El dilema de esta campaña: ¿el cambio para seguir peor?

“También esta noche, tierra, permaneciste firme 

Y ahora renaces de nuevo a mi alrededor. 

Y alientas otra vez en mi la aspiración de luchar 

sin descanso por la existencia humana”

Fausto, Goethe

Los resultados electorales de la primera vuelta dejaron a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández como los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta como dos opciones distintas de cambio. Cabe entonces preguntarse cuál es el tipo de cambio representa cada uno de ellos? Y, si realmente están interpretando el anhelo de cambio de la mayoría de los colombianos que se expresó contundentemente en las urnas? O, por lo contrario, sus propuestas son meros simulacros que nos alejan de la posibilidad del verdadero cambio que necesitamos en el país? O, se trata del viejo truco de las oligarquías colombianas de “qué todo cambie para seguir igual”? 

Las respuestas a estos interrogantes pueden ayudarnos a dilucidar no solo las reales diferencias entre las dos opciones de cambio, sino también nos permite aclarar acerca  del tipo de cambio estamos necesitando en Colombia.

Estanislao Zuleta nos advirtió, en su discurso sobre “El Elogio a la dificultad”, que nuestra principal desgracia no está en que seamos incapaces de lograr lo que deseamos, sino en la forma misma cómo deseamos cambiar. Nuestro pecado original está en que anhelamos volver al mismo estado de cosas del cuál queremos salir!

Después de haber padecido el peor régimen de corrupción, violencia, pobreza, y desigualdad, en la historia reciente del país, las oligarquías que controlan el régimen establecido intentan acomodar el tablero electoral para perpetuarse en él. Tal como lo expresara Nestor Humberto Martínez, uno de los más notable representante de las elites dominantes, en su última columna del diario El Tiempo: “En las elecciones del domingo 19 de junio, los colombianos vamos a votar por el cambio” Y, a renglón seguido llamó a votar por el candidato de sus preferencias, Rodolfo Hernández, a quién calificó como “otro tipo de cambio”.

Se trata, ni más ni menos, del intento a “sotto voce” de las elites dominantes de proponer como “modelo de cambio”, la figura idílica de un conspicuo exalcalde de Bucaramanga que saltó a la palestra presidencial gracias a la cachetada y a los improperios que le propinó a un exconcejal de la capital de Santander, Jhon Claro, por haberse atrevido a increpar su interés indebido en el famoso contrato de manejo de las basuras en Bucaramanga (Vitalogic). Empresa de la cual su hijo y su esposa recibieron coimas. 

Rodolfo Hernández encarna la figura de un “patrón” intolerante, procaz, misógino, xenófobo y aporofóbico, que atropella a sus subalternos, golpea a sus contradictores, desprecia a las mujeres y a los pobres. No de otra manera se puede entender sus frecuentes alusiones a las mujeres como procreadoras, destinadas a las labores del hogar, porque los asuntos del poder son una cuestión de “machos”.

Igualmente, sus referencias a los “pobres hombresitos” que están condenados de por vida a pagar costosas hipotecas para adquirir vivienda propia, que son la “delicia” de los urbanizadores que, como él, se han enriquecido construyendo Viviendas de Interés Social (VIS) con la “chequera” de los dineros públicos.

Para comprender la trágica paradoja que nos plantea Zuleta es necesario volver a las preguntas iniciales, acerca de cuál es el modelo de cambio que está en ciernes de definirse el próximo domingo 19 de junio. 

De un lado, están todos los sectores tradicionales y clientelistas que han usufructuado los privilegios del poder para enriquecerse, acudiendo a un modelo extractivista, que degrada los recursos naturales, socava la biodiversidad, fomenta la minería -legal e ilegal- y el uso intensivo de los combustibles fósiles. Eludiendo el pago de los impuestos que le corresponden, y haciendo de Colombia el segundo país Latinoamericano y el sexto más desigual en el mundo.

Estos sectores están muy preocupados con el malestar social que comenzó a manifestarse con motivo del Acuerdo de Paz, y que se transformó en un estallido social durante la reciente crisis de la pandemia, que aumentó el hambre, la pobreza y el desempleo de millones de colombianos. Protesta que fue brutalmente reprimida por el gobierno del presidente Duque, con un costo de más de 100 jóvenes asesinados y miles de heridos, perseguidos y estigmatizados por las fuerzas armadas. 

Fenómenos éstos que amenazan la tranquilidad y estabilidad de las élites en el poder y la hegenomía del régimen dictatorial y corrupto instaurado por el expresidente Uribe, a comienzos de la primera década del siglo XXI.

Ahora, estos sectores ven en la opción de Rodolfo Hernández, la única posibilidad de frenar el cambio que representa Gustavo Petro, para conservar sus egoístas privilegios. La oferta del candidato de gobernar acudiendo al “estado de conmoción interior”, que le otorga poderes excepcionales para reducir el tamaño del Estado, desmontar las garantías laborales, restingir las libertades y las garantías individuales, e incluso -sí es el caso- acallar las voces de la oposición en el congreso, para eludir el necesario y democrático control político. 

Sin embargo, el uso de este expediente de los regímenes de excepción no es algo nuevo. El expresidente Álvaro Uribe cuando llegó por primera vez a la Casa de Nariño, en el año 2002, decretó la conmoción interior. Y bajo su mandato se incrementaron las violaciones a los derechos humanos, se disparó la violencia contra la población civil, los desplazamientos forzados y la persecución a los opositores del gobierno. Un régimen dictatorial que desató el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como los “falsos positivos” que dejaron un saldo de 6.402 jóvenes asesinados a manos de las FF.AA.

Sin ir más lejos, el gobierno actual del presidente Duque, aprovechó la crisis de la pandemia para declarar el Estado de Emergencia Sanitaria que le permitió hacer uso de los decretos de emergencia y hacerse al control de todas las ramas del poder público, para imponer una verdadera dictadura civil.

De tal manera, que el cambio que propone el candidato Hernández es un giro de 360 grados. Un “circulo vicioso” que nos devuelve al mismo estado de cosas que nos dejó el régimen uribista que gobernó durante los últimos 20 años el país. 

Para encubrir sus reales intenciones, los publicistas y opinadores que dirigen la campaña de Rodolfo Hernández, decidieron envasar este viejo truco en una narrativa aparentemente nueva y remozada. 

Angel Becassino, el publicista que está detrás de la imagen del candidato, en compañía del propagador de la denominada franja amarilla, William Ospina, violando todos los códigos éticos y morales del mercadeo político-electoral pretenden venderle a los colombianos un simulacro de cambio.

