EL TERCER TIEMPO DE LA PAZ II

Estamos próximos a cumplir un año y las conversaciones de paz en La Habana parecen haber llegado a un punto inflexión. De un lado, el Presidente Santos, presionado por el costalazo que sufrió en las encuestas, manifestó que la paciencia de los colombianos tiene un límite y le reclamó a las FARC la pronta concreción de los acuerdos. En este mismo sentido se acaba de pronunciar uno de los escuderos más connotados del proyecto reeleccionista, Silva, en el sentido de que llego la hora de romper las negociaciones para garantizar la reelección del presidente. De otro lado, el jefe de la insurgencia amenazó con divulgar los llamados “secretos” de las conversaciones de La Habana. Y volvió a referirse que las FARC no tienen ninguna prisa y que no se van a dejar presionar por los “afanes electorales” del presidente Santos. Lo cual le sirvió en bandeja de plata a los enemigos del proceso de paz, para reclamarle al gobierno que de a conocer cuáles son los tales “pactos secretos” con la insurgencia. Estas tensiones se dan en medio de un desencanto cada vez más generalizado de la opinión pública sobre los resultados de las negociaciones con las FARC. Con lo cual queda demostrado que las conversaciones en La Habana pueden entrar en el túnel de la sin salida, sí los actores comienzan a “descontar sus propios tiempos ” por encima de los avatares de la negociación misma. Es bien conocido en la teoría de la resolución de conflictos que sí los tiempos con que se descuentan los costos de una negociación no son convergentes, las negociaciones tienden a disolverse o a estancarse irremediablemente.

Afortunadamente, las señales con las cuales se inicia la 15ª ronda de negociaciones en La Habana van en otro sentido: el gobierno autorizó el viaje de la comisión del Congreso a la Habana y el jefe de las FARC desactivo el torpedo de la amenaza del rompimiento de la discrecionalidad de las conversaciones. En esta ronda se espera que las partes lleguen a un acuerdo sólido sobre los términos y las condiciones para que la insurgencia cambie “las balas por los votos”. Acuerdo que involucra tres aspectos sustanciales: la participación política de los exguerrilleros en el poder político, las garantías que el gobierno les ofrece y la aplicación de la justicia y reparación de las víctimas. Aspectos estos que constituyen el almendrón de la negociación: ¿qué tanta justicia se debe aplicar para reparar a las víctimas y castigar los responsables de los “crímenes guerra”?, tal como lo contempla el Estatuto de Roma. ¿Cuál es la cuota de participación política que el gobierno se compromete a ofrecer a los insurgentes desmovilizados? Y ¿cuáles son las garantías que le ofrece el Estado para que los acuerdos sean creíbles y legítimos?.

De la forma como se desentrañen estos nudos gordianos depende que el proceso salga del atolladero en que se encuentra y se encamine hacia la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado. Acuerdo que deberá firmarse más temprano que tarde para recuperar la confianza de los colombianos y lograr un respaldo significativo para su refrendación.

Sin embargo, una vez superados estos escollos y firmado el Acuerdo, el proceso de paz entrara en su tercer tiempo, sobre el cual quiero referirme por segunda vez para explorar los retos que se deben enfrentar en el postconflicto. Un aspecto esencial lo constituye la implementación de los Acuerdos en los territorios que fueron del escenario de la confrontación armada y que dejaron unas profundas huellas en la gobernabilidad y la gobernanza de esos territorios. Aspectos que tienen que ver con: la recomposición de la tenencia, el acceso y uso de las tierras; la democratización y los derechos políticos de sus pobladores; y la gobernanza de los territorios.

En relación con el conflicto de tierras, de acuerdo con los estudios realizados en algunos de los territorios que han sido epicentros del conflicto y la experiencia internacional, las políticas de restitución de tierras no son suficientes para lograr la estabilización de los territorios rurales. En la medida que el conflicto armado en Colombia desencadenó profundas transformaciones en la tenencia y uso de la tierra, caracterizadas por la concentración de la propiedad de las tierras, tanto por la vía de la coerción armada (de los grupos armados ilegales) como por la vía de la compra masiva de tierras de parte de empresarios e inversionistas que hicieron su agosto en los mercados de tierras especulativos. Reversar estos fenómenos implica llevar a cabo un reordenamiento integral de estos territorios, donde se articulen las políticas de restitución con medidas administrativas que permitan la formalización de la propiedad rural, el acceso a la tierras a los campesinos pobres y sin tierra, y la reestructuración de la tenencia y el uso de las tierras rurales indebidamente explotadas.

De acuerdo con muchos estudios de caso, el 49% de los campesinos que fueron despojados carecían de títulos que certificaran su pertenencia; de tal manera, que la formalización de la propiedad rural constituye un componente esencial no solo de la reparación de las víctimas sino fundamentalmente de la protección de los derechos patrimoniales de los campesinos. Pero, la forma como se está adelantado el Programa de formalización de tierras no constituye una garantía de celeridad y eficacia para lograr la meta propuesta por el gobierno de formalizar 35.625 predios en el cuatrienio 2011-2014 del PND. Se requiere adoptar mecanismos administrativos que aceleren los logros esperados y permitan que en esos territorios desestructurados, se les restituya la posesión y el disfrute pleno de sus derechos patrimoniales.

 En relación con la democratización y el restablecimiento pleno de los derechos políticos de los pobladores rurales es necesario ampliar los espacios de participación y decisión de los sectores sociales y las comunidades rurales en los procesos de diseño e implementación de programas integrales de desarrollo rural con enfoque territorial y emprender un vasto programa de capacitación y fortalecimiento de las capacidades organizacionales y de participación política de los pobladores rurales.

