Operación “Cangrejo Negro”: un paso adelante y dos pasos atrás

 “el verdadero milagro no ha sido que la virgen María de Providencia se mantenga en pie,  sino que las gentes raizales hayan sobrevivido al huracán Iota”

Raizal de Providencia

Después de la visita presidencial a Providencia para repartir unas vituallas que calmaran la sed de sus desolados pobladores raizales, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos E. Correa anunció la Operación “Cangrejo Negro”, un plan de restauración a ejecutarse en 100 días por parte de las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

Para la ejecución del plan, entidades como el IDEAM, el SINCHI, INVEMAR, el Instituto Humboldt, ANDA, Parques Nacionales y la Corporación Coralina, desplazaron sus equipos técnicos con el propósito de verificar y evaluar los daños provocados por el paso devastador del huracán IOTA, el pasado 16 de noviembre.

El huracán alcanzó la categoría 5, la más alta de los huracanes y se convirtió en el primero de esta magnitud en golpear de forma violenta a las islas; generando la muerte de 3 personas, la desaparición de 2 más, la destrucción del 98% de las viviendas, la infraestructura y la más grave afectación de los (6) ecosistemas de Providencia y Santa Catalina. A pesar de las múltiples advertencias y de las alertas tempranas de diferentes organismos nacionales e internacionales como el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (UNGRD) y Centro Nacional de Huracanes (NCH), en su sigla en inglés) 

La devastación de Providencia y Santa Catalina es extremadamente grave; sin embargo, desde hace más de 6 años distintas voces habían advertido de la alta vulnerabilidad de las islas ante un eventual evento climático de las proporciones del huracán Iota. 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (DNP y MADS, 2012) había señalado que el 80% de los efectos del cambio climático se sentirían con mayor fuerza en la región del Caribe colombiano. Así mismo, el IDEAM (2018) en su Tercera Comunicación sobre el Cambio Climático señaló que San Andrés y Providencia estaba en el primer lugar de los “departamentos más vulnerables ante el cambio climático”. Igualmente, CORALINA (2014), advirtió de estas amenazas y señaló las fallas en la infraestructura que en un 40,3% estaban en regular estado y un 34,5% en muy mal estado. Además, había llamado la atención sobre la precariedad del 80% de las viviendas de la población raizal, construidas en madera y con techos de zinc. 

Sin embargo, poco o nada se ha hecho al respecto. En una auditoría, la Contraloría General de la República (CGR, 2018) señaló que, de los 324 mil millones de pesos destinados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la protección de la Reserva de la Biosfera Seaflower, no se evidenciaban las obras de adaptación al cambio climático. 

En la historia política del Archipiélago de San Andrés y Providencia es bien conocida la larga historia de corrupción de las élites gobernantes que han terminado llevando a la cárcel a varios alcaldes y gobernadores de las islas. 

Recientemente, varios investigadores y académicos como Gladys Bernal, Phd en ecología marina y experta en oceanografía costera, ante los efectos de los huracanes Johan (1998) y Beta (2005), había señalado la importancia de fortalecer los sistemas de monitoreo ante el incremento de su frecuencia y magnitud en el mar Caribe. “Todavía se está discutiendo esto en los círculos científicos, pero existe un consenso generalizado acerca de que los huracanes de categoría 3 se están transformando rápidamente en categorías 4 y 5”, afirmó ella a la sección Medio Ambiente de El Espectador (21/11/2020)

Como se ha avanzado poco o nada en materia de adaptación al cambio climático, los estragos devastadores del huracán Iota le pasaron factura al Archipiélago. Según Andrés Osorio, director de la Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas (Cemarin), los sistemas de arrecifes y corales existentes en las zonas costeras del Archipiélago constituyen las mejores barreras naturales para controlar el oleaje y proteger la pesca costera artesanal. Igualmente, el biólogo caribeño Julián Prato, señala que tanto los arrecifes de coral como los manglares protegen las zonas costeras de los altos oleajes y de los embates de los huracanes.

Según la evaluación preliminar realizada por Coralina e Invemar, el huracán Iota dejó una gran afectación de los arrecifes coralinos, dejando una gran cicatriz en las colonias costeras de Providencia y Santa Catalina. De acuerdo con Andrés Caicedo, director del proyecto de monitoreo Coralina de Paz, el 41% de ellos presentan signos de afectación y el 5% están muertos. 

Así mismo, el ecosistema del bosque seco tropical y las áreas seminaturales que abarcan 1.704,2 hectáreas, correspondientes al 77,8% de los suelos de la isla donde se desarrollan las actividades agrícolas sufrieron quemaduras y el derrumbamiento de árboles de los principales cultivos de almendros, coco, plátano, frutos de pan, mamón, tamarindo, aguacate, caucho y mangos, entre otros. De acuerdo con las evaluaciones preliminares el 28,8% de dicha cobertura presenta amenazas moderadas y 17% graves riesgo de pérdida total.

De tal manera que las severas afectaciones a los ecosistemas agroecológicos de las islas de Providencia y Santa Catalina constituyen una grave amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria de los habitantes de las islas, que requieren de urgentes y potentes planes de restauración que hasta el momento brillan por su ausencia; situación que se agrava por la no presencia de entidades del sector agropecuario como el ICA, la Upra, Aunap, Agrosabia, las Agencias de desarrollo rural y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los equipos técnicos que el Gobierno Nacional desplazó al territorio. Un paso adelante y dos pasos atrás!

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 7 de diciembre de 2020

Post data: 

Me uno al duelo por el fallecimiento de dos grandes cuidadores de los ecosistemas de Providencia y Santa Catalina: Nicasio Howard, Mr Nick, guarda del área marina de Seaflower, y Ardonik Livington Bernal, dirigente agrario que nos acompañó en la formulación del Plan Agropecuario y Pesquero Municipal -PAM- de Providencia y Santa Catalina. 

El Hombre de la papa: crónica de una quiebra anunciada

 “la idea de una crisis permanente es un contrasentido, ya que la crisis es, por naturaleza, excepcional y temporal, y constituye una oportunidad de superación para originar un mejor estado de cosas” 

Boaventura de Sousa, La cruel pedagogía del virus 

Muchos años después, ante las imágenes de cientos de campesinos apostados en los peajes con un trapo rojo suplicando a los viajeros que les compren su papita, recordaba el día que el Papa Juan Pablo II visitó Chiquinquirá. 

