Libertad y Orden: el dilema entre obedecer y no cumplir

“El desorden en que vivimos en estos últimos 8 meses, y algunas cosillas de las que aún no nos hemos librado, han hecho pensar a algunos que quiza nuestra emancipación fue prematura.. 

“Nuestra esclavitud se ha ido fortaleciendo, al tenor del terror y el desorden que propagan nuestros opresores, para mantener a los pueblos americanos en la ignorancia y en la esclavitud. Los sucesos de Quito, la Paz y los Llanos, no fueron más que el exordío de la gran tragedia que viven nuestros pueblos.” 

La Bagatela, 1er número de Antonio Nariño, 14 de julio de 1811.

En la historía reciente del país, no habíamos asistido a un espectáculo semejante a la reyerta que se armó con la publicación de la imagen del escudo de Colombia, que hicieron algunos mandatarios regionales, en el marco de la Cumbre de Gobernadores Quindio 2023. 

La imagen que se hizo viral en las redes, bajo el lema de “Libertad y Orden”, ha producido una increíble cacofonía mediática, aupada por el soterrado interés de los grandes medios de comunicación de crear una narrativa apocalíptica de caos y desorden para arrinconar al Gobierno del Cambio e impedir el avance de las reformas que le propuso al país el Presidente Petro. Favoreciendo así los intereses de los cacaos, jefes de la oposición y toda su corte de vástagos electoreros y plumíferos a sueldo que intentan frenar las reformas que cursan en el Congreso.

El nuevo-viejo lema que tiene más de 200 años, cuando el general Santander decidío incorporarlo en el escudo, como una expresión simbólica para consagrar el triunfo de su inveterada rivalidad contra su archienemigo, el Libertador Simón Bólivar, a quiénes los cacaos santafereños de la época calificaron de “tirano”.

El lema es realmente un dilema dificil de digerir. Más aún en un país como el nuestro, tan apegado atávicamente a la creencia del orden como defensa del status quo y  de la libertad como la libertad de hacer lo que nos da la regalada gana. De tal manera que puestos a escoger, hemos preferido siempre optar por el doble rasero de defender formalmente el orden -que favorece a terratenientes, cacaos, corruptos  y oportunistas- y, al mismo tiempo, hacer caso omiso de las normas que regulan los asuntos públicos y las relaciones interpersonales; haciendo alarde del famoso espíritu santanderista según el cuál “acá se obedece pero no se cumple”.

Pero la polvareda que se armó, alrededor de este gesto, tiene realmente raíces más profundas. 

No es mera coincidencia que, los mandatarios regionales que salieron a manifestar su inconformidad, provengan de las regiones donde el conflicto armado se mantiene vivo. Por que son esas regiones -el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca, los Llanos Orientales, la frontera colombo-venezolana y el Arco Amazónico- donde precisamente la disputa por la tierra se ha agudizado con la presencia de colonos, campesinos, grupos étnicos, bandas criminales del narcotráfico y de la minería ilegal.

Son esas regiones donde la política agraria predominante durante los últimos 50 o 60 años dirigió la colonización como mecanismo para titular tierras en las zonas de expansión de la frontera agricola. Lo cual ha tenido un doble efecto, sumamente benéfico para los grandes terratenientes y costoso para la estabilidad y protección de los recursos naturales del país. De una parte, incrementando el valor de los latifundios en los valles interandinos y, del otro, permitiendo el acaparamiento de tierras – por las buenas o por las malas- y la destrucción del bosque amazónico. 

Allí se hunden las raices de la violencia y el conflicto territorial que hemos padecido durante estos años de vida republicana. Por estas mismas razones, los colombianos y colombianas -con las contadas excepciones de los poco “polos” y las “sin-cabales”- y el mundo entero, celebramos el Acuerdo de Paz pactado en la Habana, Cuba, que tiene como primer y más importante acuerdo, la Reforma Rural Integral.

Sin embargo, trascurridos 6 años es muy poco lo que se ha avanzado en su cumplimiento. La estructura de la tenencia de la tierra permanece intacta y las disputas por el control y la expansión de la frontera agrícola se mantienen vivas.

Por eso resulta paradójico y, por decir lo menos, hipócrita que estos mandatarios y la caja de resonancia que es la gran prensa se rajen las vestiduras para reclamarle al Gobierno Nacional, “orden y libertad”, cuando todos sabemos que la principal tragedia que vive nuestro país sigue siendo la falta de una reforma agraria integral y, particularmente, las disputas por el control territorial que se mantiene en la frontera agrícola.   

En los 7 meses que lleva el gobierno del Cambio, los índices de violencia y seguridad han mejorado ostensiblemente. De acuerdo con la cifras recientemente reveladas por Indepaz[1], las masacres en estos territorios (25) se han reducido a más de una tercera parte (-350%) con respecto al 2022; lo mismo ocurrío en el número de víctimas (81) que descendieron en un 375%.

Desde el punto de vista de su localización geográfica, las regiones de Noreste antioquioqueño (21 masacres y 82 víctimas), Norte del Cauca (14 masacres y 53 víctimas), cordón Pacífico de Nariño (9 masacres y 42 víctimas), Norte de Santander (6 masacres y 28 víctimas), concentraron los principales hechos de violencia en el período 2020-21. (ver Gráfico 1)

Gráfico 1 Número de masacres y víctimas de la violencia, por departamentos (2021)

Fuente: Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, INDEPAZ, marzo de 2023

Según las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), durante el año 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado de los últimos 20 años, con un aumento del 43% (61.000 nuevas hectáreas) con respecto al año anterior. 

Sin embargo, como lo expreso Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, la política de Paz Total del presidente Petro ha aumentado las expectativas de paz y alivio humanitario entre las comunidades de cerca de 350 municipios donde hacen presencia 80 frentes de las 5 principales organizaciones al margen de la ley. Y agrego, “El Estado no puede parar de proteger a la población y combatir el macrocrimen … se trata de un aspecto crucial para desescalar la violencia armada y proteger la vida de la gente en estas regiones” [2]

De tal manera que una política de Paz eficaz pasa por desescalar el conflicto armado mediante una estrategia combinada de diálogo con las insurgencias armadas, el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, una fuerte presencia y control territorial para garantizar la seguridad y la protección de la población y, fundamentalmente, el diseño e implementación de políticas territoriales de ordenamiento social y productivo para el campo. 

