El Bazar de los condenados y los huevos de serpiente

¡No me cubras los ojos para matarme!

¡Dispárame ahora mismo!

¡No me cubras los ojos!

¡Vivo con los ojos, con los ojos abiertos me muero.

Para mi, poema de Ko Un, 1933

Todo estaba dispuesto para que ese lunes 28 de marzo las fuerzas armadas coronaran con éxito un objetivo de “alto valor estratégico” de la operación denominada Mahlon 4.  Desde hacia varios meses, los hombres de la inteligencia del Ejercito y la Fuerza Naval del Sur, habían tenido información de una reunión, que tendría lugar en la vereda del Alto Remanso, donde acudirían Carlos Emilio Loaiza, alias ‘Bruno’, cabecilla del frente 48 que hace parte de las estructuras de la Segunda Marquetalía, bajo el mando de Gentil Duarte, y alias ‘Managua’ perteneciente al Comando de la Frontera (CDF), una cuadrilla ilegal dedicada al tráfico de coca que opera en la frontera entre Colombia y Perú. y las comunidades de indígenas, afrodescendientes y colonos cocaleros que habitan en esta inhóspita región de la pérdida geografía del sur del país.

Mientras tanto, en el Alto Remanso se vivía un intenso y alegre ajetreo. El gobernador del resguardo indígena Kiwcha, Pablo Panduro Coquinche, quien había tomado posesión de su cargo ante el Alcalde de Puerto Leguízamo a comienzo de este año, venía trabajando acuciosamente desde hacia varias semanas en la preparación de una de las actividades que más le apasionaban, la preparación de un bazar que les proporcionaría los fondos necesarios para realizar las obras públicas que el Estado les ha negado y que ayudarían a mejorar el bienestar de su comunidad. 

Incluso viajó varias veces a la cabecera municipal, distante cuatro horas en lancha, para solicitar el apoyo de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), de la asociación de Juntas de Acción Comunal de Puerto Leguízamo y de las autoridades municipales. Se hizo acompañar también del presidente de la JAC del Alto Remanso, el joven líder social Divier Hernández. Pero, al igual que lo padecen la mayoría de los habitantes de estas inhóspitas regiones, fueron detenidos a la entrada al Puerto por los soldados de la Fuerza Naval del Sur para una requisa. Es muy frecuente que en estas requisas los visitantes reciban amenazas y maltratos por parte de los militares, para los cuales los campesinos, colonos e indígenas que habitan en estas apartadas regiones son solo peligrosos delincuentes.

Los bazares son una alegre fiesta comunitaria, muy utilizada por los Colombianos de todos los estratos sociales para recolectar fondos que les permitan auto gestionar obras de beneficio colectivo. Se sabe que esta extendida costumbre proviene de la influencia árabe, quienes la ha usado desde tiempos inmemoriales como un lugar de intercambios mercantiles. Sin embargo, en el país del sagrado corazón, los bazares son también un lugar de encuentro, de intercambio de favores, y de afirmación de los lazos sociales. De allí deriva su fuerza cultural y simbólica como un mecanismo de reconstrucción del resquebrajado tejido social.

La vereda Alto Remanso es una de esas regiones desconocidas y abandonas de la ‘Colombia profunda’, que hace parte del “país de las Amazonas”, a la cuál solo se puede acceder navegando por el río Putumayo, aguas abajo, y luego cruzando sus anegadas vegas para alcanzar unas pequeñas colinas que reciben el nombre de “Altos del Remanso”. Allí tiene asiento uno de los pueblos indígenas Kichwa, perteneciente a la comunidad indígena Witoto, sobreviviente a la vorágine de las caucharías de finales del siglo XIX que han tenido que soportar toda la historia de violencia, esclavitud y colonialismo asociada a las actividades extractivas y, recientemente, a los cultivos de coca.

El boom de la coca, a finales del siglo pasado, atrajo varias oleadas de colonos, campesinos y comunidades afrodescendientes, provenientes de diversas regiones, especialmente, del piedemonte llanero y de los departamentos del Tolima, Huila y Nariño, que llegaron hasta estás tierras en busca de tierra, paz y pan. Sin embargo, se encontraron con una agresiva expansión de la frontera agrícola, auspiciada por las mismas políticas públicas agrarias que aumentaron la presión sobre el bosque amazónico, la deforestación y el cambio de los usos del suelo. 

En estas circunstancias, la llegada del cultivo de la hoja coca procedente del Perú, hacia mediados de los años 80 del siglo pasado, se convirtió rápidamente en su principal fuente de ingresos. 

Ante esta nueva realidad, la presión del gobierno Norteamericano por detener la expansión del cultivo de la coca, llevó a los debilitados gobiernos colombianos a poner en marcha las políticas punitivas de lucha contra el narcotráfico, que tenían dos sustentos fundamentales: la militarización de la frontera y la fumigación de los cultivos.

Estas políticas colocaron a las fuerzas militares en el papel de fuerzas represivas, enemigas de la población. Lo cual condujo un estallido social hacia comienzos de los años 90, conocido como las “marchas cocaleras”, que abogaba por una política de desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos. Fue así como se pusieron en marcha los primeros planes de Rehabilitación (90) y de Desarrollo Alternativo (PDA), que ayudaron a estabilizar los asentamientos rurales y a proveer las precarias infraestructuras que el país conoció con motivo del asalto militar al centro poblado del Alto Remanso.

A esta explosiva mezcla de coca, deforestación y extracción de los recursos naturales (madera y pieles), se le sumó la aparición (1970-1981) del primer boom petrolero, que transformó la estructura productiva del Putumayo, desestimulando la producción agrícola e industrial, haciéndolo altamente dependiente de las rentas petroleras. Adicionalmente, el boom petrolero y la coca trajeron consigo nuevas migraciones, el aumento del costo de vida, el deterioro de los ecosistemas estratégicos y el incremento de los conflictos por la puga distributiva de las rentas que tiene como protagonistas a los grupos armados ilegales, a las fuerzas militares y a las élites regionales y nacionales.  

En este cuadro de violencia, narcotráfico y corrupción, las comunidades indígenas, afrodescendientes y colonos constituyen el eslabón más débil que, como el cangrejo, quedan atrapados entre las olas y la roca. Por un lado, los cultivos ilegalizados de coca y marihuana les ofrece la fuente de recursos que ningún otro producto agrícola les proporciona. Por otro lado, los efectos de la llamada “enfermedad holandesa” que conllevan la distorsión de precios y la volatilidad de los ingresos, la extorsión de los grupos armados ilegales y la estigmatización por parte de las fuerzas militares, que los tildan de narcotraficantes y terroristas.

La guerra contra los cultivos de uso ilícito pregonada por los EE. UU., a la cual los sucesivos gobiernos de Colombia han tenido que adherirse, también han impactado negativamente las fuerzas militares. A partir de la puesta en marcha del “Plan Colombia”, las políticas de seguridad pusieron a los militares en la primera línea del combate contra el narcotráfico y, especialmente, la sustitución forzada de los cultivos de coca y marihuana, ahondando la brecha entre las comunidades rurales asentadas en estos territorios y los militares. 

La doctrina militar de seguridad nacional, que tenia como foco principal la contención del comunismo internacional hasta la caída del muro de Berlín, viro hacia la lucha contra el “enemigo interno”. Enemigo, con quien la fuerza pública sostiene una dura confrontación por el control territorial en varias regiones del país, que tuvo un punto de inflexión en la zona de distensión del Caguán. Allí el gobierno de Andrés Pastrana, que había llegado a la presidencia portando un reloj, regalo del Manuel Marulanda Vélez, jefe de las Farc, claudicó la soberanía del Estado, entregándoles una franja de 40 mil km para que, la más poderosa guerrilla del país se reagrupará e inclinará la balanza estratégica a favor de una guerra de posiciones. 

