¿De vuelta al Proteccionismo?

 “Los políticos suelen ser a menudo esclavos de algún economista difunto”

John M Keynes

La discusión entre el proteccionismo y la apertura económica ha vuelto a colocarse en el centro del debate de la económica política del país, gracias a la propuesta de Gustavo Petro de aumentar los aranceles para proteger la producción nacional. “Así sea un debate anacrónico, hay que darle la bienvenida”, manifestó Juan Camilo Restrepo en su columna del Nuevo Siglo. Y agrego que, los demás candidatos andan empantanados en unas mezquinas rencillas personales.

Paradójicamente, las discusiones a cerca de las relaciones entre el comercio internacional y el desarrollo de las naciones siguen siendo tan importantes y controvertidas como hace dos siglos, cuando los padres de la economía clásica (Smith, Ricardo y Marx) se trenzaron en una ardua, pero fructífera discusión sobre las ventajas y desigualdades que genera el libre comercio entre países con niveles de desarrollo claramente diferenciados. 

En el mundo contemporáneo, los diferentes obstáculos interpuestos al libre comercio por parte de los países desarrollados han sido tan frecuentes, como el fracaso de las recomendaciones neoliberales de los organismos multilaterales a los países en desarrollo.

A pesar del acuerdo logrado en la Ronda de Uruguay (1982), que dio origen al más ambiciosa reforma del sistema mundial de comercio, los países más desarrollados mantienen elevadas barreras de protección a sus economías para favorecer su crecimiento. Tanto los EE. UU como Japón y los países de la Comunidad Europea (CE), conservan esquemas arancelarios y sanitarios que favorecen la producción de bienes y materias primas agroindustriales, consideradas estratégicas para la soberanía alimentaria de sus países.

Por el contrario, la mayoría de los países en desarrollo, como Colombia, siguiendo los dictámenes “Consenso de Washington” (1989), adoptaron reformas económicas neoliberales para lograr la estabilidad macroeconómica, la superación de la pobreza y el crecimiento económico.  

Treinta y dos años después, el país enfrenta los mayores desequilibrios macroeconómicos de su historia reciente, como consecuencia no solo del deterioro de los términos de intercambio, sino del fracaso de las políticas neoliberales.

El extraordinario aumento del déficit de la balanza comercial, que alcanzó la preocupante cifra del -6,4% del PIB, es el resultado no solo del mayor aumento de las importantes (40,8%) sobre las exportaciones (23,7%), sino de las malas políticas comerciales del gobierno de Duque. 

De una parte, el incremento del valor de las exportaciones tradicionales ha sido provocado por los choques externos, que hicieron subir los precios de los productos básicos en plena pandemia (carbón, petróleo, azúcar, café, etc.), más que por un aumento en la productividad y/o especialización productiva del país.

De otra parte, el aumento de las importaciones de alimentos, materias primas agroindustriales y productos manufacturados ha deteriorado los términos de intercambio, poniendo en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria y empobreciendo aún más el trabajo de los colombianos. 

Está difícil situación de la economía colombiana se ve refleja en el aumento de la pobreza (42,5%), el desempleo (13,7%) y el alza generalizada del nivel de precios internos, que alcanzó la cifra record del 6,9% en enero pasado y, particularmente, en el incremento del precio de los alimentos (19%); lo cual disparó las alarmas de la FAO en su más reciente informe sobre la seguridad alimentaria, al ubicar a Colombia, al lado de Haití, como los dos países de América Latina y el Caribe con mayores riesgos de hambrunas en el mundo.

Por estás poderosas razones, la propuesta del Pacto Histórico de acudir a políticas proteccionistas de emergencia, parece razonable y asertiva. Siempre y cuando, estas políticas sean lo suficientemente flexibles e inteligentes para enfrentar la situación de crisis que vive el país en materia de empleo y escasez de alimentos.

De acuerdo con la teoría del comercio internacional, una solución subóptima es aquella en la cual todos los actores sociales ganan un poco, aún a costa de una pérdida relativa de bienestar. En nuestro caso, una explicación muy sencilla es que la intervención del Estado, mediante subsidios o tarifas de protección, puede lograr una mayor eficiencia en la asignación de los recursos y, al mismo tiempo, mejorar el bienestar general de la población. ¿Cómo se explica está paradoja? 

Cuando un país, como es el caso de Colombia, se ve enfrentado al dilema trágico entre la escasez relativa de alimentos y, al mismo tiempo, a mayores costos privados para ampliar su oferta interna, se requiere la intervención del Estado para proteger la producción interna de alimentos y materias primas agroindustriales y, simultáneamente, mejorar la productividad; de tal manera que todos los actores ganen. 

Para ello se necesita una política integral de sustitución de importaciones que combine el alza de las tarifas arancelarias de protección con una política de subsidios e incentivos a la producción interna. 

Lo óptimo sería que los nuevos ingresos del Estado, provenientes del alza de las tarifas arancelarias, se destinaran a subsidiar -en el corto plazo- la importación de insumos y maquinaria agrícola y, al mismo tiempo, promover las mejoras de productividad, a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i).

Solo una política integral de protección, fomento y asignación eficiente de los recursos públicos asegurará el éxito de unas políticas proteccionistas flexibles, eficientes e inteligentes que tanta falta nos hacen para hacer del país una verdadera despensa agrícola mundial.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Febrero 19 de 2022 

Postre 1

Ante el estrepitoso fracaso de su campaña, Alejandro Gaviria, candidato de la centro-esperanza fue a la casa del Cesar, con el rabo entre las piernas, a solicitarle su aval, y salió con un palmo de narices … Jijiji quiero dulces para mi

Postre 2

La andanada de acusaciones que sostienen los medios, elites políticas y algunos jueces venales, solo tiene un propósito: frenar el inminente triunfo electoral de Gustavo Petro, ha dicho candidata al senado Piedad Córdoba. Cómo dice la famosa canción de la Guarachera de Oriente: Songo le dio a borondongo, Borondongo le dio a bernabé, Bernabé le pegó a muchilanga, le echó a burundanga Les hinchan los pies ….  

Postre 3

Algo muy podrido debe haber en la zaga criminal de corrupción, compra de votos, y triángulos amorosos, que destapó la exsenadora Aida Merlano y que involucra a los poderosos clanes Char-Gerlein de Barranquilla, para que las altas esferas del gobierno nacional estén “muertos del susto”.

 

Convivir con los benitos

Conocí a la hoy senadora del CD, María Fernanda Cabal, en unas circunstancias muy particulares. Eran los comienzos de la década del 2010 y asistíamos a un foro de socialización de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), donde el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, presentaba las políticas de tierras y desarrollo rural del primer gobierno de Santos. 

