¿quién pues dejó caer el corazón
del universo en la ola que pasa?
La primera vez que vi un
muerto ocurrió en una fría tarde de mi ciudad natal. Tenia apenas 4 o 5 años de
edad y solía ir a la tienda de la esquina de mi casa, en compañía de una alegre
mujer, en busca de los apetecidos dulces de cristal. En la acera del frente yacía
el cadáver de un hombre joven con un impacto de bala en la cabeza. Después supe
que se trataba de un subversivo que en
su huida fue alcanzado por hombres de la tenebrosa policía política de la época,
quienes sin mediar orden judicial alguna le “dieron de baja”, como suelen decir las crónicas rojas de los
grandes diarios. Eran los aciagos tiempos de la dictadura militar de Rojas
Pinilla. Y recuerdo que en casa estaba prohibido hablar de temas políticos en
la sala porque, según decía mi abuela, en las ventanas había espías que escuchaban
ocultos las conversaciones de las familias opositoras. Hacia poco, mis tías maternas
habían regresado aterrorizadas del bochornoso espectáculo que presenciaron en
la Plaza de Toros de la Santamaría, donde un grupo de forajidos del régimen,
machacaron contra las graderías del circo a varios de los asistentes que se
atrevieron a rechiflar a la hija de mi general Rojas.
Tal vez, desde ese momento,
tome las decisiones más importantes en mi vida. No ir nunca a una corrida de
toros y buscar siempre el sosiego y la tranquilidad de la vida campesina. Por
eso, cada vez que tengo la oportunidad de volver al campo, me siento en búsqueda
del tiempo perdido!
Ahora, que he vuelto, a
recorrer varios de los territorios rurales del país, con la intención de realizar
unos ejercicios de planificación del desarrollo rural con enfoque territorial –DRET-,
encuentro que la gente en el campo espera con ansiedad y temor la terminación
de la guerra y el postconflicto. Con la esperanza puesta en que sus
aspiraciones y anhelos, aplazados durante años, se hagan realidad. Es increíble
ver, que en los territorios más apartados y asolados por todas las violencias
de este país, sus gentes no han dejado un solo instante de trabajar por
construir un mejor bienestar para sus familias y un futuro promisorio para sus
hijos. Acá, “ser pilo” lo pagan los
padres y, a duras penas, los jóvenes campesinos pueden aspirar a terminar sus
estudios de bachillerato en un colegio urbano. Lejos de la presión del
reclutamiento forzado o del acoso sexual de los “dueños de la tierra”.
En los talleres
participativos que he asistido, con líderes de los municipios rurales, es
reiterada la queja de que están, literalmente “mamados” de que las orientaciones de sus planes de desarrollo se
las impongan los tecnócratas desde Bogotá, desconociendo las realidades y las
dinámicas particulares de cada territorio. En algunos casos, me he encontrado
con asesores nacionales, que llegan al mismo tiempo y de manera atropellada, a exigirles
la inclusión de X o Y lineamientos de la política pública en los planes, como requisito
para ser atendidos por las entidades nacionales. Pero la “malicia indígena” les ha hecho entender que si “quieren marrones, aguantan tirones”; de
tal manera, que en la versión final de sus planes de desarrollo territorial, resulta
una variopinta de sabores y colores que les ayuda a “apalancar” recursos y ayudas para sacar adelante sus propósitos de
desarrollo local.
Los temas comunes en estos
ejercicios de planificación territorial se refieren al ordenamiento y uso eficiente
de los recursos naturales, particularmente, del agua. Por la proximidad de los
impactos negativos que ha dejado el paso del fenómeno del Niño. En algunos
territorios, con secuelas de agotamiento y fuerte estrés de las fuentes de agua,
tanto para consumo de la población como para fines productivos. Otro tema
recurrente del ordenamiento productivo se refiere al agotamiento y contaminación
de los suelos, ocasionada por las malas prácticas agrícolas, derivadas de la “revolución verde” y la falta de
asistencia técnica integral. Igualmente, lesivo para el campo colombiano
resulta la vulnerabilidad de los ingresos de los agricultores dependientes de los
monocultivos ante la volatilidad de los precios y la imposibilidad de control
de los eslabones claves de las cadenas productivas, como son la comercialización
y la transformación agroindustrial.