En relación con la gobernanza de los territorios rurales es necesario rediseñar y fortalecer la institucionalidad rural generando capacidades técnicas y administrativas que les permita a los pobladores rurales lograr su empoderamiento en las instancias de participación y toma de decisiones a nivel local, regional y nacional.

Luis Alfredo Muñoz Wilches

EL TERCER TIEMPO DE LA PAZ

EL TERCER TIEMPO DE LA PAZ

Lo dijo Francisco Gutiérrez en el marco del Dialogo Mayor sobre “conflicto, desigualdad y transformaciones agrarias en Colombia”, realizado la semana pasada en Bogotá, el proceso de paz necesita de un “segundo tiempo”. Dejando flotar en el ambiente, el interrogante sobre el rumbo de las negociaciones que llevan a cabo en La Habana para la firma del Acuerdo de terminación del conflicto armado. De cuyos resultados depende, en buena medida, las posibilidades del segundo mandato del Presidente Santos, o el reencauche del proyecto uribista y, por supuesto, la suerte de una tercería de centro-izquierda en nuestro país.

El ritmo de las conversaciones del gobierno con la insurgencia de las FARC y sus resultados en materia de la reforma rural, la sustitución de cultivos ilícitos, la reparación a las víctimas, la aplicación de la justicia transicional, la participación política de los exguerrilleros y, por consiguiente, la dejación de las armas, inevitablemente acaparan el debate electoral 2013-2014. No puede ser de otra forma, dado que constituye el problema político colombiano más importante de los últimos 50 años y de cuyo desenlace depende buena parte de las transformaciones socio-económicas y políticas que el país debe abocar en los próximos 20 años, en lo que los estudiosos han llamado el postconflicto.

Este escenario de transición o “segundo tiempo” del proceso de paz, fue abordado por reconocidos investigadores nacionales y extranjeros[1], a partir de la presentación de experiencias nacionales e internacionales que nos pueden servir de referencia para encontrar las claves interpretativas del postconflicto, en materia del diseño de políticas públicas redistributivas, reformas institucionales y, en general, de promoción del desarrollo con justicia social y de consolidación de una paz duradera.

Un ejercicio académico muy útil para formular algunos interrogantes que a todas luces no están siendo parte de las agendas políticas de la coyuntura electoral. El bloque de fuerzas políticas de centro derecha, conocido como “Unidad Nacional”, se ha puesto en la tarea de defender las reformas impulsadas por la administración del primer gobierno de Santos para justificar su aspiración reeleccionista. Del otro lado, la extrema derecha agrupada en el denominado “Puro Centro Democrático”, intenta demostrar que el gobierno Santos sólo ha sido una pausa nefasta en la sostenibilidad de las políticas de “seguridad democrática”, “confianza inversionista” y “cohesión social” y apela a un retorno a las épocas oscuras de confrontación y exterminio del “terrorismo” armado.

Mientras tanto, las fuerzas del centro democrático y de la izquierda se mueven en el pantano de las divisiones y las recriminaciones mutuas que les impide presentarse como una alternativa democrática y progresista capaz de llenar el vació político dejado por la crisis de legitimidad y representatividad de las fuerzas políticas tradicionales. Esto es, como lo señala León Valencia, una “coyuntura trágica”.

Algunas de las preguntas que nos deja la reflexión del Dialogo Mayor: existe una relación de causalidad entre desigualdad, conflicto y desarrollo?. El despojo y la concentración de tierras en Colombia es causa o consecuencia del conflicto armado? Y, en ese sentido, es posible alcanzar las metas y los resultados propuestos por el Gobierno con la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras? Qué tipo de “arreglos institucionales” son necesarios llevar a cabo para lograr la gobernabilidad y la gobernanza de los territorios que han sido epicentros del conflicto armado en Colombia? El resurgimiento de los movimientos sociales urbanos y rurales que experimenta el país actualmente hacen parte de las transformaciones sociales y políticas que requieren la transición hacia el postconflicto? Es posible lograr un acuerdo sobre las transformaciones sociales y políticas que el país requiere, en medio de la polarización política-electoral, la falta de legitimidad y la ausencia de un claro liderazgo nacional?

Este dialogo académico permitió ver el atisbo de nuevas aproximaciones a estos temas, que intentaré señalar desde el ámbito de las políticas públicas. En primer lugar, la inmensa mayoría de los conflictos armados que se dieron en el mundo con posterioridad a la segunda guerra mundial demuestran que no existe una correlación entre desigualdad y conflicto, y mucho menos que lo uno conduzca a lo otro. En segundo lugar, la experiencia colombiana, muestra que la violencia y los conflictos armados condujeron a incrementar la concentración de la tierra como consecuencia del despojo y el desplazamiento de los habitantes rurales. Sin embargo, la concentración de la propiedad rural no solo se ha dado por la vía de la coerción de los actores armados sino también por los medios no coercitivos utilizados por empresarios que generan una gran especulación en los mercados de tierras legales. Esta ha sido una experiencia documentada (Uribe) en la región del Catatumbo, donde la violencia paramilitar de las últimas dos décadas (1990-2000) fue seguida de una “nueva colonización” de empresarios y gentes llegadas del magdalena medio antioqueño y cordobés. En tercer lugar, los mecanismos de justicia transicional incorporados a la Ley de Víctimas han hecho que el programa de restitución de tierras marche a paso de tortuga, en medio de crecientes tensiones y acciones violentas que proliferan en los territorios donde las estructuras políticas y paramilitares permanecen intactas.