En ese momento la senadora Cabal, fungía como presidenta de Fundagán, una fundación de bolsillo creada con el propósito de “visibilizar las denuncias de los ganaderos víctimas de la violencia”, y su esposo, José Félix Lafaurie, era el poderoso presidente de Fedegán. 

La senadora estaba acompañada de dos “reclamantes de tierras”, que habían sido traídos desde el Urabá Antioqueño, donde se vivía un agudo enfrentamiento entre los llamados adquirientes de tierras de “buena fe” y los campesinos víctimas del desplazamiento forzado y del despojado de tierras. La senadora y sus acompañantes se fueron lanza en ristre contra las comunidades de paz del Urabá -ganadoras del Premio Nacional de Paz- y contra el padre Francisco de Roux, a quienes acusaban de ser aliados de las Farc. Pero el incidente no paro ahí, sino que se fue transformado de moreno a castaño. De tal manera, desde ese momento pude comprobar que estábamos frente a una mujer literalmente avasalladora.

En esos años, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio -que se constituyó, a partir de la Ley de Víctimas, en el embrión de la Unidad de Restitución de Tierras-, con el apoyo de la comunidad internacional, había logrado documentar el despojo de más de 115.000 predios rurales, equivalentes a 4 millones de hectáreas en 885 municipios. 

Uno de los casos más emblemáticos tuvo lugar en la región de Tulapas, ubicada en el norte del Urabá antioqueño, donde las AUC con la abierta participación del Fondo Ganadero de Córdoba y Urabá, habían consumado el despojo de cerca de 20 mil hectáreas, afectando a más de 120 familias beneficiarias de la reforma agraria.

Este caso se constituiría en el laboratorio del despojo de tierras en Colombia. Las AUC, bajo el mando de Carlos Castaño y, su lugarteniente alias el alemán, desencadenaron una espantosa operación de desplazamiento a sangre y fuego de los campesinos en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá. Luego, estos eran abordados por comisionistas y adquirientes de tierras de “buena fe”, que hacían parte del Fondo Ganadero de Córdoba, para que les vendieran sus tierras a Salvatore Mancuso y a varios de sus testaferros a precio de huevo.

Detrás de ese despojo figuran dos san benitos, un gallo y el presidente de Fedegán. 

Los dos benitos de esta monstruosa historia son, Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo y exgobernador de Córdoba, quien relató ante la JEP las andanzas del señor J.F. Lafaurie, y su estrecha relación con Salvatore Mancuso y el paramilitarismo de Córdoba.

El segundo Benito, es Benito Molina Velarde, un afortunado ganadero conocido como ‘el mexicano´, quién amasó una enorme fortuna durante los mismos años que crecía la influencia paramilitar en Córdoba. Cómo su tocayo, se acogió hace unos meses a la JEP para reducir su condena a cambio de la plena verdad. 

Dentro de sus declaraciones, se relaciona la participación de Luis Gallo Restrepo, el otrora prestigioso financista cordobés, Bernardo Vega, el dirigente conservador Julio Manzur, y el poderoso presidente de Fedegán, en el horrendo proyecto de expansión del paramilitarismo en Córdoba y Urabá. 

En el reporte Coronel de este fin de semana, se menciona la existencia de un borrador de documento que da cuenta de la operación del despojo de tierras en la región de Tulapas utilizando como mampara el Fondo Ganadero de Córdoba, bajo la famosa figura del “tercero de buena fe”, que comenzó a hacer carrera como el caballito de batalla de los esposos Lafaurie-Cabal para atacar la ley de víctimas y restitución de tierras. Una pareja perfecta.

En ese momento también se libraba otra gran batalla entre Fedegán y la recién creada Confederación Nacional de Ganaderos (CONFEGAN), por un lado, y por el otro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), por el control de los recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG). 

El ministro de la época, J.C. Restrepo, con base en el Informe de Auditoria de la Contraloría General de la República (CGR), que daba cuenta de por lo menos ocho hallazgos fraudulentos en la administración de los recursos parafiscales por parte de Fedegán, inició un proceso de caducidad del contrato de administración otorgado mediante la Ley 89 de 1993 a Fedegán. 

Los hallazgos se referían principalmente a: la falta de transparencia en el manejo fiscal y administrativo de los recursos del FNG y el acceso a la información pública; la ausencia de democracia interna y representatividad gremial de los pequeños ganaderos en la toma de decisiones de los Fondos Departamentales del Ganado y de los Comités de ganaderos; la confusión y poca transparencia entre los gastos del FNG y Fedegán; y los abusos en el uso discrecional de los datos personales de los ganaderos por parte de Fedegán.

Con las contribuciones parafiscales de los ganaderos colombianos, que en su momento ascendían a aproximadamente noventa mil millones de pesos anuales, los poderosos señores Jorge Visbal Martelo y José F. Lafaurie, habían decidido convertir al FNG en inversionista de la ineficiente y poco transparente empresa Frigoríficos Ganaderos de Colombia (FRIOGAN S.A.), poniendo en riesgo el patrimonio de los ganaderos, pese a las advertencias de la CGR. 

Un segundo hallazgo de la Contraloría se refería a las dificultades en el acceso a la información pública y las inconsistencias en las cifras de los ciclos de vacunación y la compra de las vacunas. Igualmente, varios Comités departamentales de ganaderos habían hecho pública su inconformidad con la falta de representatividad de los pequeños ganaderos y la ausencia de democracia gremial al interior de Fedegán. Malestar que llevó a varios Comités a retirarse de la Federación y formar rancho aparte en la nueva confederación de ganaderos (Confegan).

Otro hallazgo de la CGR se refería a la poca transparencia en el manejo de los gastos administrativos y las reiteradas confusiones entre las cuentas del FNG y la Federación. En un `memorial de agravios’ levantado por Confegan, se señalaban los reiterados pagos de viáticos a los miembros de la Junta Directiva de la Federación por su participación en las reuniones del FNG. En particular, se encontraron giros por montos cercanos a medio millón de dólares a las cuentas bancarias del expresidente Visbal en el exterior, sin ningún tipo de justificación.

Así mismo, Fedegán le hizo entrega de información personal de los ganaderos de Córdoba y otras regiones a los paramilitares, quienes la utilizaban para presionarlos electoralmente en la votación por las listas de sus candidatos.

Este conjunto de hechos delictivos fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y las autoridades judiciales, sin que hasta la fecha se hubieran adelantado las investigaciones correspondientes.

Solo ahora, con el concurso de la JEP y de las investigaciones adelantadas por la Comisión de la Verdad, se ha comenzado a debelar el entramado de corrupción y felonía que hundieron los esposos Lafaurie-Cabal.

¿También caerán? 

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, enero 23 de 2022

Postre 1

El espectáculo mediático que armó el Fiscal Barbosa para entregarle a la aturdida ‘opinión pública’ el vertiginoso resultado de las investigaciones del crimen del reconocido estilista y su madre, habla bien de la fiscalía y muy mal del Fiscal.

