La Comisión Nacional para Asuntos Campesinos: un mecanismo para facilitar la transición hacia los asuntos nacionales del movimiento campesino

“No somos aceite para el motor de la guerra”

Exodo y retorno de las Comunidades de Paz de Riosucio, Chocó, 1999

La problemática campesina y las nuevas formas de organización

Se conoció esta semana el borrador del decreto que reglamenta el artículo 358 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por medio del cual se crea la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos -CMNAC-. Su objetivo es servir de instancia de interlocución y concertación entre el gobierno nacional y el campesinado para articular las políticas públicas relacionadas con los asuntos campesinos, con fin de promover la materialización del derecho a la igualdad de este sector de población.

A través de este decreto, el gobierno nacional busca establecer mecanismos de participación en la toma de decisiones que afectan la vida económica, política y cultural del campesinado y dispone que el Estado deberá contribuir a la organización, promoción y capacitación de sus organizaciones, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan y/o desarrollen mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública.

El decreto constituye un avance significativo en la dirección correcta para transitar de la cuestión agraria al reconocimiento de la problemática campesina como un asunto nacional. Tal cómo lo estableció el acto legislativo que modificó el Artículo 64 de la Constitución Política Colombiana, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y a las comunidades campesinas por su particular relacionamiento con los territorios dónde se realiza la producción de alimentos. 

De esta manera, el nuevo marco normático e institucional va a permitir no solo avanzar en la resolución de los conflictos sobre la tenencia de la tierra, sino en el logro de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, que valore y respete las formas de vida campesina y su importancia en disponibilidad de alimentos sanos, la seguridad y la soberania alimentaria, la protección del medio ambiente y a la preservación de las tradiciones, las costumbres y las identidades campesinas.

La larga lucha por la tierra en Colombia

A lo largo de los dos siglos de la historia republicana, los campesinos se han visto obligados a luchar por la tierra, como su principal fuente de recursos, de identidad y de cultura. Las estructuras económicas y políticas heredadas del sistema colonial, hicieron posible que la dominación de las élites regionales y nacionales del país se dieran alrededor del despojo y la concentración de la gran propiedad territorial, condenando a las poblaciones campesinas a la pobreza, el desplazameinto forzado, la colonización y la migración rural-urbana. 

Esta situación de exclusión y desigualdad en el campo fue facilitada por la debilidad del Estado, incapaz de construir un orden sociopolítico defensor de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para la mayoría de la población colombiana y de garantizar la soberania en extensas zonas de la geografia nacional. Como lo han expresado muchos analistas y estudiosos de los conflictos sociales, ¡En Colombia hay más territorio que Estado! 

No de otra manera se explica que tengamos un índice Gini de concentración de la tierra del orden del 0.88%[1] y, por ende, seamos uno de los países con la más alta desigualdad en el mundo, donde “el 4% de los propietarios rurales concentran el 40% de las tierras, mientras que el 57,3% de los campesinos propietarios apenas poseen el 1,7% del área rural” (IDEPAC, 2011).

No obstante, este estado de cosas se ha intensificado en las últimas décadas con el desplazamiento forzado y el despojo de tierras por parte de grupos armados ilegales (paramilitares, guerrilleros y delincuencia organizada) que hacen presencia y ejercen un control sobre extensos territorios de la Colombia profunda.

Sin embargo, pese a esta narrativa de violencia, el movimiento campesino no solo desarrolló una enorme capacidad de resistencia, mediante la conformación de asociaciones, sindicatos agrarios y otras formas de acción colectiva, sino que ha logrado transformar sus demandas de tierras, asesoramiento técnico y acompañamiento institucional, hacia nuevas formas de acción política.  

Desde la movilización social de los aparceros y campesinos sin tierra de los años 30 del siglo XX, que luchaban por acceder a la tierra[2], con motivo de la expedicción de la Ley 200 de 1936 del presidente Alfonso López Pumarejo, se vivió un período de florecimiento de las movilizaciones campesinas, principalmente en las regiones de Sumapaz y el Tequendama, en Cundinamarca, y en Córdoba[3]. Sin embargo, la reacción de los grandes propietarios y de las élites políticas ultraconservadoras no se hizó esperar y dío lugar a un largo período de violencia política que duro más de 50 años. Incluso, el presidente del Partido Conservador y jefe de la oposición, Laureano Gómez, lanzó una violenta campaña contra las reformas liberales del 36 y llamó a la “acción Intrepida” y al atentado personal para desestabilizar la República Liberal y detener la Revolución en Marcha.

Luego, durante el gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) se abrieron nuevas oportunidades para el movimiento campesino que se materializaron en políticas públicas de apoyo a la organización, el acceso a tierras, al crédito y la asistencia técnica agrícola y empresarial. En particular, la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC, 1967)[4] alentó la movilización social, la toma de tierras y otras formas de acción colectiva[5]

A pesar de la contraofensiva de las élites y de los grandes terratenientes, representada en la contrarreforma del Chicoral de las Leyes 4ª y 5ª de 1973, y la militarización del movimiento social campesino, se comenzó a vivir un tránsito de la lucha por la tierra y las reivindicaciones económicas y sociales del campesinado, hacia nuevas demandas políticas de autonomía y de afirmación de la territorialidad campesina.