Hasta el momento la política de Paz del Gobierno se ha concentrado en el desarrollo de las mesas de negociación con el ELN, que cerró exitosamente su 2da Ronda de negociaciones en ciudad de México[3]. Igualmente, se anunció recientemente la apertura de un diálogo con las disidencias de la Farc (Estado Mayor Central Farc-EP y la Segunda Marquetalia) para acordar los términos de las negociaciones que podrían adelantarse. No sín las dificultades y tropiezos que asualmente se presentan en este tipo de negociaciones. 

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional al comienzo del año, cómo lo fue decretar un cese bilateral de fuego con los prinicpales (5) grupos armados, no produjo los frutos esperados y los reiterados enfretamientos con las Fuerzas Armadas y el hostigamiento a la población civil y varios asentamientos territoriales de los firmantes del Acuerdo de Paz (ETRC), han conducido a estos mecanismos de desescalamiento del conflicto a un callejón sin salida.

Recientemente, el dirigente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, le expresó su preocupación al presidente Petro[4] por el incremento de hostigamientos a sus integrantes y aseguró que el actual Gobierno está enfrentando una díficil situación en materia de seguridad en las zonas de asentamiento de los desmovilizados de las Farc.

Manifestó Londoño que los enemigos de la paz quieren hacer parecer la política de Paz Total como un fracaso y, por eso, “los riesgos a la seguridad de los firmantes de paz se han aumentado, no por culpa de Petro, sino por la responsabilidad de Duque que permitió que los grupos armados y las expresiones violentas crecieran”.

El presidente, Gustavo Petro, en reunión con la cúpula del partido de los Comunes, expresó: “La implementación del Acuerdo de Paz y la seguridad de los firmantes es una prioridad para nuestro gobierno. El primer compromiso del gabinete es el cumplimiento de lo pactado en la Habana, este es el gobierto de la paz”. 

Igualmente, el Jefe del equipo de seguimiento de la ONU al Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, y el nuevo delegado de la CIDH en Colombia, Joel Hernandez García, manifestaron su confianza y respaldo a la búsqueda de la paz total en Colombia por parte del gobierno del presidente Petro. “Agradecemos la confianza depositada por las partes, Gobierno de Colombia y el ELN, en las Naciones Unidas para acompañar a las partes en mesa de diálogos en la búsqueda de la anhela paz entre todos los colombianos”.

Le corresponde ahora al Gobierno Nacional enfrentar los grandes desafíos identificados por la Misión de Transformación del Campo (MTC)[5] e incorporados en el punto uno del Acuerdo de Paz de la Habana[6], mediante la puesta en marcha de políticas territoriales eficaces de ordenamiento social y productivo que permitan desactivar el conflicto socio-ambiental, que tiene enfrentados a los campesinos, grupos indígenas, afrocolombianos y colonos en las zonas de la frontera agrícola colombiana. En particular, se requiere la urgente implementación de las zonas de reserva campesina (ZRC), como un mecanismo para ordenar y regular la ocupación social, productiva y sostenible de las áreas protegidas, promoviendo acciones colaborativas público-comunitarias y la titulación colectiva en las áreas sustraidas de las reservas forestales del país.

En segundo lugar es necesario agilizar los procesos de restitución de tierras, mediante la implementación de la jurisdicción agraria para agilizar la devolución de aproximadamente 5 millones de hectáreas a los campesinos víctimas del despojo violento de sus tierras.

En tercer lugar, el Gobierno Nacional debe avanzar en la puesta en marcha del Catastro Multipropósito que va a permitir la normalización y reconocimiento de los derechos de la propiedad de la tierra de los millones de campesinos y campesinas que viven en el campo y dependen económica, social y culturalmente de los frutos de la tierra. El Catastro Multipropósito es una herramienta que permitirá la administración, gestión y gobernanza de las tierras, a partir del conocimiento de la situación real de los predios, la clarificación de las distintas formas de tenencia y el otorgamiento de la seguridad jurídica de los derechos de propiedad de la tierra en Colombia. 

Por estas razones, el historiador y director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Fabio Zambrano afirmó, en el homenaje que la ESAP le rindiera al economista y candidato al premio Nobel, Albert Berry, “la condición para lograr la paz total y el ordenamiento territorial es y será siempre el cierre de la frontera agrícola.”

Tal como lo expresara el filósofo marxista y político Italiano, Antonio Gramsci, estamos asistiendo a un momento crítico de la historia de nuestro país: “cuando el viejo mundo aún no muere y el nuevo tarda en aparecer” corremos el riesgo del surgimiento de los oscuros mostruos del pasado. Pero también es una oportunidad para que en medio de la oscuridad surgan los brillantes destellos del nuevo mundo.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

24 de marzo de 2023

 

 

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[1] https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[2] https://www.elpais.com.co/politica/expectativa-en-colombia-por-cese-al-fuego-de-cinco-grupos-armados.html

[3] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-y-ELN-acuerdan-Nueva-Agenda-de-Dialogos-de-Paz-230310.aspx

[4] https://www.elpais.com.co/politica/seguridad-de-los-firmantes-es-una-prioridad-para-nuestro-gobierno-gustavo-petro.html

[5] Informe Final de la Misión de Transformación del Campo (MTC). DNP, 2015

[6] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Presidencia de la República, 2016.

El amor eficaz: un testimonio entre el antes y el ahora

“Los líderes son un producto y, a la vez, productores de las circunstancias históricas que les corresponde vivir” Carlos Matus

En un magistral y cálido documental, Marta Rodríguez nos presenta una imaginada conversación con Camilo Torres Restrepo, pendiente desde hace casi 60 años. Marta y Camilo fueron amigos y compartieron muchos de los avatares de la lucha por la emancipación de los pobres y el esfuerzo por contribuir a la comprensión de la historia de la violencia política colombiana.

El ficticio dialogo entre Camilo y Marta no solo reinventa los vicisitudes de una entrañable amistad sino que se convierte en un paragón entre los tiempos de la violencia de los años 50 y la confrotación que hoy se vive en Colombia por las transformaciones sociales que quiere llevar a cabo el Gobierno del Cambio.