El primer código que violan es de la “propaganda engañosa” que consiste en presentar un producto con unas calidades que está muy lejos de poder cumplir. El adalid de la anticorrupción tiene un tremendo “rabo de paja”. Ha sido imputado por la fiscalía y llamado a juicio por un delito de corrupción de interés indebido en la contratación pública.

El segundo criterio ético que desconocen estos publicistas es la falsedad del “imperativo categorico” que, dice el candidato Hernández, lo obliga a actuar correctamente, bajo su lema de campaña: “NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR”. 

Sin embargo, el candidato Rodolfo Hernández miente cuando afirma que no tiene ningún proceso en su contra y que solo se trata de unos “vergajos que le quieren hacer daño”. Lo cierto es que las evidencias del delito de corrupción que ha logrado acopiar la fiscalía son abundantes y concluyentes. Rodolfo Hernández no solo conocía perfectamente las andanzas de su hijo para favorecer a sus socios de Vitalogic, sino que él mismo, siendo Alcalde y estando impedido por la ley, intervino directamente en la escogencia del contratista que habría de encargarse de elaborar los pliegos de la licitación del contrato de las basuras de Bucaramanga.

Por la tipicidad de la conducta del acusado ex alcalde, se le imputan los cargos de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Delitos que le darían entre 6 y 20 años de cárcel en el juicio por corrupción que le inició el juez penal del circuito de Bucaramanga. 

En su reciente gira por el sur de los EEUU, el candidato se negó a responder sobre este tema cuando, en medio de la entrevista que sostenía en la cadena estadounidense Telemundo, los periodistas lo cuestionaron sobre el tema de Vitalogic, sus asesores interrumpieron el set para terminarla abruptamente. En esos momentos el candidato, visiblemente contrariado la emprendió contra el periodista diciéndole: “… usted no puede pretender hacer esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle … yo no me robado un peso, nunca me lo robé” (Sic!). 

Este tipo de incidentes con la prensa, no solo nos recuerdan las “salida de los chiros” del expresidente Álvaro Uribe cuando lo cuestionaban por alguno de los innumerables hechos delictivos en que se vio envuelto durante sus 8 años de gobierno, sino que dejan en evidencia su absoluta intolerancia con la labor de la prensa. 

Además, la explicación manifiesta de Rodolfo Hernández de negar cualquier culpabilidad por el robo de los dineros públicos porque, según afirmó “tiene el alma limpia”, es una clara evidencia de lo que los estudios del psicoanálisis llama una personalidad profundamente perturbada que oculta sus malignos propósitos bajo la máscara de un hombre bueno. “Explicación no pedida culpa manifiesta”, como reza el refrán popular.

En tercer lugar, la decisión del candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción de rehuir el debate público y escudarse bajo el pretexto de una supuesta amenaza contra su vida, denota la ausencia de criterios morales que, según el sociólogo Max Weber, deberían ser el principal compromiso ético de un político profesional: la ética de la responsabilidad. No basta con proclamar la buena intención de no robar o tener el alma limpia para garantizar la transparencia y la pulcritud de sus acciones, sino que cualquier político debe responder primordialmente por sus acciones y las consecuencias que se deriven de ellas. De tal manera, que utilizar medios fraudulentos o contrarios a la ley para alcanzar sus finalidades, así sean estas muy loables, lo hacen responsable como determinador de los hechos de corrupción que se produjeron en el proceso de contratación del frustrado contrato con el operador de basuras Vitalogic y que hoy tiene al municipio de Bucaramanga al borde de perder la demanda interpuesta por el contratista por más de 500 mil millones de pesos.

De tal manera que la apuesta del candidato Rodolfo Hernánez, calificada por la gran prensa como el “otro tipo de cambio”, no es más que un círculo vicioso que nos conduciría a prolongar otros 4 años más el régimen uribista de la corrupción, el narcotráfico y el autoritarismo.

De otra parte, la propuesta del “Cambio por la Vida” que encabezan Gustavo Petro y Francia Márquez, ha sido calificada por la prensa internacional y por muchos académicos, intelectuales y líderes de opinión, en Colombia y el mundo, como un programa progresista y socialdemócrata. El candidato Gustavo Petro propone realizar profundas reformas económicas y sociales que, respetando el marco constitucional vigente, logren disminuir la pobreza y las desigualdades sociales, transforman el aparato productivo, cambien el modelo energético, protejan los recursos naturales y la diversidad de los ecosistemas, incrementen la capacidad de resiliencia y la lucha contra el cambio climático, favorezcan la igualdad de las mujeres y las poblaciones étnicas, consoliden los acuerdos de paz y el desarrollo de los territorios más olvidados, restablezcan las relaciones internacionales y la fortalezcan la soberanía y la intervención del Estado.

Sin embargo, para lograr que esta opción del Cambio por la vida se constituya en una posibilidad real de lograr para Colombia un círculo virtuoso, se requiere sortear grandes retos y desafíos:

El primer desafío es vencer el temor y la incertidumbre de estar frente a un salto al vacío. En una sociedad tradicionalmente conservadora y conformista como la colombiana, la incertidumbre de un cambio genera mucha resistencia, sobre todo entre los sectores que se consideran favorecidos con el estado de cosas actual y entre los grupos de ingresos medios y altos que han logrado cierta estabilidad en sus formas de vida urbana y rural. Lo que en sociología se denomina el statu quo. Es decir, son aquellos sectores que prefieren lo “malo conocido” a “lo bueno por descubrir”.

Electoralmente, estos sectores han estado vinculados a los partidos tradicionales y los sistemas clientelistas que les ha permitido obtener pequeñas dádivas, a cambio de su respaldo electoral. Son, generalmente, lo que Weber llamaría la burocracia profesional. 

Pero también se incluye en este sector a los trabajadores independientes y empresarios que se ven forzados a horadar en la contratación pública para consolidar y/o ampliar sus emprendimientos.

El segundo desafío lo representa la capacidad (o incapacidad) para adaptar y acercar más las narrativas del cambio a las diversas expectativas y dinámicas territoriales. Un esfuerzo en esta dirección, aúnque poco sistemático y desordenado, lo intentó desarrollar Gustavo Petro en sus discursos en las plazas públicas de las distintas regiones que recorrió en la primera vuelta.   

Finalmente, la falta de un proyecto de organización política más sólida permitió que la campaña fuera permeada por una multiplicidad de pequeños intereses y rencillas grupistas entre los diferentes colectivos que configuran el Pacto Histórico y sus aliados. A pesar, del exitoso experimento en la conformación de las listas cremallera, que permitió lograr una mayor equidad en la participación y representación política, no se vislumbra una unidad dentro de la diversidad. De tal manera que solo la voz del líder logra mantener la unidad de acción de la campaña.