La transformación de la cuestión agraria en la construcción de territorialidades campesinas

En un país como Colombia, donde la presencia de las instituciones del Estado ha sido débil en las zonas rurales dispersas, las organizaciones campesinas han tenido que combinar la lucha por la tierra con la gestión de formas de convivencia para construir territorialidades alternativas de paz[6]. De está experiencia se destacan la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), en Santander, surgida en 1987 y pionera en el concepto de neutralidad frente al conflicto armado. En 1994 surgió la Neutralidad Activa de los Indígenas en Antioquia. Un año después se estableció la de San José de Apartadó (Antioquia) y, al final de la década de los años 90, estas iniciativas llegaron al Chocó, donde 49 comunidades de desplazados en está región decidieron crear la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís, después del largo éxodo de comunidades negras e indígenas desplazadas del Urabá, en medio del asedio de los paramilitares, las FARC y el ejército.

Sin embargo, la experiencia más significativa de los esfuerzos de construcción de territorialidades campesinas la constituyen las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Luego de las grandes movilizaciones cocaleras de los campesinos cultivadores de coca del Guaviare, Caquetá, Meta y el Sur de Bolívar, de finales de los años 80, el Estado Colombiano decide establecer zonas de reserva campesina en regiones de frontera agrícola abierta, para permitir asentamientos de colonos y campesinos, a cambio de la conservación de bosques y la protección de los recursos naturales. 

Fue así como, mediante la figura jurídica creada por la Ley 160 de 1994 de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y reglamentada por el decreto 1777 de 1996, así como por los Acuerdos 024 y 10 de 1999, del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), se establecieron las primeras tres (3) Zonas de Reserva Campesina con el propósito de “regular y ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economía campesinas”[7] en: Cabrera, Cundinamarca, el Pato-Balsillas en San Vicente del Caguan en Caquetá, y en Calamar, Guaviare. 

El origen de las ZRC está asociado a la idea de estabilizar los frentes de colonización, consolidar los asentamientos de los campesinos desplazados por la violencia y evitar la concentración de la tierra en las áreas de colonización y de frontera agrícola.

Para ello, el proyecto piloto de las Zonas de Reserva Campesina (PPZRC)[8] estableció un modelo de (auto)gestión flexible y descentralizado, con el propósito de construir una institucionalidad emergente que permita la articulación y concertación entre el Estado y las comunidades campesinas asentadas en estas apartadas regiones.

Hoy en día existen seis ZRC constituidas[9], las cuales representan una superficie de 831.111 hectáreas; y otras 11 más están en proceso de constitución legal, las cuales podrían llegar a sumar un área de dos millones 511 has, lo cual nos señala que las Zonas de Reserva Campesina son una forma de territorilidad campesina de gran importancia para los procesos de planificación y ordenamiento territorial. 

Así mismo, la dinámica de estas acciones colectivas territoriales hicieron posible la creación en el año 2011 de una organización de segundo nivel asociativo, denominada la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) que agrupa aproximadamente a 50 organizaciones de base de todo el país; de tal manera que, estas territorialidades y los esfuerzos organizativos locales, regionales y nacionales, posibilitan la generación de nuevas dinámicas territoriales y acciones colectivas que colocan la movilización campesina en un terreno de mayor empoderamiento sociopolítico y cultural.

Igualmente, el Acuerdo de Paz y, especialmente, el Acuerdo número uno de la Reforma Rural Integral (RRI) de año 2016, abrió la posibilidad de lograr transformaciones estructurales del sector rural para permitir que con mayor equidad, sostenibilidad y profundización de la democracia sea posible la terminación del conflicto armado y la consolidación de una paz duradera y estable para el país. En particular, los capítulos relacionados con el acceso a la tierra, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, el cierre de la Frontera Agrícola, el fortalecimiento de la economía campesina y la protección de las zonas de reserva forestal y de las áreas de especial interés ambiental, van a permitir la transformación del sector rural y la sostenibilidad de las formas de vida campesina. 

La Comisión de Asuntos Campesinos: un mecanismo para facilitar la transición de la cuestión agraria hacia los asuntos nacionales del movimiento campesino

Por estas razones, la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incorporó estas nuevas formas del ordenamiento territorial agroalimentario y la creación de mecanismos democráticos de participación y concertación entre el Gobierno Nacional y el movimiento campesino para la articulación de las políticas públicas relacionadas con los asuntos campesinos con el propósito de lograr el empoderamiento político del movimiento campesino.

En sus definiciones iniciales, el decreto de creación de la Comisión Mixta de Asustos Campesinos (CMNAC) establece la naturaleza y la clasificación de las organizaciones campesinas que podrán hacer parte de la CMNAC. Así mismo, define la conformación, el procedimiento para la elección de los representantes, el alcance de la concertación, los principios y criterios para su funcionamiento y la estructura de funcionamiento de la CMNAC.

Todo lo anterior garantiza la participación democrática del movimiento campesino en la concertación y coordinación de las políticas públicas relacionadas con la población campesina. Sin embargo, el decreto no contempla ninguna forma de articulación entre las políticas sectoriales y las dinámicas territoriales. En particular, el decreto omite referirse a las nuevas territorialidades campesinas y agroalimentarias que incluye el nuevo PND 2022-2026, limitando el alcance de la concertación a la órbita de los asuntos nacionales y las políticas públicas sectoriales. Con lo cual, el ejercicio de la concertación se constriñe a un modelo institucional de Agente-Principal, que desconoce los costos de transacción y las asimetrías de información, caracteristicas de este modelo operativo.

Por estas razones, sería aconsejable flexibilizar el funcionamiento de la CMNAC e incorporar mecanismos de trabajo colaborativo, con los cuales se podrían lograr mayores sinergías en la interlocución y concertación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones campesinas y, por ende, fortalecer la gobernanza por parte de los actores que hacen parte de la CMNAC. 

Luis Alfredo Muñoz Wilches, 

octubre 11 de 2023

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[1] En índice Gini mide la concentración de la propiedad de la tierra, donde 0 es el punto de distribución más equitativa y 1 el de mayor concentración.

