martes, 29 de junio de 2021

Tras el humo del disparo

 Tras la cascada de condenas y titulares de prensa sobre el atentado de que fue objeto el helicóptero presidencial, mientras se dirigía al aeropuerto internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, quedan muchas preguntas. ¿Quiénes estarían detrás de este condenable y cinematográfico atentado? ¿Por qué se escogió el escenario de la frontera colombo-venezolana para realizarlo? ¿Quién fue y a quién(es) le sirve este tipo de atentados?¿Qué hay detrás del humo de los disparos?

El atentado muestra lo enredada que está Colombia, gracias al cambio de agenda de paz por la guerra que hizo este gobierno. Se conocen ya algunas ‘evidencias’, apresuradamente recolectadas y presentadas a la opinón pública nacional e internacional, pero se desconocen los móviles y los responsables del execrable atentado. Para desenredar esta espesa maraña es necesario, por lo menos, agarrarse de tres hilos que permitan esclarecer lo que en el argot de la guerra que se conoce como una “falsa bandera”: por qué se escogido este sitio?, por qué en este momento? y a quién(es) le sirve?. En relación con el primer hilo, hay que preguntarse por qué se escogió la frontera colombo-venezolana para acometer tamaña alevosía. Se trata de una de las “zonas rojas” donde se desarrolla, desde hace varios años, un conflicto de “baja intensidad”, que el gobierno Duque ha procurado escalarlo como un conflicto internacional, atendiendo las órdenes de Washington y del Ubérimo, para justificar muchas de las operaciones militares en lo que se conoce como “el arco del Caribe” (I. Griffith, 1993)

El año pasado el gobierno norteamericano de Trump desplegó la flota naval del Comando Sur (U.S. Naval Forces Southern Command/US 44th Fleet), en aguas del Caribe, en una operación militar Multinacional denominada Martillo.Dicha operación estaba dirigida a interceptar rutas de narcotráfico y asfixiar al régimen de Nicolás Maduro. En el marco de esta campaña, el presidente Duque, junto con el exsecretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo y Juan Guaidó, pusieron en marcha la llamada operación Gedeón para derrocar al presidente Maduro que terminó con la captura de los mercenarios norteamericanos y colombianos que participaron en esta aventura, entre los cuales había infantes de marina colombianos.

Un año antes (febrero de 2019), la frontera colombo-venezolana fue el escenario del Concierto Ayuda y Libertad (Aid Live) donde, el recién autoproclamado presidente pro tempore de Venezuela, desembarco subrepticiamente en Puerto Santander escoltado por un grupo de paramilitares colombianos, como le denunció el Diario La Opinión de Cúcuta.  

Según cifras de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la OEA (MAPP/OEA), en esta zona operan 17 grupos armados ilegales organizados (GAO), que se disputan el control territorial de estas áreas fronterizas estratégicas desde hace más de 20 años. De acuerdo con la Fundación Progresar de Norte de Santander, en el área Metropolitana de Cúcuta se libró una cruenta guerra entre los Rastrojos, los Urabeños, el Clan del Golfo, las AUC Criollas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con miles de muertos, cientos de desplazados y desaparecidos y que terminó conformando el Ejército Paramilitar de Norte de Santander (EPN). Esta organización criminal, integrada por aproximadamente tres mil hombres bajo el mando de los hermanos Escamilla – Luis Jesús Escamilla alias el “Concha” y Carlos Escamilla alias “Patevaca”- opera como una red de extorsionistas, escuadrones de la muerte y políticos corruptos que, tuvieron en el exalcalde, Ramiro Suarez Corzo, a su mejor colaborador. El EPN se financia con los dineros de las extorsiones, el narcotráfico y el contrabando de gasolina y otros bienes y servicios, controlando los pasos fronterizos y, especialmente, los territorios aledaños al aeropuerto de Cúcuta, como las Comunas Norte (6) y Noroccidental (7), desde donde se fraguó el “atentado”.

