Terminamos el año 2023 con un aumento sin precedentes de la temperatura de la tierra y en muchas regiones del país comienza a sentirse los efectos del fenómeno de El Niño.
A finales del año pasado, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, declaró la emergencia climática ante el aumento de la temperatura planetaria por encima de los 0.5º C; lo cual provocó el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, la alteración en las dinámicas atmosféricas, la disminución de las lluvias, el aumento de los ciclones tropicales en el Caribe colombiano y la presencia de exporádicos aguaceros torrenciales en la Costa Caribe y la región Andina.
Al mismo tiempo, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, declaró oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño y dijo que “Aunque las precipitaciones han sido intensas en algunas regiones, el promedio nacional ha sido inferior a los registros históricos y estamos evidenciando un aumento generalizado de temperaturas (…) La época seca podría extenderse durante varios meses en 2024”.
Los nuevos mandatarios, alcaldes y gobernadores, no han tenido tiempo de calentar sus sillas y se han visto obligados a colgar el saco y arremangarse la camisa para salir de sus despachos en busca de agua para calmar la sed de los habitantes y visitantes en varios municipios del país.
Paradógicamente, siendo Colombia una potencia mundial en la cantidad de agua dulce disponible (seis veces superior al promedio mundial y tres veces más que Sudamérica), una quinta parte (207) de los municipios son muy vulnerables a sufrir desabastecimiento de agua.
De acuerdo con el último Estudio Nacional del Agua (ENA)[1], elaborado por el Ideam, durante el período 2000 y 2022, un total de 565 municipios (más de la mitad del país) de 26 departamentos sufrieron desabastecimiento de agua en las temporadas secas. Y cerca de doce millones de personas (un poco más del 25% de la población) tuvieron un acceso limitado al agua potable, debido a las interrupciones en el suministro que provocaron eventos climáticos extremos cómo tormentas eléctricas, deslizamientos, avalanchas y crecientes súbitas que afectaron los sistemas de acueductos territoriales.
Al parecer, las administraciones territoriales no aprendieron la lección y están mal preparadas para enfrentar los trágicos efectos de la variabilidad y el cambio climático.
Desafortunadamente, durante las pasadas elecciones regionales se escucharon muy pocas voces expresando su preocupación y reconocimiento de las alertas de la comunidad científica mundial sobre los “Límites planetarios del crecimiento”[2].
De acuerdo con los expertos del Centro de Resiliencia de Estocolmo, por primera vez en la historía del planeta, hemos transgredido seis de las nueve fronteras que regulan la estabilidad y la resiliencia del planeta, acelerando la marcha hacia la debache planetaria.[3]
En el caso de Colombia la preocupación se centra en el aumento de la presión sobre cuatro de esas “fronteras”: la pérdida de biodiversidad, la extracción y uso de las fuentes de agua dulce, la degradación de los suelos y la baja gobernabilidad ambiental .
En primer lugar, el deterioro de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad se constituyen en factores críticos del bajo desempeño de varias regiones del país. La escasa cobertura vegetal de las zonas montañosas, los incendios, la ampliación de la frontera agrícola y la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas en las áreas protegidas de páramos y de conservación de las fuentes de agua, constituyen los principales factores que han ocasionado la destrucción de biodiversidad y el deterioro creciente de los recursos naturales del país.
De acuerdo con las cifras de los Resultados del Monitoreo de la Deforestación (Ideam, 2017[4], el 65.5% de la deforestación ocurrió en la región Amazónica, siendo los departamentos de Caquetá y Guaviare donde se concentra la presión sobre el Arco Amazónico, debido a la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y el aumento de las tensiones propias de los procesos de negociación con los grupos armados ilegales.
A pesar de la disminución de la deforestación, como resultado del éxito del Plan de Contención de la Deforestación que puso en marcha el Gobierno Nacional, la región Andina continua siendo la segunda región con mayor superficie deforestada (36.745 hectáreas). Igualmente, la región Caribe presentó una reducción en la deforestación (15.655 ha) y la Orinoquía con 9.853 ha.
En segundo lugar, los fenómenos de deforestación y pérdida de la cobertura vegetal han afectado las áreas de conservación de las fuentes hídricas, reduciendo el suministro de agua dulce.
En el reciente Estudio Nacional del Agua (ENA, 2022), los departamentos con los mayores índices de vulnerabilidad hídrica durante los períodos secos fueron: La Guajira (declarada en emergencia climática en 2023), Cesar, Atlántico y Córdoba en la región Caribe; Boyacá, Cundinamarca, Santander y Tolima en el Centro Oriente; y el norte del Valle. Territorios donde la insuficiente disponibilidad de agua, por períodos prolongados, y la disminución de la oferta de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades de la población afectaron a más de 207 municipios y una población de casi diez millones de habitantes; de los cuales el 63% han sido recurrentes en los últimos años.