Un lamentable mal ejemplo de esto se reveló de cuerpo entero en el escándalo de los llamados “petrovideos”, mediante los cuales la labor de zapa del amarillismo periodístico, puso en la picota pública las discusiones internas de la campaña del Pacto Histórico. Si bien es cierto que en esos videos no se denota delito alguno, ni tampoco la malévola intención de hacer daño a otras campañas, si se dejó ver las “orejas de burro” de los bajos instintos que predominaron en las reuniones de estrategia política de la campaña.

En política como en la vida pública de los dirigentes, se aplica la famosa frase del emperador Julio Cesar “No solo debe ser honrada, sino además parecerlo”

Luis Alfredo Muñoz Wilches,

Junio de 2022

 

 

 

Adenda 1:

Tatyana Janer Orozco, la mujer que irrumpió abruptamente la entrevista que sostenía el candidato Hernández en la cadena estadounidense Telemundo, cuando fue cuestionado por el caso de corrupción en su alcaldia de Bucaramanga, es una avezada comunicadora que lo acompañaba su gira por la Florida y quien ha expresado públicamente su admiración y fanatismo por el expresidente Uribe. ¡Dios los cría y el diablo los junta!

Adenda 2

El candidato Hernández que ha eludido presentarse al debate electoral en Colombia, para no tener que dar explicaciones sobre el juicio penal que enfrenta en Bucaramanga, se fue tranquilamente a los estados unidos a buscar los votos uribistas en Miami, pero le fue cómo los “perros en misa” cuando los periodistas lo interrogaron por estos hechos de corrupción. ¡Cómo quién dice que salió de guatemala para guatepeor!

Adenda 3

Al parecer los “petrovideos” que reveló la revista Semana fueron obtenidos fraudulentamente, chuzando las conversaciones internas de la campaña del Pacto Histórico de su plataforma de zoom, para causar zozobra y desconcierto faltando apenas 8 días para la segunda vuelta. Pero, al igual que muchas de las campañas sucias que ha intentado desatar la revista contra Gustavo Petro, se le han devuelto como un bumerán.

Amanecerá y sabremos a quién le creen los colombianos el próximo 19 de junio.

Sumas y restas

                                                                                                          “En la vida como en la matemática hay que aprende 

                                                                                                                           que todo lo que suma, no suma de verdad 

y que hay restas que suman más de lo que esperamos”

Anónimo

Con los primeros resultados del preconteo del domingo quedó configurado un nuevo mapa electoral en Colombia, que se constituye en el partidor de la segunda vuelta en la disputa por la presidencia del país el próximo 19 de junio.

Tres hechos significativos marcan la nueva geografía electoral del país. El primero lo constituye el triunfo de Gustavo Petro en las regiones periféricas y en la mayoría de las ciudades capitales, donde los colombianos y colombianas votaron por el SI en el plebiscito de la paz del año 2016. Allí, la influencia de la izquierda se amplió y se intensificó, aumentando la ventaja sobre sus competidores, tanto de centro como de derecha. Confirmando así, que el anhelo de cambio y el rechazo al mal Gobierno y a las prácticas políticas corruptas de los partidos tradicionales, lo encarna la propuesta del Pacto Histórico.

El segundo fenómeno lo constituye el sorpresivo triunfó de Rodolfo Hernandez en las regiones del “NO”, donde triunfo a Duque en las elecciones del 2018. En estas regiones del centro y el oriente del país, las maquinarias del clientelismo tradicional han sido dominantes y, recientemente, muy vinculadas al proyecto uribista.

Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió en las zonas rurales de Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes, donde aumentó la participación electoral. Y, particularmente, en los municipios más apartados de la geografía andina, donde se observó un aumentó atípico en la votación por el candidato Hernandez, como es el caso de municipios del norte de Boyacá (Covarachía 78,5%), el oriente de Santander (Cerrito 84,2%, Carcasí 84,1%, Coromoro 88,6%, Encino 88,1%, Onzaga 86%, Macaravita 84,1%, Mogotes 85,7%, Gambita 80,7% y Tona 83,8%) y en el sur de Norte de Santander (Chitaga 79,8%, Silos 88,7%, y Mutiscua 84,3%, ), donde el candidato nunca ha hecho presencia. 

El tercer hecho significativo es el estruendoso fracaso de la candidatura oficialista de Federico Gutiérrez, ungido por el gobierno de Duque y la gavilla del uribismo y de toda la clase política tradicional, que solo logró imponerse en Antioquia, donde había sido Alcalde de su capital durante los años 2016-2019.

En el caso de las regiones periféricas y en las principales ciudades capitales, el ascenso de la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez ha estado precedido por el aumento de los movimientos sociales, la mayor participación y diversificación de las organizaciones populares y un aumento de las acciones colectivas. Fenómenos que han cobrado mayor fuerza y dinamismo a partir de la firma de los Acuerdos de Paz y que contribuyen a la profundización de la democracia participativa y la diversificación de las ciudadanías.

Si bien es cierto, Petro logró posicionarse irremediablemente como el candidato de izquierda, en esta campaña ha transitado por la senda de una mayor moderación, hasta colocarse como una opción socialdemócrata que, sin abandonar las libertades individuales y la economía de mercado, busca transformar el modelo económico en un capitalismo social de mercado. El progresismo de Petro, respetando el ordenamiento institucional -representado en la Constitución Política de 1991- busca impulsar las reformas económicas y sociales que redistribuyan la riqueza, transformen el aparato productivo en una economía más resiliente y aumenten el tamaño del estado y el proteccionismo de la economía nacional.

El fenómeno de Rodolfo Hernandez está asociado con una mayor oscuridad ideológica y una falta de claridad y profundidad de sus propuestas, pero tanto su talante autoritario como su sintonía con la base social de sus votantes, que han sido el cimiento del “embrujo autoritario”, lo colocan como una opción populista de derecha. Poco respetuosa de las instituciones democráticas y de las libertades individuales. 

Por el contrario, la figura de Rodolfo encarna un patrón autoritario, misógino, xenófobo y aporofóbico, que golpea a sus contradictores, irrespeta a las mujeres y desprecia a los pobres, a los cuales se refiere como “pobres hombrecitos” que se dejan explotar por la necesidad y la miseria.

El hundimiento de la candidatura de Federico Gutiérrez representa la derrota de los partidos tradicionales y el distanciamiento de los electores de las maquinarias y los candidatos del establecimiento político colombiano. El resultado electoral de la primera vuelta ha sido un mensaje claro y contundente de rechazo a las élites que han gobernado al país desde la independencia hasta comienzos del presente siglo. Hoy el 72,7% de los electores se identifican con alternativas políticas anti-establecimiento.