[2] Como resultado de las movilizaciones agrarias de la década de 1920 se conformaron las primeras organizaciones campesinas para enfrentarse a la gran propiedad terrateniente y exigir mejoras salariales y de condiciones de vida. Expresiones como el Baluarte Rojo de Lomagrande, San Fernando, Canalete y Callejas en Córdoba; las cuales fueron la base campesina para la conformación del Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR) y el Partido Socialista Revolucionario, del que formaron parte María Cano, José Ignacio Torres y Álvaro Mahecha.  

[3] Allí surgieron las Ligas Campesinas, los Sindicatos Agrarios y las Unidades de Acción Rural, que darían lugar a la creación de la Confederación Campesina e Indígena en el año 1942 y, luego en el año 1946 se crea la Federación Agraria Nacional (FANAL), con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) hoy transformada en la CGT. 

[4] Por medio de la resolución 061 de mayo de 1967, el presidente Carlos Lleras Restrepo creó la oficina de Organización Campesina dentro del Ministerio de Agricultura, y con el decreto 755 de 1967, creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos con el objeto de inscribir arrendatarios y aparceros para hacerlos propietarios de la tierra, generar propuestas de crédito asociativo, y convertirse en una instancia de comunicación entre los campesinos y el Estado.

[5] Entre 1970 y 1972 se realizaron más de 1.000 tomas de tierra en todo el país. Particularmente, en el año 1971 tuvo lugar una de las más grandes movilizaciones agrarias que ha tenido el país, con la participación de más de 16 mil familias campesinas en la ocupación de 645 haciendas, en 21 departamentos. 

[6] En las regiones más afectadas por el desplazamiento y conflicto armado como Chocó, Nordeste de Antioquia, Magdalena Medio, Norte de Santander, Córdoba y Sucre, se comenzaron a organizar las Comunidades de Paz. En la actualidad existen alrededor de 52 comunidades de Paz como formas de resistencia territorial 

[7] Exposición de motivos del proyecto de Ley 160 de 1994 para la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino.

[8] Ver Muñoz et al, 2003. Evaluación Externa del Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina: una experiencia de aprendizaje e innovación para el desarrollo rural 

[9] En las regiones de el Pato-Balsillas, en Caquetá, Calamar en Guaviare, Cabrera en Cundinamarca, Morales y Arenal en el Sur de Bolívar y en Cimitarra en Santander.

Las Agendas del Presidente

 “La modernización de las Oficinas presidenciales es una tarea de enorme importancia por que se trata de un sistema que le fija el techo a la calidad y capacidad de gobierno”

Carlos Matus, El Líder sin Estado Mayor

En entrevista con los periodistas de la revista Cambio, Daniel Coronel y Federico Gómez Lara, el presidente Petro se refirió a los incumplimientos en su Agenda como una consecuencia de la inexperiencia – al principio de su mandato- y a la presión que ejercen sus equipos para atender todos los asuntos de gobierno y las reiteradas demandas de la ciudadanía. Con lo cual puso en evidencia las debilidades en la Alta Dirección del gobierno. Puesto que si el Presidente no conduce la pesada maquinaria del poder ejecutivo, termina siendo gobernado por las circunstancias. 

Matus[1], exministro Chileno y experto en los temas de gobierno, sostuvo la tesis que los gobiernos no mueven bien los pies porque la cabeza no está adecuadamente preparada para conducir la pesada carga de los vetustos aparatos gubernamentales e incluso, expresó que a veces los gobernantes no creen que sea importante contar con buenos equipos y modernas herramientas de gobierno.

No es nada fácil vencer la inercia burocrática del estado. Más aún, en el caso del estado colombiano, cuyas piezas esenciales le fueron imputadas o simplemente cooptadas por la corrupción, el clientelismo y la delincuencia organizada; especialmente, durante los gobiernos neoliberales que abrazaron la ideología del “estado mínimo”.

De tal manera que el gobierno del Cambio se encontró con un estado desvencijado y quebrado, que alberga prácticas políticas deleznables y la presencia de mentalidades depredadoras y rentísticas que solo buscan la oportunidad de enriquecerse, aupadas bajo el lema de “aprovechar el cuarto de hora”.

Por consiguiente, reformar la cabeza del estado es una tarea importante y urgente. Pero no se trata de un problema de leyes ni de organigramas. Se trata de una tarea más compleja que involucra principalmente: un rediseño del sistema institucional público, la modernización del sistema de alta dirección y la organización de la Agenda Presidencial.  

El rediseño del sistema institucional público se refiere a la necesidad de establecer un nuevo sistema de relaciones interinstitucionales que supere la tradicional compartimentalización sectorial, donde cada sector actúa como una rueda suelta, sin la más mínima posibilidad de lograr sinergias entre los diferentes sectores de la administración pública. Tal vez, el único momento que se logra esta coordinación macroinstitucional sea en el Consejo de Ministros, cuando el Presidente establece las prioridades y las estrategias de gobierno. Sin embargo, en la implementación de esas directrices los ministerios vuelven a la lógica sectorial. Esto ocurre, tal vez como consecuencia de un engorroso diseño macroinstitucional, que privilegia la diferenciación de los organismos públicos, sujetos a diversas reglas de gobernabilidad que facilitan el clientelismo y la corrupción de los grupos de presión.