Estábamos en la placita campesina de la avenida Julio Flórez, frente a la plaza de mercado, donde permanecimos toda la noche armando el montón de fierros que soportaban la estructura de lo que habíamos bautizado como “El hombre de la papa”, como un modesto homenaje a nuestros agricultores con ocasión de la visita papal. En el pedestal de la desvencijada escultura había, como ahora, varios bultos de papa con la cual queríamos llamar la atención del Pontífice y, rezábamos para que la virgen de Chiquinquirá nos hiciera el milagrito de verlo deteniéndose y echándonos la bendición. Pero la caravana cruzó veloz levantando una densa estela a su paso, mezcla extraña de neblina y fervor religioso de los miles de feligreses que, a lado y lado de la vía, saludaban la llegada del Papa peregrino.

Ahora, en medio de la brutal caída de los precios, los campesinos salieron nuevamente a ofrecer su producto a la orilla de las carreteras de Boyacá y Cundinamarca, echando mano de lo que las autoridades gubernamentales denominaron el “papatón”. Una improvisada y denigrante forma de enfrentar el problema de la comercialización de los productos agrícolas en Colombia.

En esta ocasión, al igual que hace 6 años, el ministro de Agricultura hizo su aparición para anunciar un incentivo de 30 mil millones de pesos a la comercialización de la papa, en un intento por conjurar un inminente paro agrario motivado por la quiebra de miles de pequeños productores de la región cundiboyacense.

El incentivo consiste en el otorgamiento por única vez, de aproximadamente un millón de pesos por cada 10 toneladas de papa vendidas en los mercados. Una solución, a todas luces, antitécnica e ineficaz para enfrentar uno de los problemas estructurales del agro colombiano. El incentivo es antitécnico, porque su distribución -encomendada a la bolsa mercantil- se convierte en un engorroso mecanismo para verificar el cumplimiento de los requisitos. También, es ineficaz, porque solo es un paliativo de escasa cobertura que beneficiará a 20.000 productores y no resuelve el gran lío de la comercialización de alimentos en el país. 

En Colombia existe una estructura de intermediación del mercado de alimentos muy larga e ineficiente. Mientras los consumidores estamos pagando hasta 3.000 pesos por un kilo de papa en los supermercados, a los campesinos les paga menos de 500 pesos. Esto significa que la cadena de intermediarios se queda con más del 80% del precio final del producto, sin agregar valor, mientras que los productores reciben menos del 20%. 

Por estas razones, desde hace varios años diferentes organizaciones vienen promoviendo una agenda de transformaciones estratégicas del agro colombiano. En esta agenda se incluyen aspectos como la planificación y el ordenamiento de la producción agropecuaria, el desarrollo de una agricultura sostenible, una reforma institucional profunda, la transformación de los sistemas de comercialización y la modernización de los mercados. Una de esas transformaciones es dejar de otorgar subsidios directos a los productores -que duran tanto como un merengue en la puerta de una escuela- y enfocarse en la provisión de bienes y servicios de interés social adecuados a las necesidades del campo, tales como la investigación y extensión agrícola, la construcción de vías rurales, la dotación de centros de acopio con maquinaria y equipos adecuados para la transformación y/o conservación de los productos. 

En este sentido, entidades y organizaciones como la Unidad Nacional Agropecuaria -UNA-, la RAPE -Región Central, Agrosolidaria, Mercados Campesinos y la Corporación Propósito Boyacá, vienen trabajando en una propuesta de modernización de la cadena de abastecimiento, consistente en la estructuración de sistemas de información de precios y mercados, la dotación de infraestructura logística, y el desarrollo de plataformas digitales para vincular directamente a los productores con los consumidores. Estos aspectos deberían ser objeto de mayor atención por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por el contrario, el viceministro, Juan Camilo Restrepo Gómez, expresó su apoyo irrestricto del incentivo a la comercialización de la papa y lo definió como una política pertinente para atender las necesidades del sector que favorecería a más de 200 mil productores (¡Sic!), en una clara demostración de su inhabilidad para sumar, y del desconocimiento de la problemática de comercialización del campo colombiano. 

Al señor viceministro se le olvida que estas crisis son recurrentes en la historia del agro colombiano. En el país cada 5 o 6 años se repite la caída de los precios de la papa; tal como ocurrió en el período 2013-14, cuando estalló el paro nacional agrario. El gobierno de entonces quiso minimizar el alcance de la protesta campesina con la famosa expresión “ese tal paro no existe”; sin embargo, las vías fueron cerradas, interrumpiendo los canales de abastecimiento de la región central del país. Cabe recordar que de esta protesta "inexistente" nació la Unidad Nacional Agropecuaria quien está liderando una propuesta para conjugar la crisis. Su iniciativa es asertiva porque promueve el establecimiento del precio de sustentación de la papa, el desarrollo de campañas de estímulo al consumo, el otorgamiento de una ayuda a los estratos 1, 2 y 3, la planificación efectiva de la producción en cabeza de la Upra y el establecimiento de un sistema de pago por servicios ambientales a los cultivadores de la papa.

Solo cuando el gobierno nacional asuma seriamente la política de transformación integral del campo, será posible moverse de la posición “apaga incendios” actual hacia soluciones estructurales de la crisis rural … pero esto es pedirle peras al olmo.

¡Amanecerá y veremos!

Luis Alfredo Muñoz Wilches, noviembre 16 de 2020

Postdata 1: Me preguntó ¿qué hace Fedepapa por los productores además de aplaudir las medidas del Minagricultura?  

Postdata 2: ¿Será que quemar vivos a los detenidos en un CAI es una nueva forma de limpieza social para lavar la imagen de la institución policial de la que tanto trina el Ministro de Defensa?

LA FIESTA DE DISFRACES

“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. 

Lord Acton, historiador británico (1887)

El señor presidente, ensimismado en la Sala del Consejo de Ministros de la Casa de Nariño -revisando los papeles que le había redactado su consejero comunicaciones- estaba preparando su CXLII alocución vespertina, cuando se vio perturbado por unas voces que provenían del patio de la Casa de Nariño. Hizo un alto en su engorrosa tarea y aguzó el oído -que dicho sea de paso viene perdiendo y no escucha nada ni a nadie- para entender las vocecillas del cántico infantil que gritaban “Trique trique Halloween, quiero dulces para mi”. Entonces mandó a llamar a su consejero y le dijo “Hassan Amín Abdul ve a traer los chocobreak que nos sobraron de la visita al Chocó y se los repartes a esos niños que andan gritando en el patio y no me dejan concentrar”.

- Señor presidente, no son niños sino los parlamentarios de la coalición que, votaron la jugadita de Macías para hundir la moción de censura al ministro Holmes, ¡y ahora quieren más! 

