Repensando el territorio para ser una potencia mundial de la vida

Terminamos el año 2023 con un aumento sin precedentes de la temperatura de la tierra y en muchas regiones del país comienza a sentirse los efectos del fenómeno de El Niño. 

A finales del año pasado, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, declaró la emergencia climática ante el aumento de la temperatura planetaria por encima de los 0.5º C; lo cual provocó el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, la alteración en las dinámicas atmosféricas, la disminución de las lluvias, el aumento de los ciclones tropicales en el Caribe colombiano y la presencia de exporádicos aguaceros torrenciales en la Costa Caribe y la región Andina.

Al mismo tiempo, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, declaró oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño y dijo que “Aunque las precipitaciones han sido intensas en algunas regiones, el promedio nacional ha sido inferior a los registros históricos y estamos evidenciando un aumento generalizado de temperaturas (…) La época seca podría extenderse durante varios meses en 2024”.

Los nuevos mandatarios, alcaldes y gobernadores, no han tenido tiempo de calentar sus sillas y se han visto obligados a colgar el saco y arremangarse la camisa para salir de sus despachos en busca de agua para calmar la sed de los habitantes y visitantes en varios municipios del país. 

Paradógicamente, siendo Colombia una potencia mundial en la cantidad de agua dulce disponible (seis veces superior al promedio mundial y tres veces más que Sudamérica), una quinta parte (207) de los municipios son muy vulnerables a sufrir desabastecimiento de agua.

De acuerdo con el último Estudio Nacional del Agua (ENA)[1], elaborado por el Ideam,  durante el período 2000 y 2022, un total de 565 municipios (más de la mitad del país) de 26 departamentos sufrieron desabastecimiento de agua en las temporadas secas. Y cerca de doce millones de personas (un poco más del 25% de la población) tuvieron un acceso limitado al agua potable, debido a las interrupciones en el suministro que provocaron eventos climáticos extremos cómo tormentas eléctricas, deslizamientos, avalanchas y crecientes súbitas que afectaron los sistemas de acueductos territoriales. 

Al parecer, las administraciones territoriales no aprendieron la lección y están mal preparadas para enfrentar los trágicos efectos de la variabilidad y el cambio climático.

Desafortunadamente, durante las pasadas elecciones regionales se escucharon muy pocas voces expresando su preocupación y reconocimiento de las alertas de la comunidad científica mundial sobre los “Límites planetarios del crecimiento”[2].

De acuerdo con los expertos del Centro de Resiliencia de Estocolmo, por primera vez en la historía del planeta, hemos transgredido seis de las nueve fronteras que regulan la estabilidad y la resiliencia del planeta, acelerando la marcha hacia la debache planetaria.[3]

En el caso de Colombia la preocupación se centra en el aumento de la presión sobre cuatro de esas “fronteras”: la pérdida de biodiversidad, la extracción y uso de las fuentes de agua dulce, la degradación de los suelos y la baja gobernabilidad ambiental .

En primer lugar, el deterioro de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad se constituyen en factores críticos del bajo desempeño de varias regiones del país. La escasa cobertura vegetal de las zonas montañosas, los incendios, la ampliación de la frontera agrícola y la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas en las áreas protegidas de páramos y de conservación de las fuentes de agua, constituyen los principales factores que han ocasionado la destrucción de biodiversidad y el deterioro creciente de los recursos naturales del país.

De acuerdo con las cifras de los Resultados del Monitoreo de la Deforestación (Ideam, 2017[4], el 65.5% de la deforestación ocurrió en la región Amazónica, siendo los departamentos de Caquetá y Guaviare donde se concentra la presión sobre el Arco Amazónico, debido a la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y el aumento de las tensiones propias de los procesos de negociación con los grupos armados ilegales. 

A pesar de la disminución de la deforestación, como resultado del éxito del Plan de Contención de la Deforestación que puso en marcha el Gobierno Nacional, la región Andina continua siendo la segunda región con mayor superficie deforestada (36.745 hectáreas). Igualmente, la región Caribe presentó una reducción en la deforestación (15.655 ha) y la Orinoquía con 9.853 ha.

En segundo lugar, los fenómenos de deforestación y pérdida de la cobertura vegetal han afectado las áreas de conservación de las fuentes hídricas, reduciendo el suministro de agua dulce. 

En el reciente Estudio Nacional del Agua (ENA, 2022), los departamentos con los mayores índices de vulnerabilidad hídrica durante los períodos secos fueron: La Guajira (declarada en emergencia climática en 2023), Cesar, Atlántico y Córdoba en la región Caribe; Boyacá, Cundinamarca, Santander y Tolima en el Centro Oriente; y el norte del Valle. Territorios donde la insuficiente disponibilidad de agua, por períodos prolongados, y la disminución de la oferta de servicios ecosistémicos para satisfacer las necesidades de la población afectaron a más de 207 municipios y una población de casi diez millones de habitantes; de los cuales el 63% han sido recurrentes en los últimos años. 

En tercer lugar, la contaminación y la degradación de los suelos son factores que afectan directamente la productividad, la diversidad agroecológica y seguridad alimentaria de los colombianos. 

De acuerdo con las cifras del Igac (2022), el 40% de los suelos aptos para la agricultura  presentan algún nivel de erosión, lo cual limita la capacidad productiva. Igualmente, la erosión afecta el 33% de los suelos de bosques naturales y el 51% de los suelos que están dentro de la frontera agrícola, reduciendo la oferta de servicios ecosistémicos e incrementando la vulnerabilidad de la pequeña economía familiar campesina y la calidad de vida de los habitantes rurales del país.

De otra parte, la información del IGAC (2012) señala que el 28% de los suelos aptos para las actividades agropecuarias presentan conflictos de uso: 15% por sobreutilización y 13% por subutilización. De los 22 millones de hectáreas (19,3%) que tienen vocación agrícola, solo 5,3 millones (4,6%) están dedicados a la producción agrícola. Mientras que de los 15 millones de hectáreas (13,3%) con vocación ganadera se están utilizando 34 millones (30,6%) para ganadería. Y de los 48 millones de ha (42%) con vocación forestal, unicamente 0,4 millones de hectáreas disponen de plantaciones forestales con fines comerciales. 