Sin embargo, es aún prematuro decir que estamos asistiendo al entierro de las maquinarias políticas tradicionales y corruptas. El mapa electoral de hoy señala un panorama mucho más complejo y diverso, que tiene muchas zonas grises.

En primer lugar, si bien es cierto se profundizó el clivaje electoral del centro-periferia que se venía observando desde las votaciones del plebiscito por la paz (2016), es mucho más notoria la expansión de la influencia de la izquierda desde las regiones más apartadas hacia el centro del país. Y también el crecimiento de los votantes independientes y de izquierda en las ciudades capitales. 

Sin embargo, en los bordes de estas confluencias se expresa un inconformismo que ideológicamente no es de izquierda ni de centro, sino todo lo contrario. De hecho, Rodolfo Hernandez logró capturar el sentimiento anti-establecimiento y reemplazar el uribismo en la región andina y la orinoquía, con un discurso autoritario y demagógico más parecido al discurso de Nayib Bukele en el Salvador (con quien comparte el mismo asesor, Víctor López, un experto en el manejo de redes) o a Silvio Berlusconi. Quienes como empresarios-políticos llegaron al poder mediante campañas engañosas contra la corrupción, cuando al mismo tiempo llevan a cuestas un acervo de corrupción y actos dolosos, que paradójicamente los hace mucho más populares.

En segundo lugar, pese al predominio de votantes de izquierda en las dos costas y de la votación a favor de Rodolfo Hernandez en la región Andina, no se puede hablar de una categórica hegemonía política de estos candidatos en estas regiones. Tanto en la región Caribe como en la zona Andina y la Orinoquia, se observan zonas grises, donde la votación a favor de uno u otro candidato está muy disputada. En las zonas meridional (Montes de Maria) y septentrional (Sur de Bolívar y del César) del Caribe, las votaciones a favor del Pacto Histórico como de Rodolfo fueron muy reñidas. Lo mismo ocurrió en el Eje Cafetero, donde el triunfo de Petro en las capitales de los tres departamentos, estuvo muy contrastado con las amplias votaciones a favor del candidato de la derecha populista en las zonas rurales.

En tercer lugar, en Bogotá el clivaje electoral territorial también se observa entre las localidades de la periferia (Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Rafael Uribe y Usme) donde se impuso por amplias mayorías la candidatura de Gustavo Petro, y las localidades de Chapinero y Usaquén, donde los votantes se inclinaron a favor de Federico Gutiérrez. Mientras que en las localidades de Kennedy y Suba existió una mayor disputa electoral entre los tres candidatos.

Finalmente, la pulverización de la centro-esperanza que, tal vez exceptuando los pequeños reductos de la zona cafetera y Bogotá, desapareció prácticamente en todas regiones del país, donde Sergio Fajardo había obtenido una copiosa votación en las elecciones del 2018. 

Para enfrentar este trizado mapa electoral colombiano, los candidatos a la presidencia deben lidiar con grandes retos y desafíos. 

En primer lugar, Gustavo Petro se enfrenta con el enorme desafío de aumentar la participación electoral en la región Caribe y en la capital de la República, y remontar la votación de las áreas rurales del Caribe, especialmente, en los Montes de María y el sur de Bolívar y del Cesar, donde el candidato Hernandez obtuvo una relativa mayoría en la primera vuelta. Igualmente, es necesario incrementar su votación en las localidades periféricas de Bogotá y remontar la votación que obtuvieron sus rivales en las localidades de Kennedy y Suba.

El segundo desafío lo representa aumentar la votación de la izquierda en la región cafetera, particularmente, en las ciudades intermedias de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. De igual forma, debe enfrentar el reto de remontar la votación en las áreas rurales de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila y, particularmente, en el Tolima. Lo cual implica un giro y una mayor focalización territorial de su estrategia electoral; especialmente en lo relacionado con sus políticas de seguridad ciudadana, protección del agro, reforma integral del sistema educativo y descarbonización de la economía.

En tercer lugar, el mayor desafío del candidato Rodolfo lo representa la consolidación de su votación en la región andina y conquistar el electorado que de le cedió Federico Gutiérrez en su declaración de reconocimiento de la derrota electoral. Es indudable que la joya de la corona la representa el electorado paisa que votó mayoritariamente por Federico pero que duda entre el temor a Petro y la incertidumbre que representa un posible gobierno populista de Rodolfo. Es allí donde mayor competitividad va existir entre los candidatos enfrentados en la segunda vuelta.

Finalmente, la región Andina donde se reside la mayor parte del electorado en Colombia, es donde se va a concentrar la principal disputa política. Allí se configuran tres espacios electorales muy característicos del nuevo mapa político: la región de los Santanderes donde se concentra el bastión electoral de Rodolfo; la capital de la República, las capitales de los departamentos y los centros urbanos industriales donde se concentra la votación de Gustavo Petro; y las zonas de Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima, donde tienen mucho potencial para hacer las mayores sumas y restas para ganar en la segunda vuelta.

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Junio de 2022

Adenda de Sumas y restas:

Suma 1

El 'imperativo categórico' que mejor saber conjugar el candidato Rodolfo Hernandez es "quitarle la chequera" a los políticos y funcionarios públicos para dejar que empresarios como él, se enriquezcan construyendo viviendas de interés social con los dineros del Estado, para que los "pobres hombrecitos" tengan que trabajar toda la vida para pagar la hipoteca de sus viviendas.

Resta 2:

El presidente Duque, en su última salida a Europa, decidió cerrar -con un broche de oro- su más rotundo fracaso electoral, y en una entrevista con la BBC en Londres expresó: “Si pudiera presentarme, estaría en la pelea y sería reelecto” ... Fuera de ladrón bufón

Suma 3

Los nuevos aliados verdes están multiplicando muy bien sus adhesiones al Pacto Histórico. No solo quieren moderar las políticas fiscales y el gasto social de un eventual gobierno, sino garantizar mayor espacio político e institucional para las administraciones de Bogotá, Boyacá, Cali, Cúcuta y Manizales.

 

 

El Bazar de los condenados y los huevos de serpiente

¡No me cubras los ojos para matarme!

¡Dispárame ahora mismo!

¡No me cubras los ojos!

¡Vivo con los ojos, con los ojos abiertos me muero.