En esas conversaciones, se va deshilvanado el hilo del profundo humanismo que hizo de Camilo un militante del “compromiso con los pobres”, teología que adoptó la Iglesia Católica a raiz del Concilio Vaticano II[1]. Compromiso que lo llevó a predicar su postulado del “amor eficaz”, como una forma de comprender mejor las necesidades del prójimo y comprometerse en la busqueda de soluciones eficaces a las necesidades socio-económicas de los sectores populares.

En palabras del Mario Calderón[2], el “amor eficaz” son todas aquellas razones y acciones prácticas que constituyen un imperativo para la transformación social[3]. En palabras de Camilo Torres, se trata de lograr “un cambio de las estructuras de la propiedad de la tierra, del ingreso, de las inversiones, del consumo, de la educación y de la organización política y administrativa del Estado”.

En esta dirección Camilo orientó su acción sacerdotal, profesional y política. Primero, su interés como investigador social, lo condujó a estudiar las causas y mecanismos de la violencia política en Colombia. Investigaciones que formaron parte del libro “La Violencia en Colombia”[4], donde Camilo expresó su reclazo a toda forma de violencia. Sin embargo, señaló que era necesario indagar sobre sus causas y culpó a la mezquindad de pequeños grupos en el poder de utilizar la violencia política para obtener reditos económicos y políticos personales. 

Por estas razones expresó que, era una condición sine qua non para superar el conflicto armado, conocer la verdad y establecer las responsabilidades para afrontar los cambios requeridos en materia social, económica y politíca. 

Planteó que en lo económico era necesario realizar una reforma agraria que reestructurara la tenencia de la tierra, como base para lograr una mayor productividad y equidad en la distribución de los ingresos y las rentas en el sector rural. En lo social, propuso la organización de la Acción Comunal para generar una conciencia y sentido de cooperación y solidaridad entre las comunidades y grupos sociales. En lo cultural, abogó por una mayor inversión social en la educación y formación técnica, tecnológica y superior, teniendo como referencia el éxito del programa Acción Cultural Popular de las Escuelas Radiofónicas. Y, finalmente, en el ámbito político, como una resultante de los anteriores, propuso la ampliación y fortalecimiento de la participación ciudadana y popular en la dirección del Estado.

En segundo lugar, Camilo tomó partido acudiendo a los barrios populares de Bogotá, al lado de Marta Rodríguez, para trabajar en la organización y promoción de la Acción Comunal. Y, también se involucró en la organización campesina, promovida desde el Incora, junto con Fals Borda, en diferentes lugares de la geografia nacional. 

En tercer lugar, Camilo comprendió muy bien que tanto su mensaje del “amor eficaz”, como los obstáculos interpuestos por las jerarquías ecleciasticas a sus predicas cristianas[5], lo condujeron a un callejón sin salida. Ante el feroz ataque de las oligarquías del país, Camillo decide redactar una plataforma política dirigida a los estudiantes, intelectuales, obreros y campesinos, en la cual llama a la unión de las clases populares, por encima de las ideologías políticas, a construir el movimiento político “Frente Unido”.

En los meses siguientes, Camilo se dedica a recorrer el país para organizar esta alternativa política, con el fin de lograr la anhelada transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas del país. En sus discursos comienza a hablar abiertamente de la revolución; lo cual hace insostenible su permanencia en la Iglesia Catolica, cuyos jerarcas declaran publicamente la incompatibilidad de la plataforma del Frente Unido con las enseñanzas de la doctrina catolica. 

Ante está situación y debido al creciente hostigamiento por parte de los grupos de seguridad del Estado, el acoso de la prensa oficial y, finalmente, el atento del cual es víctima, Camilo decide apartarse de la Iglesia y entrar en la clandestinidad para ponerse en contacto con la guerrilla del ELN. A la cual se vincula, en octubre del año 1965 y finalmente, muere en un combate con el ejercito en San Vicente de Chucurí, Santander, el 15 de febrero de 1966. Transformado su brillante trayectoria humanista, religiosa y profesional en el icono del “Camilo, el cura guerrilero”.

En los momentos trágicos del desenlace de su lucha sacerdotal y política, Camilo se enfrentó a un dilema moral y ético: ¿mantenerce fiel a la doctrina católica que pregona el amor al prójimo y el rechazo a la violencia o ser consecuente con sus convicciones revolucionarias y llegar hasta las últimas consecuencias?.

Guardadas las distancias, en el momento actual en Colombia vivimos un dilema similar. Los imperativos del cambio propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se orientan a lograr la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que mantienen en la exclusión, la pobreza y la inequidad a la mayoria de las clases populares.

El presidente Petro gano en democracia las elecciones con un programa de reformas a la salud, a la educación, a la seguridad humana, al trabajo, a la estructura de propiedad de la tierra y a la Paz Total, como medios para hacer de Colombia Potencia Mundial de la vida.

En palabras del director del Departamento de Planeación Nacional, DNP, el Plan de Desarrollo del Cambio 2022-2026 busca: i) ordenar los territorios alrededor del agua para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales y la justicia ambiental; ii) lograr la seguridad humana para todos los colombianos y colombianas tengan garantizado su acceso a la salud, a una pensión digna, a una educación de calidad, al trabajo decente, a una justicia integral y reparativa; iii) obtener la seguridad y la soberania alimentaria para garantizar la disponibilidad, acceso y adecuación de la canasta básica de alimentos; iv) lograr la convergencia regional, a fin de disminuir las brechas sociales y territoriales; y v) lograr la Paz Total para garantizar el bienestar de la población y el buen vivir de los colombianos y colombianas.

Sin embargo, transcurridos a penas los primeros seis meses de su mandato, Gustavo Petro enfrenta la más despiadada e insidiosa campaña mediatica de las oligarquias y sus bastagos huerfanos del poder que se han agazapado en la cacofonia mediatica de la gran prensa y sus redes para orquestar su rechazo frontal a las reformas y lograr así conservar sus adocenados privilegios. 

Recientemente, con motivo del escandalo mediático en que se halla envuelto su hijo Nicolás, Petro se enfrenta a un dilema moral similar a una “decisión salomónica”. De un lado, en su condición de padre se inclinaría a reconocer sus faltas y prodigar su perdón. Pero del otro lado, su responsabilidad política y su inquebrantable voluntad de lucha contra la corrupción lo lleva a reclamar que sea la justicia quién se encargue de juzgar y, si es el caso, sancionar los presuntos delitos de corrupción de los cuales se le acusa.