De tal manera, estos factores contribuyen a la reducción de la productividad y la pérdida de la agrodiversidad de las tierras productivas, pastizales, zonas de páramos y de bosques tropicales y de alta montaña.

Tal cómo lo señala el Estudio de Competitividad Territorial (CPC-CEPEC, 2019)[5], estos factores constituyen las principales limitantes de la productividad y competitividad de la producción agrícola y rural y, a su vez, son factores que explican la creciente migración de la población rural joven que abandona el campo en busca de nuevas oportunidades laborales y de generación de  ingresos.

Finalmente, la baja gobernabilidad ambiental se constituye en el cuarto factor que explica el declive de la producción y la competitividad regional durante los últimos lustros. 

La inoperancia de las Corporaciones Autonomas Regionales y la baja capacidad de gestión ambiental de las entidades territoriales se explican por la conjunción de 3 factores:

(i)     Las asimetrías de información, 

(ii)    La carecencia de un sistema de indicadores ambientales que permita realizar el seguimiento, control y monitoreo en tiempo real sobre aspectos como: el cambio climático, biodiversidad, erosión y contaminación de los suelos, seguridad alimentaria, y la sanidad e inocuidad de los alimentos que consumimos.

(iii)   La falta de voluntad política de la dirigencia política regional, más interesados en atender las urgencias de corto plazo que en la búsqueda de solución a los problemas estructurales.

El 2024 es un año crucial para la sostenibilidad del sector ambiental y la adaptación al Cambio Climático en el país. 

De acuerdo con la ministra de Ambiente, Colombia tiene tres grandes desafíos: i) ser el país sede de la Conferencia Mundial de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16); ii) continuar con el logro de los Resultados de reducción de la deforestación del Plan de Contención de la Deforestación y iii) consolidar las ecorregiones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Para Susana Muhamad, los esfuerzos del Gobierno del Cambio en 2014 estarán centrados en posicionar al país como la primera potencia de la vida y la importancia de la biodiversidad biológica a nivel mundial a través de la realización de la COP16 en octubre de este año.

En segundo lugar continuar con el avance en las cifras de reducción de la deforestación y alcanzar, así, las metas de restauración ecológica, donde el Gobierno Nacional no solo se compromete a disminuir la pérdida de bosques, sino restaurar más de 700.000 hectáreas de bosques y zonas de protección.

Y, finalmente avanzar en la consolidación de las ecorregiones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, , el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos naturales y el ordenamiento territorial alrededor del agua.

Ser los anfitriones de la más importante discusión mundial sobre la biodiversidad, en su calidad del segundo país más biodiverso, es una gran oportunidad para transformar nuestra comprensión de lo representa ser ciudadanos y habitantes de una potencia mundial de la vida.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Economista y MSc en Análisis de problemas del Desarrollo

Enero 18 de 2024

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[1] IDEAM, 2022. Estudio Nacional del Agua http://www.ideam.gov.co/web/agua/estudio-nacional-del-agua

[2] Steffen, et al, 2015. Centro de Resiliencia de Estocolmo. Los Límites Planetarios. https//bit.ly//3vzGdMP

[3] https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2023-09-13-all-planetary-boundaries-mapped-out-for-the-first-time-six-of-nine-crossed.html

[4] IDEAM, 2017. Resultados del Sistema de Monitoreo de la Deforestación 2017. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

[5] Consejo Privado de Competitividad -CPC- & Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- Universidad del Rosario, 2019. Informe Índice Departamental de Competitividad 

Los 14 Petronomics del año 2023

Cómo es costumbre, estas épocas de fin de año son propicias para realizar balances de los hechos que podrían configurarse como los principales cambios en el país. Para ello, acudo a un parangón entre la clásica selección de la discografía nacional de los famosos 14 cañonazos bailables y la expresión Petronomics -acuñada por primera vez por el periodista inglés P. Harvey- para referirme a las apuestas económicas claves del gobierno de Petro que se convirtieron en realidad en el presente año.

El año 2023 comenzó con un aumento del 16,7% del salario mínimo que benefició directamente a los 2,5 millones de asalariados más vulnerables e, indirectamente a más de 10,5 millones de trabajadores cuyas remuneraciones dependen de este factor. 

Por primera vez en muchos años se logró un acuerdo, en la Mesa de Concertación Salarial, para fijarlo por encima de la tasa de inflación del año 2023 (9,5%). Esto significó un aumento de casi el 7%  en el salario real de los trabajadores colombianos. Tal incremento permitió recuperar el poder de compra de los asalariados del país, afectado por los efectos inflacionarios de las malas políticas económicas de gobiernos anteriores[1].

El segundo cañonazo de los Petronomics está representado en la reducción de la pobreza monetaria al 36,6%, luego del incremento significativo durante la pandemia del Covid  (41,8%). Dicha reducción es el resultado de la combinación del aumento del salario real y las políticas sociales de Renta Ciudadana, Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción y Hambre Cero que conduce el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social del Gobierno del Cambio[2].

El tercer cañonazo lo constituyó el aumento del 29 ,6% del recaudo tributario durante la vigencia fiscal del 2023, impulsado por el incremento del 49% en el impuesto a la renta producto de la reforma tributaria progresista aprobada en el periodo anterior[3]. El recaudo tributario total hubiera alcanzado la meta de los $274 billones, de no ser por la la gabela que la Corte Constitucional decidió entregarle a las empresas extractivas para descontar las regalías como parte del impuesto a la renta. Se calcula que los ingresos tributarios disminuyeron en unos 3 billones de pesos.

El cuarto cañonazo fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, luego de un amplio proceso de discusiones y participación que contó con la presencia de más de 250 mil ciudadanos en los 51 Diálogos Regionales Vinculantes. 

El Plan de Desarrollo dispone un monto de inversiones por el orden de los $1.154,8 billones de pesos durante el cuatrienio, distribuidos así: $577 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN); $268,8 billones del Sistema General de Participaciones (SGP); $145,8 billones correspondientes al aporte de las entidades territoriales; $106,4 billones de la empresas públicas nacionales; $47,4 billones del Sistema General de Regalias (SGR), y $9,1 billones de cooperación internacional[4]. Cifras que marcan un hito comparado con los presupuestos destinados en los anteriores planes de desarrollo.