El momento del atentado deja muchos interrogantes y cabos sueltos. La comitiva presidencial regresaba de Sardinata, donde se celebró una reunión para presentar los avances del programa de gobierno “Paz con Legalidad”. Donde el Ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que la presencia militar en la zona había aumentado en un 150%, para garantizar “la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del Catatumbo” y destacó que era una respuesta de institucionalidad ante las amezazas del terrorismo, luego de los ataques contra la Brigada Militar en Cúcuta. Ante estas circunstancias cabe preguntarse, ¿quiénes organizaron el operativo de seguridad para el desplazamiento de la comitiva gubernamental por una de las regiones más convulsionadas e inseguras del país? ¿Cómo obtuvieron, los supuestos terroristas, la información de las características, los horarios y la ruta del desplazamiento de la comitiva para ser tan precisos y asertivos en sus disparos?. Acá solo cabe una hipótesis, la información solo fue posible filtrarla desde la misma Presidencia de la República. 

El helicóptero Black Hawk, donde se transportaba el séquito presidencial, es una nave de combate considerada una de las más seguras del mundo, diseñada especialmente por el Ejercito Norteamericano para resistir a los ataques enemigos y sobrevivir a los impactos de armas de largo alcance, durante la guerra de Vietnam. Está dotado de una cabina blindada para proteger a la tripulación y cuenta con dualidad de sistemas que le permiten maniobrar ante cualquier hostigamiento, reponder con contundencia y soportar situaciones extremas. De tal manera que aún el más osado e infantil “terrorista” sabe que es un disparate apuntarle a esta nave con un fusil de las mismas características de los fusiles entregados al Ejercito Colombiano durante la desmovilización de las FARC-EP. 

Uno de los funcionarios de gobierno que viajaba en el helicóptero le dijo a la prensa que, en el momento de los disparos, sintieron como si estuvieran “fritando crispetas” y solo cuando descendieron de la aeronave fueron informados de los (6) disparos que impactaron la aeronave. De tal manera que, por las evidencias recolectadas, se puede afirmar que este incidente no pasó de ser un mero hostigamiento que no logró asustar a ningún miembro de la comitiva de gobierno. Incluso el presidente Duque se mostró muy tranquilo y no pudo ocultar su impostura ante el antentado.

Sin embargo, lo más sorpresivo del incidente fue el hallazgo posterior de dos fusiles -AK y 7-62 tipo FAL ,que habrían sido utilizados en el atentado, con el registro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, abandonados en un potrero de la cabecera del aeropuerto. Imágenes que fueron rapidamente difundidas por el senador Ernesto Macias del Centro Democrático, quien viajaba al interior del helicóptero presidencial, y provocaron la declaración del Ministro Diego Molano quién afirmó: “He recibido información de una posible alianza criminal narcotraficante entre el frente urbano del ELN y las disidencias de las FARC, con organizaciones narcotraficantes y criminales que deliquen en Norte de Santander y tienen el respaldo de Venezuela”. 

Por estas extrañas circunstancias cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que un “atentado” de esa magnitud hubiera sido encomendado a unos aprendices que dejan abandonadas las evidencias en un potrero? Más aún, que las dejen en el barrio la Concordia, de la Comuna 6, territorio de operaciones de los grupos paramilitares, donde nada se mueve sin la anuencia del nuevo EPN?

Finalmente, es valido preguntarse qué intereses que hay detrás del atentado? A quién(es) le sirve? El atendado ocurre en el momento en que los últimos sondeos de opinión muestran la caída vertical en la imagen del Presidente y el repudio generalizado a su gestión y a la brutalidad de las FFMM. 