Sin embargo, sus enemigos transgrediendo toda frontera ética se han dado a la tarea de endilgarle una supuesta responsabilidad política en las presuntas actuaciones ilegales de su hijo. 

“Calumniar y calumniar … que de la calumnia algo queda” parece ser el lema de los más rabiosos opositores del Presidente Petro.  

Sin embargo, como dice le provervio: “Todos estamos hechos del mismo barro, pero no en el mismo molde”

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

16 de marzo de 2023

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[1] El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y clausurado por el Papa Pablo VI en 1965, se constituyó en una profunda reforma que transformó radicalmente el papel de la Iglesia para ponerla a tono con los tiempos modernos y reafirmar su compromiso con los grupos más vulnerables del mundo entero.

[2] El exsacerdote jesuita Mario Calderón, reconocido investigador y defensor de los Derechos Humanos, fue brutalmente asesinado, junto con su esposa Elsa Alvarado y su suegro Carlos Alvarado Pantoja, el 24 de mayo de 1997, cuando adelantaban una investigación ambiental en la región del Sumapaz, siendo parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

[3] En el ensayo “La Revolución, imperativo cristiano” escrito por Camilo Torres con ocasión del II Congreso Internacional de Sociología, en Lovaina (Bélgica, 1964), se desarrolla de forma más completa su pensamiento al respecto del “amor eficaz”.

[4] A su regreso a Colombia, al concluir sus estudios en Lovaina en el año 1959, Camilo promueve y participa, al lado de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y German Guzmán, en la investigación más importante sobre la violencia política en Colombia de medidos del siglo XX. Sin embargo, sus aportes a la investigación no llegan a publicarse por la prohibición expresa de la Iglesia y solo se dan a conocer en la ponencia presentada al 1er Congreso Nacional de Sociología realizado en Bogotá en marzo de 1963.

[5] En el año 1962 el Cardenal Luis Concha Córdoba, como represalia a su solidaridad con el movimiento estudiantil universitario, lo obligá a renunciar a todas sus actividades como Capellan de la Universidad Nacional de Colombia y lo nombra vicario-coadjutor de la Parroquia de la Veracruz, en el centro de Bogotá, en un intento por acallar su predica revolucionaria. Finalmente, en el año 1964 después de un duro enfrentamiento con Álvaro Gómez Hurtado, en la Junta Directiva del Incora, sobre la aplicación de la ley de extinción de dominio dentro de la frontera agrícola y su apoyo a las acciones de las autodefensas campesinas en Marquetalia, Tolima, lo obligan a retirarse del sacerdocio y optar por su ingreso a la guerrila del ELN.  

Las matemáticas de Petro y sus cinturones de gobierno

En uno de sus más recientes trinos el presidente Gustavo Petro calificó el desatino de la ministra de Minas, Irene Vélez, como “un error matemático”, en un intento por apaciguar la tormenta desatada por las explosivas declaraciones de Belizza Ruiz, en su intempestiva salida del viceministerio de Minas.

A raiz de las declaraciones de la ministra Vélez en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, sobre la decisión de no otorgar nuevos contratos de exploración, se revivió la hoguera en la que los sectores de oposición quieren quemar viva a la ministra Vélez.

La ministra respaldo sus afirmaciones en el informe que, sobre el estado de los contratos de hidrocarburos, publica cada año el Ministerio[1], donde se hacen unas estimaciones sobre los descubrimientos reportados por las compañias contratistas que realizan las exploraciones[2]. 

Como lo señaló la ministra Vélez, le corresponde a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) declarar las posibilidades de comercialización de tales descubrimientos en el informe anual que será publicado en el próximo mes de abril, declarando los distintos tipos de reservas que podrán ser explotados. 

Los recursos disponibles para la transición energética en Colombia se clasifican en: reservas probadas (tipo 1P) que actualmente alcanzarían para un período de 8,6 años, reservas probables (tipo 2P) y reservas posibles (tipo 4 P) que sumadas alcanzarían para 11,6 años.

Además, Colombia cuenta con recursos energéticos descubiertos por las compañias contratistas durante los últimos 15 años, conocidos como recursos contingentes (tipo 3c) y recursos prospectivos, que podrían autoabasternos hasta el año 2037. 

Sin embargo, como lo indica la experiencia y el conocimiento científico, existe un alto margen de incertidumbre respecto a las posibilidades de convertir estos hallazgos en explotaciones comerciales, que demandan la realización de estudios y contratos para hacer viable su explotación.

De tal manera que, el error de la ministra -como lo expreso el presidente Petro- fue la premura para dar por cierto un dato preliminar para soportar su anuncio de una transición energética justa, sostenible y segura. La cual podría tomar, en el mejor de los escenarios, por lo menos 20 años para hacerse realidad.

Esto ha sido calificado por la cacofonía mediática y los sectores de oposición como una falta de sustento técnico e incluso, la exviceministra Ruiz, afirmó que la Ministra le mintío al país y que varios profesionales del ministerio, cuyos nombres fueron incluidos en el polémico informe, no estában de acuerdo con las cifras y desconocian la metodología con la cual había sido elaborado. 

Sin embargo, la ministra Irene Vélez controvirtió estas acusaciones y, en una carta dirigida al presidente firmada por todo el equipo técnico del ministerio, los funcionarios desmintieron las afirmaciones de la doctora Belizza Ruiz e incluso señalaron lo difícil que se había convertido trabajar con una persona tan conflictiva. “Lamentablemente, venimos evidenciando que resulta cada vez más díficil de trabajar mancomunadamente con la viceministra”, expresaron en su carta.

No obstante, los medios decidieron abrirle todos los micrófonos a la doctora Ruiz para que pudiera sacarse la espina y vomitar todo su rencor contra la ministra Vélez, que ha estado en el ojo del huracán desde el momento que expresó su inquebrantable voluntad de conducir, contra viento y marea, la política de transición energética del presidente Petro.

Situación que le ha costado al gobierno no solo la presión de los medios para lograr la salida de la ministra Vélez, sino el intento de los grandes heliotropos ligados al negocio de los combustibles fósiles de frenar el avance de la política energética.