Pero tal vez, el mayor desafió
para la modernización del campo lo constituye las enormes brechas urbano-rurales,
que demandan ingentes recursos para ampliar las coberturas de salud, educación,
agua potable y saneamiento básico, telefonía rural, el mejoramiento de las vías
rurales, el tratamiento y disponibilidad de las aguas servidas que se vierten
directamente a los ríos y quebradas, ocasionando mayor contaminación de las
fuentes de agua.
Capitulo aparte, representa
el monumental impacto de los cultivos de uso ilícito y la minería, legal e
ilegal, en los suelos y la producción agrícola del país. De un lado, están los
efectos nocivos que estas actividades generan en el medio ambiente y en el deterioro
de los recursos naturales, como consecuencia de la deforestación, la
contaminación y el uso irracional de las fuentes hídricas. Pero, también los
efectos sociales representados en el acaparamiento de la mano de obra rural, la
prostitución infantil y el estilo de vida que genera el boom del enriquecimiento ilícito.
Por estas últimas razones,
subyace el temor en los pobladores rurales de que los acuerdos de La Habana, no traigan la paz a estos territorios.
Y que los espacios territoriales, dejados por los grupos guerrilleros que se
desmovilicen, sean copados por otros actores armados ligados al narcotráfico y
la minería ilegal.
Solo la acción oportuna e
integral del Estado colombiano, llevando a estos territorios la presencia de instituciones
como la justicia, el catastro rural, la infraestructura de carreteras y los
bienes públicos, garantizará que se de un transito rápido y certero hacia la
paz territorial, que tanto anhelan los habitantes de estos apartados territorios
rurales.
Suenan timbres, como decía el poeta!
Luis Alfredo Muñoz Wilches
Bogotá, 18 de abril de 2016
ALFREDO, BUENA COLUMNA.
ResponderEliminarDEBO MENCIONAR QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA FALTA DE COHERENCIA Y DISPERSIÓN DE PROGRAMAS HACE POCO EFECTIVA LA INVERSIÓN DEL ESTADO.
TAMBIÉN HA HECHO CARRERA QUE LAS INSTITUCIONES SE PREOCUPEN POR LAS METAS DE INVERSIÓN Y NO POR EL IMPACTO DE SUS PROGRAMAS.
LO MÁS GRAVE EN MI PARECER ES LA FALTA DE SEGURIDAD JURÍDICA FRENTE A LAS DECISIONES DE LAS MISMAS INSTITUCIONES, PARECE QUE CADA FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO ACTUARA A MODO PROPIO, ES DECIR LAS DECISIONES HAN PERDIDO EL CARÁCTER INSTITUCIONAL BAJO UNA POLÍTICA ARTICULA Y SE HAN CONVERTIDO EN DIMINUTOS PROGRAMAS ASISTENCIALES.
AL SECTOR AGRARIO LE HAN HECHO FALTA GERENTES QUE ARTICULEN LA POLÍTICA DEL SECTOR AGRARIO, EN COORDINACIÓN CON LOS POBLADORES RURALES Y EN EL CUAL LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOLO SEAN FACILITADORES.
MUY BUEN ARTÍCULO ALFREDO
ResponderEliminarHola Luis Alfredo;
ResponderEliminarMuy bien planteadas las lecturas de realidad, los desafíos y los énfasis de una institucionalidad llamada a ejercer soberanía territorial desde la seguridad, la salud, la educación, y todas aquellas soluciones estructurales que permitan el tránsito de los estados de pobreza y marginación a la inclusión de ciudadanos y ciudadanas rurales en experiencias sostenibles de desarrollo integral.
Éxitos en las apuestas y propuestas que se hacen desde el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial.