Asistimos a la celebración del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro un poco abatidos y turulatos. Las confusas declaraciones del primogenito Nicolás Petro ante sus verdugos sobre los dineros que recibió durante la pasada campaña electoral, se convirtieron rápidamente en un sonado “escándalo” medíatico que, no solo afectó a la familia presidencial, sino que profundizó el clima de zozobra e intranqulidad institucional que estamos viviendo en Colombia.
La tragedia familiar
Desde el punto de vista familiar, el ´caso Nicolás´, se constituye en una verdadera tragedía familiar que, como toda tragedia humana, contiene una contradicción irresoluble entre la conducta reprochable de un personaje que, siendo el primogénito, traiciona a su padre y las actuaciones dolosas de un actor político que, valiendose del poder que le confiere ser hijo del presidente, viola las normas electorales y sociales.
Si bién es cierto las dos conductas de Nicolás son inaceptables, trazar una línea divisoria entre lo uno y lo otro resulta de la mayor importancia para evitar que la opinión pública sea manipulada por los titulares de prensa que condenan al presidente por ser el “padre del imputado Nicolás”. Como en la Casa de Tebas de la tragedia griega de Sófocles, debemos ser benévolos ante al dolor familiar que provoca toda traición y, al mismo exigir transparencia, imparcialidad y el debido proceso judicial que se le siga al hijo del presidente para salvaguardar el orden institucional.
En el primer caso, el presidente Petro, en su condición de padre magnánimo y democrático le ofreció y le pidió perdón a su hijo, reconociendo su falta al abandonarlo, pero manifestándole su deseo de reencontrase y reconciliarse con él en otras circunstancias más afables.
En el segundo caso, frente a la conducta dolosa de Nicolás, el presidente asume su deber como jefe de Estado y, a pesar del inemso dolor que le produce ver a su hijo en la cárcel, le expresa que no intersederá en el proceso judicial que se le sigue y que respetará la autonomía del poder judicial.
La implosión de las costumbres políticas y la anomia institucional
Las declaraciones de Nicolás Petro reconociendo haber recibido grandes sumas de dinero provenientes de personajes con fortunas de oscura procedencia y de reconocidos dirigentes políticos pertenecientes a los tradicionales clanes que dominan el panorama electoral de la Costa Atlántica, significan la implosión de una cultura política caracterizada por el clientelismo y el predominio de prácticas políticas donde “todo vale”.
No se trata de unos hechos aislados ni tampoco novedosos. La cultura política predominante en muchas regiones del país y, particularmente, en la Costa Atlántica, se caracteriza por el relajamiento moral y ético de las prácticas políticas, la falta de controles y de rendición de cuentas y la financiación ilegal de las campañas. Lo cual ha conducido a la implosión de las costumbres políticas que se refleja en la famosa expresión: “¡esa norma no pegó acá!”.
El predominio de estas costumbres ha conducido a una situación de anomia, que el sociologo Durkheim denominó un “estado de anomia institucional”. Una situación en la cual las normas que regulan el juego social (las relaciones sociales, diría Marx) se desvanecen y solo sobrevive el interés egoista y el afan de lucro. Un clima moral tan relajado cómo este es el caldo de cultivo para se crien personajes siniestros como Aida Merlano, Days Vásquez, Nicolás Petro y Armando Benedetti. Profundamente ligados a los clanes políticos de la Costa Atlántica.
Tampoco se trata no sólo de las acciones dolosas del hijo del presidente. Son ampliamente reconocidas las andanzas y la venalidad de varios de los delfines que se han enriquecido a la sombra de los poderes omnímodos de sus progenitores o que han sido cómplices de sobornos, coimas y manejos turbios que se movieron en las campañas electorales de la mayoría de las agrupaciones políticas del país. Bastaría con mencionar los casos más recientes de corrupción e ingreso de dineros ilegales en las campañas de Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos y Iván Duque, que han tenido como protagonistas a sus hijos o parientes cercanos.
Sin embargo, a diferencia del “escándalo” del hijo del presidente Petro, las investigaciones han sido engabetadas o simplemente prescriben en los escritorios de fiscales y jueces venales y corruptos.
El debilitamiento de la gobernabilidad y gobernanza del presidente Petro
Como consecuencia de la imputación al hijo del presidente Petro y la zozobra que han provocado los titulares de prensa, se ha generado un clima institucional que afecta la gobernabilidad, la gobernanza y la capacidad de gobierno del presidente Petro.