En tercer lugar, la contaminación y la degradación de los suelos son factores que afectan directamente la productividad, la diversidad agroecológica y seguridad alimentaria de los colombianos.
De acuerdo con las cifras del Igac (2022), el 40% de los suelos aptos para la agricultura presentan algún nivel de erosión, lo cual limita la capacidad productiva. Igualmente, la erosión afecta el 33% de los suelos de bosques naturales y el 51% de los suelos que están dentro de la frontera agrícola, reduciendo la oferta de servicios ecosistémicos e incrementando la vulnerabilidad de la pequeña economía familiar campesina y la calidad de vida de los habitantes rurales del país.
De otra parte, la información del IGAC (2012) señala que el 28% de los suelos aptos para las actividades agropecuarias presentan conflictos de uso: 15% por sobreutilización y 13% por subutilización. De los 22 millones de hectáreas (19,3%) que tienen vocación agrícola, solo 5,3 millones (4,6%) están dedicados a la producción agrícola. Mientras que de los 15 millones de hectáreas (13,3%) con vocación ganadera se están utilizando 34 millones (30,6%) para ganadería. Y de los 48 millones de ha (42%) con vocación forestal, unicamente 0,4 millones de hectáreas disponen de plantaciones forestales con fines comerciales.
De tal manera, estos factores contribuyen a la reducción de la productividad y la pérdida de la agrodiversidad de las tierras productivas, pastizales, zonas de páramos y de bosques tropicales y de alta montaña.
Tal cómo lo señala el Estudio de Competitividad Territorial (CPC-CEPEC, 2019)[5], estos factores constituyen las principales limitantes de la productividad y competitividad de la producción agrícola y rural y, a su vez, son factores que explican la creciente migración de la población rural joven que abandona el campo en busca de nuevas oportunidades laborales y de generación de ingresos.
Finalmente, la baja gobernabilidad ambiental se constituye en el cuarto factor que explica el declive de la producción y la competitividad regional durante los últimos lustros.
La inoperancia de las Corporaciones Autonomas Regionales y la baja capacidad de gestión ambiental de las entidades territoriales se explican por la conjunción de 3 factores:
(i) Las asimetrías de información,
(ii) La carecencia de un sistema de indicadores ambientales que permita realizar el seguimiento, control y monitoreo en tiempo real sobre aspectos como: el cambio climático, biodiversidad, erosión y contaminación de los suelos, seguridad alimentaria, y la sanidad e inocuidad de los alimentos que consumimos.
(iii) La falta de voluntad política de la dirigencia política regional, más interesados en atender las urgencias de corto plazo que en la búsqueda de solución a los problemas estructurales.
El 2024 es un año crucial para la sostenibilidad del sector ambiental y la adaptación al Cambio Climático en el país.
De acuerdo con la ministra de Ambiente, Colombia tiene tres grandes desafíos: i) ser el país sede de la Conferencia Mundial de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16); ii) continuar con el logro de los Resultados de reducción de la deforestación del Plan de Contención de la Deforestación y iii) consolidar las ecorregiones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Para Susana Muhamad, los esfuerzos del Gobierno del Cambio en 2014 estarán centrados en posicionar al país como la primera potencia de la vida y la importancia de la biodiversidad biológica a nivel mundial a través de la realización de la COP16 en octubre de este año.
En segundo lugar continuar con el avance en las cifras de reducción de la deforestación y alcanzar, así, las metas de restauración ecológica, donde el Gobierno Nacional no solo se compromete a disminuir la pérdida de bosques, sino restaurar más de 700.000 hectáreas de bosques y zonas de protección.
Y, finalmente avanzar en la consolidación de las ecorregiones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, , el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos naturales y el ordenamiento territorial alrededor del agua.
Ser los anfitriones de la más importante discusión mundial sobre la biodiversidad, en su calidad del segundo país más biodiverso, es una gran oportunidad para transformar nuestra comprensión de lo representa ser ciudadanos y habitantes de una potencia mundial de la vida.
Luis Alfredo Muñoz Wilches
Economista y MSc en Análisis de problemas del Desarrollo
Enero 18 de 2024
[1] IDEAM, 2022. Estudio Nacional del Agua http://www.ideam.gov.co/web/agua/estudio-nacional-del-agua
[2] Steffen, et al, 2015. Centro de Resiliencia de Estocolmo. Los Límites Planetarios. https//bit.ly//3vzGdMP
[3] https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2023-09-13-all-planetary-boundaries-mapped-out-for-the-first-time-six-of-nine-crossed.html
[4] IDEAM, 2017. Resultados del Sistema de Monitoreo de la Deforestación 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
[5] Consejo Privado de Competitividad -CPC- & Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- Universidad del Rosario, 2019. Informe Índice Departamental de Competitividad