Postre 2

Las primeras reacciones del presidente de Fedegán de señalar que las acusaciones en su contra forman parte de una campaña de persecución de la izquierda, no solo demuestran lo atortolado que está, sino el cinismo de su convivencia con las convivir.

No mires arriba ni atrás …

“Nada fortalece más el autoritarismo que el silencio” 

Leonardo Da Vinci

“No mires arriba” (Don´t look up) es ese tipo de película que uno tiene que ver, en medio de bostezos, con la curiosidad de llegar hasta el final para entender por que ha tenido una acogida tan espectacularmente dispar. 

De una parte, la inmensa aceptación de un público que la convirtió rápidamente en la 1ª tendencia en Colombia y en la 3ª película más vista en el mundo, con cerca de 120 millones de espectadores. Del lado de la crítica ha sido calificada como un bodrio aburrido y un plagio del famoso episodio de los Simpson, “El Cometa de Bart” (1990). En ambas, se utiliza el mismo argumento de la saga de ciencia ficción Armagedón (1998), de un meteorito que destruirá la tierra, para demostrar como la estupidez humana puede provocar la destrucción del planeta.

En esta parodia -de uno de los directores `looser´de Hollywood- el fin del mundo se presenta como una escena apocalíptica donde políticos mediocres, ricachones cínicos, medios de comunicación banales y ciudadanos negacionistas, se dan cita para contemplar en la pantalla chica, el trágico desenlace de un mundo irremediablemente destinado a explotar en mil pedazos.

En nuestro país del ´Sangrado Corazón de Jesús`, la realidad supera con creces la ficción. 

Desde hace varios meses el superyó, el supremo, lo venia advirtiendo con sus twitter apocalípticos de “ojo con el 22”, y al despedir el año lo pudo confirmar cuando en la encuesta Invamer 50, registró el indice de favorabilidad más bajo en los últimos 25 años del régimen uribista. Paradójicamente, esto ocurre cuando las luces del opaco mandato de su ungido comienzan a apagarse y la imagen del presidente Duque caé al nivel más bajo de desaprobación de los mandatarios colombianos en los últimos tiempos (72%), quien solo atina a expresar que esto le ocurre por que los colombianos no comprendemos la grandeza de su perfección (sic!). 

El fin del oprobioso régimen ocurre en medio de una escena donde, el mandatario trata de convencerse a sí mismo que su ficción de un mundo ordenado y feliz, no funciona por culpa de una realidad que no encaja en su paranoica idea de la perfección. 

Y, cómo era previsible en momentos cómo estos, la oligarquía y la élites depredadoras estaran preparando sus cámaras criogenéticas para transportarse a los nuevos paraísos fiscales, donde pudieran disfrutar de sus enormes fortunas, amasadas con el sudor, lágrimas y sangre de miles de desposeídos, violentados y exprimidos trabajadores y contribuyentes.

Sin embargo, en medio de este cuadro apocalíptico, está la esperanza de millones de ciudadanos colombianos de que “las estirpes condenadas a cien años de soledad, tendrán una oportunidad sobre la tierra”

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Enero 7 de 2022

 

Postre 1:

La frontera caliente del Arauca vibrador es ahora el escenario de una nueva masacre, está vez por cuenta de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales del ELN y las disidencias de las Farc, atizados por la contrainteligencia del Ejercito y pagados con los dólares del petroleo sangriento.

 

Postre 2:

La mano dura y la cabeza caliente del imputado expresidente Uribe quedo reflejada de cuerpo entero cuando decidió hacer su campaña electoral pidiendole el votico por el CD a las estatuas.

Lo bueno, lo malo y lo feo de las elecciones a Consejos de Juventud

“Las cosas son y parecen ser, y nada aparenta

el secreto de la vida que lleva.”

Manía de la duda, Fernando Pessoa

En medio de la apatía generalizada, denuncias de fraude y la persecución a los líderes de la primera línea, se llevaron a cabo los comicios para la elección a los nuevos delegados a los Consejos Municipales de Juventud -CMJ-. Una figura creada por la Ley 1885 de 2018, mediante la cual los integrantes de los CMJ deben ser elegidos en votación directa de los jóvenes que hacen parte del censo electoral. Según la Registraduría, el censo lo conforman dos grupos: uno de mayores de 14 a 17 años, incorporados al censo en el lugar donde se expidió la tarjeta de identidad, y otro entre los 18 y 28 años, incorporados según la circunscripción donde se encuentren habilitados.

De acuerdo con el censo (Dane, 2018), los jóvenes en Colombia son 12’537.557, el 49,6% mujeres y 50,4% hombres; una fuerza electoral determinante, capaz de elegir el próximo presidente de Colombia. A pesar de esto, los jóvenes solo comenzaron a tener un reconocimiento formal, a través de la expedición del Estatuto de Juventudes (2018). Pero fue solo mediante el estallido social del S19 y, particularmente, del A21 que el país se dio cuenta de sus necesidades y frustraciones. Situación que la pandemia del Covid 19 exacerbó, disparando los índices de pobreza, desempleo y exclusión de este grupo de población.

Por esas razones, el profundo malestar de una juventud inconforme se transformó en un torrente incontenible que desbordó los estrechos causes institucionales y se tomó las calles para hacer sentir sus voces de protesta. La respuesta del gobierno Duque fue desconocer estos reclamos y desatar la más brutal represión policial, que tubo un altísimo costo en vidas humanas. 

Hoy, siete meses después, las denuncias de violación de los DDHH (CIDH, 2021) permanecen en la impunidad y, por el contrario, la fiscalía ha desatado una embestida judicial contra los líderes de la protesta juvenil en todo el país. Durante las últimas semanas han sido detenidos más de doscientos integrantes de la primera línea, acusados por delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte y trafico de objetos peligrosos (léase escudos, cascos y guantes), secuestro y tortura de servidores públicos e instigación para delinquir con fines terroristas. Delitos que suman penas de más de 25 años de cárcel. Esto ocurre al mismo tiempo que los responsables de asesinatos, torturas, y lesiones personales de más de 4.680 victimas de la violencia policial permanecen libres.

Esta semana se conoció un nuevo informe periodístico sobre la investigación adelantada por el grupo “Cero Setenta” de la U. de los Andes, con el apoyo de la agencia de noticias públicas FAByB, que da cuenta del evidente planeamiento y la complicidad de las autoridades de policía de Pereira con los perpetradores del crimen de Lucas Villa.