De tal manera que esta controversia superó el terreno de una tranquila discusión académica y técnica para situarse en la agitada arena de la confrontación política. Donde predomina la lógica de la matemática política, en la cual 2 más 2 NO es igual a 4. Y es igualmente extraño que el presidente Petro no lo entienda así o, por lo menos, no quiera expresarlo en estos términos. 

De acuerdo con las ciencias de gobierno, el desempeño de un gobierno es el resultado de un complicado balance entre tres factores estratégicos: el proyecto de gobierno, la gobernabilidad y la capacidad de gobierno. En todo proceso de gobierno, la posibilidad de llevar a cabo sus reformas está determinada por las limitaciones que le impone este triángulo de hierro[3]. 

El proyecto de gobierno es esencialmente el programa de gobierno, con el cual el presidente gana las elecciones y obtiene la legitimidad para llevar a cabo las reformas propuestas. 

En nuestro país, el programa de gobierno fue sometido a una amplia discusión en los llamados Diálogos Regionales Vinculantes, que se llevaron a cabo en 52 regiones y en cientos de mesas de trabajo, con la participación de más de 250 mil personas y, de las cuales salieron más de 87 mil propuestas. 

Estas propuestas fueron recogidas por el DNP en el documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”. Bases que fueron debatidas al interior del gobierno con todos los ministerios y con el Consejo Nacional de Planeación. Para luego ser vertidas en el proyecto de Ley que fue presentado al Congreso de la República, reunido de manera extraordinaria para debatirlo y sancionarlo finalmente como Ley Orgánica del PND.

La gobernabilidad se puede entender como la capacidad de los actores políticos e institucionales para ponerse de acuerdo sobre lo fundamental, actuar mancomunadamente para lograr unos propósitos comunes. 

Esto fue esencialmente lo que logró el Pacto Histórico con la coalición de gobierno que le permitío obtener unas mayorías significativas en el Congreso para tramitar y aprobar la reforma tributaria, la Paz Total y el Ministerio de la Igualdad, durante el segundo semestre del año 2022. Estos acuerdos sentaron las bases de la gobernabilidad que en este año electoral requiere del respaldo, la confianza y la movilización de la ciudadania para lograr las grandes reformas sociales propuestas en el proyecto político del Cambio.

La capacidad de gobierno es la capacidad del equipo de gobierno para conducir y llevar a cabo, de manera éxitosa, las reformas propuestas en el programa de gobierno. Factor donde el gobierno del presidente Petro parece tener su mayor “talón de aquiles”.

En general, el desempeño del Gobierno va a depender de manera como se conjuguen estos tres factores. En las actuales circunstancias, parecería que el presidente Petro es proclive a sobrevalorar su experiencia política para conducir los asuntos de gobierno. Es frecuente escuchar dentro de su equipo de gobierno que, la audacia y la rápidez con que responde Petro a los retos que le imponen las contingencias y los avatares del juego político, son la mejor demostración de su extraordinaria habilidad política para lidiar y conducir los destinos del gobierno. 

Sin embargo, esta tendencia a considerar que basta con la mera experiencia política para lograr una buena gobernanza, puede hacerle mucho daño al desempeño de su gobierno, tal como se ha puesto de presente en los más recientes conflictos que han ocurrido al interior del gobierno.

Por obvias razones, las distintas fuerzas que actúan dentro de la coalición de gobierno creen que tienen derecho para actuar libremente, sin restricciones ni límites éticos más allá de sus propias convicciones, tal como ha ocurrió con el caso de la exviceministra o con los desacuerdos manifestados por algunos miembros del gobierno sobre la reforma a la salud.

Sin embargo, en el accionar de la Política existen “reglas del juego” que fijan los límites éticos y determinan hasta dónde es conveniente y, sobretodo, responsable actuar de manera independiente. Es lo que comunmente se denomina hacer lo “políticamente correcto”.

En nuestro país, las malas costumbres políticas y la ausencia de reglas claras y transparentes han termindo por envilecer los escenarios de la política. ¡Entre más opacidad haya mejores “jugaditas” se pueden hacer!. Parece ser el lema de este macabro juego político.

De acuerdo con Matus, la capacidad de gobierno puede ser aún más restrictiva cuando el gobierno intenta proyectos de transformación social muy exigentes o emprende un cambio demasiado radical.

En cada circunstancia histórica, los gobiernos puede encontrar condiciones iniciales de gobernabilidad que limitan su capacidad política. Sin embargo, un líder con la fuerza y la habilidad política del presidente Petro, puede transformar estos espacios de acción política para su gobierno.

No obstante, en América Latina los partidos o coaliciones políticas han tenido una especial ceguera para reconocer su limitada capacidad de gobierno para lograr las reformas propuestas y le atribuyen sus deficiencias a otros factores: a la oposición que indudablemente suele ser implacable, a los medios de comunicación, a alguna conspiración imaginaria, a los mandos medios, o a las condiciones externas.

En nuestro caso, estas deficiencias se han puesto de presente en:

           La creencia que el éxito en las actividades de gobierno y el logro de resultados, dependen más de las cualidades individuales que del trabajo en equipo. 

·          En la escogencia de sus ministros y en la organización de su entorno inmediato de trabajo -conocidos como  la “primera línea”-, el presidente parecer tener en cuenta más la experiencia política y la representatividad de los partidos y movimientos políticos de la coalición de gobierno que la capacidad para trabajar mancomunadamente.  

·      En el desplazamiento del foco de atención del gobierno hacia los asuntos meramente técnico-operativos, con la creencia que las debilidades están en la poca formación académica o científica de los mandos medios, o en la falta de capacidades suficientes para disponer, organizar y conducir los procesos que permitan la obtención de buenos resultados. En estas circunstancias, los gobiernos suelen apoyarse en empresas buscatalentos, como si se tratara de una corporación privada. 

        Esta falsa dicotomía puede conducir a la escogencia de tecnocratas, muy bien formados en los asuntos técnico-operativos pero poco comprometidos con el proyecto político del gobierno. Tal como ocurrió con la exviceministra Ruiz, una mujer muy bien preparada y conocedora de los temas del sector eléctrico pero ignorante y poco comprometida con las politicas de la transición energética del gobierno del presidente Petro, como ella misma lo reconoció. 

·       La supuesta falta de comunicación acertiva de las realizaciones del gobierno. “El gobierno hace mucho y comunica poco”, se suele escuchar como excusa por la falta de resultados. 