Este conjunto de situaciones configuran lo que los investigadores denominan las grandes “transformaciones territoriales” derivadas del copamiento armado y paramilitar de las estructuras institucionales locales. De tal manera, que se requiere de un rediseño de las políticas de restitución y redistribución de tierras, donde se exploren nuevos arreglos institucionales y mecanismos administrativos que garanticen una vía más expedida y eficiente para la reparación a las victimas y el acceso a la tierra por parte de los campesinos pobres.

Es este el nuevo escenario, donde se debe jugar el tercer tiempo del postconflicto para construir una paz duradera con justicia social. En palabras de nuestro querido novel García Márquez que al referirse a su entrañable amigo y compañero de viaje Alvaro Mutis digo: “Maqroll no es sólo él. Maqroll somos todos”

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[1] Francisco Gutiérrez, Darío Fajardo, Sonia Uribe, Ana María Ibáñez, Lina Céspedes, Pranab Bardhan, Albert Berry, Henrik Wiig y Elisabeth Wood.

EL PLAN V

EL PLAN V

“Sucedieron muchas y muy nefandas cosas … 

que antes han sido y siempre serán 

mientras la naturaleza humana sea la misma”

Tucídides.

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Septiembre 17 de 2013

De acuerdo con el principio de la ciencia política según el cual, las circunstancias (históricas) siempre influirán en las situaciones de diferentes maneras (Dror, 1996), podríamos inferir que la coyuntura política que se configuro en nuestro país con motivo del paro agrario, sí bien obedece a factores estructurales, tales como la incapacidad de la clase dirigente de lograr un acuerdo nacional para solucionar el problema rural y modernizar las estructuras agrarias, lo verdaderamente nuevo es que desato un Tsumani político, cuyas efectos devastadores se han comenzado a observar en la arena política del país: la abrupta caída de la popularidad del gobierno del Presidente Santos, el incapacidad de los partidos políticos tradicionales para ofrecer alternativas, la crisis de representatividad las organizaciones gremiales y la irrupción de movimientos sociales urbanos que respaldan la protesta campesina y rural.

Tal parece que el complejo ajedrez de la política colombiana lo descompuso de una patada un movimiento campesino con una fuerza que no veíamos desde los años 70, cuando la organización campesina de la época (ANUC) encabezó la lucha por la tierra bajo el lema “La Tierra para el que la trabaja”. Pero a diferencia de aquella movilización, el foco de la protesta agraria de hoy es el reclamo por la falta de una política agropecuaria integral para enfrentar los problemas de productividad y competitividad de la producción agrícola nacional derivados de la intensificación de la competencia en los nuevos escenarios de los Tratados de Libre Comercio, TLC.

En la coyuntura política actual, la recurrencia a los anacrónicos esquemas de la acción política, transformaron la escena política en una amenaza para la estabilidad del régimen político tradicional. La sumatoria de factores endógenos de los partidos políticos y los factores exógenos de la representatividad y el liderazgo, han terminado por “encunetar” la segura reelección del Presidente Santos, considerada el Plan A del establecimiento.

En primer lugar, más allá del efecto mediático que puede significar la profunda caída en la imagen del Presidente Santos, que lo coloca en el foso de la opinión solo comparable con los días aciagos del Caguán de Pastrana, lo más preocupante es la pérdida de legitimidad de los poderes públicos, asediados por factores de corrupción, “choque de trenes” (entre la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía), y desatinos en las decisiones públicas, como quedo demostrado en la patética frase aquella de que “acá los fallos (de la justicia) se acatan pero no se aplican”.

La legitimidad de los poderes públicos se ha puesto en entredicho, al punto que han comenzado a prosperar las voces que hablan de la “pérdida de autoridad” y “el desorden social” que en el lenguaje de Uribe significa “el deterioro de la seguridad, la creciente incertidumbre de la inversión … y la sustitución del dialogo social por el riesgo de entrega del país al terrorismo y las vías de hecho”. Para lo cual, el expresidente vuelve a reclamar su sainete de los “3 huevitos”, pero está vez como plataforma para ir al senado, desde donde aspira a convertirse en jefe de la oposición. Mientras su legitimidad se ve cada vez más maltrecha por sucesiva captura de sus inmediatos colaboradores, acusados como es el caso de Luis Alfredo Ramos de colaboración con el paramilitarismo. Hasta el punto que un Juez del Tribunal Superior de Medellin se atrevió a solicitar, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la reapertura de la investigación contra el expresidente Uribe por sus nexos con el paramilitarismo, argumentando que: “es imposible estar dentro de la piscina sin mojarse”.

El segundo aspecto de la inestabilidad política lo constituye la crisis de representatividad de los partidos políticos que han dejado de ser canales de expresión política de los distintos sectores sociales para manifestar sus necesidades o tramitar sus requerimientos. El fraccionamiento, el desprestigio y el predominio de acciones políticas erráticas y anacrónicas han hecho de los partidos unas microempresas electorales o simplemente maquinarias clientelistas que sirven para enriquecer a sus dueños, como es el caso de los famosos “carruseles de la contratación”. De lo cual no escapa ni la izquierda misma.