Los hechos ocurren unas semanas después de la explosión del “coche-bomba” al interior del Cantón San Jorge de la Brigada 30, lo que le costó la cabeza a varios comandantes de la BM y que puso en evidencia profundas fisuras en la seguridad del Estado. Cómo lo afirmó en su momento, Gimena Sánchez-Garzoli directora para los Andes de la agencia Norteamericana de WOLA, declarando su esceptismo frente a esta clase de atentados: “Aún no se puede afirmar si fue un atentado o un ‘autoatentado’ (…) Lo que sí es muy curioso es que ocurriera solo unos días después de que se hubiera levantado el paro Nacional, cuando el Gobierno ha emprendido una campaña global y, en especial en los EEUU, para hacer creer que ‘Colombia está bajo el ataque’ de terroristas urbanos, con el fin de aumentar la polarización y las tensiones en este país; y así también justificar la increíble violencia estatal ejercida durante las protestas” 

Esto ocurre, precisamente, como en la película de terror y ficción del español Santiago Jimenez, “Trás del humo del disparo”, donde los adictos al miedo y al terror necesitan del humo de los disparos como un ‘basuco’ para sentir la adrenalina de la guerra.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, junio de 2021

 

Adenda 1: Con las recientes decisiones de ordenar la represión de los jóvenes manifestantes, la alcaldesa Claudia López decidió quitarse la desvencijada careta de demócrata, y dejar ver su verdadera cara de autócrata!

Adenda 2: Las renuncias del director de Derechos Humanos y del Secretario de Seguridad evidencian que hay algo podrido en el palacio de Lievano!

viernes, 11 de junio de 2021

¡Colombia en la encrucijada: el difícil transito hacia una salida democrática¡

 El principal problema de Colombia no es la guerrilla… es la bomba de tiempo, que amenaza con estallar en Medellín, Cali, Bogotá o Barranquilla, conformada por una masa de jóvenes que nunca ha tenido oportunidades. Ellos saldrán de sus barrios y comunas, avanzado hacia los centros comerciales, almacenes de cadena y grandes negocios, arrebatando, lo que nadie les ha ofrecido ” 

Gilberto Echeverry Mejía, 1999

Lo que en otra época era apenas un vaticinio, como el expresado por el lúcido empresario y mártir de la paz de la gobernación de Antioquia, ahora es una dura y explosiva realidad. Desde hace 40 días la rabia y la indignación de los jóvenes colombianos se tomó las calles y las avenidas de toda la geografía del país, produciendo el estallido social más hondo y significativo de la historia reciente de Colombia. Ni siguiera el Bogotazo del 9 de abril de 1948, a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, es comparable con un sacudimiento tan profundo de rebeldía social contra un régimen oprobioso, como el que se inició el 28 de abril. 

El detonante de todo este estallido fueron las reformas de corte neoliberal que el gobierno de Duque quizo imponerle al pueblo colombiano, en medio de los estragos humanos y sociales causados por las malas políticas públicas agenciadas por su gobierno. Colombia es uno de los países con más muertos por Covid en el continente y, en medio del tercer pico de la pandemia, solo el 8,4% de la población total ha sido vacunada. Además, casi la mitad de la población se encuentra hoy en situación de pobreza y a más de 7,6 millones de colombianos se acuestan con hambre . 

Esta explosión social ha tomado la forma de una insurrección popular que desbordó todos los causes institucionales de la democracia representativa. Según la última Encuesta Nacional sobre jóvenes[1], el 90% no confía en las instituciones y, dentro de ellas las peores calificadas son el congreso , los partidos políticos, la Presidencia (9%) la Procuraduría, la Policía Nacional (13%), la Fiscalía y las FFMM (27%). Esta encuesta rebela que, a raíz de la actual coyuntura, el 95% de ellos se sienten amenazados y sus sentimientos son de tristeza, miedo, ira y frustración. Ante a estos resultados, el rector de la U. del Rosario declaró: “el mensaje que nos envían nuestros jóvenes es francamente desalentador”.

El 84% de los jóvenes respaldan el Paro Nacional, pero no se sienten plenamente representados por las organizaciones estudiantiles que participan en el Comité Nacional del Paro. Las razones que consideran validas para la protesta son de rechazo al Gobierno Nacional (91%), al abuso de la fuerza pública (87%), al aumento del desempleo (74%), a la pobreza (53%), a la corrupción (48%), a las desigualdades sociales (43%) y la desconfianza creciente con los gobiernos locales (70%).