Este rediseño institucional debería comenzar por acoger las recomendaciones del Consejo Gremial al Presidente de adoptar un esquema de coordinación supra ministerial que le permita al Gobierno conducir las acciones intersectoriales y la puesta en marcha de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, que involucran a varios ministerios. En el caso de la ejecución de las estrategias del ordenamiento territorial alrededor del agua, se requieren la acción conjugada de, por lo menos, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Vivienda, Ciudad y Territorio y del Departamento Nacional de Planeación. Esta tarea podría quedar bajo la coordinación del DNP, un organismo que cuenta con la suficiente la capacidad y competencia técnica para orientar las acciones relacionadas con está estrategia del PND.

En segundo lugar, la modernización del sistema de alta dirección requiere de la incorporación de instrumentos y métodos de soporte a la alta dirección del estado. Dentro de los cuales se destacan:

La creación de un Centro de Pensamiento Estratégico (CPE), con capacidad para pensar la gran estrategia que pueda fijar el rumbo del gobierno. El DNP podría hacerse cargo de esta tarea, conformado un grupo de expertos en pensamiento prospectivo, que trabaje con el enfoque de Misiones Estratégicas v.g.: La Misión del Cambio Climático para evaluar los escenarios climáticos a corto, mediano y largo plazo y proponer las correspondientes acciones de mitigación y adaptación.

El establecimiento de un Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Petición de Cuentas por Desempeño(SSMPCD), que funcione adscrito a la Presidencia de la República y con capacidad para pedir y rendir cuentas por metas y resultados de los avances en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; coordinar las acciones de las entidades descentralizadas; y servir de soporte tecno político al sistema de decisiones sectoriales, descentralizadas y territorializadas del PND.  

La adopción de un Sistema de Gerencia por Operaciones que permita establecer una gestión pública orientada a resultados y productos, en el marco de las estrategias y lineamientos del PND.

Finalmente, se requiere de manera prioritaria el rediseño de la Oficina y la organización de un Sistema deAgenda Presidencial, que le permita hacer más eficiente el uso de su tiempo, fijar el foco de atención en los asuntos estratégicos, servir de soporte a la toma de decisiones, realizar el seguimiento y evaluación de la gestión gubernamental, controlar los sistemas de coordinación, rendición y cobranza de cuentas por desempeño y realizar el control y monitoreo de la marcha general del gobierno.

Este conjunto de recomendaciones si se ponen en práctica, de manera eficaz, le pueden ayudar al Presidente a mejorar su capacidad de Gobierno y a recuperar la gobernanza y la gobernabilidad para conducir asertivamente las grandes reformas que el país requiere.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches,

5 de septiembre de 2023

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[1] Carlos Matus, El Líder Sin Estado Mayor: La oficina del gobernante, 1997

La tragedia adulterada: un avatar entre titulares, escándalos y difíciles realizaciones

Asistimos a la celebración del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro un poco abatidos y turulatos. Las confusas declaraciones del primogenito Nicolás Petro ante sus verdugos sobre los dineros que recibió durante la pasada campaña electoral, se convirtieron rápidamente en un sonado “escándalo” medíatico que, no solo afectó a la familia presidencial, sino que profundizó el clima de zozobra e intranqulidad institucional que estamos viviendo en Colombia.

La tragedia familiar

Desde el punto de vista familiar, el ´caso Nicolás´, se constituye en una verdadera tragedía familiar que, como toda tragedia humana, contiene una contradicción irresoluble entre la conducta reprochable de un personaje que, siendo el primogénito, traiciona a su padre y las actuaciones dolosas de un actor político que, valiendose del poder que le confiere ser hijo del presidente, viola las normas electorales y sociales.

Si bién es cierto las dos conductas de Nicolás son inaceptables, trazar una línea divisoria entre lo uno y lo otro resulta de la mayor importancia para evitar que la opinión pública sea manipulada por los titulares de prensa que condenan al presidente por ser el “padre del imputado Nicolás”. Como en la Casa de Tebas de la tragedia griega de Sófocles, debemos ser benévolos ante al dolor familiar que provoca toda traición y, al mismo exigir transparencia, imparcialidad y el debido proceso judicial que se le siga al hijo del presidente para salvaguardar el orden institucional. 

En el primer caso, el presidente Petro, en su condición de padre magnánimo y democrático le ofreció y le pidió perdón a su hijo, reconociendo su falta al abandonarlo, pero manifestándole su deseo de reencontrase y reconciliarse con él en otras circunstancias más afables. 

En el segundo caso, frente a la conducta dolosa de Nicolás, el presidente asume su deber como jefe de Estado y, a pesar del inemso dolor que le produce ver a su hijo en la cárcel, le expresa que no intersederá en el proceso judicial que se le sigue y que respetará la autonomía del poder judicial. 

La implosión de las costumbres políticas y la anomia institucional

Las declaraciones de Nicolás Petro reconociendo haber recibido grandes sumas de dinero provenientes de personajes con fortunas de oscura procedencia y de reconocidos dirigentes políticos pertenecientes a los tradicionales clanes que dominan el panorama electoral de la Costa Atlántica, significan la implosión de una cultura política caracterizada por el clientelismo y el predominio de prácticas políticas donde “todo vale”.

No se trata de unos hechos aislados ni tampoco novedosos. La cultura política predominante en muchas regiones del país y, particularmente, en la Costa Atlántica, se caracteriza por el relajamiento moral y ético de las prácticas políticas, la falta de controles y de rendición de cuentas y la financiación ilegal de las campañas. Lo cual ha conducido a la implosión de las costumbres políticas que se refleja en la famosa expresión: “¡esa norma no pegó acá!”. 

El predominio de estas costumbres ha conducido a una situación de anomia, que el sociologo Durkheim denominó un “estado de anomia institucional”. Una situación en la cual las normas que regulan el juego social (las relaciones sociales, diría Marx) se desvanecen y solo sobrevive el interés egoista y el afan de lucro. Un clima moral tan relajado cómo este es el caldo de cultivo para se crien personajes siniestros como Aida Merlano, Days Vásquez, Nicolás Petro y Armando Benedetti. Profundamente ligados a los clanes políticos de la Costa Atlántica. 