El quinto cañonazo fue el buen manejo y la disminución del déficit fiscal acumulado hasta septiembre de 2023 del orden de -1.4% del PIB, lo cual representó una reducción de casí 2% frente al mismo periodo de 2022. Este mejor desempeño fiscal se explica por el incremento sustancial del recaudo tributario (30%), producto de la dinámica económica, el aumento favorable de la Tasa de Cambio y la eliminación de odiosos beneficios tributarios otorgados en gobiernos anteriores. 

Por otra parte, la reducción del déficit fiscal como parte por el impacto de la apreciación de la Tasa de cambio se explica por la valorización de la deuda externa frente al periodo 2022 y por la acumulación de activos internos. Por lo tanto, la deuda pública se redujo en 5,4 puntos del PIB (52,5%), con respecto al período 2022. Lo anterior es consistente con el hecho de que los activos financieros cerraron en 4,6% del PIB en el tercer trimestre de 2023, superiores en 1,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo 2022 (3,2% del PIB)[5].

El sexto cañonazo lo constituyó la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc). Luego de recibir un hueco fiscal de $36,7 billones de pesos del gobierno de Duque, se logró bajarlo a $17,8 billones en el presente año. Para ello, el gobierno tuvo que darse la pela de aumentar gradualmente el precio del galón de gasolina hasta el pasado mes de noviembre. 

En el reciente mensaje de fin de año, el Presidente Petro anunció que el precio de la gasolina a partir de enero de 2024 comenzará a fluctuar de acuerdo con el precio internacional, mientras que el precio del ACPM se mantendrá congelado para evitar los efectos inflacionarios que acarrea[6].

El septimo cañonazo de los Petronomics  fue la reducción de la inflación a un dígito que, de acuerdo con las cifras preliminares del Dane, será del 9,5%; es decir aproximadamente 3 puntos porcentuales menos que el año 2022[7]. Contra todos los malos aügurios de los Chicago Boys criollos, la inflación continuará descendiendo durante el año 2024. De esta manera se obligó a los altos heliotropos de la Junta Directiva del Banco de la República a iniciar un tímido proceso de reducción de las tasas de interés de política monetaria, pasando de 13,25% al 13%.

El octavo cañonazo está relacionado con el mejoramiento del mercado laboral, representado en la caída en el desempleo. De acuerdo con las cifras preliminares del Dane, se situa alrededor del 9%; mientras que el aumento de la Tasa de Ocupación (TO) alcanzó 61,4%, con una mejoría de 1,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior. La Tasa General de Participación (TGP) logró una mejoría de 1,8 puntos hasta colocarse en 67,3%[8].

El noveno cañonazo es el aumento de la inversión extrajera directa que alcanzó este año la cifra record de 11.245 millones de dólares, con un crecimiento del 22,6% en comparación con el año anterior. La más significativa fue la inversión en petróleo y minería con un total de 9.561 millones de dólares (85,02%)[9]

El décimo cañonazo de los Petronomics del año estuvo representado en la cifra histórica de 5,5 millones de turistas extranjeros en 2023, superando la meta del cuatrienio estimada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 5,2 millones de visitantes no residentes (VNR). “Se trata de una cifra histórica, que superó las expectativas que teníamos, y refleja el trabajo realizado por este gobierno y la confianza del mundo entero en los maravillosos destinos que ofrece Colombia Potencia Mundial de la Vida”, manifestó el ministro Germán Umaña Mendoza.[10]

El décimo primer cañonazo se relaciona con el desempeño de los diferentes sectores que contribuyeron al crecimiento del 3,8% del PIB durante el 2023, a precios corrientes, dentro de los cuales se destacan: las actividades artísticas, de entretenimiento y los servicios con un crecimiento del 11,8%; las actividades financieras 8,8%;  y la administración pública 4,0%. Sin embargo, perdieron dinámismo importantes sectores como la industria manufacturera -3,2%; la construcción -5,0%; comercio -2,1%; y las obras públicas -15,0%[11].

El décimo segundo cañonazo lo constituyó la significativa disminución de la deforestación en nuestro país. De acuerdo con las cifras preliminares del IDEAM, rebeladas recientemente por el Ministerio de Ambiente, la deforestación se redujo alrededor del 70% en los primeros nueve meses de 2023 en comparación con el mismo período de 2022. Según estas cifras, en este año se han registrado 17.909 hectáreas deforestadas frente a las 59.345 hectáreas en el mismo periodo del año pasado. 

Esta importante reducción se atribuye al éxito del Plan de Contención de la Deforestación puesto en marcha por el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, esta tendencia fue decreciendo con el paso del año: se inició con el 76% en el primer trimestre del año 2023, luego el 60% en el segundo trimestre y terminó en el 26% en el tercer trimestre del año. 

Dentro de las razones que explican este comportamiento están: el aumento de la deforestación en los departamentos de Guaviare (124%) y Caquetá (2%), que coinciden con las mayores tensiones en las negociaciones con las Disidencias de las Farc; y la intensidad de los períodos de sequía provocadas por el fenómeno de El Niño, durante el último trimestre de este año y que se pronostican para el primer trimestre del siguiente[12].

El décimo tercer cañonazo está representado en el inicio de Misión La Guajira que permitirá afrontar colaborativamente la problemática estructural de pobreza y vulnerabilidad de La Guajira frente al cambio climático, a través de la conjugación de esfuerzos entre el sector privado, el gobierno nacional y las comunidades raizales de está región. 

El Gobierno Nacional, encabezado por Prosperidad Social, en colaboración con el Grupo Aval y el apoyo del Grupo Prisa, sucribieron el primer acuerdo para trabajar conjuntamente en la transformación social y el fortalecimiento de las capacidades territoriales de los principales municipios en mejorar la sostenibilidad y los procesos de inclusión social y productiva de los habitantes de está región.[13]

La estrategia de transformación social y territorial de largo alcance busca promover soluciones para responder a las necesidades de las comunidades de La Guajira, crear condiciones propicias a la diversificación productiva y la transición energética hacia una economía descarbonizada y con mayor resiliencia ante el cambio climático.