Para mi, poema de Ko Un, 1933

Todo estaba dispuesto para que ese lunes 28 de marzo las fuerzas armadas coronaran con éxito un objetivo de “alto valor estratégico” de la operación denominada Mahlon 4.  Desde hacia varios meses, los hombres de la inteligencia del Ejercito y la Fuerza Naval del Sur, habían tenido información de una reunión, que tendría lugar en la vereda del Alto Remanso, donde acudirían Carlos Emilio Loaiza, alias ‘Bruno’, cabecilla del frente 48 que hace parte de las estructuras de la Segunda Marquetalía, bajo el mando de Gentil Duarte, y alias ‘Managua’ perteneciente al Comando de la Frontera (CDF), una cuadrilla ilegal dedicada al tráfico de coca que opera en la frontera entre Colombia y Perú. y las comunidades de indígenas, afrodescendientes y colonos cocaleros que habitan en esta inhóspita región de la pérdida geografía del sur del país.

Mientras tanto, en el Alto Remanso se vivía un intenso y alegre ajetreo. El gobernador del resguardo indígena Kiwcha, Pablo Panduro Coquinche, quien había tomado posesión de su cargo ante el Alcalde de Puerto Leguízamo a comienzo de este año, venía trabajando acuciosamente desde hacia varias semanas en la preparación de una de las actividades que más le apasionaban, la preparación de un bazar que les proporcionaría los fondos necesarios para realizar las obras públicas que el Estado les ha negado y que ayudarían a mejorar el bienestar de su comunidad. 

Incluso viajó varias veces a la cabecera municipal, distante cuatro horas en lancha, para solicitar el apoyo de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), de la asociación de Juntas de Acción Comunal de Puerto Leguízamo y de las autoridades municipales. Se hizo acompañar también del presidente de la JAC del Alto Remanso, el joven líder social Divier Hernández. Pero, al igual que lo padecen la mayoría de los habitantes de estas inhóspitas regiones, fueron detenidos a la entrada al Puerto por los soldados de la Fuerza Naval del Sur para una requisa. Es muy frecuente que en estas requisas los visitantes reciban amenazas y maltratos por parte de los militares, para los cuales los campesinos, colonos e indígenas que habitan en estas apartadas regiones son solo peligrosos delincuentes.

Los bazares son una alegre fiesta comunitaria, muy utilizada por los Colombianos de todos los estratos sociales para recolectar fondos que les permitan auto gestionar obras de beneficio colectivo. Se sabe que esta extendida costumbre proviene de la influencia árabe, quienes la ha usado desde tiempos inmemoriales como un lugar de intercambios mercantiles. Sin embargo, en el país del sagrado corazón, los bazares son también un lugar de encuentro, de intercambio de favores, y de afirmación de los lazos sociales. De allí deriva su fuerza cultural y simbólica como un mecanismo de reconstrucción del resquebrajado tejido social.

La vereda Alto Remanso es una de esas regiones desconocidas y abandonas de la ‘Colombia profunda’, que hace parte del “país de las Amazonas”, a la cuál solo se puede acceder navegando por el río Putumayo, aguas abajo, y luego cruzando sus anegadas vegas para alcanzar unas pequeñas colinas que reciben el nombre de “Altos del Remanso”. Allí tiene asiento uno de los pueblos indígenas Kichwa, perteneciente a la comunidad indígena Witoto, sobreviviente a la vorágine de las caucharías de finales del siglo XIX que han tenido que soportar toda la historia de violencia, esclavitud y colonialismo asociada a las actividades extractivas y, recientemente, a los cultivos de coca.

El boom de la coca, a finales del siglo pasado, atrajo varias oleadas de colonos, campesinos y comunidades afrodescendientes, provenientes de diversas regiones, especialmente, del piedemonte llanero y de los departamentos del Tolima, Huila y Nariño, que llegaron hasta estás tierras en busca de tierra, paz y pan. Sin embargo, se encontraron con una agresiva expansión de la frontera agrícola, auspiciada por las mismas políticas públicas agrarias que aumentaron la presión sobre el bosque amazónico, la deforestación y el cambio de los usos del suelo. 

En estas circunstancias, la llegada del cultivo de la hoja coca procedente del Perú, hacia mediados de los años 80 del siglo pasado, se convirtió rápidamente en su principal fuente de ingresos. 

Ante esta nueva realidad, la presión del gobierno Norteamericano por detener la expansión del cultivo de la coca, llevó a los debilitados gobiernos colombianos a poner en marcha las políticas punitivas de lucha contra el narcotráfico, que tenían dos sustentos fundamentales: la militarización de la frontera y la fumigación de los cultivos.

Estas políticas colocaron a las fuerzas militares en el papel de fuerzas represivas, enemigas de la población. Lo cual condujo un estallido social hacia comienzos de los años 90, conocido como las “marchas cocaleras”, que abogaba por una política de desarrollo alternativo y de sustitución de cultivos. Fue así como se pusieron en marcha los primeros planes de Rehabilitación (90) y de Desarrollo Alternativo (PDA), que ayudaron a estabilizar los asentamientos rurales y a proveer las precarias infraestructuras que el país conoció con motivo del asalto militar al centro poblado del Alto Remanso.

A esta explosiva mezcla de coca, deforestación y extracción de los recursos naturales (madera y pieles), se le sumó la aparición (1970-1981) del primer boom petrolero, que transformó la estructura productiva del Putumayo, desestimulando la producción agrícola e industrial, haciéndolo altamente dependiente de las rentas petroleras. Adicionalmente, el boom petrolero y la coca trajeron consigo nuevas migraciones, el aumento del costo de vida, el deterioro de los ecosistemas estratégicos y el incremento de los conflictos por la puga distributiva de las rentas que tiene como protagonistas a los grupos armados ilegales, a las fuerzas militares y a las élites regionales y nacionales.  

En este cuadro de violencia, narcotráfico y corrupción, las comunidades indígenas, afrodescendientes y colonos constituyen el eslabón más débil que, como el cangrejo, quedan atrapados entre las olas y la roca. Por un lado, los cultivos ilegalizados de coca y marihuana les ofrece la fuente de recursos que ningún otro producto agrícola les proporciona. Por otro lado, los efectos de la llamada “enfermedad holandesa” que conllevan la distorsión de precios y la volatilidad de los ingresos, la extorsión de los grupos armados ilegales y la estigmatización por parte de las fuerzas militares, que los tildan de narcotraficantes y terroristas.

La guerra contra los cultivos de uso ilícito pregonada por los EE. UU., a la cual los sucesivos gobiernos de Colombia han tenido que adherirse, también han impactado negativamente las fuerzas militares. A partir de la puesta en marcha del “Plan Colombia”, las políticas de seguridad pusieron a los militares en la primera línea del combate contra el narcotráfico y, especialmente, la sustitución forzada de los cultivos de coca y marihuana, ahondando la brecha entre las comunidades rurales asentadas en estos territorios y los militares. 