En la coyuntura política actual, las distintas facciones de los partidos políticos tradicionales se han enfrascado en un “tire y afloje” para reclamar las partijas burocráticas. Tal como quedo demostrado en la reciente crisis ministerial, en la cual las distintas facciones liberales y conservadoras buscaron reacomodarse para lograr la mejor tajada del pastel burocrático

Pero sí por el lado de las agrupaciones políticas tradicionales llueve, por el lado de la izquierda no escampa. Después de la desastrosa experiencia de la Alcaldía de Bogotá, en la administración de los hermanos Moreno, la precaria unidad de los distintos matices de la izquierda se resquebrajo y termino fragmentada: por un lado, el ala “progresista” que conservó la Alcaldía de Bogotá con Petro y por otro, el ala más radical del Polo. A estas alturas, el “adanismo” de Petro que buscó refundar la ciudad echo por la borda los dos primeros años de su administración y, hoy lo tienen ad portas de su revocatoria. Por el lado del Polo, su obstinada oposición al gobierno de Santos le impidió aprovechar las oportunidades de participar de las reformas democráticas (Ley de Víctimas y restitución de Tierras) y, sobre todo, en el diseño de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana con las FARC. El Polo prefirió cosechar las victorias pirricas de los grandes debates de control político sobre los temas de la política agraria y de tierras.

El tercer aspecto, tal vez el más crucial, el de la crisis de hegemonía política que en Colombia se basa en un régimen “presidencialista”. El cual concentra el poder político alrededor de la figura del Presidente y tiene su colchón de gobernabilidad en un sistema de alianzas –denominado hoy Mesa de la Unidad Nacional- que le ha permitido mantener unas mayorías en el Congreso para tramitar las reformas propuestas por el proyecto político modernizador del Presidente Santo. A través de un esquema de transacciones burocráticas y clientelistas con las agrupaciones políticas tradicionales, a las cuales se sumaron los Verdes (encabeza de Lucho Garzón) y el PIN, de manera muy discreta.

En la actual coyuntura, el proyecto reformador de Santos tiene como corolario el anhelado “Acuerdo General para la terminación del Conflicto Armado en Colombia”, pero goza de una precaria legitimidad, que no solo se refleja en el desencanto de la opinión pública con los diálogos de La Habana sino el poco entusiasmo que suscita la figura del “referendo” como mecanismo para refrendar los posibles acuerdos con la insurgencia de las FARC. En el trasfondo de este “malestar” de la opinión pública con el proceso de paz está jugando, no solo las dilatadas conversaciones de La Habana sino fundamentalmente la arrogancia de los negociadores de la insurgencia, siempre dispuestos ver “la paja en el ojo ajeno y negarse a ver la enorme viga en el propio”. Tal como lo demuestra su reiterado animo a cuestionar las “fallas” del régimen político y la injusticia social y negarse a reconocer sus macabros errores que dejaron miles de víctimas, atropellos y despojos. No le hace nada bien a un proceso de paz negarse a aceptar la verdad, la reparación y la justicia, solo por considerarlas burguesas.

De tal manera, que ante la crisis de hegemonía por la cual esta atravesando el proyecto reformador del Presidente Santos, se comienzan a vislumbrar los llamados “Planes V”, que no son B, con be larga sino con v de vaca.  En primer lugar, está el Plan V (victoria secret) de Uribismo que le apuesta a la confrontación armada apoyándose en las fuerzas más retardatarias, representadas en los grandes terratenientes, ganaderos, banqueros, mineros, gremios de la producción y exmilitares. Su apelación a las fuerzas militares y a la seguridad democrática como “única garantía de la paz estable” constituye una solución “cesarista” de retorno a los años aciagos de la guerra de exterminio que le ha dejado a los colombianos más de 200 mil muertos en los últimos 20 años.

En segundo lugar, se asoman las orejas del Plan V de ciertos sectores oligárquicos que comienza a ver en Santos 2 una apuesta muy “arriesgada” por la evidente debilidad mostrada en el tratamiento de los paros agrarios. A estos sectores del establecimiento les parece que Santos 2 tendría mucho menos capacidad para garantizar la estabilidad política y social que se requiere para adelantar sus planes modernizadores en el postconflicto. Por esta razón han comenzado a mover la opción de German Vargas Lleras como candidato para el periodo 2014-2018; lo cual significaría un cambio en la estrategia de negociación con la insurgencia que pasaría por la congelación o suspensión indefinida de las conversaciones, hasta lograr la captura o baja de los cabecillas más connotados de las FARC.

En tercer lugar, se vislumbra la eventualidad de una “tercería” basada en los posibles acuerdos y fusión entre lo que queda del partido de los Verdes y de los Progresistas, encabezados por la formula Navarro-Peñalosa. Navarro, logro tender un puente de distanciamiento con el gobierno del Alcalde Petro, después de haber sido su secretario de gobierno, pero manteniendo una comunicación muy fluida con las bases del proyecto político, se proyecta como el nuevo “pepe” de la izquierda latinoamericana, capaz de repetir la hazaña de Mujica.

Por estas razones, parece que estamos asistiendo al comienzo de un transición política que dependiendo cómo muevan sus fichas las diversa fuerzas políticas puede llegar a conformar lo que Gramsci llamada “una coyuntura estratégica”.

Amanecerá y veremos, como decía el ciego!

El Pacto Agrario: un problema nacional con soluciones regionales

El Pacto Agrario: un problema nacional con soluciones regionales

“no hay globalidad que valga sino hay localidad que sirva”

Carlos Fuentes

El acuerdo que puso fin al paro agrario nacional, que mantuvo bloqueadas las principales despensas agrícolas del país y afecto seriamente la gobernabilidad del presidente Santos, quedo registrado en un documento que crea el Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional, PRAN. Una versión renovada del famoso PRAN que formulo el gobierno del presidente Pastrana a finales de los años 90 como un instrumento para reactivar el sector rural colombiano que por causas similares entró en crisis y produjo una cesación de pagos que afecto el sistema financiero agropecuario (FINAGRO).