Finalmente, el décimo cuarto cañonazo el año 2023 está representado por el amplio reconocimiento mundial logrado por el Gobierno del Presidente Petro en la COP28, donde Colombia logró la inclusión en la declaración final de la Cumbre climática de la reducción progresiva del uso de los combustibles fósiles y la puesta en marcha del Fondo de Compensaciones para financiar los daños y pérdidas de los países más vulnerables para responder a las catástrofes ambientales. Además logró el respaldo financiero para la implementación del Plan de Contención de la Deforestación de la Cuenca Amazónica con la entrega de $34 millones de dólares y el respaldo a Colombia para celebrar la COP16 sobre la Biodiversidad en octubre 2024.[14]

Este conjunto de iniciativas y logros de las políticas públicas del Gobierno Colombiano constituyen el distintivo de las “Petronomics” que, a diferencia de las inicialmente denominadas por Harvey como Reaganomics, están concebidas como una estrategia para fortalecer el trabajo colaborativo entre el sector público, privado y las comunidades locales para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, con visión de largo plazo y dirigiendo procesos que garanticen y fortalezcan los intereses colectivos. 

En síntesis, se trata de promover acciones colectivas orientadas por el interés público para enfrentar los desafíos contemporáneos, a través de políticas públicas que recuperen el rol del Estado como generador de riqueza social para mejorar el bienestar de las comunidades, fortaleciendo la sostenibilidad de los recursos naturales y las capacidades locales de adaptación al cambio climático.

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Diciembre 30 de 2023

     

 

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[1] https://colombia.as.com/actualidad/salario-minimo-2023-este-fue-el-aumento-real-y-asi-quedo-el-auxilio-de-transporte-n/

[2] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria

[3] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/DIAN-incremento-en-13-porciento-el-recaudo-de-impuestos-en-2023-231217.aspx#:~:text=El%20recaudo%20tributario%20de%202023,un%20aumento%20real%20en%2013%25.

[4] DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Plan Plurianual de Inversiones https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-05-04-plan-plurianual-de-inversiones-2023-2026.pdf

[5]https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-214767%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

[6] https://www.radionacional.co/actualidad/politica/presidente-gustavo-petro-presenta-balance-economico-y-social-del-2023-mensaje

[7] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica

[8] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo#:~:text=Para%20el%20mes%20de%20noviembre,%2C4%25%2C%20respectivamente..

[9] Banco de la República, Flujos de inversiones directas en la economía colombiana: Enero-Septiembre 2023, Bogotá, diciembre de 2023

[10] https://www.elespectador.com/turismo/cifra-historica-llego-a-colombia-el-turista-numero-5500000-de-2023/

[11] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

[12] https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/deforestacion-en-la-amazonia-disminuye-pero-hay-riesgo-de-que-aumente-a-fin-de-ano/

[13] https://www.portafolio.co/economia/gobierno/nace-mision-la-guajira-con-apoyo-del-grupo-aval-594029

[14] https://www.minambiente.gov.co/colombia-logra-que-transicion-de-combustibles-fosiles-sea-incluida-en-texto-final-de-cop28/

La Comisión Nacional para Asuntos Campesinos: un mecanismo para facilitar la transición hacia los asuntos nacionales del movimiento campesino

“No somos aceite para el motor de la guerra”

Exodo y retorno de las Comunidades de Paz de Riosucio, Chocó, 1999

La problemática campesina y las nuevas formas de organización

Se conoció esta semana el borrador del decreto que reglamenta el artículo 358 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por medio del cual se crea la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos -CMNAC-. Su objetivo es servir de instancia de interlocución y concertación entre el gobierno nacional y el campesinado para articular las políticas públicas relacionadas con los asuntos campesinos, con fin de promover la materialización del derecho a la igualdad de este sector de población.

A través de este decreto, el gobierno nacional busca establecer mecanismos de participación en la toma de decisiones que afectan la vida económica, política y cultural del campesinado y dispone que el Estado deberá contribuir a la organización, promoción y capacitación de sus organizaciones, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan y/o desarrollen mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública.

El decreto constituye un avance significativo en la dirección correcta para transitar de la cuestión agraria al reconocimiento de la problemática campesina como un asunto nacional. Tal cómo lo estableció el acto legislativo que modificó el Artículo 64 de la Constitución Política Colombiana, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y a las comunidades campesinas por su particular relacionamiento con los territorios dónde se realiza la producción de alimentos. 

De esta manera, el nuevo marco normático e institucional va a permitir no solo avanzar en la resolución de los conflictos sobre la tenencia de la tierra, sino en el logro de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, que valore y respete las formas de vida campesina y su importancia en disponibilidad de alimentos sanos, la seguridad y la soberania alimentaria, la protección del medio ambiente y a la preservación de las tradiciones, las costumbres y las identidades campesinas.

La larga lucha por la tierra en Colombia

A lo largo de los dos siglos de la historia republicana, los campesinos se han visto obligados a luchar por la tierra, como su principal fuente de recursos, de identidad y de cultura. Las estructuras económicas y políticas heredadas del sistema colonial, hicieron posible que la dominación de las élites regionales y nacionales del país se dieran alrededor del despojo y la concentración de la gran propiedad territorial, condenando a las poblaciones campesinas a la pobreza, el desplazameinto forzado, la colonización y la migración rural-urbana. 

Esta situación de exclusión y desigualdad en el campo fue facilitada por la debilidad del Estado, incapaz de construir un orden sociopolítico defensor de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para la mayoría de la población colombiana y de garantizar la soberania en extensas zonas de la geografia nacional. Como lo han expresado muchos analistas y estudiosos de los conflictos sociales, ¡En Colombia hay más territorio que Estado! 

No de otra manera se explica que tengamos un índice Gini de concentración de la tierra del orden del 0.88%[1] y, por ende, seamos uno de los países con la más alta desigualdad en el mundo, donde “el 4% de los propietarios rurales concentran el 40% de las tierras, mientras que el 57,3% de los campesinos propietarios apenas poseen el 1,7% del área rural” (IDEPAC, 2011).

No obstante, este estado de cosas se ha intensificado en las últimas décadas con el desplazamiento forzado y el despojo de tierras por parte de grupos armados ilegales (paramilitares, guerrilleros y delincuencia organizada) que hacen presencia y ejercen un control sobre extensos territorios de la Colombia profunda.

Sin embargo, pese a esta narrativa de violencia, el movimiento campesino no solo desarrolló una enorme capacidad de resistencia, mediante la conformación de asociaciones, sindicatos agrarios y otras formas de acción colectiva, sino que ha logrado transformar sus demandas de tierras, asesoramiento técnico y acompañamiento institucional, hacia nuevas formas de acción política.  