- ¡Ah, Carajo! Entonces dile a Carrasquilla que les incluya unas partiditas en el presupuesto del 2021 que está preparando para llevar al Congreso.

- ¡Presidente!, pero es que en la Comisión IV del Congreso ya se repartió todo y el presupuesto está desfinanciado!

- ¡Entonces, dile que mire a ver cómo esparce la mermelada en las tajadas de la cena de Nochebuena para que todos queden satisfechos!

- Presidente, eso va a estar muy difícil porque ahora están gritando que “quiero todo para mi” 

- ¡Vaya pues! ¡Entonces tocará organizar una fiesta de disfraces e invitarlos a todos a Palacio! Eso sí que se encargue a la “guarida presidencial” de no dejar entrar a todos esos mugrosos mamertos de la oposición ni tampoco a los viejitos porque nos arman un escándalo con eso del “rebrote del covid” 

- Señor presidente! No se dice “guarida” sino guardia 

- ¡Ah no, eso sí que no! No quiero ver por acá la tal “guardia indígena”. Acuérdese que esos indios pa’tinchaos me hicieron quedar como un cuero con las delegaciones diplomáticas. Mejor dile a María Juliana que se prepare una buena piñata, con el foami que le sobró del vestido color verde menta que llevó a la Casa Blanca. ¡Ella es una experta improvisando disfraces!

El señor presidente recordaba que, a él, disfrazarse siempre le gustó. Comenzó su meteórica carrera política, disfrazándose de liberal de la Alianza por el Cambio, para ingresar en la nómina burocrática como un asesor del entonces ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, quien luego lo nombró representante de Colombia en el BID. Allí, se transformó en un anodino funcionario “naranja” hasta que su vida dio un giro inesperado. Su jefe Luis Alberto Moreno, lo sacó del anonimato para que asistiera al expresidente Álvaro Uribe en su fugaz y amargo paso por la Universidad de Georgetown. Con él, tuvo que tragarse sus palabras denunciando “Los pecados de Álvaro Uribe”, consignadas en sus columnas del periódico regional Tolima 7 Días. 

En esa época, simulaba estar cerca del pensamiento político de Maquiavelo, como lo dejó consignado en el apócrifo libro “Maquiavelo en Colombia” (Portafolio, 3 de diciembre de 2007), dedicado a exaltar el pensamiento político de quién desnudó la tiranía de los príncipes y sus desbordadas ambiciones de poder. Pero, al contrario de lo que señaló el “condottiere” florentino (1469-1527), el jóven Duque se dedicó a utilizar sus aventajadas habilidades de filibustero y sus incontenibles ambiciones de poder para posicionarse como un fiel escudero del expresidente Uribe. Fue así como se ganó su confianza. 

Haciendo gala de su camaleónico comportamiento, se apartó del gobierno del presidente Santos y se opuso al proceso de paz, logrando su elección como Senador de la República por el Centro Democrático, para el periodo 2014-2018 y, posteriormente, ser el candidato a la presidencia por la coalición de Centro Derecha para convertirse en el presidente de Colombia, bajo el lema “No permitiremos que Colombia se vuelva otra Venezuela”.

Sin embargo, en su campaña fue acusado de tener vínculos con Odebrecht, de quién recibía una generosa coima por sus diligentes esfuerzos en la causa del poderoso y corrupto empresario brasilero Duda Mendonça. Luego se confabuló con el clan Char -tal como lo denunció la exsenadora Aida Merlano- en una gran operación de compra de votos en la costa Atlántica para frenar el ascenso de su oponente Gustavo Petro, para lo cual contó con el apoyo de su amigo el narcotraficante Ñeñe Hernández Aponte, a quien invitó a palacio el día de su posesión para pagarles los favores en la financiación de su campaña a la presidencia. 

Duque es un fiel representante de las prácticas clientelistas de la clase política tradicional colombiana, para quienes la “doble vía” es una costumbre arraigada. Dichas prácticas les han permitido combinar todas las formas de lucha, incluida la vía paramilitar, para constreñir a sus electores y eliminar físicamente a sus contradictores políticos, confirmando que tienen un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. 

Por estas razones, los disfraces del presidente le van muy bien para tener una careta de legalidad, que exhibe ante la prensa nacional e internacional, y otra de tirano que usa cada vez más para violar la constitución y concentrar los poderes del Estado. Así lo hemos visto, disfrazarse de policía para respaldar los abusos de la fuerza pública contra los jóvenes que denunciaban las masacres policiales. La semana pasada, mientras la Minga Indígena le esperaba en la Plaza de Bolívar para denunciarle el exterminio del cual están siendo objeto, prefirió volar al Chocó con el disfraz de coronel del ejército.

Por eso, ahora, en su soledad de poder, sueña con disfrazarse de “Príncipe” para proclamarse dictador supremo y completar su obra de usurpación de todos los poderes del Estado.

Maquiavelo creía que los más graves e irreducibles conflictos sociales que aquejan a los Estados modernos, surgen de los apetitos y ambiciones desbordadas de poder de los grandis, porque creen que su seguridad no se garantiza si no concentran más poder. Entonces, vulneran el ordenamiento jurídico, profundizando la corrupción, hasta convertir al estado en una tiranía que termina socavando la libertad y la democracia.

Sin embargo, hay que recordarle al príncipe Duque las palabras de Don Miguel de Unamuno, al franquista, Millá-Astray, el día que se tomó la Universidad de Salamanca, con el grito “¡Muera la inteligencia!” “¡Viva la muerte!”: “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y democracia”.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 1 de noviembre de 2020

La Ñapa:

Con el fallecimiento de Horacio Serpa Uribe termina una de las etapas más significativas de la lucha política colombiana. Un liberal de “racamandaca” que estuvo siempre en las primeras filas de la lucha por la paz, contra la corrupción y la dignidad de la política en Colombia. Causas por las cuales no bajo nunca el tono se su inconfundible voz ni doblo la cerviz, por lo cual tuvo que enfrentarse a la dirigencia de su partido, a la clase política y varios de los expresidentes, en una clara demostración de que los principios no se venden ni se truecan. ¡Mamola!

La Minga: una historia de incomunicación y desencuentros

“Totoroes y paeces, Yanaconas y Guambianos

Coconucos, Siapidaras, todos indios colombianos

Pa’delante compañeros dispuestos a resistir

Defender nuestros derechos, así nos toque morir”

Himno de la Guardia Indígena

¿Qué sentido tiene para los colombianos la llegada de la Minga Indígena a la capital de la República? ¿Acaso se trata del (re)encuentro de dos mundos: el indígena y el nuevo mundo? 