Tampoco se trata no sólo de las acciones dolosas del hijo del presidente. Son ampliamente reconocidas las andanzas y la venalidad de varios de los delfines que se han enriquecido a la sombra de los poderes omnímodos de sus progenitores o que han sido cómplices de sobornos, coimas y manejos turbios que se movieron en las campañas electorales de la mayoría de las agrupaciones políticas del país. Bastaría con mencionar los casos más recientes de corrupción e ingreso de dineros ilegales en las campañas de Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos y Iván Duque, que han tenido como protagonistas a sus hijos o parientes cercanos.  

Sin embargo, a diferencia del “escándalo” del hijo del presidente Petro, las investigaciones han sido engabetadas o simplemente prescriben en los escritorios de fiscales y jueces venales y corruptos.

El debilitamiento de la gobernabilidad y gobernanza del presidente Petro

Como consecuencia de la imputación al hijo del presidente Petro y la zozobra que han provocado los titulares de prensa, se ha generado un clima institucional que afecta la gobernabilidad, la gobernanza y la capacidad de gobierno del presidente Petro.

La gobernabilidad se ve afectada por un clima político de polarizaciones que impide que las instituciones actúen de manera armónica, subsidiaría y colaborativamente para garantizar el acatamiento de las reglas de juego democrático. Permitiendo así el ejercicio pleno de la voluntad política del gobierno para llevar a cabo las reformas de su proyecto político, con el respaldo y la legitimidad que le otorgó la ciudadania en las urnas. La pérdida de las mayorías en el Congreso para hacer respetar los acuerdos políticos en la elección de las mesas directivas y las dificultades para recomponer la coalición de gobierno, se van a ver reflejadas en mayores dificultades para pasar las reformas sociales. Seguramente, las reformas sociales que logren pasar en esta legislatura van a tener mayores costos políticos y burocráticos que podrían desdibujar las intensiones de un cambio estructural que tiene el Gobierno.

También la gobernanza se verá afectada, en la medida que se reduce la capacidad del gobierno para coordinar y lograr que los actores sociales y políticos actúen colaborativamente en el logro de las metas y los resultados propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".

Un aspecto particularmente crítico han sido las dificultades en el cambio de los cuadros directivos de los cargos públicos, donde el Gobierno se ha propuesto abrir oportunidades para la inclusión de cuadros provenientes de organizaciones populares y de la sociedad civil que antes estaban vedados y habian permanecido distantes a los asuntos de gobierno. Esta estrategia ha sido una apuesta muy arriesgada, en la medida que, como lo expresó recientemente Juanita Goebertus[1] “Quienes ahora están en un rol de gobierno no pueden decir públicamente lo mismo que antes decián, porque su rol cambio”. Para expresar que existe una inevitable tensión entre criticar y gobernar. 

Sí bién es cierto que, en teoría, es posible “gobernar” desde la oposición, es decir en la resistencia, no es lo mismo que asumir el rol de gobernar para conducir y lograr los cambios que antes se reclamaban. Los dos roles requieren capacidades distintas: en el primer caso, los líderes sociales deben tener capacidades para convocar la movilización social; mientras que, en el caso de ser gobierno, los líderes sociales tiene la responsabilidad de conducir y llevar a cabo las transformaciones sociales e institucionales que el mandato popular les ha otorgado. Para lo cual se requieren capacidades y herramientas técnicas y políticas para realizar las tareas de gobierno, tales como la planeación estratégica, un sistema de agenda que privilegie los asuntos estratégicos del plan de desarrollo, un sistema de monitoreo en tiempo real de la gestión de gobierno, y la petición y rendición sistemática de cuentas.

Otro aspecto que está afectando la capacidad de gobierno es la poca estabilidad del gabinente de gobierno y la alta rotación de sus ministros. Lo cual resulta un factor fuertemente limitante de la capacidad del gobierno, dada la complejidad de las estructuras administrativas y la intensidad de los problemas acumulados que requieren una larga curva de aprendizajes. 

Estas limitaciones se hacen mucho más notorias y restrictivas cuando se trata de conducir un proyecto de transformaciones sociales y económicas muy ambiciosas que afectan los intereses de sectores muy poderosos y con capacidad de oponer una fuerte y enconada resistencia. 

La necesidad de una reforma moral e intelectual 

Para enfrentar exitosamente este conjunto de retos y desafíos es necesario que el gobierno este dispuesto a aprender varias lecciones fundamentales:

La primera - y tal vez más importante- es que el país entienda que no basta con la legitimidad y el respaldo popular para realizar las reformas, se requiere construir un consenso entre los diferentes sectores sociales, económicos, políticos, intelectuales y populares para convocar y llevar a cabo una gran reforma moral y cultural para moralizar y transformar las costumbres políticas que comience por esclarecer las verdaderas dimensiones y responsabilidades en la financiación ilícita de las campañas electorales de los últimos cuatro gobierno, a través de la creación de un Alto Tribunal de cuentas, con la participación y veeduría de la comunidad internacional.

En segundo lugar es necesario que el gobierno comprenda que la calidad y efectividad de la su gestión depende de la estabilidad y capacidad tecno-política de los cuadros directivos de la administración pública y de la calidad y potencia de las herramientas de gobierno. Para lo cual es necesario conformar una masa crítica del más alto nivel directivo, un verdadero estado mayor de mariscales de campo capaces de conducir y poner en operación las directrices y lineamientos de la transición democrática y la reforma moral e intelectual que encarna el Gobierno del Cambio.

