“El desorden en que vivimos en estos últimos 8 meses, y algunas cosillas de las que aún no nos hemos librado, han hecho pensar a algunos que quiza nuestra emancipación fue prematura..
“Nuestra esclavitud se ha ido fortaleciendo, al tenor del terror y el desorden que propagan nuestros opresores, para mantener a los pueblos americanos en la ignorancia y en la esclavitud. Los sucesos de Quito, la Paz y los Llanos, no fueron más que el exordío de la gran tragedia que viven nuestros pueblos.”
La Bagatela, 1er número de Antonio Nariño, 14 de julio de 1811.
En la historía reciente del país, no habíamos asistido a un espectáculo semejante a la reyerta que se armó con la publicación de la imagen del escudo de Colombia, que hicieron algunos mandatarios regionales, en el marco de la Cumbre de Gobernadores Quindio 2023.
La imagen que se hizo viral en las redes, bajo el lema de “Libertad y Orden”, ha producido una increíble cacofonía mediática, aupada por el soterrado interés de los grandes medios de comunicación de crear una narrativa apocalíptica de caos y desorden para arrinconar al Gobierno del Cambio e impedir el avance de las reformas que le propuso al país el Presidente Petro. Favoreciendo así los intereses de los cacaos, jefes de la oposición y toda su corte de vástagos electoreros y plumíferos a sueldo que intentan frenar las reformas que cursan en el Congreso.
El nuevo-viejo lema que tiene más de 200 años, cuando el general Santander decidío incorporarlo en el escudo, como una expresión simbólica para consagrar el triunfo de su inveterada rivalidad contra su archienemigo, el Libertador Simón Bólivar, a quiénes los cacaos santafereños de la época calificaron de “tirano”.
El lema es realmente un dilema dificil de digerir. Más aún en un país como el nuestro, tan apegado atávicamente a la creencia del orden como defensa del status quo y de la libertad como la libertad de hacer lo que nos da la regalada gana. De tal manera que puestos a escoger, hemos preferido siempre optar por el doble rasero de defender formalmente el orden -que favorece a terratenientes, cacaos, corruptos y oportunistas- y, al mismo tiempo, hacer caso omiso de las normas que regulan los asuntos públicos y las relaciones interpersonales; haciendo alarde del famoso espíritu santanderista según el cuál “acá se obedece pero no se cumple”.
Pero la polvareda que se armó, alrededor de este gesto, tiene realmente raíces más profundas.
No es mera coincidencia que, los mandatarios regionales que salieron a manifestar su inconformidad, provengan de las regiones donde el conflicto armado se mantiene vivo. Por que son esas regiones -el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca, los Llanos Orientales, la frontera colombo-venezolana y el Arco Amazónico- donde precisamente la disputa por la tierra se ha agudizado con la presencia de colonos, campesinos, grupos étnicos, bandas criminales del narcotráfico y de la minería ilegal.
Son esas regiones donde la política agraria predominante durante los últimos 50 o 60 años dirigió la colonización como mecanismo para titular tierras en las zonas de expansión de la frontera agricola. Lo cual ha tenido un doble efecto, sumamente benéfico para los grandes terratenientes y costoso para la estabilidad y protección de los recursos naturales del país. De una parte, incrementando el valor de los latifundios en los valles interandinos y, del otro, permitiendo el acaparamiento de tierras – por las buenas o por las malas- y la destrucción del bosque amazónico.
Allí se hunden las raices de la violencia y el conflicto territorial que hemos padecido durante estos años de vida republicana. Por estas mismas razones, los colombianos y colombianas -con las contadas excepciones de los poco “polos” y las “sin-cabales”- y el mundo entero, celebramos el Acuerdo de Paz pactado en la Habana, Cuba, que tiene como primer y más importante acuerdo, la Reforma Rural Integral.