En estas circunstancias, se abrió paso el escenario que el ejercicio prospectivo de Destino Colombia, (Quirama, 1997), denominó “Todos a marchar” en el cual un gobierno autoritario, buscaría recuperar la seguridad y el control territorial, imponiendo todo tipo de recortes a las garantías ciudadanas y a los derechos fundamentales.

Este escenario se hizo realidad en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien a través de sus políticas de “Seguridad Democrática” logro generar una sensación de seguridad y confianza, para expandir la esfera de influencia de las fuerzas militares, fortaleciendo sus operaciones y levantando los controles y restricciones legales para que los militares actuaran a sus anchas. En lo que el país conoció como el “embrujo autoritario”. 

Durante los 8 años que duró el gobierno de Álvaro Uribe, se puso en marcha un proceso de fortalecimiento de las instituciones militares y un cambio en la doctrina militar, según la cual los resultados operativos de la lucha antisubversiva se median en bajas de guerrilleros y de civiles sospechosos de ser sus auxiliadores. Como quedo demostrado en las recientes confesiones de oficiales y miembros del Ejercito ante la JEP, tras la expedición de la directiva ministerial 029 del 2005, denominada “la directiva de la muerte”, la presión de los generales por la obtención de resultados condujo a cometer 6.402 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. El general Montoya, comandante del ejercito en el primer mandato de Uribe Vélez, expreso que lo él quería ver eran “litros de sangre”. 

Adicionalmente, el gobierno de Álvaro Uribe puso en marcha una campaña para desprestigiar a los jueces, perseguir a los opositores políticos y convertir en “enemigos” de las fuerzas militares a todos aquellos ciudadanos que se opusieran o denunciaran las arbitrariedades de la fuerza publica. Situaciones que fueron denunciadas por las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos (DDHH) y por la comunidad de Naciones Unidas que condenó a Colombia por la violación de los DDHH.

Durante los dos mandatos siguientes del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), con motivo de las negociaciones de paz, este ambiente de abusos y arbitrariedades de la fuerza pública se redujo y se puso en marcha un proceso de formación y concientización en el respecto a los DDHH, el control civil a las operaciones militares y de aplicación del DIH en el conflicto interno. 

No obstante, el gobierno se negó a colocar el tema de la reforma a las FFMM dentro de la agenda de negociaciones y la presencia del General (r) Jorge Mora Rangel en el equipo negociador de La Habana, se constituyó en la mejor garantía para no cruzar estás líneas rojas de la teoría de la seguridad nacional.

Sin embargo, estos avances en la doctrina y las operaciones militares se reversaron con la llegada del gobierno de Duque (2018-2022), quien con sus políticas de Seguridad con Legalidad, volvió trizas la paz y reeditó la doctrina del Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala, según la cual: para evitar las dilaciones de la justicia ordinaria, es necesario convertir el indicio en prueba suficiente para condenar a un sindicado, “es preferible condenar a un inocente que absolver a un culpable”

Por estas razones en el reciente operativo militar del Alto Remanso, que dejó como saldo la muerte de 8 civiles inocentes y 3 presuntos miembros de las disidencias, la fuerza pública actuó como una “fuerza letal que entra a matar”, tal como acostumbra a expresarlo una de las más conspicuas representantes del Uribismo, la senadora María Fernanda Cabal.

De acuerdo con las investigaciones de los periodistas independientes que reconstruyeron los hechos criminales de la masacre del Alto Remanso, y que fueron denunciadas por la bancada de oposición en el Congreso, en el operativo conjunto del ejercito, la armada y la fuerza aérea que operan en el Putumayo, se configuraron por lo menos 11 violaciones fragrantes al DIH y a los manuales operativos de la fuerza pública:

(i)     La no aplicación del principio de “distinción” que obliga a las fuerzas armadas a distinguir entre combatientes y población civil, al momento de ejecutar un operativo que busque objetivos militares legítimos; 

(ii)    La violación a los principios de “precaución” y “proporcionalidad” establecidos por la DIH, que establece la prohibición de lanzar ataques indiscriminados cuando existe el riesgo o la duda razonable de causar daño a la población civil ajena al conflicto. El ataque a la población del Alto Remanso se produjo el último día del bazar, cuando los cabecillas ,“Bruno” del Frente 48 y ‘Managua’ del CDF, habían abandonado el lugar,

(iii)   El uso indebido de uniformes (los asaltantes vestían ropa y gorras negras), disfraces (llevaban brazaletes amarrillos y algunos iban con la cara cubierta), y se identificaron como guerrilleros del “Frente Carolina Ramírez”; con lo cual simularon que se trataba de una “toma guerrillera”,

(iv)  Durante el operativo, que se produjo en las primeras horas de la mañana del lunes 28 de marzo, los pobladores -hombres y mujeres, con sus niños- fueron retenidos y obligados a permanecer sentados en la cancha de microfútbol hasta el final de la tarde, sin suministrarles ningún tipo de alimentación o bebidas, incluso se les restringió la posibilidad de ir al baño,

(v)   Las fuerzas militares alteraron la escena de los hechos y manipularon los cuerpos, sin la presencia de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o del grupo de expertos del CTI, que llegaron al lugar dos días después,

(vi)  Se violaron de los protocolos humanitarios, en relación con la protección y el respeto a la población civil ajena al conflicto armado,

(vii) La fuerza pública tampoco le presto ningún tipo de ayuda a los heridos en el lugar de los hechos y, por el contrario, impidió que la misma población pudiera auxiliarlos; 

(viii)                  Las contradicciones entre lo reportado por las fuerzas militares como incautaciones (de dinero, armas y municiones) y los testimonios recogidos por los periodistas investigadores que coincidieron en denunciar que los soldados saquearon de la tienda comunitaria, y se llevaron los 11 millones de pesos del producido de las ventas del bazar, lo mismo que los celulares de las víctimas y más de 100 botellas de Buchanans que quedaban en la bodega. En una denuncia interpuesta por el abogado de las víctimas, se afirma que los militares se habrían llevado más de 200 millones de pesos de las personas que estaban en el bazar, 

(ix)  La presentación de varios heridos de la población civil como insurgentes capturados en combate, 

(x)   El asesinato de una mujer embarazada, Ana María Sarrias, esposa del presidente de la JAC, quien permanecería una hora y media desangrándose, a la espera de los primeros auxilios que el Ejército nunca le proporcionó, 

(xi)   Las amenazas reiteradas de los miembros del ejercito a los líderes y las comunidades del Alto Remanso, como represalia a las denuncias sobre los hechos que son materia de investigación.

No obstante, el comandante del Ejercito continuó insistiendo que la operación del Alto Remanso se planificó con todas las normas y se ejecuto sin ninguna violación del DIH y que todas las personas que murieron en el asalto eran guerrilleros, en contraposición al cumulo de evidencias y declaraciones que demuestran lo contario.  

Incluso en un alarde de cinismo, el general Zapateiro digo “el bazar que se realizada allí no era una ninguna fiesta comunitaria, sino una reunión cocalera donde se estaba negociando pasta de coca”. Y afirmó: “(…) no es la primera vez en que en una operación militar caen mujeres embarazadas o menores de edad, son combatientes que hacen parte de una estructura criminal y como tales se enfrentan a la fuerza letal del ejercito”

Declaraciones que recibieron un amplio respaldo, primero, por parte del Ministro de Defensa, Diego Molano, quién declaró que la “operación fue legitima para defender al Putumayo y a los colombianos, de la mayor amenaza para el futuro de Colombia que es el narcotráfico y los grupos armados organizados que se nutren del narcotráfico”.