El Acuerdo pactado entre los delgados del gobierno y los líderes de la protesta agraria –que se firmó inicialmente en Tunja y luego se extendió al Huila, Meta y el sur del país, como si se tratara de una reacción en cadena- incluye el uso de las medidas de salvaguardia, el control de precios de los insumos agrícolas, la suspención de la controvertida resolución ICA 970 de 2010, y la condonación de deudas y refinanciación de créditos otorgados por Finagro. De esta forma, los líderes del paro agrario lograron concretar el pliego mínimo de los 6 puntos de la “Dignidad Agraria”, dejando el legado según el cual “lo más importante de esta revolución popular es que logramos despertar la conciencia del país sobre el problema agrario y hacer que el Gobierno reconociera su responsabilidad en el crisis agraria”.[1]

Pero más allá de las declaraciones grandilocuentes del gobierno y de los líderes del paro, es necesario examinar los reales alcances y los efectos esperados de estos acuerdos. En primer lugar, el compromiso del gobierno de hacer uso de las medidas de salvaguardia –como su nombre lo indica- consiste en restringir temporalmente las importaciones de productos tales como papa, cebolla, frijol, arveja, tomate, pera y leche, para proteger la producción nacional de estos productos de clima frío. Estas medidas constituyen un mecanismo creado por la Organización Mundial del Comercio, OMC, en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 1994), para proteger la producción de los países de la competencia desleal de productos extranjeros que tienen un alto componente de subsidios al productor (ESP), como ocurre con la producción agrícola de la mayoría de los países desarrollados. Fue incorporado a la legislación colombiana (Ley 170 de 1994) y refrendado en todos los Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha suscrito el país (CAN, MERCOSUR, Centroamérica, EEUU, Unión Europea, etc.).

En segundo lugar, el control de precios de los insumos agrícolas –bajo el régimen de la “libertad vigilada”- también es un mecanismo contemplado por la normatividad colombiana para evitar los abusos de las empresas que tienen una posición dominante en el mercado, tal como ocurre con los monopolios que producen o comercializan los fertilizantes y agroquímicos en Colombia. De acuerdo con la información de El Espectador (domingo 8 de sep. de 2013), solo 5 empresas multinacionales controlan el 95% de las importaciones de insumos agrícolas del país y logran imponer precios internos que son casi el doble de los precios internacionales.

En tercer lugar, la suspensión de la controvertida resolución ICA 970 de 2010, por medio de la cual se prohíbe el uso de semillas no certificadas, en observancia del Acuerdo de Propiedad Intelectual –denominado en inglés TRIPS-, adoptado en la OMC en 1994 y reconocido posteriormente por la normatividad andina (CAN, 2000)- obliga a los países miembros de la OMC a respetar los sistemas de patentes y los derechos de propiedad intelectual desarrollados por las empresas multinacionales. Sin embargo, tal como lo recomendó en su momento el equipo asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2004)[2], el gobierno debería proteger nuestros derechos sobre recursos genéticos y biodiversidad del territorio, invocando los principios del profit-sharing (participación en los beneficios) que reconocen del derecho de las comunidades rurales al uso y la preservación de las semillas nativas frente al poder monopólico de las empresas multinacionales. De manera que se preserve el derecho de nuestros agricultores a usar las semillas que ancestralmente le han servido no solo para garantizar su auto abastecimiento sino para preservar este material vegetal que constituye el patrimonio genético de los territorios rurales colombianos. 

Finalmente, la condonación de las deudas y la refinanciación de los créditos vencidos constituye una medida compensatoria de los efectos devastadores de la crisis agropecuaria que al igual que la crisis de los años 90, significa la ruina de la agricultura familiar campesina. En su momento, la creación del PRAN también significó un alivio para las dificultades de acceso a los recursos financieros y, por ende, a la reactivación de los servicios financieros.

Sin embargo, este conjunto de conquistas del movimiento de “Dignidad Agropecuaria” constituye a penas un paliativo a las penurias y a los problemas estructurales del sector rural. Puesto que la conjugación de una estructura de costos de producción tan elevada como la actual, con la abierta competencia de productos agrícolas provenientes de las economías desarrolladas que mantienen unos subsidios altos, no solo le resta competitividad a la producción sino que afecta la rentabilidad y los ingresos de los productores nacionales. De acuerdo con varias investigaciones y estudios realizados, con motivo de la evaluación de los efectos de los TLC en la agricultura colombiana (Garay, 2004), el exorbitante peso que la aplicación de los fertilizantes y agroquímicos tiene en la estructura de costos de la producción agrícola colombiana está relacionada con dos factores que la hacen poco competitiva: los altos precios internos y los elevados niveles de aplicación. Lo cual permite deducir que muchos de los problemas de competitividad de la agricultura colombiana están asociados con el rezago tecnológico.

En efecto, la aplicación extensiva de fertilizantes sin tener en cuenta los análisis de suelos, que permitan determinar las necesidades específicas de cada cultivo en sus diferentes etapas de siembra, crecimiento o de los sistemas productivos, lo mismo que la escasa utilización de abonos verdes, biológicos u orgánicos, constituyen la causa de los excesivos niveles de fertilización existentes en Colombia. Es muy frecuente en Colombia el uso de abonos compuestos para diferentes tipos de cultivos, que no tienen en cuenta la diversidad de ecosistemas, lo cual redunda en una inadecuada y costosa fertilización.