Estas dolorosas circunstancias señalan las razones por las cuales los jóvenes sienten una profunda desconfianza con el gobierno actual y carecen de credibilidad en las instituciones públicas. De acuerdo con la encuesta sobre percepciones (U. Rosario, 2020)[1], los jóvenes desconfían profundamente de instituciones como la policía (71%), las autoridades locales (77%), la presidencia (87%) y el congreso (88%). Igualmente, la más reciente encuesta de Invamer señala que la imagen del presidente Duque cayó 16 puntos y alcanzó el 70% de desaprobación.

En este contexto, la convocatoria a los jóvenes a participar en el proceso electoral cayó en el vacío del escepticismo y la apatía. De una parte, el desconocimiento de la mecánica electoral y, de otra, la falta de información oportuna y las fallas en el diseño del tarjetón electoral, frustraron la posibilidad de participar en este simulacro de representación política.

Los resultados del reciente proceso electoral señalan que los votantes fueron menos de 1,28 millones, con una abstención del 90% y casi 300 mil votos nulos. Lo cual señala las grandes fisuras existentes en el sistema electoral colombiano, y particularmente, el pésimo manejo de este proceso por parte del registrador nacional, quién afirmó sin sonrojarse: “lo importante no son los votos, sino el ejercicio democrático”. 

En materia de la participación política, los resultados nos dejan un sabor agridulce. La proliferación de listas (7.824) y candidatos (41.825), donde predominaron las listas de los partidos y movimientos políticos (54,2%), seguidos de las listas independientes (28,2%) y de listas que representaban procesos y prácticas sociales (17,5%), señalan la profunda atomización de los procesos de organización política juvenil.

Como era de esperarse, en este río revuelto de intereses y representaciones, la ganancia la obtuvieron los partidos políticos que lograron el 56,4% de los votos, mientras que los independientes alcanzaron el 29% y las listas de los procesos y prácticas organizativas de las juventudes solo el 14,5% de los votos. Demostrando una vez más que, con la famosa “operación avispa”, los partidos tradicionales siempre obtendrán una cosecha electoral. 

Esta vez la “cosecha” de votos, fue facilitada por la resolución 15881 de la Registraduría, expedida subrepticiamente la noche anterior (4 de diciembre) al día de las elecciones (05/12/2021), por medio de la cual, el avezado registrador Alexander Vega, autorizó a los jóvenes entre los 14 y 17 años a votar en cualquier puesto de votación, diferente a donde se hallaban inscritos. Abriendo así la compuerta a cualquier tipo de fraude (múltiple votación de la misma persona o la trashumancia electoral) y cambiando las reglas del juego a último momento, tal como lo advirtió la Misión de Observación Electoral.

Por las anteriores razones, se puede colegir que la abstención electoral -al igual que el voto en blanco- no constituye ningún tipo de sanción social sino la expresión de una “enfermedad infantil “, que se caracteriza por una precaria cultura política que facilita el predominio de los intereses de las maquinarias electorales, acostumbradas a aceitar los procesos electorales con prebendas que les garantizan la consecución de votos y la manipulación de los resultados.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 13 diciembre de 2021

Postre 1:

La última “jugadita” del HP, César Lorduy, de la bancada de Cambio Radical y cercano al Clan Char, de incluir un articulito (art 68) en el proyecto de ley anticorrupción que ordena cárcel a los periodistas que denigren de un funcionario público, es un atentado contra la libertad de expresión y constituye un descarado intento de imponer la mordaza a la libertad de prensa.

Postre 2.

Ante la presión de los organismos defensores de la libertad de prensa y de escandalo internacional, el presidente Duque tuvo que salir a regañadientes a solicitarle al Congreso el retiro de articulito Lorduy, que intenta imponer una mordaza a la prensa independiente. Esperamos que no sea solo un arrepentimiento de dientes para afuera, como nos tiene acostumbrados el presidente, en materia de defensa de los DDHH.

Postre 3:

La senadora Angélica Lozano abandonó la tolda de los verdes para pedir oxigeno en las filas de Ingrid Betancur. Verdes se crían y el oportunismo las marchita.

---

[1] Universidad del Rosario y El Tiempo (2021). Encuesta ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?,   

El discreto encanto de la burguesía nazional

“Detened al terror y a las mordazas

para que renazca, joven, en España

la vida verdadera, la sangre jubilosa,

la ternura feroz de un mundo libre.

¡Detened a la muerte, camaradas!”

No pasaran, Octavio Paz

El más reciente escandalo protagonizado por la Policía de Tuluá tuvo un alcance mundial y provocó una inmensa reacción y condena del cuerpo diplomático de varios países. En una conmemoración histórica -que la directora nacional de la Policía declaró un evento pedagógico- los uniformados exaltaron a las tropas nazis y un miembro de la policía, disfrazado de Adolfo Hitler, encabezaba un grupo de policías que lucían uniformes y las insignias nazis.

El evento señalado como un hecho indignante, provocó la reacción del embajador de los EE. UU., quién se declaró “consternado” y “profundamente decepcionado”. En igual sentido se pronunciaron las embajadas de Alemania e Israel, para quienes “ninguna explicación es suficiente”

Este bochornoso incidente, nos hizo recordar la denuncia del periodista Daniel Coronel, sobre la exaltación que hiciera un tradicional y prestigioso club social de la capital de la República, a la doctrina nazi y a la figura de Adolfo Hitler, mediante la exhibición de un desfile militar nazi encabezado por Adolfo Hitler, el criminal que ordenó el genocidio de seis millones de personas, entre judíos, gitanos, homosexuales y comunistas.

En estos episodios, aparentemente aislados -al igual que en la magistral película de Buñuel, donde el embajador de una República bananera- nos sirve de hilo conductor para deshilvanar el ovillo de la soterrada admiración que las elites colombianas les profesan a las dictaduras. Cómo lo dijera el filosofo de Neiva, la burguesía colombiana es democrática, de dientes hacia afuera, pero su afición es la dictadura.

La historia reciente del país así lo demuestra. Pasamos de un régimen dictatorial, que hizo del “estado de sitio” la forma más frecuente de gobernabilidad en el siglo XX, a la figura actual del “estado de excepción” para ejercer la dictadura civil, donde el presidente concentra todos los poderes, legislativo, judicial, electoral e, incluso, las agencias de control. 

En ambos casos, las élites en el poder han hecho uso de la doctrina de la seguridad para colocar a las FFMM contra la ciudadanía, y desatar largos períodos de violencia, persecución y exterminio de las fuerzas opositoras. En los años 50 del siglo pasado, el ejemplo de la España franquista y la narrativa del “enemigo interno”, les sirvió para entronizar dentro de los cuerpos de seguridad del estado, los discursos de odio y estigmatización del adversario, dejando como saldo más de medio millón de víctimas.