También el presidente Duque salió en defensa de la operación militar del Alto Putumayo y declaró que “(…) era una operación limpia que tenía toda la planificación, tenía información precisa de inteligencia sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en el lugar que justificaban como se procedió”

Demostrando con esto que los atropellos y arbitrariedades de las fuerzas militares contra la población civil, y los crimines de guerra, cuentan con el beneplácito de este gobierno. 

Se trata, en fin de cuentas, de la agonía de un gobierno mediocre que ante el desprestigio y el fracaso de sus políticas de “seguridad con legalidad”, se comporta como una tiranía que prefiere sembrar los campos de Colombia con nuevos “falsos positivos”, antes que impedir que crezcan huevos de serpiente que el general Zapateiro ha dicho que dejó incubando en los cuarteles.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Mayo 6 de 2022

 

Adenda 1:

Ante la negativa a la preclusión y la ratificación de la imputación por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, que profirió la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, el imputado expresidente Uribe salió a decir que le habían “expropiado su reputación”. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario: ¡su reputación de expropiador nadie se la quita¡ 

Adenda 2:

El Registrador Alexander Vega R que había sido aupado por una bandola de políticos corruptos para robarse las elecciones, se quedo con el pecado y sin el género.

Adenda 3:

En su último número, la revista Semana decidió servir de caja de resonancia del “ruido de sables”, confirmando su vocación cizañera y golpista.

 

Un debate de antipatías

 “Las fábulas inventadas, la calumnia y la satanización de los contrincantes, son un claro síntoma de la decadencia, del empequeñecimiento y el recelo frente a la vida”

El Crepúsculo de los ídolos, Federico Nietzsche

El emotivo abrazo de bienvenida que le dío Teresita Gómez a Francia Márquez, a su llegada a Medellín, no solo evoca el encuentro de dos historias de dolor, discriminación y antipatías, sino que marca un hito histórico en las relaciones entre la política y el arte.

El encuentro de estas dos grandes mujeres negras, en compañía de las lideresas paisas del Pacto Histórico, representa el reencuentro con sus raíces, con la memoria de sus “ancestros y ancentras”, pero también con la nostalgia, la sabrosura y la alegría de las comunidades afrocolombianas, que han enriquecido la diversidad y la multiculturalidad de nuestro país. 

Los acordes musicales de Chopin, Luis A Calvo y la poesía de Dora Castellanos, que engalanaron este encuentro, son la expresión del poder transformador del arte. Los hermosos Nocturnos de Chopin, fueron compuestos en la época de mayor sufrimiento del compositor, debido a su delicado estado de salud y a su condición de exiliado polaco en Francia, durante la ocupación nazi. Luis Antonio Calvo, el compositor de música colombiana más destacado de comienzos del siglo XX, sufrió los rigores de la guerra, el destierro y la estigmatización. Y la poetisa Dora Castellanos, asumió cómo propios el sufrimiento y la vulneración de los derechos de esos colombianos que han tenido que vivir en la pobreza, la segregación y el abandono.

La llegada de Francia Márquez a la política, como formula vicepresidencial de Gustavo Petro, representa la esperanza y la fuerza de los pueblos afrocolombianos, indígenas, mulatos y mestizos, de los olvidados, de los “nadie”. Teresita Gómez dijo que ella está logrando lo que ha sido el gran anhelo de los sectores populares de este país en sus más de doscientos años de vida republicana: la unidad de los de abajo y los de arriba, de los que están a la izquierda y a la derecha, de los que están en el centro y los que están al lado. Francia es “nuestra mandela”, expresó.

Y lo está logrando, no solo con su discurso de inclusión, de diversidad y de fraternidad, sino especialmente por su sensibilidad social, su empatía, su “queridura”. Eso que el filosofo Nietzsche describió poéticamente como la “voluntad de poder”, que es esa capacidad de ir más allá de nosotros mismos para abrazarse con el otro.

Sin embargo, este encuentro fue registrado por la banalidad de los grandes medios como el mordisco de Frida, la pequeña anfitriona Shih Tzu, a la lideresa Francia Márquez. Incluso, destacaron el comentario racista y ofensivo de la cantante de música guascarrilera Marbelle, quien aprovechó el incidente para dispararle con el antipático trino del “mordisco ancestral”.

Durante los meses de febrero y marzo de este año, se registró un preocupante aumento los ataques racistas, misóginos y aporofóbicos, De acuerdo, con el reciente estudio de medios (Buho, 2022), estos ataques que pasaron del 3% al 13,5%, respectivamente. El informe indica que en los casi 20.000 artículos de prensa de más de 600 medios y 1.057 columnistas que se han referido al debate electoral, se privilegian los estereotipos, la satanización y los ataques personales, ante la escasez de ideas y argumentos para debatir las propuestas de los candidatos.

Los medios en nuestro país han contribuido a enrarecer el clima electoral y a degradar la cultura política de los colombianos; transformando el debate electoral en un juego sucio, un espectáculo antipático, cargado de ataques personales, mentiras y estigmatizaciones.

Una perla basta para ilustrar como el debate electoral se ha transformado en un debate de antipatías. La propuesta de reforma pensional de Gustavo Petro fue calificada como una “medida de corte populista y de un intento de expropiación” del ahorro de los 18 millones de colombianos los fondos pensionales privados. Incluso, el presidente Duque, quién no tiene límites para burlar los controles que le impone la débil democracia colombiana para evitar su abusiva intervención en política, se refirió a la propuesta pensional de Petro como un “atraco de las 3 P” y tomó partido por el candidato de sus preferencias y su partido, Federico Gutiérrez. 

Cada vez son menos las personas que creen que la democracia funciona en Colombia. De acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Cultura Política (DANE, 2021), el 55.6% de los colombianos se declararon “desencantados” con la precaria democracia. Las razones de este desencanto se encuentran en la corrupción de la dirigencia política (32,9%), la falta de credibilidad en el sistema electoral (27,7%) y la escaza representatividad de los partidos y movimientos políticos (25,9%).

La mayoría de los colombianos creen que en el país no se garantizan los derechos humanos (43,2%). Tampoco se respeta la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de la información. Mucho menos se percibe que se protejan los derechos de las mujeres (26%), de las minorías étnicas (23,8%) y de los campesinos (21,6%).

Estas desalentadoras cifras de la cultura política, o mejor de la falta de cultura política, se acompañan con pérdida de credibilidad en las instituciones. Menos del 20% de los ciudadanos confían en las fuerzas militares y de policía. Muchos menos le creen al presidente de la República (17,9%), a la Fiscalía (16%), al Congreso (10,6%) y los partidos políticos (8,5%) que constituyen las columnas vertebrales del régimen democrático. 

Más preocupante es el hecho que la desconfianza generalizada de los ciudadanos con el funcionamiento de las instituciones democráticas también está erosionando el capital social. En el país solo 13% de las personas están vinculadas a alguna organización o forman parte de un grupo o una acción colectiva. No obstante, el hecho que las mujeres, los pobladores rurales y de la Colombia profunda tengan mejores niveles de asociatividad y cuenten con redes cercanas de confianza y apoyo (52,7%, 51,5% y 52,8% respectivamente), representa una importante reserva del capital social en nuestro país.

En estás dramáticas circunstancias, la llegada de Francia Márquez y el reciente triunfo electoral de las fuerzas de izquierda representa un gran desafío: la oportunidad histórica para que Colombia pueda dar un giro a la izquierda y podamos encaminarnos por la senda de las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. 

Sin embargo, para que este anhelado cambio llegue y se pueda consolidar un gobierno de unidad popular, es necesario enfrentar varios retos y desafíos. El primero y más importante de ellos lo constituye la construcción de una gran reforma cultural y educativa, capaz de juntarnos y de sanar las heridas de la guerra, la discriminación y el odio. Cómo lo afirmará Nietzsche, la verdad, la sensibilidad y la voluntad de poder son los ingredientes indispensables para hacernos maduros para la paz. La verdad es una cantera para transformar y crear nuevos valores, aquellos que sean afirmadores de la convivencia y la vida. 