La doctrina militar de seguridad nacional, que tenia como foco principal la contención del comunismo internacional hasta la caída del muro de Berlín, viro hacia la lucha contra el “enemigo interno”. Enemigo, con quien la fuerza pública sostiene una dura confrontación por el control territorial en varias regiones del país, que tuvo un punto de inflexión en la zona de distensión del Caguán. Allí el gobierno de Andrés Pastrana, que había llegado a la presidencia portando un reloj, regalo del Manuel Marulanda Vélez, jefe de las Farc, claudicó la soberanía del Estado, entregándoles una franja de 40 mil km para que, la más poderosa guerrilla del país se reagrupará e inclinará la balanza estratégica a favor de una guerra de posiciones. 

En estas circunstancias, se abrió paso el escenario que el ejercicio prospectivo de Destino Colombia, (Quirama, 1997), denominó “Todos a marchar” en el cual un gobierno autoritario, buscaría recuperar la seguridad y el control territorial, imponiendo todo tipo de recortes a las garantías ciudadanas y a los derechos fundamentales.

Este escenario se hizo realidad en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien a través de sus políticas de “Seguridad Democrática” logro generar una sensación de seguridad y confianza, para expandir la esfera de influencia de las fuerzas militares, fortaleciendo sus operaciones y levantando los controles y restricciones legales para que los militares actuaran a sus anchas. En lo que el país conoció como el “embrujo autoritario”. 

Durante los 8 años que duró el gobierno de Álvaro Uribe, se puso en marcha un proceso de fortalecimiento de las instituciones militares y un cambio en la doctrina militar, según la cual los resultados operativos de la lucha antisubversiva se median en bajas de guerrilleros y de civiles sospechosos de ser sus auxiliadores. Como quedo demostrado en las recientes confesiones de oficiales y miembros del Ejercito ante la JEP, tras la expedición de la directiva ministerial 029 del 2005, denominada “la directiva de la muerte”, la presión de los generales por la obtención de resultados condujo a cometer 6.402 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. El general Montoya, comandante del ejercito en el primer mandato de Uribe Vélez, expreso que lo él quería ver eran “litros de sangre”. 

Adicionalmente, el gobierno de Álvaro Uribe puso en marcha una campaña para desprestigiar a los jueces, perseguir a los opositores políticos y convertir en “enemigos” de las fuerzas militares a todos aquellos ciudadanos que se opusieran o denunciaran las arbitrariedades de la fuerza publica. Situaciones que fueron denunciadas por las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos (DDHH) y por la comunidad de Naciones Unidas que condenó a Colombia por la violación de los DDHH.

Durante los dos mandatos siguientes del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), con motivo de las negociaciones de paz, este ambiente de abusos y arbitrariedades de la fuerza pública se redujo y se puso en marcha un proceso de formación y concientización en el respecto a los DDHH, el control civil a las operaciones militares y de aplicación del DIH en el conflicto interno. 

No obstante, el gobierno se negó a colocar el tema de la reforma a las FFMM dentro de la agenda de negociaciones y la presencia del General (r) Jorge Mora Rangel en el equipo negociador de La Habana, se constituyó en la mejor garantía para no cruzar estás líneas rojas de la teoría de la seguridad nacional.

Sin embargo, estos avances en la doctrina y las operaciones militares se reversaron con la llegada del gobierno de Duque (2018-2022), quien con sus políticas de Seguridad con Legalidad, volvió trizas la paz y reeditó la doctrina del Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala, según la cual: para evitar las dilaciones de la justicia ordinaria, es necesario convertir el indicio en prueba suficiente para condenar a un sindicado, “es preferible condenar a un inocente que absolver a un culpable”

Por estas razones en el reciente operativo militar del Alto Remanso, que dejó como saldo la muerte de 8 civiles inocentes y 3 presuntos miembros de las disidencias, la fuerza pública actuó como una “fuerza letal que entra a matar”, tal como acostumbra a expresarlo una de las más conspicuas representantes del Uribismo, la senadora María Fernanda Cabal.

De acuerdo con las investigaciones de los periodistas independientes que reconstruyeron los hechos criminales de la masacre del Alto Remanso, y que fueron denunciadas por la bancada de oposición en el Congreso, en el operativo conjunto del ejercito, la armada y la fuerza aérea que operan en el Putumayo, se configuraron por lo menos 11 violaciones fragrantes al DIH y a los manuales operativos de la fuerza pública:

(i)     La no aplicación del principio de “distinción” que obliga a las fuerzas armadas a distinguir entre combatientes y población civil, al momento de ejecutar un operativo que busque objetivos militares legítimos; 

(ii)    La violación a los principios de “precaución” y “proporcionalidad” establecidos por la DIH, que establece la prohibición de lanzar ataques indiscriminados cuando existe el riesgo o la duda razonable de causar daño a la población civil ajena al conflicto. El ataque a la población del Alto Remanso se produjo el último día del bazar, cuando los cabecillas ,“Bruno” del Frente 48 y ‘Managua’ del CDF, habían abandonado el lugar,

(iii)   El uso indebido de uniformes (los asaltantes vestían ropa y gorras negras), disfraces (llevaban brazaletes amarrillos y algunos iban con la cara cubierta), y se identificaron como guerrilleros del “Frente Carolina Ramírez”; con lo cual simularon que se trataba de una “toma guerrillera”,

(iv)  Durante el operativo, que se produjo en las primeras horas de la mañana del lunes 28 de marzo, los pobladores -hombres y mujeres, con sus niños- fueron retenidos y obligados a permanecer sentados en la cancha de microfútbol hasta el final de la tarde, sin suministrarles ningún tipo de alimentación o bebidas, incluso se les restringió la posibilidad de ir al baño,

(v)   Las fuerzas militares alteraron la escena de los hechos y manipularon los cuerpos, sin la presencia de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o del grupo de expertos del CTI, que llegaron al lugar dos días después,

(vi)  Se violaron de los protocolos humanitarios, en relación con la protección y el respeto a la población civil ajena al conflicto armado,

(vii) La fuerza pública tampoco le presto ningún tipo de ayuda a los heridos en el lugar de los hechos y, por el contrario, impidió que la misma población pudiera auxiliarlos; 

(viii)                  Las contradicciones entre lo reportado por las fuerzas militares como incautaciones (de dinero, armas y municiones) y los testimonios recogidos por los periodistas investigadores que coincidieron en denunciar que los soldados saquearon de la tienda comunitaria, y se llevaron los 11 millones de pesos del producido de las ventas del bazar, lo mismo que los celulares de las víctimas y más de 100 botellas de Buchanans que quedaban en la bodega. En una denuncia interpuesta por el abogado de las víctimas, se afirma que los militares se habrían llevado más de 200 millones de pesos de las personas que estaban en el bazar, 

(ix)  La presentación de varios heridos de la población civil como insurgentes capturados en combate, 

(x)   El asesinato de una mujer embarazada, Ana María Sarrias, esposa del presidente de la JAC, quien permanecería una hora y media desangrándose, a la espera de los primeros auxilios que el Ejército nunca le proporcionó, 

(xi)   Las amenazas reiteradas de los miembros del ejercito a los líderes y las comunidades del Alto Remanso, como represalia a las denuncias sobre los hechos que son materia de investigación.