Durante los últimos 20 años, esa misma narrativa se hizo hegemónica en Colombia, bajo el mandato de la “seguridad democrática”, que el expresidente Uribe le vendió al país como la guerra del estado contra el terrorismo de las Farc. Doctrina que justificó el uso de todas las formas de lucha, legales e ilegales, incluida su alianza con el paramilitarismo y el narcotráfico. Esta guerra que le costó al país la cifra de más de 200 mil muertos, 8 millones de campesinos y campesinas desplazados, 6.450 ejecuciones extrajudiciales, el copamiento de extensos territorios de la Colombia profunda y la captura del estado por parte del narcotráfico y la inmensa corrupción de la clase política tradicional.

De este inmenso pantano, en que se sumió el país durante los dos mandatos de Uribe, comenzamos a salir cuando, el presidente Santos decidió apartarse del legado de su mentor, y encaminarse hacia la búsqueda de una salida política al conflicto armando; camino que finalmente nos condujo a la firma del Acuerdo de Paz en la Habana, que ahora llega a su 5º año de vida. 

Sin embargo, el Acuerdo de Paz alcanzado con la guerrilla de las FARC, no ha estado exento de escollos y avatares. El primero de ellos estuvo en el nacimiento mismo del Acuerdo, cuando el presidente Santos decidió someterlo a la aprobación de un plebiscito, en lugar de una oportunidad para lograr un gran acuerdo nacional de reformas. Este camino nos condujo a la primera gran frustración al perder el plebiscito frente a las fuerzas del NO. Un verdadero triunfo pírrico que, aún hoy sigue sido el caballito de batalla del desvanecido Centro Democrático, le ha servido para oponerse rabiosamente a los acuerdos y reclamar su ilegitimidad.

El segundo escollo, lo representó la falta de voluntad política para reformar las FFMM y sacar de sus filas la doctrina del “enemigo interno”; razón por la cual, la cúpula militar ha continuado haciendo uso de sus prácticas anti insurgentes, que se han traducido en permanentes abusos de los DDHH, ejecuciones extrajudiciales, y reiterados escándalos de corrupción e impunidad, que dejan entrever las “orejas de burro” de una oscura postura autoritaria.

El tercer escollo, lo constituye el incumplimiento de los acuerdos legislativos relacionados con las garantías y seguridad para la reincorporación de los excombatientes, la representación política de las víctimas y, particularmente, la reforma política que le ofrezca un nuevo marco para la participación democrática y la expresión de las nuevas ciudadanías. Particularmente, el derecho a la participación y la protesta ciudadana han sido brutalmente reprimido por parte del actual gobierno, en los más recientes estallidos de protesta juvenil. El balance de estos abusos quedó ampliamente documentado en los informes de la CIDH y en los registros, on line, de las redes sociales y los medios alternativos de información. Hechos que aún hoy, siete meses después, no han logrado ser esclarecidos y permanecen en la impunidad, pese a los reclamos de los organismos internacionales de los DDHH. 

El cuarto escollo ha estado centrado en la incompetencia y el descaro de Duque para hacerle “jugaditas” a la paz. En su primera acción legislativa, se negó a sancionar la entrada en vigor de la JEP, tal como se lo había ordenado el expresidente Uribe. Luego, intento frenar la acción de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, asfixiándola económicamente y obstaculizando la prolongación de la Ley de Víctimas. Y más recientemente ha saboteado el otorgamiento de las curules a las víctimas.  

Sin embargo, el Acuerdo de Paz trajo consigo una refrescante oxigenación al país, al remover las estancadas aguas del conflicto armado y abrir las exclusas para que las nuevas ciudadanías y los movimientos políticos alternativos comenzaran a forjar caminos independientes de expresión y de protesta. Aún, en medio del intento del gobierno actual de hacer “trizas” el Acuerdo de Paz y del alto numero de víctimas y asesinatos que ha costado su avance, la marea de la resistencia y la inconformidad popular ha seguido creciendo, tal como lo demostró el estallido social del paro nacional en los meses de marzo, abril y mayo del presente año.

En este nuevo escenario de la postpandemia, la burguesía criolla ha buscado remozar su discurso antidemocrático, bajo la narrativa de que lo que se esconde, detrás de las protestas sociales en Colombia, es la expresión de lo que Alexis López, un entomólogo chileno de extrema derecha, denominó la “revolución molecular disipada. Según está flamante “teoría”, las nuevas formas de la protesta social en América Latina son la expresión de movimientos de guerrillas urbanas desarticuladas que combaten “molecularmente al sistema para sembrar el caos e imponer su propia dominación”. 

Esta concepción encaja perfectamente en la ideología uribista que ha tildado de guerrilleros a sus opositores políticos, a los lideres sociales, a los ambientalistas y a los defensores de las víctimas, con los cuáles mantiene una encarnizada disputa en los tribunales de justicia, buscando enjuiciarlos con testigos y testimonios falsos. Al mismo tiempo que justifican el uso de la violencia policial contra los manifestantes y hasta el bombardeo de jóvenes y niños, a quienes el Min defensa llama “maquinas de guerra”.

No es casual, que este oscuro personaje haya sido citado por el expresidente Uribe en un tweet, en medio de la protesta social de este año, donde invoca a las FFMM a “resistir la revolución molecular disipada que impide normalidad, escala y copa” y al mismo tiempo sea un invitado especial del gobierno de Duque, para dar cátedra en la Escuela Superior de Guerra, a un grupo de oficiales que hacen el curso de ascenso a generales del Ejercito colombiano.

Esta pseudoteoría de la “revolución molecular disipada” constituye una vulgar tergiversación de los planteamientos de filosóficos franceses como Foucault (1966), Deleuze (2005) y del psicoanalista Félix Guattari (1977), para quienes, la revolución molecular, es una forma de liberación de la subjetividad, que se encuentra oprimida por los súper poderes que reprimen nuestros deseos y hacen del miedo, un instrumento para mantener la subordinación al tirano. El “embrujo autoritario” es el hijo legitimo de miedo en que se apoya el discurso autoritario. Es el mismo discurso que el año 2016, logró despertar el temor religioso a la “ideología de género” para colocar en contra del plebiscito por la paz, a muchos movimientos cristianos. Y, luego en las elecciones del 2018, género zozobra en el electorado con el temor al “castro chavismo”, para favorecer al candidato uribista que finalmente, con la ayuda de la corrupción electoral y la compra de votos, llevó a la presidencia a Iván Duque.

Pero está dinámica cambió radicalmente con la protesta estudiantil de finales del 2019 y, sobretodo, con el estallido de la protesta juvenil y popular de los meses de marzo-abril y mayo de 2021, que produjo un profundo malestar cultural en la sociedad colombiana. 