La sensibilidad es esa fuerza creadora de la empatía, capaz de curar nuestras heridas y juntarnos para la hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. La sensibilidad y la empatía son la piel del cuerpo social, algo mucho más profundo que el pensamiento y la mera razón práctica. La empatía nos conecta con la vida, con la sabrosura, con los sueños y con el placer vivir. La sensibilidad y la empatía son también la fuerza creadora de la diversidad y la multiculturalidad de los pueblos y grupos sociales.

La “voluntad del poder” es esa capacidad juntarnos con los otros, de tender puentes y superar el egoísmo propio de estas sociedades consumistas y enajenadas. Solo con la voluntad del poder es posible lograr esa comunión de voluntades humanas capaz de construir propósitos comunes, transformar la realidad y construir nuevos mundos. Mundos donde quepamos todos: blancos y negros, mestizos y mulatos, ateos y cristianos, conservadores y revolucionarios, uribistas, liberales, demócratas y comunistas.

Pero para lograr esa anhelada transformación social y cultural es necesario primero construir un gran pacto social por la dignidad, la diversidad de los pueblos, la inclusión económica, social y cultural de todos los colombianos y colombianas y el rescate de “lo público”, de los bienes comunes.

En segundo lugar, será necesario que el nuevo gobierno asuma los compromisos y acuerdos, internos e internacionales, logrados para hacer de la paz el bien supremo, silenciar los fusiles, y hacer plausibles las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Colombia se comprometió con la comunidad internacional a transitar hacia una economía amable con el medio ambiente y más resiliente a los efectos del cambio climático.

En tercer lugar, es urgente y necesario emprender una gran reforma educativa y ética que genere nuevas sensibilidades, capacidades creativas y de innovación que nos acerque a la sociedad del conocimiento, del aprendizaje y de la cuarta revolución industrial (4Ri) y la tercera agrícola y rural.  

Para ello hay que retomar las experiencias exitosas que se han comenzado a transitar en colegios y universidades, públicos y privados, tales como el Liceo Campo David de Tunjuelito, el Instituto Alberto Merani, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y los maestros de colegios públicos de Boyacá, Santander y Nariño, donde la preocupación por formar la sensibilidad, la empatía y los valores de los jóvenes estudiantes, se ha convertido en una prioridad de sus currículos pedagógicos y académicos.

Tal como lo señalo recientemente José Fernando Isaza, en su columna de El Espectador: Fecode y el magisterio nacional tiene que entender que la justa reclamación de los derechos de los maestros tiene que ir de la mano de los derechos y resultados de sus estudiantes. 

Cerrar la brecha educativa tiene que ser un compromiso del nuevo gobierno y toda la comunidad educativa.

Luis Alfredo Muñoz Wilches

13 de abril de 2022

Adenda 1: Algo muy podrido debe haber en la Casa de Nariño,  para que el presidente Duque le diera mensaje de urgencia a una ley que busca regular el empalme con el nuevo gobierno, impidiéndole el acceso a lo que denominan “información confidencial” y de “seguridad nacional”. ¿Será que en Palacio están muertos del susto con el inminente triunfo de Gustavo Petro, que quieren barrer por debajo de la alfombra roja, toda la podredumbre de este gobierno?

Adenda 2: Muy costosas le están saliendo las mentiras de Duque sobre la implementación de los Acuerdos de Paz, que en la última reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la mayoría de los países miembros le sacaron tarjeta amarrilla y Rusia le impuso la roja.

Adenda 3: El favoritismo descarado del gobierno de Duque en favor del candidato de sus preferencias y de su partido, parece que no le está funcionando bien, porque el candidato de la oposición sigue sumando puntos en las encuestas cada vez que Duque sale a ofenderlo.

La mano de dios

“Es una responsabilidad moral que ningún ser humano puede eludir: 

frenar los intereses de los grupos industriales armamentísticos” 

Albert Einstein

La expresión “La mano de Dios” se convirtió en una leyenda universal cuando la magia de Maradona metió el gol que le dio el triunfo, en la final del campeonato Mundial de fútbol México 86. En el momento que Argentina se enfrentaba a Inglaterra que, con su poderosa flota naval, había invadido las Islas Malvinas para establecer allí una base militar que humillaba la dignidad de pueblo argentino. 

Por esas razones la respuesta de Maradona quedo gravada en la historia, no solo del futbol, sino de las relaciones internacionales: “marque este gol con la cabeza y de la mano de Dios” 

Cuarenta años después, el genial director Paolo Sorrentino, retoma este hecho histórico para titular su película de los años del confinamiento “Fue la mano de Dios” (2021), donde recrea la turbulencia del Nápoles de los años 80, que coincide con la llegada del ídolo argentino al club Napolitano.

Pero está vez, la tragedia va de la mano del relato nostálgico de iniciación de un joven italiano al deseo, al cine, a la vida y, también, a la frustración y a la pérdida. Al mejor estilo Felliniano, el director recrea la atormentada vida interior de un joven que, al igual que nosotros, se siente perdido en el complejo mundo contemporáneo.

La complejidad de la situación mundial actual tiene, con lo que está ocurriendo en Ucrania, un capitulo especial. La incertidumbre global sobre el futuro del planeta, la desorientación que causan los fake news, la agudización de la crisis mundial del capitalismo y la creciente frustración de los ciudadanos por la incapacidad de los gobiernos para afrontar los desafíos derribados de la pandemia, el cambio climático y los enfrentamientos bélicos, constituyen factores determinantes de la complejidad y la confusión actual.

La invasión de Rusia a Ucrania y la profundización de las políticas militaristas de la OTAN, han abierto la caja de pandora, profundizado los temores de la humanidad sobre la posibilidad de una conflagración bélica de incalculables consecuencias.

La proliferación de mensajes falsos y la desorientación que causan las declaraciones panfletarias de distinto cuño ideológico, requieren una reflexión más sosegada y creíble que arroje luces sobre lo que realmente está ocurriendo en Ucrania.

Sorprende ver como muchos “influencers” despistados, políticos de pacotilla y medios amarillistas, no esperaron que cayeran las primeras bombas sobre Kiev, Járkov o Irpin, para rasgarse las vestiduras y desplegar su arsenal de diatribas y condenas, a favor o en contra de las fuerzas en contienda, sin tomarse la molestia de verificar las fuentes y/o afinar los argumentos para expresar sus opiniones y arrojar luces sobre está conflagración y sus efectos en el sistema internacional. 

En nuestro país, ocurrió recientemente que la desacertada expresión de: “Qué Ucrania ni que ocho cuartos”, le valiera a Petro ser calificado como un aliado del “comunismo internacional” y socio de Putin.

En el contexto internacional la guerra en Ucrania es, como lo dijera Clausewitz, la continuación de la política expansionista de Rusia y la OTAN por otros medios. La cual se venia fraguando casi desde comienzos de la “Guerra Fría” (1948-1991), cuando el enfriamiento de las tensiones entre el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y la Unión Soviética, escaló en una la carrera armamentística que acumuló un poder nuclear destructivo equivalente a dos veces más la capacidad suficiente para desaparecer el planeta tierra. 

Ante este trágico escenario, conocido como el ‘Reloj del Juicio Final’, los dos bloques del poder hegemónico optaron por una estrategia de disuasión y enfrentamientos bélicos de baja intensidad, en los llamados países satélites. Fue así cómo, durante la segunda mitad del siglo XX, el mundo asistió a un hervidero de guerras localizadas lejos de los epicentros de poder de Washington y Moscú, con la constante intervención militar de Estados Unidos y Rusia; configurando así un orden internacional con un precario equilibrio geopolítico del llamado mundo bipolar.   