No obstante, el comandante del Ejercito continuó insistiendo que la operación del Alto Remanso se planificó con todas las normas y se ejecuto sin ninguna violación del DIH y que todas las personas que murieron en el asalto eran guerrilleros, en contraposición al cumulo de evidencias y declaraciones que demuestran lo contario.  

Incluso en un alarde de cinismo, el general Zapateiro digo “el bazar que se realizada allí no era una ninguna fiesta comunitaria, sino una reunión cocalera donde se estaba negociando pasta de coca”. Y afirmó: “(…) no es la primera vez en que en una operación militar caen mujeres embarazadas o menores de edad, son combatientes que hacen parte de una estructura criminal y como tales se enfrentan a la fuerza letal del ejercito”

Declaraciones que recibieron un amplio respaldo, primero, por parte del Ministro de Defensa, Diego Molano, quién declaró que la “operación fue legitima para defender al Putumayo y a los colombianos, de la mayor amenaza para el futuro de Colombia que es el narcotráfico y los grupos armados organizados que se nutren del narcotráfico”.

También el presidente Duque salió en defensa de la operación militar del Alto Putumayo y declaró que “(…) era una operación limpia que tenía toda la planificación, tenía información precisa de inteligencia sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en el lugar que justificaban como se procedió”

Demostrando con esto que los atropellos y arbitrariedades de las fuerzas militares contra la población civil, y los crimines de guerra, cuentan con el beneplácito de este gobierno. 

Se trata, en fin de cuentas, de la agonía de un gobierno mediocre que ante el desprestigio y el fracaso de sus políticas de “seguridad con legalidad”, se comporta como una tiranía que prefiere sembrar los campos de Colombia con nuevos “falsos positivos”, antes que impedir que crezcan huevos de serpiente que el general Zapateiro ha dicho que dejó incubando en los cuarteles.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Mayo 6 de 2022

 

Adenda 1:

Ante la negativa a la preclusión y la ratificación de la imputación por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, que profirió la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, el imputado expresidente Uribe salió a decir que le habían “expropiado su reputación”. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario: ¡su reputación de expropiador nadie se la quita¡ 

Adenda 2:

El Registrador Alexander Vega R que había sido aupado por una bandola de políticos corruptos para robarse las elecciones, se quedo con el pecado y sin el género.

Adenda 3:

En su último número, la revista Semana decidió servir de caja de resonancia del “ruido de sables”, confirmando su vocación cizañera y golpista.

 

Un debate de antipatías

 “Las fábulas inventadas, la calumnia y la satanización de los contrincantes, son un claro síntoma de la decadencia, del empequeñecimiento y el recelo frente a la vida”

El Crepúsculo de los ídolos, Federico Nietzsche

El emotivo abrazo de bienvenida que le dío Teresita Gómez a Francia Márquez, a su llegada a Medellín, no solo evoca el encuentro de dos historias de dolor, discriminación y antipatías, sino que marca un hito histórico en las relaciones entre la política y el arte.

El encuentro de estas dos grandes mujeres negras, en compañía de las lideresas paisas del Pacto Histórico, representa el reencuentro con sus raíces, con la memoria de sus “ancestros y ancentras”, pero también con la nostalgia, la sabrosura y la alegría de las comunidades afrocolombianas, que han enriquecido la diversidad y la multiculturalidad de nuestro país. 

Los acordes musicales de Chopin, Luis A Calvo y la poesía de Dora Castellanos, que engalanaron este encuentro, son la expresión del poder transformador del arte. Los hermosos Nocturnos de Chopin, fueron compuestos en la época de mayor sufrimiento del compositor, debido a su delicado estado de salud y a su condición de exiliado polaco en Francia, durante la ocupación nazi. Luis Antonio Calvo, el compositor de música colombiana más destacado de comienzos del siglo XX, sufrió los rigores de la guerra, el destierro y la estigmatización. Y la poetisa Dora Castellanos, asumió cómo propios el sufrimiento y la vulneración de los derechos de esos colombianos que han tenido que vivir en la pobreza, la segregación y el abandono.

La llegada de Francia Márquez a la política, como formula vicepresidencial de Gustavo Petro, representa la esperanza y la fuerza de los pueblos afrocolombianos, indígenas, mulatos y mestizos, de los olvidados, de los “nadie”. Teresita Gómez dijo que ella está logrando lo que ha sido el gran anhelo de los sectores populares de este país en sus más de doscientos años de vida republicana: la unidad de los de abajo y los de arriba, de los que están a la izquierda y a la derecha, de los que están en el centro y los que están al lado. Francia es “nuestra mandela”, expresó.

Y lo está logrando, no solo con su discurso de inclusión, de diversidad y de fraternidad, sino especialmente por su sensibilidad social, su empatía, su “queridura”. Eso que el filosofo Nietzsche describió poéticamente como la “voluntad de poder”, que es esa capacidad de ir más allá de nosotros mismos para abrazarse con el otro.

Sin embargo, este encuentro fue registrado por la banalidad de los grandes medios como el mordisco de Frida, la pequeña anfitriona Shih Tzu, a la lideresa Francia Márquez. Incluso, destacaron el comentario racista y ofensivo de la cantante de música guascarrilera Marbelle, quien aprovechó el incidente para dispararle con el antipático trino del “mordisco ancestral”.

Durante los meses de febrero y marzo de este año, se registró un preocupante aumento los ataques racistas, misóginos y aporofóbicos, De acuerdo, con el reciente estudio de medios (Buho, 2022), estos ataques que pasaron del 3% al 13,5%, respectivamente. El informe indica que en los casi 20.000 artículos de prensa de más de 600 medios y 1.057 columnistas que se han referido al debate electoral, se privilegian los estereotipos, la satanización y los ataques personales, ante la escasez de ideas y argumentos para debatir las propuestas de los candidatos.

Los medios en nuestro país han contribuido a enrarecer el clima electoral y a degradar la cultura política de los colombianos; transformando el debate electoral en un juego sucio, un espectáculo antipático, cargado de ataques personales, mentiras y estigmatizaciones.