Naturalmente, a este remezón, contribuyó generosamente la pésima gestión económica, social, internacional y política del presidente Duque. Quién terminó por cocinarse en su propia salsa de vanidades, lisonjas y estupideces. Este presidente pasará a la historia, no solo por su total desconexión y desprestigio ante la opinión pública nacional e internacional, sino por el mérito de haber logrado hacer trizas a su propio partido. Un logro que difícilmente le reconocerá la burguesía nazional que discretamente lo ayudo a elegir y tampoco se lo agradecerán sus correligionarios, a quiénes deja tirados en el fondo del barril de los puercos.

Postre 1:

La HP Jennifer Arias -presidenta de la H. Cámara de Representantes- Falla el derecho de autor y viola los derechos patrimoniales, con un abultado plagio en su tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Así lo confirmó la Universidad Externado de Colombia en un comunicado donde ratifica la investigación iniciada por el portal Plagios y declara la existencia de una violación a los derechos de autor. ¿Será que ahora el gobierno la premiará con un encargo diplomático? Largo, ya.

Postre 2:

La presidenta (encartada) de la Comisión Quinta constitucional, la HP senadora Esperanza Andrade Serrano (Partido conservador), la vimos atragantarse con la intervención de senador Gustavo Petro, reclamando el pronunciamiento de la Comisión Primera del Senado contra las calumnias de María Elvira Salazar, congresista república por el Estado de la Florida, cercana a Álvaro Uribe y quién fuera elegida con el apoyo del CD.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 

noviembre 23 de 2021

 

El proceso del encadenado expresidente

 “¡Cómo ha cambiado mi vida y cómo, en el fondo, no ha cambiado nada!”

Investigaciones de un perro, Franz Kafka

En uno de esos lúgubres días de octubre, el expresidente Uribe Velez y su séquito de abogados, lacayos y guardaespaldas, aguardaban silenciosos tras las cámaras, a que el abogado de la defensa de las víctimas, Reinaldo Villalba, avanzara en su explosivo alegato. Hacia ya más de tres largos y penosos años que las cosas se le venían enredando al expresidente, con ocasión del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual decidió archivar el proceso contra el senador Iván Cepeda Castro y abrir una investigación en su contra por manipulación de testigos y fraude procesal y, al mismo tiempo, compulsar copias a la justicia ordinaria  contra el abogado Diego Cadena y otros determinados.

Por la blanquecina cabeza del ahora imputado expresidente, desfilaban un sinfín imágenes de cientos de reuniones y conversaciones, de las cuales fue protagonista tratando de reversar el fallo de la CSJ que desde entonces lo mantienen encadenado a este proceso.

Era consciente que esté deja vú, en que se han transformado sus días de retiro forzado en el Ubérrimo, comenzó cuando las falsas acusaciones contra su enemigo político, el senador Cepeda, se le devolvieron como un boomerang. Y, ahora, era él, el que estaba en el banquillo de los acusados. Se encontraba en un callejón sin salida, donde todo el entramado de su embrujo autoritario se le vino abajo, como un castillo de naipes, dejando al descubierto su verdadero rostro de determinador de crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante los últimos 20 años en el país. 

¿En qué momento habia pérdido las riendas del control autoritario de sus determinaciones? ¿Cómo era posible que esto le estuviera ocurriendo a él, ahora que su partido había logrado acumular todo el poder supremo, y controlar todos las ramas del poder público, anulando los precarios contrapesos de la maltrecha democracia restringida que impera en Colombia?. Esto era algo que en sus cursos de verano de ciencia política en Harvard, nunca se lo explicaron.

Sabia perfectamente que su gran habilidad como influenciador de la opinión pública y determinador de la voluntad de sus seguidores, se había desvanecido como espuma. Y guardaba sentimientos encontrados con su designado, el presidente Ivan Duque, a quien siempre protegia como a un hijo bobo. Pero era conciente de su ineptitud e incapacidad para cuidarle sus tres “huevitos”. Duque había dejado escapar, como agua por entre los dedos, las inmensas oportunidades de afianzar su legado y encubrir sus crímenes. 

Ahora, desde esa “jaula de oro” -en que se le ha transformado su estadía en la extensa hacienda de Córdoba- contempla impotente la meteórica caída de su popularidad y el creciente desprestigio del régimen político uribista que, él con tanto esfuerzo y sagacidad logró construir como un “estado de excepción” para albergar toda la pestilencia de la narcopolítica y de la plutocracia que lo rodea.

En medio del torbellino de sus atormentados recuerdos, era consciente que todo su tinglado de trapisondas y mentiras, comenzó a venirse a bajo cuando, en el desespero por reversar la decisión de la CSJ, perdió los estribos y se inmiscuyo directamente en el bajo mundo de la compra de testigos falsos. Llamó personalmente a Diego Cadena, un ladino abogaster, acostumbrado a sobornar testigos y a fabricar pruebas falsas para ayudar a los narcotraficantes a evadir la justicia, y lo hizo su aliado incondicional. Aprovechando la devoción que le profesaba, le encomendó el trabajo sucio de buscar y comprar falsos testigos en las cárceles que le permitirá: desacreditar testimonios que lo comprometían a él y a su hermano Santiago Uribe -preso por la conformación de grupos paramilitares-; desprestigiar a los Magistrados de la CSJ; y señalar al senador Cepeda como instigador de las acusaciones en su contra. 

No obstante, que trató de mantener oculta esta conspicua relación con el abogado Cadena -como ocurre con las relaciones clandestinas que se quieren esconder- se hizo pública, cuando las autoridades judiciales encontraron un hilo conductor entre el exsenador Uribe, el abogado Cadena y reconocidos jefes paramilitares que purgan condenas en las cárceles por crimenes de lesa humanidad y que estarían dispuestos a colaborar con las causas del expresidente Uribe. Estas revelaciones de la CSJ, terminaron por correr el velo que mantenian al expresidente afianzado en su acostumbrado patron de “tirar la piedra y esconder la mano”, dejando que sus subalternos hicieran el trabajo sucio. 

¡Proceda, doctor Diego¡ ¡Hay que seguir en la batalla¡ Eran las frases que se le escuchaban decirle al abogado Cadena, para avalar su proceder delictivo. Al igual que ocurrió durante los largos años de sus mandatos, estaba completamente seguro que sus subalternos cumplirían sus ordenes al pie de la letra, aún a costa de sacrificar su integridad personal. ¡Es larga la lista de colaboradores y amigos suyos, que purgan condenas o han tenido que huir para encubrir las torcidas ordenes de su admirable jefe¡

Pero, los tiempos han cambiado. Ahora, las imputaciones han recaido directamente sobre él. Por eso, su rostro ha perdido todo el brillo del encanto autoritario, y ahora una mancha amarillenta, como de rigidez cadaverica, le cubre la cara. Tal vez, esa sea la razón para que ahora prefiera apagar la cámara del zoom y dejar que sean sus abogados los que den la cara!