Esta semana los colombianos asistimos a un hecho inédito. Los indígenas del Cauca tuvieron que bajar de las montañas, donde están confinados hace muchos años, y atravesar rios, campos, y ciudades para llegar hasta Bogotá en la búsqueda de una audiencia con el presidente Duque. Pero, se encontraron con la silla vacía de la presidencia. Ellos recordaban que, durante la campaña electoral, les había prometido acoger sus clamores de tierra y paz, y lo estuvieron esperando pacientemente durante estos dos largos años a que cumpliera su palabra. A cambio, solo han recibido el desplante, las agresiones, la militarización de sus territorios y la creciente ola de masacres y asesinato de sus líderes. 

Según las cifras de Indepaz, en lo que va corrido de este gobierno, han sido asesinados 167 líderes indígenas, de los cuales 94 ocurrieron en el departamento del Cauca y 47 durante la pandemia del Covid-19. Mientras transcurría la Minga, fueron asesinados 4 dirigentes indígenas, uno de ellos, Aurelio Jumi Domico, Vicegobernador del Resguardo de Quebrada Cañaveral en Puerto Libertador, Córdoba.

Por estas razones, como hace más de 500 años, la “silla vacía” del presidente Duque tiene hoy un hondo significado: El (des)encuentro de dos mundos, el indígena y popular, de la Minga, y el de la clase dirigente, indolente y soberbia que desconoce el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra constitución. 

Como lo dijera William Ospina “nada cambia tanto como la historia”… que se reescribe cada rato. A las generaciones de colombianos que nos tocó vivir en estos tiempos de crisis y posverdades, el llamado de la Minga a “descolonizar” el imaginario que hemos construido sobre las comunidades indígenas, se contrapone a la expresión -difundida por las redes- de la energúmena dama bogotana que le gritaba a los marchantes de la Minga: “váyanse de acá” “no los queremos indios ignorantes” (Sic…) “Ustedes son una porquería”. Este lenguaje ofensivo y denigrante hacia nuestros antepasados, es el producto de la ignorancia de una sociedad que no se quiere reconocer a sí misma, carente de un relato propio de su pasado histórico, natural, social y cultural que nos permita construir un destino común. 

En su lugar, tenemos el relato de los conquistadores que, con su empresa de asalto y saqueo, provocó un inmenso genocidio y una invasión opresiva, cuyo principal resultado fue borrar la memoria de nuestros antepasados y tomar posesión de sus tierras. De esa manera, se (re)fundó - además de las ciudades - un nuevo orden basado en la exclusión, el despojo, avasallamiento cultural y la negación de los otros. Para los conquistadores europeos, éramos unos ignorantes, unos “bárbaros” a los cuales había que civilizar, con la espada y la cruz, o simplemente desaparecer de la faz de la tierra. 

Hoy, 500 años después sigue prevaleciendo esa herencia de exterminio de lo indígena, de lo popular, de lo que es distinto a las costumbres occidentales y a la vida moderna. El colonialismo cultural fue sembrado en nuestros territorios con la clara intención de borrar la memoria ancestral, arrebatarnos nuestra cultura e imponernos “los buenos hábitos de la servidumbre”, como lo dijera W. Ospina en ese hermoso escrito de la “Colombia perdida” a propósito de la celebración del 12 de octubre.

Los indígenas del sur del país han tenido que marchar, en su minga, para denunciar a los colombianos y al mundo entero que, de los 115 pueblos indígenas del país, 68 están en riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado, y de la indolencia de los gobiernos y de la clase política que, desde hace muchos años, los acusan de ser aliados de la subversión. 

La palabra "minga" -o "mink’a" en la lengua aimara- tiene su origen en una práctica agrícola ancestral basada en el trabajo comunitario y es una invitación a reunirse para organizar un propósito común. En el contexto actual está palabra ha cobrado un nuevo significado en la manera de expresar un sentimiento o un reclamo colectivo. La minga es hoy una forma de movilización social que destaca valores y costumbres ancestrales como la colaboración, el compañerismo, el trabajo en equipo, el arraigo a un territorio, el respeto y la comunicación abierta y transparente en la búsqueda del bien común. Por el contrario, nuestra cultura individualista, se caracteriza por la competencia, el oportunismo, la agresión y la búsqueda de la “ventaja inmediata” conocida como la cultura del “atajo”. 

Pero esta vez la minga se convirtió en una expresión mucho más amplia y diversa, con la participación de afrocolombianos, campesinos, y jóvenes estudiantes, que marcharon juntos para demandar del gobierno mayor protección de la vida, los territorios, la diversidad étnica y cultural y el cumplimiento de los Acuerdos de paz. Los miembros de la Minga —con sus bastones de mando y el himno de la Guardia Indígena—se ganaron el corazón de los colombianos y la admiración del mundo, con su protesta pacífica y organizada que tiene claro el largo camino para lograr la transformación social. 

Tal como lo expresara la politóloga Sandra Borda: "la minga indígena puede ser el impulso de una protesta popular más amplia" (…) porque en el sur del país la vida está siendo mancillada, atacada y asesinada permanentemente. El objetivo de la Minga es decirle al país que ¡la Vida es Sagrada!

“Fuerza, fuerza. Por mi raza, por mi tierra”.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 25 de octubre de 2020

El maestro ignorante

 “La ignorancia absoluta no es el mayor de los males ni el más temible,  una pequeña porción de conocimientos mal digeridos puede causar peores estragos”

Platón, Las leyes

El escenario nacional fue sacudido esta semana por tres sucesos que, aparentemente sin ninguna relación, se constituyeron en unas puntadas adicionales en la espesa madeja que se ha venido tejiendo bajo el mandato del aprendiz Duque, con el aplauso de los grandes medios de comunicación.

El primero ocurrió en Medellín donde fue asesinado el profesor, historiador y reconocido líder social de la Universidad Nacional, Campo Elías Galindo. Él había publicado en su blog, hacía muy pocos días, la que sería su última columna “EPM desata la política local en Medellín”, donde develaba los tentáculos de la poderosa élite económica y política Antioqueña, más conocida como el Sindicato Antioqueño: “(...) la GEA hoy, es la herencia decadente de una antioqueñidad que se quedó en los libros de historia, (...) transformada en un cartel empresarial intocable, que mete sus manos no solo en el Estado y sus instituciones, sino también en los patrimonios públicos más preciados como EPM”.