·      A esto se le suma el intento de gobernar con un sistema muy precario de agenda que no cuenta con asesoría tecnopolítica que le acompañe en el manejo de los tres cinturones de gobierno.

¿Cómo espera el Gobierno obtener resultados innovadores y ambiciosos, acordes con los propósitos de cambio que persigue, sino cuenta con herramientas novedosas y más apropiadas para llevar a cabo las reformas de manera rápida, efectiva y segura?

La respuesta es simple. 

!El proyecto político del cambio por si mismo no basta para cambiar las cosas. El buen desempeño del Gobierno depende de la calidad de la gestión y del balance crítico de los tres cinturones de gobierno: el proyecto político, la gobernabilidad y una masa crítica de mariscales de campo capaces de poner en operación las directrices de gobierno¡.

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 

Febrero 6 de 2023

Postre 1:

Ante el intento de la dupla Robledo-Fajardo de revivir su moribundo proyecto del centro-político, sus antiguos camaradas del Moir le han dicho, como en el coro de la canción tropical: … “ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mato”!

Postre 2:

Con la presentación del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, al Congreso de la República que se reune de manera extraordinaria, comienza el largo viaje que nos llevará a convertir a Colombia en una Potencia Mundial de la Vida, en medio de las tensiones propias de un momento histórico donde se cruzan los vientos de cola de una leve recuperación de la económica internacional, unas arcas públicas robustecidas por los ingresos de la reforma tributaria, una Paz esquiva y la jauria de las elites y sus bastardos hijos agazapados en la cacofonia mediática de sus anuncios apocalípticos y los canticos nostalgicos del poder

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[1] Ver Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa, del Ministerio de Minas y Energía, diciembre 13 de 2022, publicado en: https://minenergia.gov.co/documents/9628/DIAGNOSTICO_GENERAL_DE_CONTRATOS_DE_HIDROCARBUROS_2022.pdf

[2] De acuerdo con este informe, en noviembre de 2022, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH había otorgado 322 contratos de exploración, de los cuales 207 cuentan con áreas de exploración y 115 tienen ya áreas en etapa de producción. De los contratos en ejecución, 110 tienen fecha de finalización de su etapa de exploración a partir del año 2023 y hasta el 2032. Solo 70 de esos contratos suscritos en años anteriores tienen compromisos exploratorios hasta 2027-32.

[3] Carlos Matus (1997), El líder sin Estado Mayor: La Oficina del Gobernante. Fondo Editorial Altadir, La Paz, Bolivia.

Petro en el año del Conejo

Es una inveterada costumbre que el inicio de los períodos o de un año nuevo, según se trate de la óptica civilizatoria con la cuál se establezcan estas periodicidades, se inaugure con pronósticos acerca de lo que podría suceder en este nuevo año. 

En la ancestral cultura oriental China, estos períodos se marcan con la huella de 12 animales que simbolizan las fase del ciclo lunar. Según reza la leyenda, el profeta Buda llamó a todos los animales que habitaban en la Tierra para hablarles del destino del planeta, pero sólo acudieron 12 a la cita. El primero en llegar fue la rata y, por lo tanto, a este roedor se le asignó el primer año del ciclo lunar Chino. Curiosamente, el año 2020 -en el calendario gregoriano- coincidió con el año de la rata y los años sucesivos al buey (2021), al tigre (2022) y este año nuevo al “conejo del agua”.

Según la mitología oriental el signo del Conejo de Agua es el simbolo de la  paz y la esperanza, asociado a los beneficios de la lluvia, que puede limpiar las heridas de la tierra y traer abundancia. Sin embargo, como sucede con toda la dialectica de esta cultura milenaria, la bondad de la lluvia tiene su contraparte en el exceso de las precipitaciones que traen consigo inundaciones y catastrofes. 

Sin necesidad de acudir al oráculo, basta con echarle una mirada a las primeras páginas de los principales diarios del mundo para verificar que la variabilidad y el cambio climático ocuparon la atención de la opinión publica mundial en el inicio de este año, dada la magnitud y la gravedad eventos climáticos extemos. Los torrenciales aguaceros, el deshielo de los polos y las intensas nevadas en muchos países, han agudizado el descontrol climático en todo el planeta. Amenazando con empujarnos hacia un punto de no retorno en la desestabilización del rumbo de nuestra casa común, cómo la denominara el Papa Francisco en su enciclica Laudato si[1].

Está grave situación climática se convirtió en uno de los temas más importantes de la agenda del Foro Económico Mundial, realizado en Davos recientemente. Allí los altos heliotropos de poder económico mundial compartieron su preocupación por los efectos del cambio climático y abogaron por la adopción de una agenda común que conduzca a la reducción efectiva de las emisiones de CO2, mediante la sustitución de los combustibles fósiles y la descarbonización de las economías. Incluso, algunos de los más importantes líderes empresariales fueron más allá y propusieron un modelo de reducción de los niveles de consumo y la desaceleración del ritmo de crecimiento de las economias y los mercados.

Nuestro país no ha sido ajeno a la ocurrencia de estos eventos climáticos extremos. Los cuales han provocado grandes inundaciones en toda la geografia nacional y, recientemente, el colapso de la vía Panamericana que comunica a Colombia con el sur del país y con los demás países del continente Suramericano. El taponamiento de la vía aisló totalmente a la región sur del país y amenaza con convertirse en la más grande crisis de abastecimiento alimentario y de bloqueo económico de los últimos tiempos.

Está emergencia obligó al Presidente Petro a cancelar su agenda final de compromisos en los países europeos para regresar al país de manera intempestiva y ponerse al frente de la atención de los estragos que está causando la emergencia invernal.

Sin embargo, de acuerdo con los pronósticos climáticos del Ideam[2], las tendencias climáticas que se observarán, en el corto y mediano plazo del año 2023, señala una disminución paulatina de las lluvias torrenciales que acompañaron el fenómeno de La Niña durante la mayor parte del año 2022, y su retorno a los niveles históricos de precipitaciones (ENOS-Neutral)[3] a partir del segundo trimestre del año. Lo cuál traerá un alivio a los agricultores que se beneficiarían de los tradicionales períodos de lluvias (marzo-abril-junio), permitiendo la salida normal de las cosechas de la mitaca hacia los meses de mayo-junio.

