuestro país: “cuando el viejo mundo aún no muere y el nuevo tarda en aparecer” corremos el riesgo del surgimiento de los oscuros mostruos del pasado. Pero también es una oportunidad para que en medio de la oscuridad surgan los brillantes destellos del nuevo mundo.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

24 de marzo de 2023

 

 

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[1] https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[2] https://www.elpais.com.co/politica/expectativa-en-colombia-por-cese-al-fuego-de-cinco-grupos-armados.html

[3] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-y-ELN-acuerdan-Nueva-Agenda-de-Dialogos-de-Paz-230310.aspx

[4] https://www.elpais.com.co/politica/seguridad-de-los-firmantes-es-una-prioridad-para-nuestro-gobierno-gustavo-petro.html

[5] Informe Final de la Misión de Transformación del Campo (MTC). DNP, 2015

[6] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Presidencia de la República, 2016.

El amor eficaz: un testimonio entre el antes y el ahora

“Los líderes son un producto y, a la vez, productores de las circunstancias históricas que les corresponde vivir” Carlos Matus

En un magistral y cálido documental, Marta Rodríguez nos presenta una imaginada conversación con Camilo Torres Restrepo, pendiente desde hace casi 60 años. Marta y Camilo fueron amigos y compartieron muchos de los avatares de la lucha por la emancipación de los pobres y el esfuerzo por contribuir a la comprensión de la historia de la violencia política colombiana.

El ficticio dialogo entre Camilo y Marta no solo reinventa los vicisitudes de una entrañable amistad sino que se convierte en un paragón entre los tiempos de la violencia de los años 50 y la confrotación que hoy se vive en Colombia por las transformaciones sociales que quiere llevar a cabo el Gobierno del Cambio.

En esas conversaciones, se va deshilvanado el hilo del profundo humanismo que hizo de Camilo un militante del “compromiso con los pobres”, teología que adoptó la Iglesia Católica a raiz del Concilio Vaticano II[1]. Compromiso que lo llevó a predicar su postulado del “amor eficaz”, como una forma de comprender mejor las necesidades del prójimo y comprometerse en la busqueda de soluciones eficaces a las necesidades socio-económicas de los sectores populares.

En palabras del Mario Calderón[2], el “amor eficaz” son todas aquellas razones y acciones prácticas que constituyen un imperativo para la transformación social[3]. En palabras de Camilo Torres, se trata de lograr “un cambio de las estructuras de la propiedad de la tierra, del ingreso, de las inversiones, del consumo, de la educación y de la organización política y administrativa del Estado”.

En esta dirección Camilo orientó su acción sacerdotal, profesional y política. Primero, su interés como investigador social, lo condujó a estudiar las causas y mecanismos de la violencia política en Colombia. Investigaciones que formaron parte del libro “La Violencia en Colombia”[4], donde Camilo expresó su reclazo a toda forma de violencia. Sin embargo, señaló que era necesario indagar sobre sus causas y culpó a la mezquindad de pequeños grupos en el poder de utilizar la violencia política para obtener reditos económicos y políticos personales. 

Por estas razones expresó que, era una condición sine qua non para superar el conflicto armado, conocer la verdad y establecer las responsabilidades para afrontar los cambios requeridos en materia social, económica y politíca. 

Planteó que en lo económico era necesario realizar una reforma agraria que reestructurara la tenencia de la tierra, como base para lograr una mayor productividad y equidad en la distribución de los ingresos y las rentas en el sector rural. En lo social, propuso la organización de la Acción Comunal para generar una conciencia y sentido de cooperación y solidaridad entre las comunidades y grupos sociales. En lo cultural, abogó por una mayor inversión social en la educación y formación técnica, tecnológica y superior, teniendo como referencia el éxito del programa Acción Cultural Popular de las Escuelas Radiofónicas. Y, finalmente, en el ámbito político, como una resultante de los anteriores, propuso la ampliación y fortalecimiento de la participación ciudadana y popular en la dirección del Estado.

En segundo lugar, Camilo tomó partido acudiendo a los barrios populares de Bogotá, al lado de Marta Rodríguez, para trabajar en la organización y promoción de la Acción Comunal. Y, también se involucró en la organización campesina, promovida desde el Incora, junto con Fals Borda, en diferentes lugares de la geografia nacional. 

En tercer lugar, Camilo comprendió muy bien que tanto su mensaje del “amor eficaz”, como los obstáculos interpuestos por las jerarquías ecleciasticas a sus predicas cristianas[5], lo condujeron a un callejón sin salida. Ante el feroz ataque de las oligarquías del país, Camillo decide redactar una plataforma política dirigida a los estudiantes, intelectuales, obreros y campesinos, en la cual llama a la unión de las clases populares, por encima de las ideologías políticas, a construir el movimiento político “Frente Unido”.

En los meses siguientes, Camilo se dedica a recorrer el país para organizar esta alternativa política, con el fin de lograr la anhelada transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas del país. En sus discursos comienza a hablar abiertamente de la revolución; lo cual hace insostenible su permanencia en la Iglesia Catolica, cuyos jerarcas declaran publicamente la incompatibilidad de la plataforma del Frente Unido con las enseñanzas de la doctrina catolica. 