El segundo suceso lo propició la destemplada declaración de la primera dama María Juliana Ruíz a un noticiero de tv, ante quien declaró: “me asusta más la agresión ciudadana que la represión policial”, a propósito de los sucesos del 9 y 11S. Esta declaración, aunque la rectificó después, se convirtió en una ofensa a la memoria de los colombianos que vieron cómo en esas protestas perdieron la vida 14 jóvenes bogotanos, víctimas de la brutal represión policial.

El tercero, estuvo a cargo de la senadora María Fernanda Cabal, quien, con su acostumbrado cinismo, se despachó contra Fecode, diciendo: “La libertad de los padres a decidir como todo libre mercado. ¡Sobre la educación de sus hijos!”. En su respuesta, la Federación de Educadores señaló, “Seguiremos defendiendo la educación pública para no quede a merced del ‘libre mercado’ y sometida al interés de quienes no la valoran, pues no piensan ni para escribir”.

Estos tres hechos tienen en común una particular valoración de los sucesos que, contribuyen a la formación de una moral pública, definiendo lo que es “bueno” o “malo”. En las modernas sociedades democráticas, la calificación moral de los acontecimientos no depende -o por lo menos, únicamente- de los caprichos personales, así estos sean los de la primera dama, sino de valores sociales compartidos, los cuales se hallan formalizados en normas constitucionales, que consagran el derecho a la vida, la honra y los bienes. 

En el caso lamentable del profesor Campo Elías Galindo, las circunstancias bajo las cuales fue muerto, con signos de tortura, está indicando que no solo se trató de un macabro asesinato, para silenciar la voz de un maestro ejemplar, sino de una siniestra operación criminal planeada para dejar una advertencia, de que los asesinos en Colombia no se detendrán en la persecución y la aniquilación sistemática de los líderes sociales. Una situación que en palabras de la filósofa alemana Hannah Arendt constituye una “terrorífica normalidad”, donde los sicarios del profesor Galindo son apenas “ruedecillas de una maquinaria criminal”.

El profe Galindo era reconocido en el medio académico y social, como un sujeto íntegro, de buenas costumbres, respetuoso de las opiniones ajenas y activista político con un gran sentido de la justicia social. En su ejercicio como maestro no se limitó a transmitir sus reflexiones sobre la historia del país, sino que publicaba en su blog opiniones críticas sobre las problemáticas sociales locales, nacionales y globales. Era, como lo señalara el filósofo griego Platón, un buen maestro, que no solo predicaba la verdad en sus clases sino que hacía lo justo. Enseñaba con el ejemplo, virtud muy escasa en nuestro país, donde las élites políticas y empresariales dicen mentiras y actúan en contravía del interés general. Esto se conoce como la doble moral: ¡Virtudes públicas, pecados privados!

En el caso de la primera dama, el hecho de que, en su escala valorativa, encuentre justificable y bueno la represión violenta de la protesta ciudadana, hace parte de una narrativa que se ha venido afianzando en este gobierno, acerca de la existencia de un “enemigo interno”, que no solo mina la moral de las FFMM, sino que amenaza la seguridad del Estado. Los reiterados trinos del expresidente Uribe acusando a sus opositores, a los magistrados de las altas cortes y a los “jóvenes far” de estar propagando el virus de la anarquía y el terrorismo, son una verdadera amenaza, para la estabilidad democrática del país, la seguridad y la vida de jóvenes, líderes sociales y opositores del gobierno.

Se trata del esfuerzo del gobierno del aprendiz que, no solo ha venido negando la existencia del conflicto interno, sino que busca dividir al país entre “buenos” y “malos”, para opacar la reflexión pública, silenciando las voces disidentes y colocando la inmensa fuerza del Estado al servicio del exterminio de todos aquellos “malos” que se opongan a los designios del jefe Supremo. 

Sin duda no es fácil oponerse a las dictaduras. La historia reciente de América Latina así lo demuestra. Los pueblos deben pagar un altísimo costo social y económico para sacudirse de estos dictadores. Pero como lo señala Arendt, solo el espíritu crítico y el diálogo abierto nos permite mantenernos a salvo de los totalitarismos. A la violencia extrema –que hemos padecido en Colombia- se llega en medio de una estructura política clientelista, corrupta y gamonal donde es imposible ejercer la discrepancia o la oposición a los poderes hegemónicos. También, se puede llegar a esta situación a través del pantano de mentiras, banalidades y fake news que difunden los noticieros y las redes sociales. La autocensura y la manipulación de los contenidos noticiosos producen desequilibrios informativos que le impiden a los ciudadanos formarse un juicio crítico de los acontecimientos. 

El viaje hacia el infierno de la violencia se hace por el camino del conformismo y las concesiones al maltrato, la agresión, la exclusión, y el matoneo. Y una vez acostumbrados al abuso del poder, el paso siguiente del genocidio o los magnicidios está muy cerca. ¡La Vida es Sagrada!

Resulta muy diciente el mensaje de las senadoras del CD acerca de abandonar en manos del mercado la prestación del servicio educativo, aduciendo la libertad de los padres a escoger el colegio de sus hijos. No entienden las senadoras, en una demostración de ignorancia supina, que la educación no es un bien privado -que se puede adquirir en un supermercado-, sino un derecho fundamental y un servicio público que tiene una función social. En este sentido, pretenden las senadoras desconocer la obligación del estado de organizar, regular y proteger este derecho, para garantizar su calidad y el cumplimiento de sus finalidades en la formación moral, intelectual y física de los estudiantes.

Valga recordar lo dijera A. Merani, acerca de la formación de los jóvenes, que involucra diferentes dimensiones del ser humano, relacionadas con el pensamiento, la valoración socio afectiva, la comunicación y la convivencia; así mismo, la Escuela Histórica dice que las complejas interrelaciones entre ellas, están determinadas por las circunstancias sociales y culturales. La labor fundamental del maestro es tejer cuidadosamente la trama de estas interrelaciones. 

El mayor reto de los educadores no está en desarrollar los contenidos fragmentados de la educación tradicional, sino en conducir a sus estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran las relaciones entre el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir con los seres de su misma especie y, con otras especies que habitan este planeta. Solo los ignorantes creen que basta con rellenar a los estudiantes de contenidos fragmentados y dogmáticos para que estos los repitan como loros en los exámenes y en las pruebas de calidad a los cuales se presentan.

Desde su significado original -hace más de 2.000 años en la Grecia Antigua- el ejercicio del buen maestro se asociaba con la virtud de saber enseñar a otros a encontrar su camino, y ayudarlos a lograr las cosas que se proponen. Para el filosofo Heidegger, enseñar es más difícil que aprender porque enseñar significa dejar a otros que aprendan, incluso conocimientos y verdades que el maestro no sabe. 