No obstante, es previsible que los factores externos, derivados de las interrupciones en las cadenas mundiales de abastecimiento provocadas por los efectos rezagados de la pandemia y la prolongación de la guerra en Ucrania, continuaran afectando el costo de los insumos importados y, por ende, la reducción de las áreas sembradas en la primera mitad del año 2023. Situación que se puede ver agravada por la incomunicación del sur del país y el bloqueo de la vía Panamericana. Generando expectativas de precios altos en los alimentos, con los consiguientes efectos especulativos en está región del país, que afectaría particularmente a los habitantes de los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. 

En relación con la política de paz del actual gobierno, el año nuevo se inició con el anuncio del presidente Gustavo Petro del “cese al fuego bilateral” con los (5) grupos armados ilegales que, en su afán de encontrar caminos más expeditos de su política, se tropezó con la primera “crisis” en las negociaciones cuando la dirigencia del ELN negó la existencia de un acuerdo previo y manifestó desacuerdo con está postura del Gobierno.

Sin embargo, las delegaciones del gobierno y el ELN encontraron rápidamente un camino para retornar a la Mesa de Negociaciones, mediante un encuentro express en Caracas. Reunión que sirvío para recomponer el clima de confianza y reabrir las discusión sobre el cese al fuego bilateral. Temas que serán parte del segundo ciclo de conversaciones que se celebrará en México a partir el próximo 13 de febrero.

Está lección -ojalá aprendida- le señala al gobierno que no basta con las buenas intenciones de su política de Paz Total, sino que es indispensable contar con un método y una estrategia de paz claramente diseñada para avanzar por un camino, seguramente más lento pero mucho más seguro. 

En relación con el balance macroeconómico, el año comenzó con las mismas expectativas del aumento de precios, que durante el año anterior alcanzó la cifra record del 13,5% en el IPC y, particularmente, el alza de más del 25,4% en los precios de los alimentos. Tendencias que generan una alta preocupación tanto al interior del gobierno como entre los productores y, principalmente, en los consumidores. Esta situación se le atribuyó a la llamada “tormenta perfecta” del agro colombiano, debida a la confluencia de cuatro factores críticos: la volatilidad de la tasa de cambio, el alto costo del crédito, las afectaciones del cambio climático y el meteórico aumento de los precios en el dolares de los insumos y materias primas importadas. En particular, los fertilizantes importados pesan entre un 30% y 40% de los costos de producción. Mientras que las materias primas para la fabricación de los alimentos concentrados puede llegar a pesar entre un 70% y 75% del costo total de la producción agroindustrial. 

Si bíen es cierto que, el precio del dolar ha venido disminuyendo a sus niveles históricos y las variaciones climáticas estacionales tienden a estabilizarse, las expectativas del aumento de precios se mantienen sostenidas tanto por los fenómenos especulativos, el acaparamiento en algunos eslabones de las cadenas internas de suministros y la presión que ejerce la persistencia del Banco de la República de mantener sus equivocadas políticas monetarias restrictivas. El alza permanente de las tasas de interés continuará encareciendo el crédito a los productores nacionales, bajo la falsa creencia de que se trata de una inflación de demanda cuando estamos frente a un fenómeno totalmente contrario: de inflación por reducción de la oferta interna.  

Sin embargo, todos los análisis y predicciones del año nuevo por parte de expertos nacionales e internacionales, señalan una tendencia a la reducción de los niveles inflacionarios durante el primer semestre, debido a los factores climáticos y cambiarios favorables.

De tal manera, que es previsible que la reducción de las presiones inflacionarias y cambiarias, lo mismo que un mejor comportamiento climático, permitirán un ciclo de expansión de la oferta alimentaria que se vería aupado por las políticas de fomento que ha venido anunciado el gobierno de Gustavo Petro.

En materia de las finanzas públicas, como consecuencia de la aprobación de la llamada reforma tributaria Ocampo-Petro y el mejoramiento en la eficiencia del recaudo y los mayores controles a la evasión y la elusión tributaria, los indicadores y resultados de las políticas fiscales comenzarán a dar señales favorables para el equilibrio macroeconómico. De una parte, el mayor recaudo tributario traerá consigo la diminución del déficit fiscal y el mejoramiento de las calificaciones del riesgo-país, permitiendo la llegada de nuevos flujos de inversión extranjera. Igualmente, la mayor apreciación del peso colombiano y el efecto de las políticas agrarias e industriales que el gobierno ha anunciado podrían contribuir a disminuir el déficit comercial de nuestro país, fortaleciendo los efectos de las políticas cambiarias y comerciales.

Así mismo, unas finanzas públicas robustecidas ayudarán a financiar las nuevas políticas sociales; en particular el mejoramiento de los ingresos de los sectores más vulnerables y la expansión del gasto público en los sectores de educación, salud, vivienda, vías terciarias, seguridad alimentaria, nutrición y de protección social. Sectores que han sido priorizados en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones que lo acompaña.

Sin embargo, el paquete de reformas sociales que ha anunciado el gobierno presentará en está legislatura, carece aún de una presentación más técnica que incentive una discusión democrática y provechosa. Evitando las discusiones bizantinas, amañadas y los desteñidos alaridos del “polo-polo”, que le hacen mucho daño al debate democrático de las reformas.    

Por el contrario, el Presidente Petro ha salido a hacer un llamado a la movilización popular para “discutir” y defender sus reformas sociales. Lo cual es legitimo para un gobierno que ha sido elegido para llevar acabo estás reformas. Sin embargo, está salida se le puede transformar en un búmeran, en un momento político en que las aguas están siendo atizadas por el fragor de las campañas electorales que se han puesto en marcha para las elecciones de la mitaca, que se celebrarán en octubre de este año.

Cómo reza el adagio popular y lo recomienda el “conejo de agua”: ¡sino no quieres cosechar tempestades es mejor no sembrar vientos huracanados!. Es conveniente que el Gobierno se abstenga de alborotar el cotarro y conduzca una discusión mejor informada, más serena y, por ende, más provechosa para la suerte de las reformas. Es el momento de lograr mayores y mejores consensos sobre las reformas sociales que requiere el país con urgencia y para las cuales fue elegido democráticamente el Gobierno del Cambio.

