Lo que va de Tunja a La Habana

Lo que va de Tunja a la Habana

Luis Alfredo Muñoz Wilches,

Agosto 26 de agoto de 2013

Hoy se cumplen 8 días del paro agrario que mantiene bloqueadas varias de las principales vías del país,  aisladas localidades y regiones, y movilizados a los campesinos de las regiones de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, eje Cafetero, Meta y Valle que reclaman al Gobierno del Presidente Santos la adopción de políticas agrarias y rurales que les permitan disminuir sus costos de producción, controlar la importación y el contrabando de alimentos y disponer de incentivos que mejoren su competitividad, para enfrentar con éxito los nuevos escenarios de competencia internacional abiertos por los Tratados de Libre Comercio (TLC), firmados recientemente con los Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur.

El reclamo de los agricultores, a los cuales se le han sumado transportadores, comerciantes, estudiantes, amas de casa y poblaciones enteras, forma parte de las Agendas de Competitividad de las cadenas papera, lechera, panelera y cafetera que se han venido discutiendo desde hace algunos años, sin que el Gobierno haya hecho efectivas las medidas compensatorias que les permita a estos productores rurales hacer sostenibles su producción, sus ingresos y sus precarias condiciones de vida. Incluso, el actual Plan de Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, reconoció la existencia de grandes brechas sociales y regionales que separan al mundo rural de la prosperidad y el crecimiento que experimentan las economías urbanas; razón por la cual dispuso la formulación e implementación de políticas de desarrollo rural con enfoque territorial, capaces de compensar y disminuir esas brechas de productividad e ingresos.

Incluso, en las negociaciones que se adelantan en La Habana entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC, para lograr un Acuerdo General para la terminación del Conflicto armado interno, se firmó un primer Acuerdo para adelantar una Política de Desarrollo Agrario Rural Integral que incluye la atención a estos reclamos y otros temas como el acceso a tierras, el desarrollo social, las seguridad alimentaria, la dotación de infraestructuras y el acceso a bienes públicos. De tal manera, que las peticiones del paro agrario no contienen exigencias nuevas y mucho menos exorbitantes, para que el Gobierno Colombiano no pueda darles una respuesta satisfactoria y pronta.

Sin embargo, en contravía de las señales que el Gobierno Colombiano ofrece para avanzar en las negaciones de La Habana con la insurgencia en medio del conflicto, la actitud frente a los campesinos boyacenses, caucanos, tolimenses, huilenses y cafeteros es negarse a reconocer su voz de protesta, desatender sus peticiones, y condicionar cualquier dialogo al levantamiento del paro. Estas contradicciones, parecen darle la razón a los promotores del paro campesino, confirmando que el Gobierno solo atiende las vías de hecho. En el caso del reciente paro del Catatumbo, lo mismo que en el pasado paro cafetero, solo las vías de hecho obligaron al Gobierno a sentarse y negociar con los manifestantes.  

Esta situación paradójica, se ve agravada por los excesos de fuerza y los atropellos de que han sido víctimas hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños por parte de del ESMAD, tal como han quedado ampliamente documentadas en los videos y fotografías que han circulado profusamente por las redes sociales, dejando en evidencia la reiterada recurrencia al exceso de fuerza por parte de estas fuerzas policiales. Hasta el punto que una Misión Humanitaria, conformada por la Cruz Roja Internacional y la Oficina de Naciones Unidas, en su desplazamiento del fin de semana por las carreteras de Boyacá, documento la existencia de más de 27 casos de violación de los Derechos Humanos, en el curso de los últimos días.

Esta dramática situación, parecer darles la razón a algunos comentaristas que este fin de semana han comenzado a hablar del retorno a los aciagos años de violencia política de mediados del siglo pasado, cuando se hizo tristemente celebre la llamada policía “chulavita” por el exceso de fuerza que condujo a cometer atropellos y acciones criminales contra la población civil que exacerbaron hasta el límite las contradicciones políticas.

Frente a este panorama de ligerezas, intransigencias, atropellos y “oídos sordos” por parte del Gobierno del Presidente Santos, que está pasando de “castaño a oscuro”, parece razonable la reacción de los ciudadanos boyacenses que han dejado de estar indignados para transformarla en lo que afirma un pancarta de los manifestantes: “Los Boyacenses estamos emputados”