Por estás razones, lo que hoy escuchamos en las calles son las voces de la “otra Colombia”. Esa Colombia que se tomó las calles y caminos para llenarlos con las barricadas de la resistencia popular. Desde estos puestos, los jóvenes defienden sus territorios de la brutalidad policial y de civiles armados que, desde sus lujosas camionetas, disparan contra los manifestantes. Los “puertos de resistencia” tienen vida propia. Allí la gente resiste en las ollas comunitarias, en improvisados hospitales donde se atienden a los heridos, en las aulas abiertas en las calles y en consultorios jurídicos ambulantes, a donde los jóvenes acuden para reportar las desapariciones de lo que el Gobierno llama “traslados por protección”. 

Pero también la resistencia se manifiesta en los cuerpos, en los grafitis y en las diversas expresiones artísticas e identitarias de afros, indígenas, campesinos, LGTBi, mestizos y mujeres, y en las voces que desembocan en asambleas populares donde se debate el futuro del país. Para muchos jóvenes, padres de familia, mujeres, estudiantes, habitantes de las comunas y trabajadores informales, la resistencia es la primera acción colectiva donde participan y descubren que es posible otra forma de expresar sus reclamos: la democracia directa y popular.

Esto ocurre, precisamente, cuando las élites en el poder desconocen las reglas democráticas para tramitar la protesta social. Se aferran a las tradicionales formas de barbarie y opresión para sofocar el clamor popular, haciendo trizas las bases éticas del pacto social. El uso de la represión desbordada del Estado, en opinión de la profesora Sandra Borda, es causa y consecuencia de la tremenda debilidad del régimen. Es causa, por que la ceguera ideológica le impide al Gobierno entender lo que está pasando en las calles y lo lleva a abrazar las teorías conspirativas de la llamada, por el sub júdice expresidente Uribe, “revolución molecular disipada”, que le ordena darle un tratamiento de “enemigo interno”, militarizar la protesta popular y, sí es del caso, disparar y asesinar a los jóvenes a quienes llama “vándalos”. 

Pero la brutal represión de la protesta es también una consecuencia de la debilidad de un Gobierno incapaz de negociar. La renuencia a dialogar con el Comité Nacional del Paro y la desautorización de los acuerdos firmados por el nuevo Comisionado de Paz con el Comité del Paro de Buenaventura, así lo demuestran.

De tal manera que el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida. De un lado, su negativa a negociar con los voceros del Paro, lo aísla aún más de la comunidad internacional y de sus aliados políticos internos que prefieren pasar de agache ante el desgaste que representa estar del lado de un gobierno tan desprestigiado. De otro lado, un proceso de negociación tan complejo, como el que se ha abierto en Colombia, lo va a debilitar aún más, ante la falta de autoridad moral para sentarse a negociar con las organizaciones sociales y líderes juveniles a los cuales ha perseguido, reprimido y mandado a matar.

Adicionalmente, la dispersión y atomización del movimiento popular y la crisis de representación política que significa el desprestigio de las instituciones y la falta de liderazgo y legitimidad de los partidos políticos dificulta aún más encontrar un punto de convergencia para construir una salida negociada a la crisis.

En resumen, la encrucijada en que se encuentra el país va a hacer muy difícil y dolorosa la transición hacia una salida democrática. Solo la acción valerosa y directa de los movimientos populares puede empujar las reformas y los cambios que el país necesita en materia económica, social, política e institucional para hacer de Colombia un país verdaderamente democrático, más justo y prospero, donde todos los colombianos podamos vivir en paz.

 

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, junio 10 de 2021 



[1] Tercera Medición de la Gran Encuesta Nacional sobre jóvenes de la Universidad del Rosario, Cifras y Conceptos y El Tiempo del 21 de mayo de 2021.