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Enero 25 de 2023

 

Postre: 

La transición democrática que conduce Petro está conquistando el apoyo y la admiración de los países Latinoamericanos reunidos en la cumbre de presidentes de la CELAC, en Buenos Aires.

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[1] Laudato Si, 2015 es la Carta Encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la Casa Común.

[2] IDEAM, 2023. Informe de Predicción Climática a corto, mediano y largo plazo, Bogotá, 2023.

[3] ENOS-Neutral es la sigla con que se denomina el fenómeno climático del Niño Oscilación del Sur, lo que quiere decir que ni El Niño ni La Niña prevalecen.

El Plan Nacional de Desarrollo un rompecabezas con 50 mil fichas para armar

“Somos una especie en viaje

No tenemos pertenencia, sino equipaje

Nunca estamos quietos, somos trashumantes

Vamos con el polen en el viento

Estamos vivos porque estamos en movimiento”

J. Drexler, cantante y compositor

Con motivo de la presentación del documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 -PND-”, el DNP comenzó a trazar la cancha y sentar las bases de lo que será el Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento esencial para orientar las acciones administrativas y el plan de inversiones plurianual de los próximos 4 años.

La construcción del Plan es un proceso que se inició, prácticamente, con el elección del presidente Petro y de su propuesta de gobierno para hacer de Colombia “Potencia Mundial de la vida” y continuó con la realización de 50 "Diálogos Regionales Vinculantes”. De los cuáles, hasta este momento se han realizado 1.800 mesas de trabajo en todo el país, donde más de 200 mil personas han dejado entre 25.000 a 30.000 iniciativas. Una cifra astronómica en materia de participación ciudadana y de presentación de iniciativas para la elaboración del Plan.

De tal manera que, el extraordinario éxito de la convocatoria, se ha convertido en el mayor reto para el DNP de estructurar un plan con la mayor participación “vinculante” en toda la historia de la planeación participativa. Se trata, ni más ni menos, de armar un rompecabezas que tiene sin cuenta mil fichas!

Sin embargo, cómo lo manifestó Jorge Iván González, director del DNP, las propuestas ciudadanas han convergido sobre 5 temas claves para el desarrollo de las regiones: 1.) en materia del ordenamiento territorial, la gente reclama el acceso y disponibilidad de agua potable, el acceso y la formalización de la propiedad rural, la conservación de los páramos y los recursos naturales, y la recuperación y ampliación de las vías terceriarias; 2) en seguridad humana y justicia social, las prepocupaciones se concentran en la precarización y fragmentación de los mercados laborales, las barreras de conectividad y movilidad, y el acceso y gratuidad de la educación técnica y superior; 3) en relación con el acceso y disponibilidad de alimentos sanos, las discusiones giraron sobre el incremento de la productividad agropecuria, el fomento y los incentivos a la producción agroalimentaria y el mejoramiento de la infraestructura de transporte y comercialización; 4) en materia de la transformación productiva y de la matriz energética las preocupaciones se enfocaron en la deforestación y la pérdida de biodiversidad, el estancamiento de la productividad, las crecientes afectaciones climáticas y la diversificación de las exportaciones; y 5.) en relación con los conflictos socio territoriales, el documento llama la atención sobre aspectos tales cómo: la persistencia y ampliación de las brechas urbano-rurales, el acceso y provisión de los servicios públicos, la obsolecencia y baja capacidad institucional de las entidades territoriales, y la convivencia y participación ciudadana.

Para articular estos ejes de transformación, el plan propone unos lineamientos que sirvan de catalizadores para integrar las acciones administrativas sectoriales en programas estratégicos, de largo mediano y alcance, que además podrán ser financiados mediante presupuestos plurianuales, donde concurran los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR) y las finanzas territoriales.

De está manera se busca pasar de la tradicional dispersión y atomización sectorial de las acciones y recursos públicos a la planificación y presupuestación por programas estratégicos. Lo cual constituye un verdadero salto hacia adelante en el proceso de planificación del país.

Sin embargo, el plan adolece de la falta de una más clara conceptualización y caracterización de los problemas territoriales que se propone intervenir; los cuales se quedan en enunciados muy generales pero carentes de descriptores más precisos. 

El director del DNP justifica estas falencias con dos argumentos. Primero no quiere un mamotreo de más de 1.000 páginas, cómo ha sido la costumbre de la planificación normátiva de elaborar el plan con una descripción detallada de todos y cada uno de los sectores. Y segundo, está nueva forma del plan de abordar los problemas territoriales requiere de información e indicadores regionalizados, los cuáles no están disponibles aún y deben ser diseñados en el curso de las discusiones con los diferentes sectores.

Aún así, lo más preocupante de las Bases del PND son tres aspectos críticos: uno, formal, referido a la reiterada utilización de formas verbales nominativas que carecen de la fuerza movilizadora de los objetivos o de las acciones y se quedan en los enunciados muy genéricos.

El segundo aspecto que genera preocupación es la apuesta incierta de financiación del plan basada en la concurrencia de las cuatro fuentes de recursos (PGN, SGP, regalías y finanzas territoriales) sobre los cuales no se tiene plena gobernabilidad: en primer lugar, la asignación de los recursos del PGN y el SGP tienen demasiadas inflexibilidades, que han sido el producto de la abigarrada normatividad sectorial que condiciona la manera cómo se reparten y atomizan los recursos. 

Finalmente, la imposibilidad de las finanzas territoriales de disponer de nuevos recursos, en el corto y mediano plazo, dando que la apuesta del fortalecimiento de los catastros municipales y/o de otros recursos derivandos de la aplicación de las cargas y beneficios por los cambios de uso del suelo son bastante inciertos.

De manera tal que la versión del documento Bases del Plan, puesta a consideración del Consejo Nación de Planeación, tiene a su favor las fortalezas, derivadas de la visión estratégica y de los elementos catalizadores e integradores de las acciones administrativas; pero también sus deficiencias en materia de la carencia de instrumentos conceptuales y prácticos que hagan más coherentes y sostenibles sus apuestas. 

Espermos que la visión estrategica del Alto Gobierno y la capacidad tecnopolítica del director del DNP se impongan para enmendar la plana y lograr un plan mucho más consistente y sostenible desde el punto de vista macroeconómico, político y financiero.     

¡Amanecerá y veremos!

Luis Alfredo Muñoz Wilches 

Bogotá, noviembre 21 de 2022