Sin embargo, trascurridos 6 años es muy poco lo que se ha avanzado en su cumplimiento. La estructura de la tenencia de la tierra permanece intacta y las disputas por el control y la expansión de la frontera agrícola se mantienen vivas.
Por eso resulta paradójico y, por decir lo menos, hipócrita que estos mandatarios y la caja de resonancia que es la gran prensa se rajen las vestiduras para reclamarle al Gobierno Nacional, “orden y libertad”, cuando todos sabemos que la principal tragedia que vive nuestro país sigue siendo la falta de una reforma agraria integral y, particularmente, las disputas por el control territorial que se mantiene en la frontera agrícola.
En los 7 meses que lleva el gobierno del Cambio, los índices de violencia y seguridad han mejorado ostensiblemente. De acuerdo con la cifras recientemente reveladas por Indepaz[1], las masacres en estos territorios (25) se han reducido a más de una tercera parte (-350%) con respecto al 2022; lo mismo ocurrío en el número de víctimas (81) que descendieron en un 375%.
Desde el punto de vista de su localización geográfica, las regiones de Noreste antioquioqueño (21 masacres y 82 víctimas), Norte del Cauca (14 masacres y 53 víctimas), cordón Pacífico de Nariño (9 masacres y 42 víctimas), Norte de Santander (6 masacres y 28 víctimas), concentraron los principales hechos de violencia en el período 2020-21. (ver Gráfico 1)
Gráfico 1 Número de masacres y víctimas de la violencia, por departamentos (2021)
Fuente: Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, INDEPAZ, marzo de 2023
Según las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), durante el año 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado de los últimos 20 años, con un aumento del 43% (61.000 nuevas hectáreas) con respecto al año anterior.
Sin embargo, como lo expreso Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, la política de Paz Total del presidente Petro ha aumentado las expectativas de paz y alivio humanitario entre las comunidades de cerca de 350 municipios donde hacen presencia 80 frentes de las 5 principales organizaciones al margen de la ley. Y agrego, “El Estado no puede parar de proteger a la población y combatir el macrocrimen … se trata de un aspecto crucial para desescalar la violencia armada y proteger la vida de la gente en estas regiones” [2]
De tal manera que una política de Paz eficaz pasa por desescalar el conflicto armado mediante una estrategia combinada de diálogo con las insurgencias armadas, el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, una fuerte presencia y control territorial para garantizar la seguridad y la protección de la población y, fundamentalmente, el diseño e implementación de políticas territoriales de ordenamiento social y productivo para el campo.
Hasta el momento la política de Paz del Gobierno se ha concentrado en el desarrollo de las mesas de negociación con el ELN, que cerró exitosamente su 2da Ronda de negociaciones en ciudad de México[3]. Igualmente, se anunció recientemente la apertura de un diálogo con las disidencias de la Farc (Estado Mayor Central Farc-EP y la Segunda Marquetalia) para acordar los términos de las negociaciones que podrían adelantarse. No sín las dificultades y tropiezos que asualmente se presentan en este tipo de negociaciones.
Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional al comienzo del año, cómo lo fue decretar un cese bilateral de fuego con los prinicpales (5) grupos armados, no produjo los frutos esperados y los reiterados enfretamientos con las Fuerzas Armadas y el hostigamiento a la población civil y varios asentamientos territoriales de los firmantes del Acuerdo de Paz (ETRC), han conducido a estos mecanismos de desescalamiento del conflicto a un callejón sin salida.
Recientemente, el dirigente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, le expresó su preocupación al presidente Petro[4] por el incremento de hostigamientos a sus integrantes y aseguró que el actual Gobierno está enfrentando una díficil situación en materia de seguridad en las zonas de asentamiento de los desmovilizados de las Farc.
Manifestó Londoño que los enemigos de la paz quieren hacer parecer la política de Paz Total como un fracaso y, por eso, “los riesgos a la seguridad de los firmantes de paz se han aumentado, no por culpa de Petro, sino por la responsabilidad de Duque que permitió que los grupos armados y las expresiones violentas crecieran”.