Por eso, la labor del maestro no es otra que ayudar a sus alumnos a aprender por su cuenta y riesgo y en este sentido, la mayor ignorancia del maestro está en querer imponerles sus ideas como sí fueran la verdad revelada. Como lo dijera Mafalda, lo ideal está en: “tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el corazón, para que así podamos pensar con más amor y amar con más sabiduría”

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 5 de octubre de 2020

Postdata: ¡Tal como lo expresó la UNESCO en su declaración del día Mundial de los Docentes, dedico estás modestas notas a exaltar la labor de todos los maestros que son verdaderos héroes en tiempos de pandemia y que nos ayudan a reinventar el futuro! 

¿La crisis institucional del Gobierno Duque o la vuelta a los estados de excepción?

 (…) Todos suponemos que hay un iceberg esperándonos,

oculto en alguna parte del brumoso futuro,

contra el cual chocaremos para después irnos a pique 

mientras la música sigue sonando

Jacques Attali, “El Titanic”

 

El reciente incidente de desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al Ministro de Defensa “pedir perdón” a la ciudadanía por los excesos en el uso de la fuerza que desembocaron en la muerte del estudiante Dilan Cruz en noviembre del año pasado, constituye un paso más en la profundización del carácter dictatorial del gobierno Duque. En un fallo histórico, frente a los hechos de brutalidad policial, la Sala de Casación Civil de la Corte se pronunció a fondo e impartió órdenes como prohibir el uso de armas de fuego y ordenar la expedición de una reglamentación para proteger el derecho a la protesta ciudadana, acogiendo las directrices de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) y la ONU.

El Ministro Carlos Holmes Trujillo controvirtió el fallo y justificó la conducta de las Fuerzas Armadas diciendo que el Esmad actua para hacer respetar los derechos de la ciudadanía que no participa en la protesta y para reprimir los “brotes de violencia” y “vandalismo”. Estas declaraciones constituyen una amenaza al Estado de Derecho por parte de un gobierno que desconoce las decisiones judiciales, desafía la independencia de la justicia y rompe el necesario equilibrio de poderes, desatando una nueva crisis institucional.

Con la expedición de la Constitución Política del 91, Colombia logró reestablecer un precario equilibrio institucional entre la efectividad de un Estado, guardián del uso de la fuerza, y la protección de las libertades individuales. Después de un largo período de violencia generalizada y de supremacía de los estados de excepción -conocidos como “Estados de Sitio”-, se logró un arreglo institucional definido como un Estado Social de Derecho, que está fundado en el respeto a los derechos humanos, la protección de la vida, la convivencia pacífica y la defensa del interés común. En otras palabras, la Constitución del 91 logró la cuadratura del círculo, reconciliando la unidad del estado-nación con el respeto a los derechos ciudadanos y, particularmente, la incorporación de derechos económicos, sociales y culturales, como las nuevas “reglas del juego” institucional.

Este “gran compromiso” entre el Estado y la sociedad, que caracteriza a las democracias liberales modernas, se funda en por lo menos 4 acuerdos sobre “lo fundamental”: en primer lugar, el compromiso de que las “reglas del juego” se construyan mediante acuerdos públicos, con la participación de una ciudadanía activa. Este principio del Estado de Derecho implica que las decisiones fundamentales se hagan de manera pública, ya sea sometidas a la consulta popular o a la aprobación en las instancias de representación política. En nuestro país, este principio se rompió por la vía de los poderes excepcionales otorgados por el Congreso al gobierno. Con ocasión de la llegada del Covid-19, se le concedieron facultades expresas para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, pero estas han sido usadas para cambiar las “reglas del juego”. De los más de 174 decretos expedidos por el gobierno Duque con fuerza de ley, solo unos pocos se relacionan directamente con la atención a la pandemia. 

El segundo principio fundamental está relacionado con el establecimiento de un sistema de pesos y contrapesos que hacen posible el control de los excesos de poder. Este principio también se ha roto. De un lado, el Congreso –en manos de una frágil mayoría de intereses procaces- decidió desvanecer su poder legislativo y declinar sus funciones de control político para diluir su papel en unas aburridas charlas virtuales. Así hemos presenciado, atónitos los colombianos, cómo este Congreso eludió el fallo del Tribunal de Cundinamarca que le ordenó al gobierno suspender las operaciones de la brigada militar EEUU e instó al Congreso a asumir su función de control político para examinar y autorizar estas operaciones, como es su función constitucional. Sin embargo, el Congreso prefirió guardar silencio frente a las declaraciones del Mindefensa en el sentido que lo había consultado con “algunos parlamentarios”, a espaldas del Congreso. De otro lado, ha resultado más grave aún el desconocimiento del gobierno de la independencia de la justicia. No solo el presidente Duque ha demostrado reiteradas veces su desacuerdo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, sino que el Ministro Carlos Holmes Trujillo controvirtió publicamente el fallo de Sala Civil de la Corte Suprema y salió en defensa de las Fuerzas Armadas, equiparando el derecho a la libre expresión de una ciudadanía que protesta contra los abusos de la fuerza pública, con quienes no lo hacen. De esta forma desconoció la declaración de la Corte Suprema que señaló: “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”.

El tercer principio fundamental establece el monopolio de las armas y el uso de la fuerza en manos del Estado, siempre y cuando esté sometido al control civil y sea garante de las libertades y derechos de los ciudadanos. Como lo vimos con la muerte de Juliana por el disparo de un uniformado de las FFMM cuando transitaba por la carretera en Miranda Cauca, esta clase de atropellos han sido una conducta sistemática durante los 2 años del gobierno Duque. Dicha conducta tuvo sus origenes en las directrices impartidas por el anterior Ministro de Defensa, quien ordenó incrementar las bajas en las operaciones de las FFAA, en lo que de conoció como una nueva versión de los “falsos positivos”. 

Con ocasión de los más recientes sucesos del 9S y 11S, estos abusos han desbordado todas las normas del estado de derecho, al punto de que la comunidad internacional se ha manifestado preocupada por el creciente deteriorio de los estándares de los derechos humanos en Colombia y ha llamado al gobierno a ejercer los controles correspondientes para evitar un nuevo derramamiento de sangre en Colombia. 