La gobernabilidad se ve afectada por un clima político de polarizaciones que impide que las instituciones actúen de manera armónica, subsidiaría y colaborativamente para garantizar el acatamiento de las reglas de juego democrático. Permitiendo así el ejercicio pleno de la voluntad política del gobierno para llevar a cabo las reformas de su proyecto político, con el respaldo y la legitimidad que le otorgó la ciudadania en las urnas. La pérdida de las mayorías en el Congreso para hacer respetar los acuerdos políticos en la elección de las mesas directivas y las dificultades para recomponer la coalición de gobierno, se van a ver reflejadas en mayores dificultades para pasar las reformas sociales. Seguramente, las reformas sociales que logren pasar en esta legislatura van a tener mayores costos políticos y burocráticos que podrían desdibujar las intensiones de un cambio estructural que tiene el Gobierno.
También la gobernanza se verá afectada, en la medida que se reduce la capacidad del gobierno para coordinar y lograr que los actores sociales y políticos actúen colaborativamente en el logro de las metas y los resultados propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".
Un aspecto particularmente crítico han sido las dificultades en el cambio de los cuadros directivos de los cargos públicos, donde el Gobierno se ha propuesto abrir oportunidades para la inclusión de cuadros provenientes de organizaciones populares y de la sociedad civil que antes estaban vedados y habian permanecido distantes a los asuntos de gobierno. Esta estrategia ha sido una apuesta muy arriesgada, en la medida que, como lo expresó recientemente Juanita Goebertus[1] “Quienes ahora están en un rol de gobierno no pueden decir públicamente lo mismo que antes decián, porque su rol cambio”. Para expresar que existe una inevitable tensión entre criticar y gobernar.
Sí bién es cierto que, en teoría, es posible “gobernar” desde la oposición, es decir en la resistencia, no es lo mismo que asumir el rol de gobernar para conducir y lograr los cambios que antes se reclamaban. Los dos roles requieren capacidades distintas: en el primer caso, los líderes sociales deben tener capacidades para convocar la movilización social; mientras que, en el caso de ser gobierno, los líderes sociales tiene la responsabilidad de conducir y llevar a cabo las transformaciones sociales e institucionales que el mandato popular les ha otorgado. Para lo cual se requieren capacidades y herramientas técnicas y políticas para realizar las tareas de gobierno, tales como la planeación estratégica, un sistema de agenda que privilegie los asuntos estratégicos del plan de desarrollo, un sistema de monitoreo en tiempo real de la gestión de gobierno, y la petición y rendición sistemática de cuentas.
Otro aspecto que está afectando la capacidad de gobierno es la poca estabilidad del gabinente de gobierno y la alta rotación de sus ministros. Lo cual resulta un factor fuertemente limitante de la capacidad del gobierno, dada la complejidad de las estructuras administrativas y la intensidad de los problemas acumulados que requieren una larga curva de aprendizajes.
Estas limitaciones se hacen mucho más notorias y restrictivas cuando se trata de conducir un proyecto de transformaciones sociales y económicas muy ambiciosas que afectan los intereses de sectores muy poderosos y con capacidad de oponer una fuerte y enconada resistencia.
La necesidad de una reforma moral e intelectual
Para enfrentar exitosamente este conjunto de retos y desafíos es necesario que el gobierno este dispuesto a aprender varias lecciones fundamentales:
La primera - y tal vez más importante- es que el país entienda que no basta con la legitimidad y el respaldo popular para realizar las reformas, se requiere construir un consenso entre los diferentes sectores sociales, económicos, políticos, intelectuales y populares para convocar y llevar a cabo una gran reforma moral y cultural para moralizar y transformar las costumbres políticas que comience por esclarecer las verdaderas dimensiones y responsabilidades en la financiación ilícita de las campañas electorales de los últimos cuatro gobierno, a través de la creación de un Alto Tribunal de cuentas, con la participación y veeduría de la comunidad internacional.
En segundo lugar es necesario que el gobierno comprenda que la calidad y efectividad de la su gestión depende de la estabilidad y capacidad tecno-política de los cuadros directivos de la administración pública y de la calidad y potencia de las herramientas de gobierno. Para lo cual es necesario conformar una masa crítica del más alto nivel directivo, un verdadero estado mayor de mariscales de campo capaces de conducir y poner en operación las directrices y lineamientos de la transición democrática y la reforma moral e intelectual que encarna el Gobierno del Cambio.
En tercer lugar es fundamental mejorar la capacidad del gobierno mediante el establecimiento de un sistema de planificación y monitoreo por problemas, que están claramente identificados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia Mundial de Vida”, la adopción de un sistema de Agenda que priorice los temas estratégicos y evite la improvisación y las urgencias, y la implementación de un sistema de petición y rendición sistemática y pública de cuentas prevenga la corrupción y la inercia burocrática que dificulta la ejecución presupuestal y el logro de las metas y resultados propuestos por el Plan de Gobierno.
Luis Alfredo Muñoz Wilches,
Agosto 9 de 2023
[1] Juanita Goebertus es actualmente la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