Desde la movilización social de los aparceros y campesinos sin tierra de los años 30 del siglo XX, que luchaban por acceder a la tierra[2], con motivo de la expedicción de la Ley 200 de 1936 del presidente Alfonso López Pumarejo, se vivió un período de florecimiento de las movilizaciones campesinas, principalmente en las regiones de Sumapaz y el Tequendama, en Cundinamarca, y en Córdoba[3]. Sin embargo, la reacción de los grandes propietarios y de las élites políticas ultraconservadoras no se hizó esperar y dío lugar a un largo período de violencia política que duro más de 50 años. Incluso, el presidente del Partido Conservador y jefe de la oposición, Laureano Gómez, lanzó una violenta campaña contra las reformas liberales del 36 y llamó a la “acción Intrepida” y al atentado personal para desestabilizar la República Liberal y detener la Revolución en Marcha.

Luego, durante el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) se abrieron nuevas oportunidades para el movimiento campesino que se materializaron en políticas públicas de apoyo a la organización, el acceso a tierras, al crédito y la asistencia técnica agrícola y empresarial. En particular, la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC, 1967)[4] alentó la movilización social, la toma de tierras y otras formas de acción colectiva[5]

A pesar de la contraofensiva de las élites y de los grandes terratenientes, representada en la contrarreforma del Chicoral de las Leyes 4ª y 5ª de 1973, y la militarización del movimiento social campesino, se comenzó a vivir un tránsito de la lucha por la tierra y las reivindicaciones económicas y sociales del campesinado, hacia nuevas demandas políticas de autonomía y de afirmación de la territorialidad campesina.

La transformación de la cuestión agraria en la construcción de territorialidades campesinas

En un país como Colombia, donde la presencia de las instituciones del Estado ha sido débil en las zonas rurales dispersas, las organizaciones campesinas han tenido que combinar la lucha por la tierra con la gestión de formas de convivencia para construir territorialidades alternativas de paz[6]. De está experiencia se destacan la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), en Santander, surgida en 1987 y pionera en el concepto de neutralidad frente al conflicto armado. En 1994 surgió la Neutralidad Activa de los Indígenas en Antioquia. Un año después se estableció la de San José de Apartadó (Antioquia) y, al final de la década de los años 90, estas iniciativas llegaron al Chocó, donde 49 comunidades de desplazados en está región decidieron crear la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís, después del largo éxodo de comunidades negras e indígenas desplazadas del Urabá, en medio del asedio de los paramilitares, las FARC y el ejército.

Sin embargo, la experiencia más significativa de los esfuerzos de construcción de territorialidades campesinas la constituyen las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Luego de las grandes movilizaciones cocaleras de los campesinos cultivadores de coca del Guaviare, Caquetá, Meta y el Sur de Bolívar, de finales de los años 80, el Estado Colombiano decide establecer zonas de reserva campesina en regiones de frontera agrícola abierta, para permitir asentamientos de colonos y campesinos, a cambio de la conservación de bosques y la protección de los recursos naturales. 

Fue así como, mediante la figura jurídica creada por la Ley 160 de 1994 de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y reglamentada por el decreto 1777 de 1996, así como por los Acuerdos 024 y 10 de 1999, del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), se establecieron las primeras tres (3) Zonas de Reserva Campesina con el propósito de “regular y ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economía campesinas”[7] en: Cabrera, Cundinamarca, el Pato-Balsillas en San Vicente del Caguan en Caquetá, y en Calamar, Guaviare. 

El origen de las ZRC está asociado a la idea de estabilizar los frentes de colonización, consolidar los asentamientos de los campesinos desplazados por la violencia y evitar la concentración de la tierra en las áreas de colonización y de frontera agrícola.

Para ello, el proyecto piloto de las Zonas de Reserva Campesina (PPZRC)[8] estableció un modelo de (auto)gestión flexible y descentralizado, con el propósito de construir una institucionalidad emergente que permita la articulación y concertación entre el Estado y las comunidades campesinas asentadas en estas apartadas regiones.

Hoy en día existen seis ZRC constituidas[9], las cuales representan una superficie de 831.111 hectáreas; y otras 11 más están en proceso de constitución legal, las cuales podrían llegar a sumar un área de dos millones 511 has, lo cual nos señala que las Zonas de Reserva Campesina son una forma de territorilidad campesina de gran importancia para los procesos de planificación y ordenamiento territorial. 

Así mismo, la dinámica de estas acciones colectivas territoriales hicieron posible la creación en el año 2011 de una organización de segundo nivel asociativo, denominada la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) que agrupa aproximadamente a 50 organizaciones de base de todo el país; de tal manera que, estas territorialidades y los esfuerzos organizativos locales, regionales y nacionales, posibilitan la generación de nuevas dinámicas territoriales y acciones colectivas que colocan la movilización campesina en un terreno de mayor empoderamiento sociopolítico y cultural.

Igualmente, el Acuerdo de Paz y, especialmente, el Acuerdo número uno de la Reforma Rural Integral (RRI) de año 2016, abrió la posibilidad de lograr transformaciones estructurales del sector rural para permitir que con mayor equidad, sostenibilidad y profundización de la democracia sea posible la terminación del conflicto armado y la consolidación de una paz duradera y estable para el país. En particular, los capítulos relacionados con el acceso a la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, el cierre de la Frontera Agrícola, el fortalecimiento de la economía campesina y la protección de las zonas de reserva forestal y de las áreas de especial interés ambiental, van a permitir la transformación del sector rural y la sostenibilidad de las formas de vida campesina. 

La Comisión de Asuntos Campesinos: un mecanismo para facilitar la transición de la cuestión agraria hacia los asuntos nacionales del movimiento campesino

Por estas razones, la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incorporó estas nuevas formas del ordenamiento territorial agroalimentario y la creación de mecanismos democráticos de participación y concertación entre el Gobierno Nacional y el movimiento campesino para la articulación de las políticas públicas relacionadas con los asuntos campesinos con el propósito de lograr el empoderamiento político del movimiento campesino.

En sus definiciones iniciales, el decreto de creación de la Comisión Mixta de Asustos Campesinos (CMNAC) establece la naturaleza y la clasificación de las organizaciones campesinas que podrán hacer parte de la CMNAC. Así mismo, define la conformación, el procedimiento para la elección de los representantes, el alcance de la concertación, los principios y criterios para su funcionamiento y la estructura de funcionamiento de la CMNAC.