El cuarto lugar, en relación con el criterio anterior, el Estado colombiano ha renunciado a ejercer el control de muchos territorios en disputa con fuerzas delicuenciales, donde se ha concentrado la violencia. Como la afirmara, el politólogo Gilberto Tobón: “En Colombia hay más territorio que Estado”, en la medida en que el Estado no ha sido capaz o no ha tenido la voluntad de recuperar el control de los territorios antes ocupados por las Farc. El gobierno ha incumplido los Acuerdos de Paz, y no ha hecho presencia para garantizar la seguridad, la vida ni la prestación de los servicios públicos esenciales en las regiones de la ruralidad profunda. 

En este mismo sentido, y más grave aún, el Estado cede el control de vastas zonas fronterizas a los grupos delincuenciales. Aún se recuerdan las imágenes de cómo se realizó el ingreso de Juan Guaido por Puerto Santander, Norte de Santander, un territorio bajo el control de los Rastrojos. De acuerdo con los testimonios entregados por el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, "el operativo de ingreso a Colombia de @jguaido para el concierto del 23 de febrero del año pasado fue coordinado por el grupo paramilitar de los Rastrojos, quienes montaron una operación candado desde Guaramito a Agua Clara, hasta cuando llegaron funcionarios públicos a recogerlo".

En estas condiciones, el país ha entrado en una encrucijada que amenaza la estabilidad del estado de derecho y el retorno a los “estados de excepción” que, parece gustarle mucho al gobierno Duque, para paliar su propia incapacidad y su creciente pérdida de legitimidad. 

En este contexto, los caminos de la democracia liberal comienzan a bifurcarse entre la salida dictatorial que propone el gobierno y sus aliados, y la profundización de las conquistas alcanzadas con el Estado Social de Derecho. 

La dictadura civil puede proporcionarle al gobierno Duque una vía de escape para la supreción de las libertades individuales y las garantías institucionales. Se trata del retorno al “Estado de Sitio” donde los poderes excepcionales del Estado se colocan en cabeza del gobierno por encima de la democracia-liberal y se rompe el equilibrio de poderes.

Sin embargo, ese camino de la dictadura civil no está exento de riesgos y peligros. El primero de ellos tiene que ver con el deterioro creciente de los DDHH y el rechazo de la comunidad internacional, que, dicho sea de paso, le importa muy poco al gobierno Duque. Su negativa a recibir las visitas de los delegados de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ACNUDH, y las afirmaciones del gobierno de que se trata de “una intromisión en la soberanía del país” es una prueba de ello.

El segundo factor de riesgo lo constituye la creciente pérdida de legitimidad de su gobierno que, a pesar del confinamiento, se manifiesta en el aumento de las protestas y el rechazo a sus políticas. Incluso, voceros autorizados de la Iglesia, los partidos políticos tradicionales y el sector empresarial, han salido a manifestar su preocupación, cuando no su abierto rechazo, con el rumbo que está tomando el país bajo la conducción del presidente Duque. 

De la otra orilla, va ganando cada vez más espacio la propuesta de un “Pacto Histórico” de todas las fuerzas democráticas y sociales que buscan defender las conquistas del estado social de derecho y profundizar las libertades y los DDHH.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 28 de septiembre de 2020

 

La tapa: 

En medio de la alta tensión que vive el país por los excesos de violencia de las FFAA y las confusas versiones dadas por los oficiales del Ejército sobre el asesinato de Juliana Giraldo en el sitio denominado Guatemala, en Miranda Cauca, se conocieron los testimonios sobre el reiterado acoso de que fue víctima por su condición de LGTB, por parte de los soldados del batallon a cargo de las operaciones en esta zona; el demencial trino del exsenador Uribe atribuyendo este asesinato a un error fatal provocado porque “Santos minó la moral de las FFAA”; y las declaraciones de la senadora Cabal del CD, acerca de que “el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar” .

 

 

La silla vacía: crónica de la necropolítica y otros trinos del Ubérrimo

 

“Por qué tanto entusiasmo mijo?, estás vestido como para un gran acontecimiento -dijo su mujer

Este entierro es un acontecimiento -dijo el coronel-.

Es el primer muerto de muerte natural que vamos a enterrar en muchos años”

El coronel no tiene quien le escriba, Gabo

Como era de esperarse, el presidente Duque no acudió a la cita del perdón y la reconciliación con un país indignado y dolido. Prefirió quedarse en su cómoda y dorada jaula de cristal. Allí puede refugiarse en la intimidad de su camarín y recibir el abrazo cálido de sus amigos de la Sergio que alternan su trabajo de negacionistas de la realidad con la diligente prestancia para hacerle los oscuros mandados al señor del Ubérrimo. Obligado cómo está a representar un papel para el cual no está preparado, se siente más seguro detrás de cámaras donde sus maquilladores pueden disimular mejor su ineptitud. De está manera puede alternar sus cotidianas salidas a escena, donde cegado por las luces de su vanidad y arrogancia, no ve la pobreza, el desastre y el incendio en que ha dejado sumido el país en sus dos años como aprendiz de mandatario.

El balance de la semana pasada es el más triste y tenebroso de los últimos 25 años en el historia del país: 14 jóvenes perdieron la vida en Bogotá, 72 personas heridas a bala, y cientos de ciudadanos víctimas de los atropellos de la policía. Todo esto sucedió en escasas 48 horas ante la mirada indiferente del gobierno nacional.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López declaró con lágrimas en los ojos que “Lo sucedido es una auténtica masacre de los jóvenes de nuestra ciudad”. Y añadió que esto “es lo más grave que nos ha pasado en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia”. Por eso, acudió indignada al Palacio de Nariño a invocar la solidaridad del gobierno del presidente Duque e invitarlo este domingo a un acto de reconciliación y perdón con las víctimas de los abusos policiales. Pero se chocó con la arrogancia de un presidente indolente ante los clamores del pueblo pero dócil con los poderosos y los trinos del Ubérrimo.

Tal vez no exista en español una palabra que permita expresar una situación tan siniestra como la que estamos viviendo en Colombia, bajo el gobierno del aprendiz Iván Duque. El recientemente fallecido sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman la definió con una palabra alemana “Unsicherheit” que reúne tres conceptos de la ciencia política contemporánea: “incertidumbre”, “inseguridad” y “desprotección”.

La incertidumbre de un régimen político que, en dos años de desgobierno, se ha dedicado a torpedear el Acuerdo de Paz, recrudeciendo el clima de violencia, la inseguridad en los territorios rurales y el atropello de los derechos humanos en todo el país.