En tercer lugar es fundamental mejorar la capacidad del gobierno mediante el establecimiento de un sistema de planificación y monitoreo por problemas, que están claramente identificados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia Mundial de Vida”, la adopción de un sistema de Agenda que priorice los temas estratégicos y evite la improvisación y las urgencias, y la implementación de un sistema de petición y rendición sistemática y pública de cuentas prevenga la corrupción y la inercia burocrática que dificulta la ejecución presupuestal y el logro de las metas y resultados propuestos por el Plan de Gobierno.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches,

Agosto 9 de 2023

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[1] Juanita Goebertus es actualmente la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Las escuchas de Petro: entre mentiras, chuzadas y whatsapp

“Esos son los signos que vienen desde abajo y parecen anunciar una tempestad que se avecina.

Y, los otros vienen de lo alto, a los cuales hay que prestar igual atención.

Los primeros se dan cuando los poderosos, que son los más allegados al soberano, 

demuestran su desobediencia a sus órdenes , 

ya que solo les interesa su propio interés y 

actúan sigilosamente para provocar una sedición” 

Michel Foucault, Seguridad, territorio y población

El más reciente escándalo provocado por el affaire Benedetti-Sarabia -que desembocó en salida intespectiva de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, y del exembajador de Armando Benedetti– configuró en una “tormenta perfecta” que amenaza con convertirse en una conspiración contra el presidente Petro. 

En menos de dos meses el presidente disolvió la coalición de gobierno que le había permitido tramitar con éxito importantes iniciativas como la reforma tributaria, la ley de Paz Total y el Plan Nacional de Desarrollo. Provocó una crisis ministerial que desembocó en la salida de importantes figuras que hacian parte de su gabinete y del “Acuerdo Nacional por el Cambio”, con el cual gobernó durante los primeros seis (6) meses de su mandato.

La tradicional “luna de miel” que caracteriza los primeros meses de gobierno se esfumo y las encuestas registran una caida significativa en la favorabilidad del presidente. Esté fin de semana, los principales diarios del país han publicado duros editoriales criticando el lenguaje utilizado por el presidente en las marchas convocadas para respaldar las reformas del Gobierno de Petro. Lo acusan de confundir y “sembrar más polarización” en un momento que el país reclama ponderación y sensatez.

Incluso, la “mala hora” del gobierno llevó al expresidente Cesar Gaviria -uno de los más renuentes aliados- a declarar que “no estamos dispuestos a poner en riesgo el gobierno elegido democráticamente”. En una tácita alusión a la conspiración que han venido fraguando los grupos de extrema derecha para sacarlo de la presidencia.

De otro lado, el presidente ha venido recibiendo el respaldo y la solidaridad de la comunidad internacional. Tanto el presidente Biden como algunos gobiernos europeos y de América Latina han expresado su respaldo al gobierno de Colombia. Recientemente se conoció una carta suscrita por centenares intelectuales y personalidades democráticas condenando el “golpe blando” del cuál está siendo objeto este gobierno.

Pero ha sido la inmensa movilización popular de respaldo al gobierno, que se manifestó en las calles de más de 300 ciudades del país, lo que ha permitido frenar la conspiración antidemocrática de la ultraderecha colombiana.

Sin embargo, el gobierno del presidente Petro está lejos de lograr amainar la “tormenta” y recuperar la iniciativa política para conducir al país por la senda de las transformaciones democráticas que encarna el actual Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Son tres los cinturones que el presidente Petro se debe ajustar para lograrlo. El primero es el cinturón de la gobernabilidad; la cuál se entiende como la capacidad para convocar y lograr acuerdos políticos sobre los temas fundamentales de país. Este es un aspecto que el presidente Petro no solo lo tiene claro, sino que ya lo había logrado -aúnque de manera parcial e imperfecta- en los primeros meses de su gobierno. 

Gobernar es “trazar” -en el buen sentido del término- con los diferentes sectores sociales, políticos e institucionales para pasar su programa de reformas. Para ello, Petro tiene que generar espacios de diálogo, franco y democrático, que le permitan armar los consensos requeridos para tramitar y poner en marcha sus reformas. 

Los colombianos y colombianas, que votamos o no por el cambio, estamos esperando y respaldamos las gestiones que el presidente haga para lograr ese “gran acuerdo nacional”. Las posibilidades que los sectores de la ultraderecha sigan intentando frenar las reformas, es algo con lo cuál hay que contar. El arte de gobernar consiste precisamente en hacerse cargo de ello. El reto no consiste en “suprimirlos” o desconocerlos, porque representan intereses muy poderosos, sino en reconocer que son una minoría y, consecuentemente, saber como aislarlos y/o frenar esos intentos.

El segundo cinturón que Petro debe ajustarse es el de la gobernanza. El buen gobierno consiste en saber como reconocer y tramitar los obstáculo y las diferencias; para lo cual es necesario interactuar utilizando las reglas del juego democrático existentes, con apego a las normas y el respecto por la separación de poderes institucionales.

Por obvias razones, los políticos colombianos creen que tienen derecho y actuan sin ningún tipo de restricción o límite ético más allá del de sus propias ambiciones -tal cómo quedó patéticamente demostrado en el escandalo Benedetti-Sarabia-. 

La mayor opacidad en el juego político en Colombia se ha configurado por los malos “arreglos” institucionales, que dejaron la elección de los organismos de control y la misma magistratura en manos de la clase política; la cuál ha hecho gala de las execrables “jugaditas” para garantizar que “yo te elijo y tu no me juzgas”. 