Todo lo anterior garantiza la participación democrática del movimiento campesino en la concertación y coordinación de las políticas públicas relacionadas con la población campesina. Sin embargo, el decreto no contempla ninguna forma de articulación entre las políticas sectoriales y las dinámicas territoriales. En particular, el decreto omite referirse a las nuevas territorialidades campesinas y agroalimentarias que incluye el nuevo PND 2022-2026, limitando el alcance de la concertación a la órbita de los asuntos nacionales y las políticas públicas sectoriales. Con lo cual, el ejercicio de la concertación se constriñe a un modelo institucional de Agente-Principal, que desconoce los costos de transacción y las asimetrías de información, caracteristicas de este modelo operativo.

Por estas razones, sería aconsejable flexibilizar el funcionamiento de la CMNAC e incorporar mecanismos de trabajo colaborativo, con los cuales se podrían lograr mayores sinergías en la interlocución y concertación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones campesinas y, por ende, fortalecer la gobernanza por parte de los actores que hacen parte de la CMNAC. 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 

octubre 11 de 2023

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[1] En índice Gini mide la concentración de la propiedad de la tierra, donde 0 es el punto de distribución más equitativa y 1 el de mayor concentración.

[2] Como resultado de las movilizaciones agrarias de la década de 1920 se conformaron las primeras organizaciones campesinas para enfrentarse a la gran propiedad terrateniente y exigir mejoras salariales y de condiciones de vida. Expresiones como el Baluarte Rojo de Lomagrande, San Fernando, Canalete y Callejas en Córdoba; las cuales fueron la base campesina para la conformación del Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) y el Partido Socialista Revolucionario, del que formaron parte María Cano, José Ignacio Torres y Álvaro Mahecha.  

[3] Allí surgieron las Ligas Campesinas, los Sindicatos Agrarios y las Unidades de Acción Rural, que darían lugar a la creación de la Confederación Campesina e Indígena en el año 1942 y, luego en el año 1946 se crea la Federación Agraria Nacional (FANAL), con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) hoy transformada en la CGT. 

[4] Por medio de la resolución 061 de mayo de 1967, el presidente Carlos Lleras Restrepo creó la oficina de Organización Campesina dentro del Ministerio de Agricultura, y con el decreto 755 de 1967, creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos con el objeto de inscribir arrendatarios y aparceros para hacerlos propietarios de la tierra, generar propuestas de crédito asociativo, y convertirse en una instancia de comunicación entre los campesinos y el Estado.

[5] Entre 1970 y 1972 se realizaron más de 1.000 tomas de tierra en todo el país. Particularmente, en el año 1971 tuvo lugar una de las más grandes movilizaciones agrarias que ha tenido el país, con la participación de más de 16 mil familias campesinas en la ocupación de 645 haciendas, en 21 departamentos. 

[6] En las regiones más afectadas por el desplazamiento y conflicto armado como Chocó, Nordeste de Antioquia, Magdalena Medio, Norte de Santander, Córdoba y Sucre, se comenzaron a organizar las Comunidades de Paz. En la actualidad existen alrededor de 52 comunidades de Paz como formas de resistencia territorial 

[7] Exposición de motivos del proyecto de Ley 160 de 1994 para la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino.

[8] Ver Muñoz et al, 2003. Evaluación Externa del Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina: una experiencia de aprendizaje e innovación para el desarrollo rural 

[9] En las regiones de el Pato-Balsillas, en Caquetá, Calamar en Guaviare, Cabrera en Cundinamarca, Morales y Arenal en el Sur de Bolívar y en Cimitarra en Santander.

Las Agendas del Presidente

 “La modernización de las Oficinas presidenciales es una tarea de enorme importancia por que se trata de un sistema que le fija el techo a la calidad y capacidad de gobierno”

Carlos Matus, El Líder sin Estado Mayor

En entrevista con los periodistas de la revista Cambio, Daniel Coronel y Federico Gómez Lara, el presidente Petro se refirió a los incumplimientos en su Agenda como una consecuencia de la inexperiencia – al principio de su mandato- y a la presión que ejercen sus equipos para atender todos los asuntos de gobierno y las reiteradas demandas de la ciudadanía. Con lo cual puso en evidencia las debilidades en la Alta Dirección del gobierno. Puesto que si el Presidente no conduce la pesada maquinaria del poder ejecutivo, termina siendo gobernado por las circunstancias. 

Matus[1], exministro Chileno y experto en los temas de gobierno, sostuvo la tesis que los gobiernos no mueven bien los pies porque la cabeza no está adecuadamente preparada para conducir la pesada carga de los vetustos aparatos gubernamentales e incluso, expresó que a veces los gobernantes no creen que sea importante contar con buenos equipos y modernas herramientas de gobierno.

No es nada fácil vencer la inercia burocrática del estado. Más aún, en el caso del estado colombiano, cuyas piezas esenciales le fueron imputadas o simplemente cooptadas por la corrupción, el clientelismo y la delincuencia organizada; especialmente, durante los gobiernos neoliberales que abrazaron la ideología del “estado mínimo”.

De tal manera que el gobierno del Cambio se encontró con un estado desvencijado y quebrado, que alberga prácticas políticas deleznables y la presencia de mentalidades depredadoras y rentísticas que solo buscan la oportunidad de enriquecerse, aupadas bajo el lema de “aprovechar el cuarto de hora”.

Por consiguiente, reformar la cabeza del estado es una tarea importante y urgente. Pero no se trata de un problema de leyes ni de organigramas. Se trata de una tarea más compleja que involucra principalmente: un rediseño del sistema institucional público, la modernización del sistema de alta dirección y la organización de la Agenda Presidencial.  

El rediseño del sistema institucional público se refiere a la necesidad de establecer un nuevo sistema de relaciones interinstitucionales que supere la tradicional compartimentalización sectorial, donde cada sector actúa como una rueda suelta, sin la más mínima posibilidad de lograr sinergias entre los diferentes sectores de la administración pública. Tal vez, el único momento que se logra esta coordinación macroinstitucional sea en el Consejo de Ministros, cuando el Presidente establece las prioridades y las estrategias de gobierno. Sin embargo, en la implementación de esas directrices los ministerios vuelven a la lógica sectorial. Esto ocurre, tal vez como consecuencia de un engorroso diseño macroinstitucional, que privilegia la diferenciación de los organismos públicos, sujetos a diversas reglas de gobernabilidad que facilitan el clientelismo y la corrupción de los grupos de presión.