En estas circuntancias tan aciagas para el imputado expresidente, tal vez sus abogados hayan pensado en la posibilidad de aconcejarle se acoja a los beneficios de la JEP; pero esto significaria el reconocimiento final de su fracazado plan de hacer trizas los acuerdos de paz y, eso, para el determinador significaría su muerte política. Por esas razones, saben que ahora no tienen más opción que prolongar la agonía del difunto y esperar que las inmensas presiones y veladas amenazas sobre la juez que ahora conduce el proceso contra el expresidente, terminen por doblegar la voluntad de hacer justicia.

Pero aún, en el caso de un improbable fallo de preclusión en favor del imputado expresidente, como lo ha solicitado el fiscal Gabriel Jaimes, es tal el cúmulo de evidencias y pruebas de la conducta dolosa de Uribe Velez que va a ser imposible escapar, ya no solo a la condena de la opinión pública nacional y mundial, sino a la justicia misma. Ya bien sea en Colombia o ante la Corte Penal Internacional -que tiene sus ojos puestos en este juicio-, el expresidente tendrá que responder por sus delitos.

La suerte del expresidente Uribe está irremediablemente encadenada a este proceso histórico.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, octubre de 2021  

Potre 1: RCN dice que la exministra Adudinen salió del país por razones personales y está en lo cierto, salió huyendo para eludir el llamamiento a juicio de la CSJ, una razón muy personal.

Postre 2: La nueva ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, que según la revista Semana tiene la lupa puesta en recuperar los 70 mil millones entregados por su antecesora a Centros Poblados, no supo responder en entrevista a la doble W, cómo va ha proceder para recuperar esos dineros de los Colombianos; en cambio fue muy diligente en responder que no tiene ninguna inhabilidad para decidir sobre el pleito de las plataformas del transporte privado, por que viene de actuar a favor de una de ellas. (SIC!!!)

Postre 3: La Función Pública confirmó que el director de la DIAN ocultó la sociedad que tiene en el paraíso fiscal Delaware en su declaración de bienes y rentas (SIGEP) del año 2020, por que no lo consideró conveniente para sus interés como elusor de impuestos.

Bienvenidos, al caos

“A la oligarquía criolla, la independencia le pareció una fiesta brava, 

una buena oportunidad para recoger los frutos de una cosecha

que nunca contribuyeron a sembrar”

La Bagatela, Antonio Nariño 1810

El 20 de Julio se instaló en el imaginario de los colombianos como el día de la independencia. Sin embargo, las recientes lecciones de nuestra historia patria nos han señalado que, con lo advirtió en su momento Antonio Nariño, lo que realmente ocurrió no fue la conquista de la independencia sino un cambio de mando, de una aristocracia despótica y decadente por una oligarquía criolla de lacayos y buscadores de renta que nos ha gobernado hasta nuestros días, con muy contadas excepciones.

Después de dos siglos de despojos y despotismo, la estabilidad de las clases dirigentes del país parece haberse quebrado. El espejo del poder, como lo dijera J.M. Brunner, “está irremediablemente trizado”. No de otra manera se puede entender que la instalación del Congreso de la República se hiciera cambiando el horario y que, el ingreso al sagrado recinto de la democracia se hiciera a hurtadillas y custodiado por 10 mil hombres y mujeres de las FFMM. 

Estamos -cómo lo dijera J.M. Barbero- “de vuelta al caos”

Pero está vez lo que se quebró no fue un florero sino el embrujo autoritario del régimen despótico del uribismo. El 28 A. pasará a la historia cómo el episodio que, motivado el intento del exministro Carrasquilla pasarle la factura a la clase media por el fracaso de su política fiscal y monetaria, dio origen al estallido social más significativo de los últimos tiempos. En los tres meses de protesta, se han producido 4973 manifestaciones, 1897 marchas, 2426 bloqueos, 522 movilizaciones, 1130 disturbios y 18 asambleas populares, que suman más de 10 mil expresiones de la protesta social y un número similar de atropellos y excesos de la fuerza pública. 

En un duro informe sobre la represión a la protesta en Colombia, la CIDH señaló su preocupación por la situación de los DDHH “el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia de género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, detenciones arbitrarias, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desapariciones; así cono el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar”.

En Colombia estamos asistiendo un profundo malestar cultural. Tres son las atmosferas culturales que lo envuelven: el protagonismo de los jóvenes, el desencanto social y la desintegración del imaginario social común. En relación con la primera atmosfera, la dura realidad de marginalidad y exclusión de los jóvenes generó, primero, su desconfianza en las instituciones y, ahora, su abierta rebelión contra las autoridades gubernamentales. 

La rebelión juvenil representa el desanclaje generacional con un orden social y político que le ha negado los derechos elementales a la educación, la salud y el trabajo a millones de jóvenes de los sectores populares. En momentos que la expansión de los mercados converge con la explosión de las TIC, para ofrecerle a los alienados consumidores la más variada oferta de bienes y servicios, incluidos los productos del conocimiento y la información, a los cuales no tienen acceso. 

Como lo narra A. Baricco, los jóvenes de hoy son nómadas que navegan por las redes sin aferrarse a ningún relato. No necesitan instructores ni instrucciones para experimentar estas nuevas realidades virtuales. Pero para lograrlo, deben destruir primero el orden establecido. Vandalizar ese orden que les ha negado violentamente su ingreso. 

La expresión de los cascos y las primeras líneas es la respuesta de los jóvenes que, para enfrentarse a los poderes dictatoriales del “Capitolio”, deben salir a las calles vestidos con sus armaduras. Son las mismas que nos acostumbramos a ver en todas las sagas contemporáneas como el Juego de Tronos, los Juegos del Hambre o los Caballeros del Zodiaco. 

Por esas razones, la fuerza incontenible de la actual revuelta juvenil no tiene que pedirle permiso a nadie para expresar su rabia y sus reclamos. No tienen, ni tampoco quieren, acudir a los tradicionales intermediarios políticos o institucionales para hacerse sentir. Les basta y les sobra creatividad, imaginación y ganas para usar las redes sociales como sus plataformas de lucha. Por eso resulta, por lo menos, ingenua la convocatoria del gobierno de Duque a constituir los Consejos Locales de Juventud para canalizar la protesta en medio de semejante estallido social. 

Las clases dirigentes de este país no se han percatado que nos enfrentamos a una profunda revolución cultural, donde el sistema de valores, las normas éticas y las virtudes cívicas se están recomponiendo radicalmente. Acá no caben los cambios cosméticos. Menos aún, cuando han estado precedidos de la más brutal y criminal represión de la juventud colombiana. 

Los jóvenes quieren ser ciudadanos, pero de un país distinto, justo y empático, que los escuche y respete sus derechos. 