Y, tal vez el desbarajuste institucional más deprorable lo constituye un fiscal que obedece solo a su vanidad y a su desaforado apetito conspirador, convertirtiendose en el “Richelieu” de la oposición al inagurar en Colombia la “guerra de las chuzadas.

El tercer cinturón que el presidente deba auto ajustarse es concentrar esfuerzos en mejorar su capacidad de gobierno. Las deficiencias en este aspecto son evidentes, comenzando por la creencia que, parece dominar las decisiones de este gobierno, basta con la experiencia política. Lo cuál constituye una condición necesaria pero no suficiente. La capacidad política y la capacidad de gobierno no son sinonimos y, a veces, pueden llegar a ser contradictorios. 

Es innegable que Petro cuenta a su favor con el carisma suficiente y la capacidad para asumir retos y orientar la acción política hacia los fines estratégicos del país. Sin embargo, en el desempeño del día a día de los asuntos de gobierno y, particularmente, en el manejo del gabinete ha demostrado graves equivocaciones. Tal vez, la más protuberante es no saber rodearse bien y no contar con buenos y confiables “mariscales de campo” que le ayuden a operar asertivamente los asuntos de gobierno. En el más recientes acontecimiento lo vimos como un “líder sin estado mayor”.

La escogencia de la jefatura de Gabinete fue una decisión incomprensible y desacertada. ¿Por qué confiarle, a una jóven y neófita profesional -que por más o menos brillante que sea- le quedó grande la tremenda responsabilidad de Estado?

Tal vez sea el producto de un sistema político de baja responsabilidad, donde las reglas del juego no han sido diseñadas para “pedir y dar cuentas”, evitando la improvisación, el clientelismo y la ineficiencia para enfrentar los grandes problemas de la gobernanza. 

Tal vez Petro confió más en la eficacia electoral y el desempeño personal de Sarabia que en su capacidad de gobierno; con lo cual la intensidad y los riesgos de los problemas acumulados desembocaron en un gran estallido y una crisis de gobernabilidad que tiene al gobierno entre las cuerdas.

Para reencausar el debate democrático por los canales institucionales, el presidente tiene que hacer un alto en su intemperancia verbal y llamar a la cordura y a la autocrítica. Para comenzar, Petro debe mejorar su estrategia comunicativa e invitar a los medios, respetando su independencia, a morigerar el lenguaje y a fortalecer la información responsable. Seria un pacto comunicativo que todo el país le agradecerá. 

En segundo lugar, el presidente debe abrir las exclusas para diálogo nacional con los diferentes sectores sociales y políticos sobre las reformas y las transformaciones que el país necesita y que fueron la razón de su elección como gobierno del Cambio.

En tercer lugar, el presidente requiere con urgencia establecer un robusto sistema de soporte tecno-político a las decisiones de gobierno, que le permita hacer seguimiento, en tiempo real, y “pedir y rendir cuentas” públicas de los avances de los planes y metas de gobierno.

Finalmente y más importante aún es que el presidente escuche todas las voces, incluidas las disfonícas, con amabilidad y respeto; lo cuál fortalecerá la libertad de opinión y la información veraz y objetiva. El país requiere con urgencia superar la polarización y el clima conspirativo que tanto daño le está haciendo a la democracia y a la paz y convivencia entre los colombianos.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches 

Junio 15 de 2023

Libertad y Orden: el dilema entre obedecer y no cumplir

“El desorden en que vivimos en estos últimos 8 meses, y algunas cosillas de las que aún no nos hemos librado, han hecho pensar a algunos que quiza nuestra emancipación fue prematura.. 

“Nuestra esclavitud se ha ido fortaleciendo, al tenor del terror y el desorden que propagan nuestros opresores, para mantener a los pueblos americanos en la ignorancia y en la esclavitud. Los sucesos de Quito, la Paz y los Llanos, no fueron más que el exordío de la gran tragedia que viven nuestros pueblos.” 

La Bagatela, 1er número de Antonio Nariño, 14 de julio de 1811.

En la historía reciente del país, no habíamos asistido a un espectáculo semejante a la reyerta que se armó con la publicación de la imagen del escudo de Colombia, que hicieron algunos mandatarios regionales, en el marco de la Cumbre de Gobernadores Quindio 2023. 

La imagen que se hizo viral en las redes, bajo el lema de “Libertad y Orden”, ha producido una increíble cacofonía mediática, aupada por el soterrado interés de los grandes medios de comunicación de crear una narrativa apocalíptica de caos y desorden para arrinconar al Gobierno del Cambio e impedir el avance de las reformas que le propuso al país el Presidente Petro. Favoreciendo así los intereses de los cacaos, jefes de la oposición y toda su corte de vástagos electoreros y plumíferos a sueldo que intentan frenar las reformas que cursan en el Congreso.

El nuevo-viejo lema que tiene más de 200 años, cuando el general Santander decidío incorporarlo en el escudo, como una expresión simbólica para consagrar el triunfo de su inveterada rivalidad contra su archienemigo, el Libertador Simón Bólivar, a quiénes los cacaos santafereños de la época calificaron de “tirano”.

El lema es realmente un dilema dificil de digerir. Más aún en un país como el nuestro, tan apegado atávicamente a la creencia del orden como defensa del status quo y  de la libertad como la libertad de hacer lo que nos da la regalada gana. De tal manera que puestos a escoger, hemos preferido siempre optar por el doble rasero de defender formalmente el orden -que favorece a terratenientes, cacaos, corruptos  y oportunistas- y, al mismo tiempo, hacer caso omiso de las normas que regulan los asuntos públicos y las relaciones interpersonales; haciendo alarde del famoso espíritu santanderista según el cuál “acá se obedece pero no se cumple”.