Este rediseño institucional debería comenzar por acoger las recomendaciones del Consejo Gremial al Presidente de adoptar un esquema de coordinación supra ministerial que le permita al Gobierno conducir las acciones intersectoriales y la puesta en marcha de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, que involucran a varios ministerios. En el caso de la ejecución de las estrategias del ordenamiento territorial alrededor del agua, se requieren la acción conjugada de, por lo menos, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Vivienda, Ciudad y Territorio y del Departamento Nacional de Planeación. Esta tarea podría quedar bajo la coordinación del DNP, un organismo que cuenta con la suficiente la capacidad y competencia técnica para orientar las acciones relacionadas con está estrategia del PND.

En segundo lugar, la modernización del sistema de alta dirección requiere de la incorporación de instrumentos y métodos de soporte a la alta dirección del estado. Dentro de los cuales se destacan:

La creación de un Centro de Pensamiento Estratégico (CPE), con capacidad para pensar la gran estrategia que pueda fijar el rumbo del gobierno. El DNP podría hacerse cargo de esta tarea, conformado un grupo de expertos en pensamiento prospectivo, que trabaje con el enfoque de Misiones Estratégicas v.g.: La Misión del Cambio Climático para evaluar los escenarios climáticos a corto, mediano y largo plazo y proponer las correspondientes acciones de mitigación y adaptación.

El establecimiento de un Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Petición de Cuentas por Desempeño(SSMPCD), que funcione adscrito a la Presidencia de la República y con capacidad para pedir y rendir cuentas por metas y resultados de los avances en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; coordinar las acciones de las entidades descentralizadas; y servir de soporte tecno político al sistema de decisiones sectoriales, descentralizadas y territorializadas del PND.  

La adopción de un Sistema de Gerencia por Operaciones que permita establecer una gestión pública orientada a resultados y productos, en el marco de las estrategias y lineamientos del PND.

Finalmente, se requiere de manera prioritaria el rediseño de la Oficina y la organización de un Sistema deAgenda Presidencial, que le permita hacer más eficiente el uso de su tiempo, fijar el foco de atención en los asuntos estratégicos, servir de soporte a la toma de decisiones, realizar el seguimiento y evaluación de la gestión gubernamental, controlar los sistemas de coordinación, rendición y cobranza de cuentas por desempeño y realizar el control y monitoreo de la marcha general del gobierno.

Este conjunto de recomendaciones si se ponen en práctica, de manera eficaz, le pueden ayudar al Presidente a mejorar su capacidad de Gobierno y a recuperar la gobernanza y la gobernabilidad para conducir asertivamente las grandes reformas que el país requiere.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches,

5 de septiembre de 2023

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[1] Carlos Matus, El Líder Sin Estado Mayor: La oficina del gobernante, 1997

La tragedia adulterada: un avatar entre titulares, escándalos y difíciles realizaciones

Asistimos a la celebración del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro un poco abatidos y turulatos. Las confusas declaraciones del primogenito Nicolás Petro ante sus verdugos sobre los dineros que recibió durante la pasada campaña electoral, se convirtieron rápidamente en un sonado “escándalo” medíatico que, no solo afectó a la familia presidencial, sino que profundizó el clima de zozobra e intranqulidad institucional que estamos viviendo en Colombia.

La tragedia familiar

Desde el punto de vista familiar, el ´caso Nicolás´, se constituye en una verdadera tragedía familiar que, como toda tragedia humana, contiene una contradicción irresoluble entre la conducta reprochable de un personaje que, siendo el primogénito, traiciona a su padre y las actuaciones dolosas de un actor político que, valiendose del poder que le confiere ser hijo del presidente, viola las normas electorales y sociales.

Si bién es cierto las dos conductas de Nicolás son inaceptables, trazar una línea divisoria entre lo uno y lo otro resulta de la mayor importancia para evitar que la opinión pública sea manipulada por los titulares de prensa que condenan al presidente por ser el “padre del imputado Nicolás”. Como en la Casa de Tebas de la tragedia griega de Sófocles, debemos ser benévolos ante al dolor familiar que provoca toda traición y, al mismo exigir transparencia, imparcialidad y el debido proceso judicial que se le siga al hijo del presidente para salvaguardar el orden institucional. 

En el primer caso, el presidente Petro, en su condición de padre magnánimo y democrático le ofreció y le pidió perdón a su hijo, reconociendo su falta al abandonarlo, pero manifestándole su deseo de reencontrase y reconciliarse con él en otras circunstancias más afables. 

En el segundo caso, frente a la conducta dolosa de Nicolás, el presidente asume su deber como jefe de Estado y, a pesar del inemso dolor que le produce ver a su hijo en la cárcel, le expresa que no intersederá en el proceso judicial que se le sigue y que respetará la autonomía del poder judicial. 

La implosión de las costumbres políticas y la anomia institucional

Las declaraciones de Nicolás Petro reconociendo haber recibido grandes sumas de dinero provenientes de personajes con fortunas de oscura procedencia y de reconocidos dirigentes políticos pertenecientes a los tradicionales clanes que dominan el panorama electoral de la Costa Atlántica, significan la implosión de una cultura política caracterizada por el clientelismo y el predominio de prácticas políticas donde “todo vale”.

No se trata de unos hechos aislados ni tampoco novedosos. La cultura política predominante en muchas regiones del país y, particularmente, en la Costa Atlántica, se caracteriza por el relajamiento moral y ético de las prácticas políticas, la falta de controles y de rendición de cuentas y la financiación ilegal de las campañas. Lo cual ha conducido a la implosión de las costumbres políticas que se refleja en la famosa expresión: “¡esa norma no pegó acá!”. 

El predominio de estas costumbres ha conducido a una situación de anomia, que el sociologo Durkheim denominó un “estado de anomia institucional”. Una situación en la cual las normas que regulan el juego social (las relaciones sociales, diría Marx) se desvanecen y solo sobrevive el interés egoista y el afan de lucro. Un clima moral tan relajado cómo este es el caldo de cultivo para se crien personajes siniestros como Aida Merlano, Days Vásquez, Nicolás Petro y Armando Benedetti. Profundamente ligados a los clanes políticos de la Costa Atlántica. 