Ante está situación y debido al creciente hostigamiento por parte de los grupos de seguridad del Estado, el acoso de la prensa oficial y, finalmente, el atento del cual es víctima, Camilo decide apartarse de la Iglesia y entrar en la clandestinidad para ponerse en contacto con la guerrilla del ELN. A la cual se vincula, en octubre del año 1965 y finalmente, muere en un combate con el ejercito en San Vicente de Chucurí, Santander, el 15 de febrero de 1966. Transformado su brillante trayectoria humanista, religiosa y profesional en el icono del “Camilo, el cura guerrilero”.

En los momentos trágicos del desenlace de su lucha sacerdotal y política, Camilo se enfrentó a un dilema moral y ético: ¿mantenerce fiel a la doctrina católica que pregona el amor al prójimo y el rechazo a la violencia o ser consecuente con sus convicciones revolucionarias y llegar hasta las últimas consecuencias?.

Guardadas las distancias, en el momento actual en Colombia vivimos un dilema similar. Los imperativos del cambio propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se orientan a lograr la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que mantienen en la exclusión, la pobreza y la inequidad a la mayoria de las clases populares.

El presidente Petro gano en democracia las elecciones con un programa de reformas a la salud, a la educación, a la seguridad humana, al trabajo, a la estructura de propiedad de la tierra y a la Paz Total, como medios para hacer de Colombia Potencia Mundial de la vida.

En palabras del director del Departamento de Planeación Nacional, DNP, el Plan de Desarrollo del Cambio 2022-2026 busca: i) ordenar los territorios alrededor del agua para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales y la justicia ambiental; ii) lograr la seguridad humana para todos los colombianos y colombianas tengan garantizado su acceso a la salud, a una pensión digna, a una educación de calidad, al trabajo decente, a una justicia integral y reparativa; iii) obtener la seguridad y la soberania alimentaria para garantizar la disponibilidad, acceso y adecuación de la canasta básica de alimentos; iv) lograr la convergencia regional, a fin de disminuir las brechas sociales y territoriales; y v) lograr la Paz Total para garantizar el bienestar de la población y el buen vivir de los colombianos y colombianas.

Sin embargo, transcurridos a penas los primeros seis meses de su mandato, Gustavo Petro enfrenta la más despiadada e insidiosa campaña mediatica de las oligarquias y sus bastagos huerfanos del poder que se han agazapado en la cacofonia mediatica de la gran prensa y sus redes para orquestar su rechazo frontal a las reformas y lograr así conservar sus adocenados privilegios. 

Recientemente, con motivo del escandalo mediático en que se halla envuelto su hijo Nicolás, Petro se enfrenta a un dilema moral similar a una “decisión salomónica”. De un lado, en su condición de padre se inclinaría a reconocer sus faltas y prodigar su perdón. Pero del otro lado, su responsabilidad política y su inquebrantable voluntad de lucha contra la corrupción lo lleva a reclamar que sea la justicia quién se encargue de juzgar y, si es el caso, sancionar los presuntos delitos de corrupción de los cuales se le acusa.

Sin embargo, sus enemigos transgrediendo toda frontera ética se han dado a la tarea de endilgarle una supuesta responsabilidad política en las presuntas actuaciones ilegales de su hijo. 

“Calumniar y calumniar … que de la calumnia algo queda” parece ser el lema de los más rabiosos opositores del Presidente Petro.  

Sin embargo, como dice le provervio: “Todos estamos hechos del mismo barro, pero no en el mismo molde”

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

16 de marzo de 2023

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[1] El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y clausurado por el Papa Pablo VI en 1965, se constituyó en una profunda reforma que transformó radicalmente el papel de la Iglesia para ponerla a tono con los tiempos modernos y reafirmar su compromiso con los grupos más vulnerables del mundo entero.

[2] El exsacerdote jesuita Mario Calderón, reconocido investigador y defensor de los Derechos Humanos, fue brutalmente asesinado, junto con su esposa Elsa Alvarado y su suegro Carlos Alvarado Pantoja, el 24 de mayo de 1997, cuando adelantaban una investigación ambiental en la región del Sumapaz, siendo parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

[3] En el ensayo “La Revolución, imperativo cristiano” escrito por Camilo Torres con ocasión del II Congreso Internacional de Sociología, en Lovaina (Bélgica, 1964), se desarrolla de forma más completa su pensamiento al respecto del “amor eficaz”.

[4] A su regreso a Colombia, al concluir sus estudios en Lovaina en el año 1959, Camilo promueve y participa, al lado de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y German Guzmán, en la investigación más importante sobre la violencia política en Colombia de medidos del siglo XX. Sin embargo, sus aportes a la investigación no llegan a publicarse por la prohibición expresa de la Iglesia y solo se dan a conocer en la ponencia presentada al 1er Congreso Nacional de Sociología realizado en Bogotá en marzo de 1963.

[5] En el año 1962 el Cardenal Luis Concha Córdoba, como represalia a su solidaridad con el movimiento estudiantil universitario, lo obligá a renunciar a todas sus actividades como Capellan de la Universidad Nacional de Colombia y lo nombra vicario-coadjutor de la Parroquia de la Veracruz, en el centro de Bogotá, en un intento por acallar su predica revolucionaria. Finalmente, en el año 1964 después de un duro enfrentamiento con Álvaro Gómez Hurtado, en la Junta Directiva del Incora, sobre la aplicación de la ley de extinción de dominio dentro de la frontera agrícola y su apoyo a las acciones de las autodefensas campesinas en Marquetalia, Tolima, lo obligan a retirarse del sacerdocio y optar por su ingreso a la guerrila del ELN.