Igualmente, el uso indiscriminado de agroquímicos que no consulta las estrategias del manejo integrado de plagas y enfermedades (MIP), el desconocimiento sobre los umbrales del daño ecológico de los plaguicidas, la baja generación y utilización de híbridos y variedades resistentes a las plagas, impide un manejo adecuado a las características de los diversos sistemas agroecológicos existentes en el trópico. Por estas razones, el peso que la aplicación de agroquímicos tiene en la estructura de costos es excesiva y, en comparación con otros países es totalmente desproporcionada.

En general, podemos decir que los elevados costos en la aplicación de fertilizantes y agroquímicos que tanto preocupa a los agricultores colombianos, depende más de la falta de un sistema de generación y adopción de tecnologías adecuadas y de asistencia técnica que de controles de precios.

Por estas razones, podemos afirmar que si bien la superación de los problemas de baja productividad y competitividad, que está afectando a la producción agrícola colombiana, debe ser propósito nacional, sin embargo el camino de las soluciones no depende exclusivamente de las medidas macroeconómicas sino de buenas políticas públicas que combinen adecuadamente decisiones de orden macroeconómico con apoyos de orden microeconómico e institucional.

En efecto, el mejoramiento de la productividad y competitividad de la producción agropecuaria no es un asunto exclusivamente sectorial y de orden nacional, sino que requiere de un cambio en el enfoque las políticas públicas por lo menos en dos niveles: a nivel microeconómico y a nivel territorial.

A nivel microeconómico se requiere que los productores rurales tengan acceso a los factores productivos, tales como tierra, capital, conocimiento, información, tecnología y, sobre todo derechos de propiedad garantizados. Factores esenciales para disminuir sus costos de producción y lograr el acceso a los mercados, que les permita mejorar sus ingresos, generar nuevas oportunidades laborales, disminuir sus costos de transacción y la exposición a los riesgos propios de la actividad agropecuaria y el cambio climático. Para ello se debe disponer de una estrategia de gestión empresarial integral que supere la visión puramente productivista, mediante el enfoque de cadena productiva. Mediante esta estrategia se busca integrar las actividades productivas agropecuarias y rurales con otros sectores económicos y productivos con el fin de generar sinergias y complementariedades en la construcción de la cadena de valor que incluya: el suministro de servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnologías, para el manejo adecuado y eficiente de los insumos agrícolas; la gestión integral de la producción agropecuaria; el manejo postcosecha; la comercialización; el valor agregado y la transformación agroindustrial, y los cambios en los patrones culturales de los consumidores. La articulación de estos eslabones permitirá disminuir los costos de transacción, aumentar la eficiencia económica y la competitividad económica, y superar los obstáculos o fallas de mercado que excluyen a la población de los servicios y beneficios del desarrollo.

Un aspecto esencial de la nueva gestión empresarial con enfoque de cadena, en el corto plazo, es romper los “cuellos de botella” de la productividad mediante la introducción de buenas prácticas agroecológicas en el uso de los fertilizantes, el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIP), el uso de semillas mejoradas y de manejo poscosecha que disminuyan los costos de producción e incrementen la calidad de la producción agrícola. Cambio que solo puede inducirse mediante la estructuración e implementación de un adecuado sistema de generación y adopción de tecnologías y prestación eficiente de asistencia técnica. Cuestiones esenciales que deben consultar las capacidades institucionales del orden nacional pero fundamentalmente territoriales. No es posible tener un sistema de asistencia técnica totalmente centralizado para responder a la diversidad de los sistemas agroecológicos y productivos existentes en nuestro país.

La segunda estrategia de competitividad territorial busca que, mediante una visión multisectorial y multidimensional, se logre una articulación más orgánica de las comunidades rurales, sus territorios y sus sistemas productivos. Está visión territorial enfatiza la importancia de lograr un claro liderazgo de las organizaciones de productores para articular las actividades agrícolas con otras actividades productivas no agrícolas, tales como el turismo, los servicios ambientales o las funciones urbanas del desarrollo rural, propias del desarrollo de los territorios rurales, que les permita mejorar sus ingresos, generar nuevas ocupaciones productivas, así como la diversificación de las actividades productivas que desatan procesos endógenos de crecimiento virtuoso.

Estas nuevas funciones del desarrollo rural (Schetjman, 1999) tienen que ver con los servicios ambientales (provisión de agua, conservación de la biodiversidad, producción de oxígeno, captura de CO2, entre otras), la oferta de paisaje rural, el agroturismo, la recreación, los deportes rurales (pesca deportiva, excursiones y caminatas, parapente, cross, rappel, montañismo, entre otros) y las actividades culturales (fiestas, carnavales, festivales, etc.). Igualmente, estas funciones valorizan el papel de los entornos rurales (hinterland agrícola) y enfatizan la importancia de las articulaciones entre las actividades productivas rurales y urbanas. Para ello, es fundamental el diseño y puesta en marcha de una institucionalidad rural descentralizada, capaz de responder a los diversos requerimientos de las dinámicas agroecológicas y territoriales.

Estos requerimientos microeconómicos e institucionales constituyen parte esencial de los retos que debe enfrentar el Pacto Agropecuario Nacional propuesto por el gobierno, donde se debe lograr un equilibrio entre el propósito nacional de resolver el problema agrario y las soluciones regionales.