Con la caída del muro de Berlín (1989) y la disolución de la Unión Soviética, se dio inicio a un nuevo orden internacional, estructurado al rededor del modelo de la “globalización neoliberal”, donde los Estados Unidos se erigió como la locomotora de la esta nueva fase de acumulación y hegemonía del capitalismo trasnacional. En lo que Francis Fukuyama llamó “el fin de la historia” (1992). 

Esta reconfiguración del sistema internacional globalizado, no suprimió las contradicciones culturales del capitalismo ni los enfrentamientos bélicos, sino que le dio un nuevo marco en la economía globalizada. Donde los agujeros negros de las relaciones internacionales le cedieron el paso a dos tipos de tensiones y enfrentamientos: de un lado, los acuerdos comerciales y la integración subregional para ampliar los mercados; y por otra parte, la intensificación de los enfrentamientos bélicos de “baja intensidad” por la ampliación de las hegemonías. 

En este contexto, la OTAN ha jugado un papel protagónico, tanto en la expansión del escudo de contención a Rusia, como en su rol de plataforma transoceánica para el lanzamientos de las incursiones militares norteamericanas en África y Asía.

En relación con su rol de gendarmería, la OTAN promovió desde finales del siglo pasado la anexión de países del mar Báltico como Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Rumania y Hungría. Países que habían estado en la órbita de la Unión Soviética, aislando aún más a Rusia y estableciendo una reconfiguración del mapa geopolítico de la Europa Central. 

Los rusos siempre han considerado la expansión de la OTAN en esta zona como una amenaza a su seguridad. Incluso, el presidente Putin declaró (VTB, 2021) que su línea roja sería el despliegue de los sistemas de ataque masivo de la OTAN en el territorio ucraniano.

En estas circunstancias, le decisión de Rusia de invadir a Ucrania, el pasado 24 de febrero, tiene una parte de explicación en el temor de Putin a que esas amenazas se hicieran realidad con el ingreso de Ucrania a la OTAN en el año 2022. De otra parte, está su interés por utilizar el conflicto con Ucrania para retomar la vocación imperialista rusa, y provocar un cambio geopolítico en Europa central.   

El conflicto entre nacionalidades rusas, en la región del Báltico, tiene una larga y trágica historia, que se remonta a los inicios de la revolución bolchevique, cuando Stalin (1924) decide abandonar la doctrina leninista sobre la “autodeterminación de las nacionales rusas” y, en su lugar, imponer a sangre y fuego la anexión de Ucrania, Georgia y demás pequeñas nacionalidades de la región de Bielorrusia, para conformar la Unión Soviética.

El actual presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, representa ese legado del nacionalismo ucraniano, que desde el año 2014 viene sosteniendo una cruenta guerra interna contra los separatistas prorrusos de las autodenominadas repúblicas independentistas de Donestsk y Lugansk, que ha dejado más de 15 mil muertos. 

La tragedia en curso, además del saldo en vidas humanas, de los miles de víctimas y refugiados y de la destrucción de la infraestructura del país del Zarato ruso, puede tener un desenlace que podría provocar un cambio en la geopolítica europea y del mundo entero.

Si Putin logra sus propósitos expansionistas, doblegando la voluntad independentista del pueblo ucraniano, Ucrania perdería su importancia geopolítica y económica heredada de los arreglos del nuevo orden internacional y, Rusia se convertiría en el gendarme de la otrora Unión Soviética. Escenario poco probable dada la superioridad moral de los ucranianos, frente a la inmensa superioridad militar de los rusos. 

Otro escenario, más realista, es una negociación para mantener la independencia limitada de Ucrania a cambio del disentimiento de las pretensiones del despliegue de los sistemas de ataque masivo de la OTAN en el territorio ucraniano. Negociación que podría ser conducida con la mediación de China, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y país amigo de Rusia. 

Este escenario, más probable, significaría pérdida de la importancia geoestratégica de Ucrania y de la Unión Europea y la reconfiguración de la geopolítica global. Lo cual sería una consecuencia lógica de las transformaciones económicas y geopolíticas que se han venido dando en el nuevo orden internacional de la globalización. Donde el epicentro del comercio internacional se desplazó del Atlántico al Pacífico y los países del Asía Pacífico, como China, Japón, India y Corea, han tomado la delantera en la desbocada carrera de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) que significa la cuarta revolución industrial (4ri).

Mientras tanto, Europa, Rusia y los Estados Unidos continuaran atados al vagón de cola de los combustibles fósiles. Es un hecho evidente que, la mayoría de los países europeos dependen de la importación del gas y el petróleo ruso. Incluso, el presidente Biden ha tenido que revisar recientemente sus maltrechas relaciones con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, buscado asegurar la provisión de la gasolina y el petróleo ligero venezolano.

En la era actual del antropoceno, este escenario del conflicto bélico de Ucrania podría profundizar el desequilibrio entre el aumento creciente del consumo de recursos naturales y fósiles, y la capacidad de resiliencia de los ecosistemas naturales para mantener el ritmo de crecimiento actual de mundo globalizado. Lo cual puede desembocar en un verdadero cataclismo planetario.

Por estas razones, es necesario que los diferentes gobiernos, la dirigencia política, la opinión pública y los organismos internacionales, como lo dijera Maradona, enfrenten estos grandes desafíos con mucha inteligencia humana, pero también con “la mano de dios”, para detener el “reloj del juicio final”, desacelerar el calentamiento global y frenar la destrucción de los recursos naturales. Solo así podremos vivir juntos y en paz con la naturaleza y con dios, cualquiera que sea la idea que tengamos del Él.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Marzo 11 de 2022

 

Posdata 1:

La inflación continuó disparada y alcanzó la cifra histórica del 8,01% en el mes de febrero, aupada por el alza generalizada en el precio de los alimentos (23,3%) y las expectativas del incremento de los precios de los combustibles fósiles, sus materias primas derivadas y la apreciación del dólar, que está provocando la guerra en Ucrania. ¿Será que el Banco de la República continuará con su brillante cabeza medita en la arena movediza del control monetario y la subida de las tasas de interés?

Posdata 2:

El próximo domingo trece comienza el cambio político del país. Todas las encuestas auguran el triunfo del Pacto Histórico, de la coalición de centro izquierda y de las listas independientes, que según las cábalas electorales serán las nuevas mayorías en el Congreso de la República. Mientras tanto las rémoras del CD y de la coalición de la “experiencia” intentarán frenar está debacle haciendo uso de sus acostumbrados métodos clientelistas y corruptos de la compra de votos y el constreñimiento de los electores. ¿Será que la Registraduria del Siglo XXI, no verá este elefante del fraude electoral que ya comenzó a andar en los puestos de votación de los consulados de Colombia en la Florida y Canadá?

Posdata 3:

A petición de Moscú, este viernes 11 de marzo se reúne con urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para escuchar las quejas rusas sobre la producción y uso de armas químicas en la guerra de Ucrania. ¡Fuera de ladrón, bufón!

¿De vuelta al Proteccionismo?

 “Los políticos suelen ser a menudo esclavos de algún economista difunto”

John M Keynes

La discusión entre el proteccionismo y la apertura económica ha vuelto a colocarse en el centro del debate de la económica política del país, gracias a la propuesta de Gustavo Petro de aumentar los aranceles para proteger la producción nacional. “Así sea un debate anacrónico, hay que darle la bienvenida”, manifestó Juan Camilo Restrepo en su columna del Nuevo Siglo. Y agrego que, los demás candidatos andan empantanados en unas mezquinas rencillas personales.

Paradójicamente, las discusiones a cerca de las relaciones entre el comercio internacional y el desarrollo de las naciones siguen siendo tan importantes y controvertidas como hace dos siglos, cuando los padres de la economía clásica (Smith, Ricardo y Marx) se trenzaron en una ardua, pero fructífera discusión sobre las ventajas y desigualdades que genera el libre comercio entre países con niveles de desarrollo claramente diferenciados. 

