Lo que va de Tunja a la Habana
Luis Alfredo
Muñoz Wilches,
Agosto 26 de agoto de 2013
Hoy se cumplen 8 días del paro
agrario que mantiene bloqueadas varias de las principales vías del país, aisladas localidades y regiones, y movilizados a los campesinos de las regiones de Boyacá, Cauca, Cundinamarca,
Huila, eje Cafetero, Meta y Valle que reclaman al Gobierno del Presidente
Santos la adopción de políticas agrarias y rurales que les permitan disminuir
sus costos de producción, controlar la importación y el contrabando de
alimentos y disponer de incentivos que mejoren su competitividad, para enfrentar
con éxito los nuevos escenarios de competencia internacional abiertos por los
Tratados de Libre Comercio (TLC), firmados recientemente con los Estados
Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur.
El reclamo de los agricultores, a
los cuales se le han sumado transportadores, comerciantes, estudiantes, amas de casa y poblaciones enteras, forma parte de las Agendas de Competitividad de las cadenas papera,
lechera, panelera y cafetera que se han venido discutiendo desde hace algunos
años, sin que el Gobierno haya hecho efectivas las medidas compensatorias que les permita a estos productores
rurales hacer sostenibles su producción, sus ingresos y sus precarias
condiciones de vida. Incluso, el actual Plan de Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, reconoció la
existencia de grandes brechas sociales y regionales que separan al mundo
rural de la prosperidad y el crecimiento que experimentan las economías
urbanas; razón por la cual dispuso la formulación e implementación de políticas
de desarrollo rural con enfoque territorial, capaces de compensar y disminuir
esas brechas de productividad e ingresos.
Incluso, en las negociaciones que
se adelantan en La Habana entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las
FARC, para lograr un Acuerdo General para la terminación del Conflicto armado
interno, se firmó un primer Acuerdo para adelantar una Política de Desarrollo Agrario Rural Integral que incluye la
atención a estos reclamos y otros temas como el acceso a tierras, el desarrollo
social, las seguridad alimentaria, la dotación de infraestructuras y el acceso a bienes públicos. De tal manera, que las peticiones del paro agrario no
contienen exigencias nuevas y mucho menos exorbitantes, para que el Gobierno
Colombiano no pueda darles una respuesta satisfactoria y pronta.
Sin embargo, en contravía de las
señales que el Gobierno Colombiano ofrece para avanzar en las negaciones de La
Habana con la insurgencia en medio del conflicto, la actitud frente a los
campesinos boyacenses, caucanos, tolimenses, huilenses y cafeteros es negarse a
reconocer su voz de protesta, desatender sus peticiones, y condicionar
cualquier dialogo al levantamiento del paro. Estas contradicciones, parecen
darle la razón a los promotores del paro campesino, confirmando que el Gobierno
solo atiende las vías de hecho. En el caso del reciente paro del Catatumbo, lo
mismo que en el pasado paro cafetero, solo las vías de hecho obligaron al
Gobierno a sentarse y negociar con los manifestantes.
Esta situación paradójica, se ve
agravada por los excesos de fuerza y los atropellos de que han sido víctimas
hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños por parte de del ESMAD, tal como han
quedado ampliamente documentadas en los videos y fotografías que han circulado
profusamente por las redes sociales, dejando en evidencia la reiterada
recurrencia al exceso de fuerza por parte de estas fuerzas policiales. Hasta el
punto que una Misión Humanitaria, conformada por la Cruz Roja Internacional y
la Oficina de Naciones Unidas, en su desplazamiento del fin de semana por las
carreteras de Boyacá, documento la existencia de más de 27 casos de violación
de los Derechos Humanos, en el curso de los últimos días.
Esta dramática situación, parecer
darles la razón a algunos comentaristas que este fin de semana han comenzado a
hablar del retorno a los aciagos años de violencia política de mediados del
siglo pasado, cuando se hizo tristemente celebre la llamada policía “chulavita” por el exceso de fuerza que
condujo a cometer atropellos y acciones criminales contra la población civil
que exacerbaron hasta el límite las contradicciones políticas.
Frente a este panorama de ligerezas, intransigencias, atropellos y “oídos
sordos” por parte del
Gobierno del Presidente Santos, que está pasando de “castaño a oscuro”, parece razonable la reacción de los ciudadanos
boyacenses que han dejado de estar indignados para transformarla en lo que afirma un pancarta de los manifestantes: “Los Boyacenses estamos emputados”