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Septiembre 9 de 2013

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[1] Declaraciones de Cesar Pachón, líder del movimiento “Dignidad Papera” de Boyacá, recogidas por El Tiempo en su edición del día domingo 8 de septiembre de 2013.

[2] Garay, J. y Barberi, F. (2004), El Agro Colombiano frente al TLC con los Estados Unidos, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá.

Pacto Nacional por el sector agropecuario y rural

Pacto Nacional por el Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural

“Yo soy campesino trabajador, pobre, muy honra'o

Vivía muy alegre pero (con tanta preguntadera) me tienen embejucao”

Canción Campesino embejucado

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Cuenta el escritor boyacense Abril Rojas (1996)[1] que don Diego de Torres –“El Cacique de Turmequé”-, precursor de los Derechos Humanos en Hispanoamérica, en la odisea de sus viajes a España, conoció de primera mano la historia de don Francisco de Vargas, según la cual el Emperador Felipe II después de escuchar la innumerables quejas de los abusos y arbitrariedades cometidos por los encomenderos, oidores y virreyes en América, le encomendó la tarea de averiguar las verdaderas razones de la inconformidad de los pobladores del nuevo Reino a su secretario, don Francisco de Vargas, hombre de confianza de la Reina Isabel, quién después de muchos “ires y venires” presentó un extenso informe al rey sobre las muy justificadas reclamaciones de los criollos. Sin embargo, nunca se logro conocer cuál fue el destino final de este informe. De tal manera que las gestiones de don Francisco se convirtieron en una leyenda que dio origen a la expresión “Averígüelo Vargas” para referirse a aquellos casos muy difíciles de explicar o de esclarecer.

Con motivo de la protesta campesina que dio origen al Paro Nacional Agrario –que tuvo su punto de inflexión más alto el pasado jueves 29 de agosto- y de las respuestas del gobierno del presidente Santos, parece estar ocurriendo algo similar. Los huracanados vientos de respaldo ciudadano a la protesta campesina, obligaron al Presidente no solo a tragarse sus desafortunadas palabras de “el tal paro agrario, no existe”, sino reconocer la justeza de las reclamaciones y su desconocimiento de los incumplimientos por parte del MinAgricultura de los Acuerdos firmados en el pasado paro cafetero del 25 de febrero de 2013. Pero a diferencia del rey español, el Gobierno Nacional no solo envió a su secretario privado sino a tres de sus Ministros (Gobierno, Agricultura y Comercio) para que se sentaran a negociar el pliego de peticiones de los campesinos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño y Cauca, en medio del paro agrario y del bloqueo de las principales vías del país.

Este gesto del Presidente, de negociar en medio del paro, puso en entredicho la ley de oro de la “gobernabilidad” criolla, según la cual, negociar bajo presión social es una señal de debilidad. Por estas razones, algunos comentaristas y representantes de la clase dirigente del país, le recordaron al Presidente la famosa frase del expresidente López, pronunciada con motivo del Paro Cívico Nacional del año de 1977: “los gobiernos no se caen por malos, sino por débiles”.

Al margen de que está famosa frase sea cierta o no, los episodios recientes nos hacen recordar la época de finales de los años 70, cuando la movilización social en Colombia cobro una dimensión exorbitante, que paradójicamente tuvo que enfrentar un presidente que llegó al gobierno presidido de un halo de reformador: López Michelsen. Pero a diferencia de ese período, cuando la geografía nacional se vio sacudida por las protestas urbanas, derivadas de la mala prestación de los servicios públicos, la de ahora es una protesta de origen netamente rural. La cual ha puesto de presente no solo las profundas brechas que separan el mundo urbano del rural, sino la exclusión histórica de que han sido víctimas los pobladores rurales del país. Según las cifras del DANE (2012), en el campo colombiano se presentan los mayores índices de pobreza (46,8%) y indigencia (23%). Los índices de crecimiento económico del sector agropecuario y rural durante las últimas décadas han sido muy pobres e inferiores al crecimiento del PIB nacional, con lo cual la brecha productiva entre el campo y la ciudad se ha aumentado. Esta situación tiene que ver con las serias restricciones que tiene los pequeños productores rurales para acceder a los distintos factores productivos, especialmente a la tierra y a la tecnología, lo cual los ha confinado a mantener prácticas productivas de bajo rendimiento y, por consiguiente, bajos niveles de rentabilidad y competitividad.

Adicionalmente, a estas brechas sociales y productivas se han sumado otros factores macroeconómicos, climáticos y ambientales que han puesto en riesgo la supervivencia de la agricultura familiar campesina. La profundización de la apertura a la competencia internacional, derivadas de la firma de los Tratados de Libre Comercio, TLC, en medio de la revaluación de la moneda y de una estructura de costos que hacen muy poco competitiva la producción agrícola nacional, ha conducido a la disminución de la rentabilidad y los ingresos de los productores agrícolas colombianos. Situación que se ve reflejada en la crisis de la producción cafetera, papera y, en general, de la economía campesina.

Desde el punto de vista climático y ambiental, los conflictos en el acceso y uso de los recursos del suelo, agua, recursos biológicos y, en general, de los recursos naturales han hecho mucho más vulnerable a la población rural frente a los fenómenos tales como el cambió climático, los desastres naturales y los riesgos propios de la agricultura tropical. Un aspecto particularmente crítico para la agricultura familiar andina ha sido el incremento de los costos de producción, derivado una mayor dependencia de los insumos importados. De acuerdo con las cifras del SISPA[2], el costo de funguicidas, insecticidas y fertilizantes pesa el 58% de la estructura de costos de la papa, el 30% de las hortalizas y verduras, y el 45% en la cebolla. De tal manera que nuestros agricultores son cada vez más dependientes del componente importado. Esta dependencia es consecuencia del predominio de los “monocultivos”, los cuales en las condiciones de los ecosistemas tropicales son mucho más vulnerables a las enfermedades y a los riesgos climáticos y ambientales.