En el mundo contemporáneo, los diferentes obstáculos interpuestos al libre comercio por parte de los países desarrollados han sido tan frecuentes, como el fracaso de las recomendaciones neoliberales de los organismos multilaterales a los países en desarrollo.

A pesar del acuerdo logrado en la Ronda de Uruguay (1982), que dio origen al más ambiciosa reforma del sistema mundial de comercio, los países más desarrollados mantienen elevadas barreras de protección a sus economías para favorecer su crecimiento. Tanto los EE. UU como Japón y los países de la Comunidad Europea (CE), conservan esquemas arancelarios y sanitarios que favorecen la producción de bienes y materias primas agroindustriales, consideradas estratégicas para la soberanía alimentaria de sus países.

Por el contrario, la mayoría de los países en desarrollo, como Colombia, siguiendo los dictámenes “Consenso de Washington” (1989), adoptaron reformas económicas neoliberales para lograr la estabilidad macroeconómica, la superación de la pobreza y el crecimiento económico.  

Treinta y dos años después, el país enfrenta los mayores desequilibrios macroeconómicos de su historia reciente, como consecuencia no solo del deterioro de los términos de intercambio, sino del fracaso de las políticas neoliberales.

El extraordinario aumento del déficit de la balanza comercial, que alcanzó la preocupante cifra del -6,4% del PIB, es el resultado no solo del mayor aumento de las importantes (40,8%) sobre las exportaciones (23,7%), sino de las malas políticas comerciales del gobierno de Duque. 

De una parte, el incremento del valor de las exportaciones tradicionales ha sido provocado por los choques externos, que hicieron subir los precios de los productos básicos en plena pandemia (carbón, petróleo, azúcar, café, etc.), más que por un aumento en la productividad y/o especialización productiva del país.

De otra parte, el aumento de las importaciones de alimentos, materias primas agroindustriales y productos manufacturados ha deteriorado los términos de intercambio, poniendo en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria y empobreciendo aún más el trabajo de los colombianos. 

Está difícil situación de la economía colombiana se ve refleja en el aumento de la pobreza (42,5%), el desempleo (13,7%) y el alza generalizada del nivel de precios internos, que alcanzó la cifra record del 6,9% en enero pasado y, particularmente, en el incremento del precio de los alimentos (19%); lo cual disparó las alarmas de la FAO en su más reciente informe sobre la seguridad alimentaria, al ubicar a Colombia, al lado de Haití, como los dos países de América Latina y el Caribe con mayores riesgos de hambrunas en el mundo.

Por estás poderosas razones, la propuesta del Pacto Histórico de acudir a políticas proteccionistas de emergencia, parece razonable y asertiva. Siempre y cuando, estas políticas sean lo suficientemente flexibles e inteligentes para enfrentar la situación de crisis que vive el país en materia de empleo y escasez de alimentos.

De acuerdo con la teoría del comercio internacional, una solución subóptima es aquella en la cual todos los actores sociales ganan un poco, aún a costa de una pérdida relativa de bienestar. En nuestro caso, una explicación muy sencilla es que la intervención del Estado, mediante subsidios o tarifas de protección, puede lograr una mayor eficiencia en la asignación de los recursos y, al mismo tiempo, mejorar el bienestar general de la población. ¿Cómo se explica está paradoja? 

Cuando un país, como es el caso de Colombia, se ve enfrentado al dilema trágico entre la escasez relativa de alimentos y, al mismo tiempo, a mayores costos privados para ampliar su oferta interna, se requiere la intervención del Estado para proteger la producción interna de alimentos y materias primas agroindustriales y, simultáneamente, mejorar la productividad; de tal manera que todos los actores ganen. 

Para ello se necesita una política integral de sustitución de importaciones que combine el alza de las tarifas arancelarias de protección con una política de subsidios e incentivos a la producción interna. 

Lo óptimo sería que los nuevos ingresos del Estado, provenientes del alza de las tarifas arancelarias, se destinaran a subsidiar -en el corto plazo- la importación de insumos y maquinaria agrícola y, al mismo tiempo, promover las mejoras de productividad, a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i).

Solo una política integral de protección, fomento y asignación eficiente de los recursos públicos asegurará el éxito de unas políticas proteccionistas flexibles, eficientes e inteligentes que tanta falta nos hacen para hacer del país una verdadera despensa agrícola mundial.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Febrero 19 de 2022 

Postre 1

Ante el estrepitoso fracaso de su campaña, Alejandro Gaviria, candidato de la centro-esperanza fue a la casa del Cesar, con el rabo entre las piernas, a solicitarle su aval, y salió con un palmo de narices … Jijiji quiero dulces para mi

Postre 2

La andanada de acusaciones que sostienen los medios, elites políticas y algunos jueces venales, solo tiene un propósito: frenar el inminente triunfo electoral de Gustavo Petro, ha dicho candidata al senado Piedad Córdoba. Cómo dice la famosa canción de la Guarachera de Oriente: Songo le dio a borondongo, Borondongo le dio a bernabé, Bernabé le pegó a muchilanga, le echó a burundanga Les hinchan los pies ….  

Postre 3

Algo muy podrido debe haber en la zaga criminal de corrupción, compra de votos, y triángulos amorosos, que destapó la exsenadora Aida Merlano y que involucra a los poderosos clanes Char-Gerlein de Barranquilla, para que las altas esferas del gobierno nacional estén “muertos del susto”.

 

Convivir con los benitos

Conocí a la hoy senadora del CD, María Fernanda Cabal, en unas circunstancias muy particulares. Eran los comienzos de la década del 2010 y asistíamos a un foro de socialización de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), donde el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, presentaba las políticas de tierras y desarrollo rural del primer gobierno de Santos. 

En ese momento la senadora Cabal, fungía como presidenta de Fundagán, una fundación de bolsillo creada con el propósito de “visibilizar las denuncias de los ganaderos víctimas de la violencia”, y su esposo, José Félix Lafaurie, era el poderoso presidente de Fedegán. 

La senadora estaba acompañada de dos “reclamantes de tierras”, que habían sido traídos desde el Urabá Antioqueño, donde se vivía un agudo enfrentamiento entre los llamados adquirientes de tierras de “buena fe” y los campesinos víctimas del desplazamiento forzado y del despojado de tierras. La senadora y sus acompañantes se fueron lanza en ristre contra las comunidades de paz del Urabá -ganadoras del Premio Nacional de Paz- y contra el padre Francisco de Roux, a quienes acusaban de ser aliados de las Farc. Pero el incidente no paro ahí, sino que se fue transformado de moreno a castaño. De tal manera, desde ese momento pude comprobar que estábamos frente a una mujer literalmente avasalladora.

En esos años, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio -que se constituyó, a partir de la Ley de Víctimas, en el embrión de la Unidad de Restitución de Tierras-, con el apoyo de la comunidad internacional, había logrado documentar el despojo de más de 115.000 predios rurales, equivalentes a 4 millones de hectáreas en 885 municipios. 

Uno de los casos más emblemáticos tuvo lugar en la región de Tulapas, ubicada en el norte del Urabá antioqueño, donde las AUC con la abierta participación del Fondo Ganadero de Córdoba y Urabá, habían consumado el despojo de cerca de 20 mil hectáreas, afectando a más de 120 familias beneficiarias de la reforma agraria.

Este caso se constituiría en el laboratorio del despojo de tierras en Colombia. Las AUC, bajo el mando de Carlos Castaño y, su lugarteniente alias el alemán, desencadenaron una espantosa operación de desplazamiento a sangre y fuego de los campesinos en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. Luego, estos eran abordados por comisionistas y adquirientes de tierras de “buena fe”, que hacían parte del Fondo Ganadero de Córdoba, para que les vendieran sus tierras a Salvatore Mancuso y a varios de sus testaferros a precio de huevo.