Una perla basta para ilustrar como el debate electoral se ha transformado en un debate de antipatías. La propuesta de reforma pensional de Gustavo Petro fue calificada como una “medida de corte populista y de un intento de expropiación” del ahorro de los 18 millones de colombianos los fondos pensionales privados. Incluso, el presidente Duque, quién no tiene límites para burlar los controles que le impone la débil democracia colombiana para evitar su abusiva intervención en política, se refirió a la propuesta pensional de Petro como un “atraco de las 3 P” y tomó partido por el candidato de sus preferencias y su partido, Federico Gutiérrez. 

Cada vez son menos las personas que creen que la democracia funciona en Colombia. De acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Cultura Política (DANE, 2021), el 55.6% de los colombianos se declararon “desencantados” con la precaria democracia. Las razones de este desencanto se encuentran en la corrupción de la dirigencia política (32,9%), la falta de credibilidad en el sistema electoral (27,7%) y la escaza representatividad de los partidos y movimientos políticos (25,9%).

La mayoría de los colombianos creen que en el país no se garantizan los derechos humanos (43,2%). Tampoco se respeta la libertad de expresión, conciencia, difusión y divulgación de la información. Mucho menos se percibe que se protejan los derechos de las mujeres (26%), de las minorías étnicas (23,8%) y de los campesinos (21,6%).

Estas desalentadoras cifras de la cultura política, o mejor de la falta de cultura política, se acompañan con pérdida de credibilidad en las instituciones. Menos del 20% de los ciudadanos confían en las fuerzas militares y de policía. Muchos menos le creen al presidente de la República (17,9%), a la Fiscalía (16%), al Congreso (10,6%) y los partidos políticos (8,5%) que constituyen las columnas vertebrales del régimen democrático. 

Más preocupante es el hecho que la desconfianza generalizada de los ciudadanos con el funcionamiento de las instituciones democráticas también está erosionando el capital social. En el país solo 13% de las personas están vinculadas a alguna organización o forman parte de un grupo o una acción colectiva. No obstante, el hecho que las mujeres, los pobladores rurales y de la Colombia profunda tengan mejores niveles de asociatividad y cuenten con redes cercanas de confianza y apoyo (52,7%, 51,5% y 52,8% respectivamente), representa una importante reserva del capital social en nuestro país.

En estás dramáticas circunstancias, la llegada de Francia Márquez y el reciente triunfo electoral de las fuerzas de izquierda representa un gran desafío: la oportunidad histórica para que Colombia pueda dar un giro a la izquierda y podamos encaminarnos por la senda de las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. 

Sin embargo, para que este anhelado cambio llegue y se pueda consolidar un gobierno de unidad popular, es necesario enfrentar varios retos y desafíos. El primero y más importante de ellos lo constituye la construcción de una gran reforma cultural y educativa, capaz de juntarnos y de sanar las heridas de la guerra, la discriminación y el odio. Cómo lo afirmará Nietzsche, la verdad, la sensibilidad y la voluntad de poder son los ingredientes indispensables para hacernos maduros para la paz. La verdad es una cantera para transformar y crear nuevos valores, aquellos que sean afirmadores de la convivencia y la vida. 

La sensibilidad es esa fuerza creadora de la empatía, capaz de curar nuestras heridas y juntarnos para la hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. La sensibilidad y la empatía son la piel del cuerpo social, algo mucho más profundo que el pensamiento y la mera razón práctica. La empatía nos conecta con la vida, con la sabrosura, con los sueños y con el placer vivir. La sensibilidad y la empatía son también la fuerza creadora de la diversidad y la multiculturalidad de los pueblos y grupos sociales.

La “voluntad del poder” es esa capacidad juntarnos con los otros, de tender puentes y superar el egoísmo propio de estas sociedades consumistas y enajenadas. Solo con la voluntad del poder es posible lograr esa comunión de voluntades humanas capaz de construir propósitos comunes, transformar la realidad y construir nuevos mundos. Mundos donde quepamos todos: blancos y negros, mestizos y mulatos, ateos y cristianos, conservadores y revolucionarios, uribistas, liberales, demócratas y comunistas.

Pero para lograr esa anhelada transformación social y cultural es necesario primero construir un gran pacto social por la dignidad, la diversidad de los pueblos, la inclusión económica, social y cultural de todos los colombianos y colombianas y el rescate de “lo público”, de los bienes comunes.

En segundo lugar, será necesario que el nuevo gobierno asuma los compromisos y acuerdos, internos e internacionales, logrados para hacer de la paz el bien supremo, silenciar los fusiles, y hacer plausibles las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Colombia se comprometió con la comunidad internacional a transitar hacia una economía amable con el medio ambiente y más resiliente a los efectos del cambio climático.

En tercer lugar, es urgente y necesario emprender una gran reforma educativa y ética que genere nuevas sensibilidades, capacidades creativas y de innovación que nos acerque a la sociedad del conocimiento, del aprendizaje y de la cuarta revolución industrial (4Ri) y la tercera agrícola y rural.  

Para ello hay que retomar las experiencias exitosas que se han comenzado a transitar en colegios y universidades, públicos y privados, tales como el Liceo Campo David de Tunjuelito, el Instituto Alberto Merani, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y los maestros de colegios públicos de Boyacá, Santander y Nariño, donde la preocupación por formar la sensibilidad, la empatía y los valores de los jóvenes estudiantes, se ha convertido en una prioridad de sus currículos pedagógicos y académicos.

Tal como lo señalo recientemente José Fernando Isaza, en su columna de El Espectador: Fecode y el magisterio nacional tiene que entender que la justa reclamación de los derechos de los maestros tiene que ir de la mano de los derechos y resultados de sus estudiantes. 

Cerrar la brecha educativa tiene que ser un compromiso del nuevo gobierno y toda la comunidad educativa.

Luis Alfredo Muñoz Wilches

13 de abril de 2022

Adenda 1: Algo muy podrido debe haber en la Casa de Nariño,  para que el presidente Duque le diera mensaje de urgencia a una ley que busca regular el empalme con el nuevo gobierno, impidiéndole el acceso a lo que denominan “información confidencial” y de “seguridad nacional”. ¿Será que en Palacio están muertos del susto con el inminente triunfo de Gustavo Petro, que quieren barrer por debajo de la alfombra roja, toda la podredumbre de este gobierno?

Adenda 2: Muy costosas le están saliendo las mentiras de Duque sobre la implementación de los Acuerdos de Paz, que en la última reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la mayoría de los países miembros le sacaron tarjeta amarrilla y Rusia le impuso la roja.

Adenda 3: El favoritismo descarado del gobierno de Duque en favor del candidato de sus preferencias y de su partido, parece que no le está funcionando bien, porque el candidato de la oposición sigue sumando puntos en las encuestas cada vez que Duque sale a ofenderlo.