El presidente, Gustavo Petro, en reunión con la cúpula del partido de los Comunes, expresó: “La implementación del Acuerdo de Paz y la seguridad de los firmantes es una prioridad para nuestro gobierno. El primer compromiso del gabinete es el cumplimiento de lo pactado en la Habana, este es el gobierto de la paz”.
Igualmente, el Jefe del equipo de seguimiento de la ONU al Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, y el nuevo delegado de la CIDH en Colombia, Joel Hernandez García, manifestaron su confianza y respaldo a la búsqueda de la paz total en Colombia por parte del gobierno del presidente Petro. “Agradecemos la confianza depositada por las partes, Gobierno de Colombia y el ELN, en las Naciones Unidas para acompañar a las partes en mesa de diálogos en la búsqueda de la anhela paz entre todos los colombianos”.
Le corresponde ahora al Gobierno Nacional enfrentar los grandes desafíos identificados por la Misión de Transformación del Campo (MTC)[5] e incorporados en el punto uno del Acuerdo de Paz de la Habana[6], mediante la puesta en marcha de políticas territoriales eficaces de ordenamiento social y productivo que permitan desactivar el conflicto socio-ambiental, que tiene enfrentados a los campesinos, grupos indígenas, afrocolombianos y colonos en las zonas de la frontera agrícola colombiana. En particular, se requiere la urgente implementación de las zonas de reserva campesina (ZRC), como un mecanismo para ordenar y regular la ocupación social, productiva y sostenible de las áreas protegidas, promoviendo acciones colaborativas público-comunitarias y la titulación colectiva en las áreas sustraidas de las reservas forestales del país.
En segundo lugar es necesario agilizar los procesos de restitución de tierras, mediante la implementación de la jurisdicción agraria para agilizar la devolución de aproximadamente 5 millones de hectáreas a los campesinos víctimas del despojo violento de sus tierras.
En tercer lugar, el Gobierno Nacional debe avanzar en la puesta en marcha del Catastro Multipropósito que va a permitir la normalización y reconocimiento de los derechos de la propiedad de la tierra de los millones de campesinos y campesinas que viven en el campo y dependen económica, social y culturalmente de los frutos de la tierra. El Catastro Multipropósito es una herramienta que permitirá la administración, gestión y gobernanza de las tierras, a partir del conocimiento de la situación real de los predios, la clarificación de las distintas formas de tenencia y el otorgamiento de la seguridad jurídica de los derechos de propiedad de la tierra en Colombia.
Por estas razones, el historiador y director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Fabio Zambrano afirmó, en el homenaje que la ESAP le rindiera al economista y candidato al premio Nobel, Albert Berry, “la condición para lograr la paz total y el ordenamiento territorial es y será siempre el cierre de la frontera agrícola.”
Tal como lo expresara el filósofo marxista y político Italiano, Antonio Gramsci, estamos asistiendo a un momento crítico de la historia de nuestro país: “cuando el viejo mundo aún no muere y el nuevo tarda en aparecer” corremos el riesgo del surgimiento de los oscuros mostruos del pasado. Pero también es una oportunidad para que en medio de la oscuridad surgan los brillantes destellos del nuevo mundo.
Luis Alfredo Muñoz Wilches
24 de marzo de 2023
[2] https://www.elpais.com.co/politica/expectativa-en-colombia-por-cese-al-fuego-de-cinco-grupos-armados.html
[3] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-y-ELN-acuerdan-Nueva-Agenda-de-Dialogos-de-Paz-230310.aspx
[4] https://www.elpais.com.co/politica/seguridad-de-los-firmantes-es-una-prioridad-para-nuestro-gobierno-gustavo-petro.html
[5] Informe Final de la Misión de Transformación del Campo (MTC). DNP, 2015
[6] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Presidencia de la República, 2016.
No hay comentarios:
Publicar un comentario