Detrás de ese despojo figuran dos san benitos, un gallo y el presidente de Fedegán. 

Los dos benitos de esta monstruosa historia son, Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo y exgobernador de Córdoba, quien relató ante la JEP las andanzas del señor J.F. Lafaurie, y su estrecha relación con Salvatore Mancuso y el paramilitarismo de Córdoba.

El segundo Benito, es Benito Molina Velarde, un afortunado ganadero conocido como ‘el mexicano´, quién amasó una enorme fortuna durante los mismos años que crecía la influencia paramilitar en Córdoba. Cómo su tocayo, se acogió hace unos meses a la JEP para reducir su condena a cambio de la plena verdad. 

Dentro de sus declaraciones, se relaciona la participación de Luis Gallo Restrepo, el otrora prestigioso financista cordobés, Bernardo Vega, el dirigente conservador Julio Manzur, y el poderoso presidente de Fedegán, en el horrendo proyecto de expansión del paramilitarismo en Córdoba y Urabá. 

En el reporte Coronel de este fin de semana, se menciona la existencia de un borrador de documento que da cuenta de la operación del despojo de tierras en la región de Tulapas utilizando como mampara el Fondo Ganadero de Córdoba, bajo la famosa figura del “tercero de buena fe”, que comenzó a hacer carrera como el caballito de batalla de los esposos Lafaurie-Cabal para atacar la ley de víctimas y restitución de tierras. Una pareja perfecta.

En ese momento también se libraba otra gran batalla entre Fedegán y la recién creada Confederación Nacional de Ganaderos (CONFEGAN), por un lado, y por el otro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), por el control de los recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG). 

El ministro de la época, J.C. Restrepo, con base en el Informe de Auditoria de la Contraloría General de la República (CGR), que daba cuenta de por lo menos ocho hallazgos fraudulentos en la administración de los recursos parafiscales por parte de Fedegán, inició un proceso de caducidad del contrato de administración otorgado mediante la Ley 89 de 1993 a Fedegán. 

Los hallazgos se referían principalmente a: la falta de transparencia en el manejo fiscal y administrativo de los recursos del FNG y el acceso a la información pública; la ausencia de democracia interna y representatividad gremial de los pequeños ganaderos en la toma de decisiones de los Fondos Departamentales del Ganado y de los Comités de ganaderos; la confusión y poca transparencia entre los gastos del FNG y Fedegán; y los abusos en el uso discrecional de los datos personales de los ganaderos por parte de Fedegán.

Con las contribuciones parafiscales de los ganaderos colombianos, que en su momento ascendían a aproximadamente noventa mil millones de pesos anuales, los poderosos señores Jorge Visbal Martelo y José F. Lafaurie, habían decidido convertir al FNG en inversionista de la ineficiente y poco transparente empresa Frigoríficos Ganaderos de Colombia (FRIOGAN S.A.), poniendo en riesgo el patrimonio de los ganaderos, pese a las advertencias de la CGR. 

Un segundo hallazgo de la Contraloría se refería a las dificultades en el acceso a la información pública y las inconsistencias en las cifras de los ciclos de vacunación y la compra de las vacunas. Igualmente, varios Comités departamentales de ganaderos habían hecho pública su inconformidad con la falta de representatividad de los pequeños ganaderos y la ausencia de democracia gremial al interior de Fedegán. Malestar que llevó a varios Comités a retirarse de la Federación y formar rancho aparte en la nueva confederación de ganaderos (Confegan).

Otro hallazgo de la CGR se refería a la poca transparencia en el manejo de los gastos administrativos y las reiteradas confusiones entre las cuentas del FNG y la Federación. En un `memorial de agravios’ levantado por Confegan, se señalaban los reiterados pagos de viáticos a los miembros de la Junta Directiva de la Federación por su participación en las reuniones del FNG. En particular, se encontraron giros por montos cercanos a medio millón de dólares a las cuentas bancarias del expresidente Visbal en el exterior, sin ningún tipo de justificación.

Así mismo, Fedegán le hizo entrega de información personal de los ganaderos de Córdoba y otras regiones a los paramilitares, quienes la utilizaban para presionarlos electoralmente en la votación por las listas de sus candidatos.

Este conjunto de hechos delictivos fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y las autoridades judiciales, sin que hasta la fecha se hubieran adelantado las investigaciones correspondientes.

Solo ahora, con el concurso de la JEP y de las investigaciones adelantadas por la Comisión de la Verdad, se ha comenzado a debelar el entramado de corrupción y felonía que hundieron los esposos Lafaurie-Cabal.

¿También caerán? 

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, enero 23 de 2022

Postre 1

El espectáculo mediático que armó el Fiscal Barbosa para entregarle a la aturdida ‘opinión pública’ el vertiginoso resultado de las investigaciones del crimen del reconocido estilista y su madre, habla bien de la fiscalía y muy mal del Fiscal.

Postre 2

Las primeras reacciones del presidente de Fedegán de señalar que las acusaciones en su contra forman parte de una campaña de persecución de la izquierda, no solo demuestran lo atortolado que está, sino el cinismo de su convivencia con las convivir.

No mires arriba ni atrás …

“Nada fortalece más el autoritarismo que el silencio” 

Leonardo Da Vinci

“No mires arriba” (Don´t look up) es ese tipo de película que uno tiene que ver, en medio de bostezos, con la curiosidad de llegar hasta el final para entender por que ha tenido una acogida tan espectacularmente dispar. 

De una parte, la inmensa aceptación de un público que la convirtió rápidamente en la 1ª tendencia en Colombia y en la 3ª película más vista en el mundo, con cerca de 120 millones de espectadores. Del lado de la crítica ha sido calificada como un bodrio aburrido y un plagio del famoso episodio de los Simpson, “El Cometa de Bart” (1990). En ambas, se utiliza el mismo argumento de la saga de ciencia ficción Armagedón (1998), de un meteorito que destruirá la tierra, para demostrar como la estupidez humana puede provocar la destrucción del planeta.

En esta parodia -de uno de los directores `looser´de Hollywood- el fin del mundo se presenta como una escena apocalíptica donde políticos mediocres, ricachones cínicos, medios de comunicación banales y ciudadanos negacionistas, se dan cita para contemplar en la pantalla chica, el trágico desenlace de un mundo irremediablemente destinado a explotar en mil pedazos.

En nuestro país del ´Sangrado Corazón de Jesús`, la realidad supera con creces la ficción. 

Desde hace varios meses el superyó, el supremo, lo venia advirtiendo con sus twitter apocalípticos de “ojo con el 22”, y al despedir el año lo pudo confirmar cuando en la encuesta Invamer 50, registró el indice de favorabilidad más bajo en los últimos 25 años del régimen uribista. Paradójicamente, esto ocurre cuando las luces del opaco mandato de su ungido comienzan a apagarse y la imagen del presidente Duque caé al nivel más bajo de desaprobación de los mandatarios colombianos en los últimos tiempos (72%), quien solo atina a expresar que esto le ocurre por que los colombianos no comprendemos la grandeza de su perfección (sic!). 

El fin del oprobioso régimen ocurre en medio de una escena donde, el mandatario trata de convencerse a sí mismo que su ficción de un mundo ordenado y feliz, no funciona por culpa de una realidad que no encaja en su paranoica idea de la perfección. 

Y, cómo era previsible en momentos cómo estos, la oligarquía y la élites depredadoras estaran preparando sus cámaras criogenéticas para transportarse a los nuevos paraísos fiscales, donde pudieran disfrutar de sus enormes fortunas, amasadas con el sudor, lágrimas y sangre de miles de desposeídos, violentados y exprimidos trabajadores y contribuyentes.