De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia (ACNUDH) hasta la fecha se han perpetrado 572 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, más de 53 masacres que dejan como saldo trágico 202 personas asesinadas principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Choco, Córdoba y Valle del Cauca. Lo mismo que el aumento de los ataques contra los líderes indígenas (271 casos bajo el mandato del aprendiz) y el incremento de la violencia contra las mujeres defensoras de los derechos humanos (104 casos) y el aumento de más del 50% de los feminicidios y la violencia contra la mujer. A lo cual se suma el intento del Gobierno por impedir y bloquear trabajo de los delegados para Colombia de las Naciones Unidas y constreñir el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), reduciendo su presupuesto.

En materia de inseguridad resalta el manejo errático del gobierno Duque en los 5 meses que llevamos de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. La pandemia puso al descubierto muchas de las miserias del sistema de salud, donde las EPS y las aseguradoras privadas concentran el manejo de los recursos de la salud y contratan con las entidades prestadoras de salud (IPS), como los hospitales públicos, pero no les pagan y mantienen al personal de la salud en unas condiciones francamente deplorables.

Así mismo, la crisis económica provocada por la cuarentena y la parálisis de las principales actividades económicas no ha sido atendida con la urgencia y la prioridad que requiere. El gobierno nacional se ha negado a acoger la propuesta de otorgar una Renta Básica Universal para paliar el efecto del desempleo de hoy afecta a más de 4, 9 millones de colombianos, como lo han hecho otros países. Por el contrario, el gobierno le ha otorgado al sector financiero recursos hasta por 3,6 billones de pesos, y en vez de atender el clamor de miles de pequeños y medianos empresarios, que generan la inmensa mayoría de los puestos de trabajo de los colombianos, le otorgó un préstamo por U$ 370 millones a Avianca, una empresa de inversionistas extranjeros que tiene asiento en los paraísos fiscales, no paga impuestos en Colombia y goza del monopolio de las principales rutas aéreas del país.

En este orden de ideas, los recientes acontecimientos son una demostración del nivel de “desprotección” en el que nos hallamos. Las autoridades de policía cuya función constitucional es ofrecer protección a la ciudadanía, voltean sus armas para agredir, maltratar y hasta asesinar a los inermes ciudadanos.  

Las lágrimas de la alcaldesa de Bogotá son mensaje de impotencia y rabia a la vez. Impotencia al ver cómo la policía se le salió de madre y le hizo pistola a su llamado a no usar pistolas!. Rabia, con el desplante del presidente Duque que deja vacía la silla del perdón y la reconciliación.

El presidente Duque no ha dado muestras de respeto a la Constitución ni a la independencia de poderes. Sus declaraciones en favor del detenido y sub judice expresidente Uribe, son una demostración de que el aprendiz ha tomado muy bien la lección de su “maestro”. Simplemente, arrancó la página del libro de Robert Michels donde describe su famosa “ley de hierro de la oligarquía” para repetir los abusos de poder de su mentor político

El presidente Iván Duque aprovechando muy bien las facultades extraordinarias otorgadas por el Legislativo para el manejo de la emergencia del Covid-19, concentrando aún más el poder. Fruto de ello, ha expedido más de 164 decretos con fuerza de ley durante la emergencia, de los cuales solo 11 se relacionan directamente con la emergencia sanitaria. La mayoría de ellos se refieren a reformas que no habían tenido acogida en el parlamento, tales como: la reforma laboral que le da vía libre a la total desregulación y la pérdida de la protección del trabajador; la autorización a los grandes proyectos de minería-extractiva en detrimento de las comunidades y del medio ambiente; el uso del fracking en la explotación petrolera; la venta de activos de Ecopetrol; el retorno de la fumigaciones aéreas, entre otros. Y de está forma logró filtrarlas por la puerta de atrás, al mejor estilo de las Jobvisitas

Esta tendencia a la concentración excesiva de poder es la puerta de entrada a la dictadura civil y a la profundización de los abusos y la arbitrariedad. Cuando la esfera de lo público se va opacando, como consecuencia de la pérdida de legitimidad de las instituciones y el desprestigio de los partidos políticos, solo queda como recurso la fuerza bruta.

Por esto, vemos como los trinos del expresidente Uribe, desde su finca-prisión domiciliaria, se tornan cada día más oscuros y siniestros. Los llamados constantes a la militarización del país, a la supremacía de las fuerzas armadas, a la declaratoria del estado de excepción son una expresión de la nueva necropolítica. Como dijera Hannah Arendt para entronizar el discurso de la necropolítica se requiere “volver banales a los seres humanos”, porque de esa forma se les despoja de su naturaleza humana y puede criminalizar al adversario mediante expresiones tales como: “vándalos”, “jóvenes-far”, “incitadores”, “terroristas”, “bandidos”.

De esta manera, el totalitarismo apunta a la aniquilación de la subjetividad, de las capacidades de autodeterminación y de la esfera de lo público para hacer trizas los espacios democráticos que aún nos quedan. Porque, en la medida que no hay individuos, desaparece la necesidad del diálogo. No hay nada de qué hablar. Los poderes absolutos ya no tienen necesidad alguna de argumentar o de convencer a nadie de sus acciones. Basta con la presencia de los símbolos de su poder: como se lo expresara el policía de la moto “pa´que vea, estudie y no puede hacer lo que yo te hago a ti”

Pero en medio de esta oscuridad que nos quiere imponer el totalitarismo surge una chispa que incendia la pradera y permite llenar de luz el horizonte. Esa chispa no es solo el estallido momentáneo de luces y destellos que luego se desvanecen en el aire. Sé trata de la energía distinta, de una energía renovadora y creativa que fue capaz de transformar un CAI en una biblioteca pública. Demostrando que lo imposible es posible!

Allí está el cimiento de algo nuevo, de ese espíritu lúdico y creativo que es capaz de transformar un cuartel en una biblioteca, un panóptico en un centro cultural.

“Que vivan los estudiantes

Jardín de nuestra alegría

Son aves que no se asustan

De animal ni policía”

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 14 de septiembre de 2020

 

 

La Ñapa:

 

Les dedico esta columna como un pequeño y simbólico homenaje a estos paisanos y compatriotas que murieron víctimas del odio y la arbitrariedad policial:

Julieth Ramírez, de 18 años

Cristian Camilo Hernández, de 26

Jaider Fonseca, de 17 años

Germán Puentes, de 25

Andrés Rodríguez, de 23

Angie Paola Vaquero, de 19

María del Carmen Viuvche, de 40;

Jesús Arias, de 17;

Cristian Hurtado, de 27;

Stiven Mendoza, de 26, y

Julián Mauricio González, de 27

Javier Ordoñez, abogado de 42 años