La segunda atmosfera cultural que estamos viviendo hoy es el desencanto social generalizado, agudizado por la pandemia, con el orden existente. Es el fin del “embrujo autoritario”. Donde ya no solo se quebró la legitimidad de un régimen social organizado sobre unas relaciones sociales de dominación profundamente injustas e inequitativas, sino donde la coacción brutal del régimen se desnudo mostrando de cuerpo entero su catadura dictatorial, capaz no solo de disparar y matar con las armas oficiales a jóvenes indefensos, sino de aliarse con oscuras fuerzas criminales y paramilitares para atentar y asesinar a los presidentes de otros naciones, como acaba de ocurrir en Haití.

Ese orden social “racionalmente administrado” por los instrumentos democráticos y los partidos políticos profesionales, con el cual soñaba Weber, fue reemplazado en nuestro país por una frondosa camarilla de oligarcas y políticos corruptos dedicada a asaltar las arcas del estado. Como lo dijera hace más de 200 años A. Nariño, “lo miembros de la fronda terrateniente y oligárquica criolla, están destinados a convertir la independencia de España, en un régimen rentístico que favorezca sus ambiciosas ansias de poder para incrementar sus riquezas, consolidar sus castas en el Gobierno y el deseo oculto de seguir marginando, engañado y maltratando al pueblo. Divide y vencerás, tal es su mandato” (La Bagatela, 1810).

La tercera atmosfera cultural que acompaña este estallido social es la desintegración del horizonte sociocultural común. El imaginario colectivo que teníamos todos los colombianos acerca de los símbolos patrios -como la bandera, el escudo, el himno y las estatuas de los próceres de la patria- como referentes comunes se han transformado en espacios de desencuentros, en territorios de conflicto. La bandera tricolor invertida, el casco de la primera línea y los monumentos ecuestres derribados se han convertido en nuevos símbolos de la protesta juvenil. El ‘Monumento a la Resistencia’, un inmenso monumento de más de 10 metros de altura, construido por los jóvenes manifestantes en el sector de Puerto Rellena, al oriente de Cali, se convirtió en la expresión de la resistencia de los caleños y en un lugar de encuentro de los manifestantes. Lo mismo ocurrió con el Monumento a los Héroes, un lugar que era parte del paisaje urbano y había permanecido anónimo, fue resignificado por los manifestantes como un lugar de encuentro y expresión de resistencia.

Lo mismo ha ocurrido en las calles y avenidas de las principales ciudades del país, allí los muros se convirtieron en inmensos lienzos donde artistas y manifestantes plasman sus mensajes de protesta. Sus creadores son conscientes de lo evanescente de sus obras, sin embargo, destacan su capacidad para generar espacios de encuentro. “El pueblo no se rinde carajo” es uno de los murales que más fuerza evocadora tiene, porque ha sido reescrito tantas veces como lo han borrado.

Durante el día 20 de julio las calles de muchas capitales y pueblos de Colombia se volvieron a llenar de voces y expresiones artísticas y multiculturales que animaron la nueva jornada de protesta como un verdadero día de fiesta. En contraposición a la lánguida y acartonada ceremonia de instalación del Congreso donde un presidente soberbio y falaz, realizó la instalación con un discurso que, la oposición calificó de estar totalmente desconectado de la realidad del país. Y después haciendo gala de las famosa “jugadita”, abandono apresuradamente el recinto sin escuchar las voces de la oposición, como lo ordena el Estatuto de la Oposición. 

Hoy en día, a diferencia de los tradicionales consensos que, durante años, se generaron alrededor de los grandes medios hegemónicos de comunicación. O del papel que desempeñaban los partidos políticos, la iglesia y la misma escuela, como mediadores entre lo popular y lo moderno, entre lo local y lo nacional, entre los de ‘abajo’ y las elites del poder. La función del relacionamiento social la cumplen ahora las redes sociales y los medios de comunicación independientes. Y, a gracias a ellos, la diversidad y multiculturalidad de las expresiones populares, ha tenido una amplia y sonora difusión, a nivel nacional e internacional.

Estas nuevas formas de relacionamiento están permitiendo crear una vinculación distinta entre lo nacional y lo popular. Permitiendo que sean los de ‘abajo’, los que se relacionan con los comunes, con los que son parecidos a ellos. Las experiencias de las resistencias en los barrios caleños, en las comunas de Medellín, Popayán, Facatativá, Cajamarca, Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar, han permitido que, la convivencia de los muchachos, madres de familia, tenderos, microempresarios, artistas y profesionales de distintas disciplinas, desemboque en asambleas populares, donde se discuten la táctica y la estrategia de la acción política de los comunes. De allí nació la iniciativa de la Asamblea Nacional Popular que se reunió en la Universidad del Valle, en su segunda versión, durante los días 17 al 20 de julio, con la participación de más de 300 delegados de diferentes partes del país, de las Comunidades Negras del pacífico (PCN), la Minga indígena del Cauca y del Movimiento de la Primera Línea. Esta asamblea terminó con la suscripción de una declaración política, un memorial de agravios y una propuesta de acción política para las próximas elecciones del año 2022.

De está manera, como lo señaló Gramsci, lo popular se vincula a la acción política para que la memoria de lo popular nos permita construir un país distinto, un país verdaderamente democrático, un país donde quepamos de todos los comunes y, donde el poder este al servicio de los indígenas, los negros, los mulatos, los mestizos, los LGTBi, las mujeres, los jóvenes y los niños.

Por estas razones, los jóvenes en está coyuntura están asumiendo su papel histórico de destructores del orden tradicional. Son ellos los únicos sujetos que pueden ver en el irremediable espejo trizado por los infinitos contenidos que pugnan por expresarse en las culturas populares y por las innumerables fracturas que ha provocado en las costumbres, en los valores éticos y en las virtudes cívicas, el intento de las clases dominantes de doblegarlas y condenarlas a vivir otros 100 años de soledad. 

El poder despótico de está oligarquía criolla decadente, corrupta y abyecta quizás podrá, por un tiempo muy breve, atrapar los destellos fulgurantes del espejo y cubrir el horizonte con la sombra de sus oscuras ambiciones, pero no podrá nunca evitar que el sol salga mañana por el levante e ilumine el camino que el pueblo de Colombia eligió para transitar hacia la paz, la justicia social y la prosperidad de todos.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 20 de julio de 2021 

Adenda 1.: La Alcaldesa de Bogotá prefirió alinearse con las políticas represivas y antipopulares del Gobierno de Duque, para obtener unas dádivas en el Congreso y la promesa de una futura financiación de la 2ª línea del Metro, antes que refrendar su compromiso con el Pacto Social que tanto cacareó en su campaña.

Adenda 2: ¿Qué clase de ‘acuerdos políticos’ son esos dónde se eligen de dignatarios del Congreso de República a los más conspicuos e indignos representantes de la clase política colombiana?