Sin embargo, en medio de este cuadro apocalíptico, está la esperanza de millones de ciudadanos colombianos de que “las estirpes condenadas a cien años de soledad, tendrán una oportunidad sobre la tierra”

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Enero 7 de 2022

 

Postre 1:

La frontera caliente del Arauca vibrador es ahora el escenario de una nueva masacre, está vez por cuenta de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales del ELN y las disidencias de las Farc, atizados por la contrainteligencia del Ejercito y pagados con los dólares del petroleo sangriento.

 

Postre 2:

La mano dura y la cabeza caliente del imputado expresidente Uribe quedo reflejada de cuerpo entero cuando decidió hacer su campaña electoral pidiendole el votico por el CD a las estatuas.

Lo bueno, lo malo y lo feo de las elecciones a Consejos de Juventud

“Las cosas son y parecen ser, y nada aparenta

el secreto de la vida que lleva.”

Manía de la duda, Fernando Pessoa

En medio de la apatía generalizada, denuncias de fraude y la persecución a los líderes de la primera línea, se llevaron a cabo los comicios para la elección a los nuevos delegados a los Consejos Municipales de Juventud -CMJ-. Una figura creada por la Ley 1885 de 2018, mediante la cual los integrantes de los CMJ deben ser elegidos en votación directa de los jóvenes que hacen parte del censo electoral. Según la Registraduría, el censo lo conforman dos grupos: uno de mayores de 14 a 17 años, incorporados al censo en el lugar donde se expidió la tarjeta de identidad, y otro entre los 18 y 28 años, incorporados según la circunscripción donde se encuentren habilitados.

De acuerdo con el censo (Dane, 2018), los jóvenes en Colombia son 12’537.557, el 49,6% mujeres y 50,4% hombres; una fuerza electoral determinante, capaz de elegir el próximo presidente de Colombia. A pesar de esto, los jóvenes solo comenzaron a tener un reconocimiento formal, a través de la expedición del Estatuto de Juventudes (2018). Pero fue solo mediante el estallido social del S19 y, particularmente, del A21 que el país se dio cuenta de sus necesidades y frustraciones. Situación que la pandemia del Covid 19 exacerbó, disparando los índices de pobreza, desempleo y exclusión de este grupo de población.

Por esas razones, el profundo malestar de una juventud inconforme se transformó en un torrente incontenible que desbordó los estrechos causes institucionales y se tomó las calles para hacer sentir sus voces de protesta. La respuesta del gobierno Duque fue desconocer estos reclamos y desatar la más brutal represión policial, que tubo un altísimo costo en vidas humanas. 

Hoy, siete meses después, las denuncias de violación de los DDHH (CIDH, 2021) permanecen en la impunidad y, por el contrario, la fiscalía ha desatado una embestida judicial contra los líderes de la protesta juvenil en todo el país. Durante las últimas semanas han sido detenidos más de doscientos integrantes de la primera línea, acusados por delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte y trafico de objetos peligrosos (léase escudos, cascos y guantes), secuestro y tortura de servidores públicos e instigación para delinquir con fines terroristas. Delitos que suman penas de más de 25 años de cárcel. Esto ocurre al mismo tiempo que los responsables de asesinatos, torturas, y lesiones personales de más de 4.680 victimas de la violencia policial permanecen libres.

Esta semana se conoció un nuevo informe periodístico sobre la investigación adelantada por el grupo “Cero Setenta” de la U. de los Andes, con el apoyo de la agencia de noticias públicas FAByB, que da cuenta del evidente planeamiento y la complicidad de las autoridades de policía de Pereira con los perpetradores del crimen de Lucas Villa.

Estas dolorosas circunstancias señalan las razones por las cuales los jóvenes sienten una profunda desconfianza con el gobierno actual y carecen de credibilidad en las instituciones públicas. De acuerdo con la encuesta sobre percepciones (U. Rosario, 2020)[1], los jóvenes desconfían profundamente de instituciones como la policía (71%), las autoridades locales (77%), la presidencia (87%) y el congreso (88%). Igualmente, la más reciente encuesta de Invamer señala que la imagen del presidente Duque cayó 16 puntos y alcanzó el 70% de desaprobación.

En este contexto, la convocatoria a los jóvenes a participar en el proceso electoral cayó en el vacío del escepticismo y la apatía. De una parte, el desconocimiento de la mecánica electoral y, de otra, la falta de información oportuna y las fallas en el diseño del tarjetón electoral, frustraron la posibilidad de participar en este simulacro de representación política.

Los resultados del reciente proceso electoral señalan que los votantes fueron menos de 1,28 millones, con una abstención del 90% y casi 300 mil votos nulos. Lo cual señala las grandes fisuras existentes en el sistema electoral colombiano, y particularmente, el pésimo manejo de este proceso por parte del registrador nacional, quién afirmó sin sonrojarse: “lo importante no son los votos, sino el ejercicio democrático”. 

En materia de la participación política, los resultados nos dejan un sabor agridulce. La proliferación de listas (7.824) y candidatos (41.825), donde predominaron las listas de los partidos y movimientos políticos (54,2%), seguidos de las listas independientes (28,2%) y de listas que representaban procesos y prácticas sociales (17,5%), señalan la profunda atomización de los procesos de organización política juvenil.

Como era de esperarse, en este río revuelto de intereses y representaciones, la ganancia la obtuvieron los partidos políticos que lograron el 56,4% de los votos, mientras que los independientes alcanzaron el 29% y las listas de los procesos y prácticas organizativas de las juventudes solo el 14,5% de los votos. Demostrando una vez más que, con la famosa “operación avispa”, los partidos tradicionales siempre obtendrán una cosecha electoral. 

Esta vez la “cosecha” de votos, fue facilitada por la resolución 15881 de la Registraduría, expedida subrepticiamente la noche anterior (4 de diciembre) al día de las elecciones (05/12/2021), por medio de la cual, el avezado registrador Alexander Vega, autorizó a los jóvenes entre los 14 y 17 años a votar en cualquier puesto de votación, diferente a donde se hallaban inscritos. Abriendo así la compuerta a cualquier tipo de fraude (múltiple votación de la misma persona o la trashumancia electoral) y cambiando las reglas del juego a último momento, tal como lo advirtió la Misión de Observación Electoral.

Por las anteriores razones, se puede colegir que la abstención electoral -al igual que el voto en blanco- no constituye ningún tipo de sanción social sino la expresión de una “enfermedad infantil “, que se caracteriza por una precaria cultura política que facilita el predominio de los intereses de las maquinarias electorales, acostumbradas a aceitar los procesos electorales con prebendas que les garantizan la consecución de votos y la manipulación de los resultados.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 13 diciembre de 2021

Postre 1:

La última “jugadita” del HP, César Lorduy, de la bancada de Cambio Radical y cercano al Clan Char, de incluir un articulito (art 68) en el proyecto de ley anticorrupción que ordena cárcel a los periodistas que denigren de un funcionario público, es un atentado contra la libertad de expresión y constituye un descarado intento de imponer la mordaza a la libertad de prensa.

Postre 2.

Ante la presión de los organismos defensores de la libertad de prensa y de escandalo internacional, el presidente Duque tuvo que salir a regañadientes a solicitarle al Congreso el retiro de articulito Lorduy, que intenta imponer una mordaza a la prensa independiente. Esperamos que no sea solo un arrepentimiento de dientes para afuera, como nos tiene acostumbrados el presidente, en materia de defensa de los DDHH.

Postre 3:

La senadora Angélica Lozano abandonó la tolda de los verdes para pedir oxigeno en las filas de Ingrid Betancur. Verdes se crían y el oportunismo las marchita.

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[1] Universidad del Rosario y El Tiempo (2021). Encuesta ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?,