La historia agrícola andina reciente, demuestra que las políticas de apertura y la consecuente importación creciente de cereales, leguminosas e, incluso, frutas y verduras –que tienen un componente de subsidios altos en sus países de origen- han terminado por restringir las alternativas y las posibilidades de rotación de cultivos, que constituyen un condición de sostenibilidad de las agriculturas tropicales. En los campos de Boyacá, la desaparición de los cultivos de cereales (cebada y trigo), leguminosas (frijol) y hortalizas (zanahoria, remolacha, etc.) que formaban parte de la diversidad agroecológica del altiplano, condujeron al predominio de los monocultivo de papa, cebolla, etc. que han  agudizado la dependencia y la vulnerabilidad de la agricultura familiar.

Otro factor crítico para las pequeñas economías campesinas ha sido la falta de un sistema adecuado de asistencia técnica agropecuaria, tal como lo reconoció el exministro Ocampo, ante la incapacidad de Corpoica de estructurar un sistema de transferencia de tecnología agropecuaria y el desmonte y debilitamiento de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (UMATAS) (El Espectador, 1 de sep 2013).

Este conjunto de factores son estructurales. Sin embargo, las políticas agropecuarias (o la falta de ellas) del gobierno del Presidente Santos han agudizado la problemática agropecuaria y rural. La excesiva concentración en los temas de la restitución de tierras, cuyos resultados en términos de la reparación a las víctimas, en palabras del presidente “bien valdrían la pena ser presidente”, no han tenido los efectos esperados: 32.000 solicitudes de restitución, de las cuales solo el 12% han sido admitidas por los jueces (aprox. 3.800), con una cobertura de aprox. 280.000 hectáreas. Cifras que distan mucho de las metas fijadas por el PND y de la magnitud de los estimativos del diagnóstico inicial: 150.000 solicitudes en el cuatrienio (2010-2014) y una afectación de 5 millones de hectáreas. Con lo cual parece confirmarse una sobreestimación de las metas y los estimativos de la afectación del despojo.

El excesivo foco que el tema de la restitución de tierras ha tenido en este gobierno dejo en la sombra los problemas estructurales del sector. Particularmente, los problemas de la competitividad de las actividades agropecuarias no le merecieron una consideración especial al Ministro Juan Camilo Restrepo, ocupado como estaba en darle toda la importancia y el apoyo que requería para poner a andar esa pesada locomotora de la restitución de tierras. Las consecuencias, de este abandono, las vino a pagar el nuevo ministro de agricultura a un costo muy alto.

A la conjugación explosiva de los factores estructurales y coyunturales del sector agropecuario y rural se le sumo la debilidad institucional del Ministerio de Agricultura y de sus entidades adscritas, que a pesar de constituir uno de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, PND, (Adecuación institucional) para avanzar en el mejoramiento de la competitividad, solo se logro crear la institucionalidad para la política de restitución de tierras (Unidad de Restitución de Tierras) y de planeamiento de las tierras rurales y del uso de los recursos de suelo y agua (UPRA). Quedando aplazadas las grandes reformas institucionales relacionadas con el desarrollo rural y la atención de los pequeños productores rurales. Precisamente, los sectores que requerían de mayor y mejor preparación para enfrentar los retos y las oportunidades derivados de la integración a los mercados internacionales, la globalización y  los TLC.

Las consecuencias de estás carencias y “fallos de política” saltan a la vista: la profundización de la desconfianza de los pobladores rurales en la institucionalidad rural y la falta de canales de expresión y participación de los pequeños productores agrícolas y, en general, de los pobladores rurales en la planificación y puesta en marcha de las políticas de desarrollo rural y territorial. Por estas razones, las protestas y reclamos de los campesinos colombianos adquirieron unas proporciones incalculables que desbordaron la capacidad del gobierno para canalizarlas y ofrecerles alternativas de solución.

Cuando el gobierno del Presidente Santos reaccionó para conjurar el Paro Nacional Agrario, PNA, ya era demasiado tarde. Además, lo hizo de manera inadecuada y torpe, perdiendo la iniciativa y la gobernabilidad de los asuntos rurales y ciudadanos. Tal como quedo demostrado en el largo rosario de paros, bloqueos, asonadas y hechos violentos que dejaron como saldo cientos de heridos, detenidos, destrozos y personas muertas.

Ahora, en medio de este gran “pantano” de ingobernabilidad, el Gobierno intenta recuperar la iniciativa convocando a un gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural en Colombia que debe reunirse por primera vez el próximo jueves 12 de septiembre en el Palacio de Nariño, sede del Gobierno Nacional.

Esta puede ser una gran oportunidad histórica para lograr un consenso nacional a favor del sector rural y de una reforma rural integral que con la participación de campesinos, las organizaciones sociales, los gremios, la sociedad civil y el gobierno colombiano, nos permita llevar a cabo las grandes transformaciones para la modernización de la agricultura, la consolidación de la paz, el bienestar y la prosperidad de los habitantes del sector rural colombiano.

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[1] Gilberto Abril Rojas (1996), La Segunda Sangre, Ed. Talleres Gráficos, Tunja.

[2] SIPSA (2010), Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario, Corporación Colombiana Internacional, Bogotá