Tampoco se trata no sólo de las acciones dolosas del hijo del presidente. Son ampliamente reconocidas las andanzas y la venalidad de varios de los delfines que se han enriquecido a la sombra de los poderes omnímodos de sus progenitores o que han sido cómplices de sobornos, coimas y manejos turbios que se movieron en las campañas electorales de la mayoría de las agrupaciones políticas del país. Bastaría con mencionar los casos más recientes de corrupción e ingreso de dineros ilegales en las campañas de Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos y Iván Duque, que han tenido como protagonistas a sus hijos o parientes cercanos.  

Sin embargo, a diferencia del “escándalo” del hijo del presidente Petro, las investigaciones han sido engabetadas o simplemente prescriben en los escritorios de fiscales y jueces venales y corruptos.

El debilitamiento de la gobernabilidad y gobernanza del presidente Petro

Como consecuencia de la imputación al hijo del presidente Petro y la zozobra que han provocado los titulares de prensa, se ha generado un clima institucional que afecta la gobernabilidad, la gobernanza y la capacidad de gobierno del presidente Petro.

La gobernabilidad se ve afectada por un clima político de polarizaciones que impide que las instituciones actúen de manera armónica, subsidiaría y colaborativamente para garantizar el acatamiento de las reglas de juego democrático. Permitiendo así el ejercicio pleno de la voluntad política del gobierno para llevar a cabo las reformas de su proyecto político, con el respaldo y la legitimidad que le otorgó la ciudadania en las urnas. La pérdida de las mayorías en el Congreso para hacer respetar los acuerdos políticos en la elección de las mesas directivas y las dificultades para recomponer la coalición de gobierno, se van a ver reflejadas en mayores dificultades para pasar las reformas sociales. Seguramente, las reformas sociales que logren pasar en esta legislatura van a tener mayores costos políticos y burocráticos que podrían desdibujar las intensiones de un cambio estructural que tiene el Gobierno.

También la gobernanza se verá afectada, en la medida que se reduce la capacidad del gobierno para coordinar y lograr que los actores sociales y políticos actúen colaborativamente en el logro de las metas y los resultados propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".

Un aspecto particularmente crítico han sido las dificultades en el cambio de los cuadros directivos de los cargos públicos, donde el Gobierno se ha propuesto abrir oportunidades para la inclusión de cuadros provenientes de organizaciones populares y de la sociedad civil que antes estaban vedados y habian permanecido distantes a los asuntos de gobierno. Esta estrategia ha sido una apuesta muy arriesgada, en la medida que, como lo expresó recientemente Juanita Goebertus[1] “Quienes ahora están en un rol de gobierno no pueden decir públicamente lo mismo que antes decián, porque su rol cambio”. Para expresar que existe una inevitable tensión entre criticar y gobernar. 

Sí bién es cierto que, en teoría, es posible “gobernar” desde la oposición, es decir en la resistencia, no es lo mismo que asumir el rol de gobernar para conducir y lograr los cambios que antes se reclamaban. Los dos roles requieren capacidades distintas: en el primer caso, los líderes sociales deben tener capacidades para convocar la movilización social; mientras que, en el caso de ser gobierno, los líderes sociales tiene la responsabilidad de conducir y llevar a cabo las transformaciones sociales e institucionales que el mandato popular les ha otorgado. Para lo cual se requieren capacidades y herramientas técnicas y políticas para realizar las tareas de gobierno, tales como la planeación estratégica, un sistema de agenda que privilegie los asuntos estratégicos del plan de desarrollo, un sistema de monitoreo en tiempo real de la gestión de gobierno, y la petición y rendición sistemática de cuentas.

Otro aspecto que está afectando la capacidad de gobierno es la poca estabilidad del gabinente de gobierno y la alta rotación de sus ministros. Lo cual resulta un factor fuertemente limitante de la capacidad del gobierno, dada la complejidad de las estructuras administrativas y la intensidad de los problemas acumulados que requieren una larga curva de aprendizajes. 

Estas limitaciones se hacen mucho más notorias y restrictivas cuando se trata de conducir un proyecto de transformaciones sociales y económicas muy ambiciosas que afectan los intereses de sectores muy poderosos y con capacidad de oponer una fuerte y enconada resistencia. 

La necesidad de una reforma moral e intelectual 

Para enfrentar exitosamente este conjunto de retos y desafíos es necesario que el gobierno este dispuesto a aprender varias lecciones fundamentales:

La primera - y tal vez más importante- es que el país entienda que no basta con la legitimidad y el respaldo popular para realizar las reformas, se requiere construir un consenso entre los diferentes sectores sociales, económicos, políticos, intelectuales y populares para convocar y llevar a cabo una gran reforma moral y cultural para moralizar y transformar las costumbres políticas que comience por esclarecer las verdaderas dimensiones y responsabilidades en la financiación ilícita de las campañas electorales de los últimos cuatro gobierno, a través de la creación de un Alto Tribunal de cuentas, con la participación y veeduría de la comunidad internacional.

En segundo lugar es necesario que el gobierno comprenda que la calidad y efectividad de la su gestión depende de la estabilidad y capacidad tecno-política de los cuadros directivos de la administración pública y de la calidad y potencia de las herramientas de gobierno. Para lo cual es necesario conformar una masa crítica del más alto nivel directivo, un verdadero estado mayor de mariscales de campo capaces de conducir y poner en operación las directrices y lineamientos de la transición democrática y la reforma moral e intelectual que encarna el Gobierno del Cambio.

En tercer lugar es fundamental mejorar la capacidad del gobierno mediante el establecimiento de un sistema de planificación y monitoreo por problemas, que están claramente identificados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia Mundial de Vida”, la adopción de un sistema de Agenda que priorice los temas estratégicos y evite la improvisación y las urgencias, y la implementación de un sistema de petición y rendición sistemática y pública de cuentas prevenga la corrupción y la inercia burocrática que dificulta la ejecución presupuestal y el logro de las metas y resultados propuestos por el Plan de Gobierno.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches,

Agosto 9 de 2023

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[1] Juanita Goebertus es actualmente la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).