Pero la polvareda que se armó, alrededor de este gesto, tiene realmente raíces más profundas. 

No es mera coincidencia que, los mandatarios regionales que salieron a manifestar su inconformidad, provengan de las regiones donde el conflicto armado se mantiene vivo. Por que son esas regiones -el Urabá antioqueño, el Bajo Cauca, los Llanos Orientales, la frontera colombo-venezolana y el Arco Amazónico- donde precisamente la disputa por la tierra se ha agudizado con la presencia de colonos, campesinos, grupos étnicos, bandas criminales del narcotráfico y de la minería ilegal.

Son esas regiones donde la política agraria predominante durante los últimos 50 o 60 años dirigió la colonización como mecanismo para titular tierras en las zonas de expansión de la frontera agricola. Lo cual ha tenido un doble efecto, sumamente benéfico para los grandes terratenientes y costoso para la estabilidad y protección de los recursos naturales del país. De una parte, incrementando el valor de los latifundios en los valles interandinos y, del otro, permitiendo el acaparamiento de tierras – por las buenas o por las malas- y la destrucción del bosque amazónico. 

Allí se hunden las raices de la violencia y el conflicto territorial que hemos padecido durante estos años de vida republicana. Por estas mismas razones, los colombianos y colombianas -con las contadas excepciones de los poco “polos” y las “sin-cabales”- y el mundo entero, celebramos el Acuerdo de Paz pactado en la Habana, Cuba, que tiene como primer y más importante acuerdo, la Reforma Rural Integral.

Sin embargo, trascurridos 6 años es muy poco lo que se ha avanzado en su cumplimiento. La estructura de la tenencia de la tierra permanece intacta y las disputas por el control y la expansión de la frontera agrícola se mantienen vivas.

Por eso resulta paradójico y, por decir lo menos, hipócrita que estos mandatarios y la caja de resonancia que es la gran prensa se rajen las vestiduras para reclamarle al Gobierno Nacional, “orden y libertad”, cuando todos sabemos que la principal tragedia que vive nuestro país sigue siendo la falta de una reforma agraria integral y, particularmente, las disputas por el control territorial que se mantiene en la frontera agrícola.   

En los 7 meses que lleva el gobierno del Cambio, los índices de violencia y seguridad han mejorado ostensiblemente. De acuerdo con la cifras recientemente reveladas por Indepaz[1], las masacres en estos territorios (25) se han reducido a más de una tercera parte (-350%) con respecto al 2022; lo mismo ocurrío en el número de víctimas (81) que descendieron en un 375%.

Desde el punto de vista de su localización geográfica, las regiones de Noreste antioquioqueño (21 masacres y 82 víctimas), Norte del Cauca (14 masacres y 53 víctimas), cordón Pacífico de Nariño (9 masacres y 42 víctimas), Norte de Santander (6 masacres y 28 víctimas), concentraron los principales hechos de violencia en el período 2020-21. (ver Gráfico 1)

Gráfico 1 Número de masacres y víctimas de la violencia, por departamentos (2021)

Fuente: Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz, INDEPAZ, marzo de 2023

Según las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), durante el año 2021 la producción de hoja de coca tuvo el crecimiento más elevado de los últimos 20 años, con un aumento del 43% (61.000 nuevas hectáreas) con respecto al año anterior. 

Sin embargo, como lo expreso Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, la política de Paz Total del presidente Petro ha aumentado las expectativas de paz y alivio humanitario entre las comunidades de cerca de 350 municipios donde hacen presencia 80 frentes de las 5 principales organizaciones al margen de la ley. Y agrego, “El Estado no puede parar de proteger a la población y combatir el macrocrimen … se trata de un aspecto crucial para desescalar la violencia armada y proteger la vida de la gente en estas regiones” [2]

De tal manera que una política de Paz eficaz pasa por desescalar el conflicto armado mediante una estrategia combinada de diálogo con las insurgencias armadas, el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, una fuerte presencia y control territorial para garantizar la seguridad y la protección de la población y, fundamentalmente, el diseño e implementación de políticas territoriales de ordenamiento social y productivo para el campo. 

Hasta el momento la política de Paz del Gobierno se ha concentrado en el desarrollo de las mesas de negociación con el ELN, que cerró exitosamente su 2da Ronda de negociaciones en ciudad de México[3]. Igualmente, se anunció recientemente la apertura de un diálogo con las disidencias de la Farc (Estado Mayor Central Farc-EP y la Segunda Marquetalia) para acordar los términos de las negociaciones que podrían adelantarse. No sín las dificultades y tropiezos que asualmente se presentan en este tipo de negociaciones. 

Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional al comienzo del año, cómo lo fue decretar un cese bilateral de fuego con los prinicpales (5) grupos armados, no produjo los frutos esperados y los reiterados enfretamientos con las Fuerzas Armadas y el hostigamiento a la población civil y varios asentamientos territoriales de los firmantes del Acuerdo de Paz (ETRC), han conducido a estos mecanismos de desescalamiento del conflicto a un callejón sin salida.

Recientemente, el dirigente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, le expresó su preocupación al presidente Petro[4] por el incremento de hostigamientos a sus integrantes y aseguró que el actual Gobierno está enfrentando una díficil situación en materia de seguridad en las zonas de asentamiento de los desmovilizados de las Farc.

Manifestó Londoño que los enemigos de la paz quieren hacer parecer la política de Paz Total como un fracaso y, por eso, “los riesgos a la seguridad de los firmantes de paz se han aumentado, no por culpa de Petro, sino por la responsabilidad de Duque que permitió que los grupos armados y las expresiones violentas crecieran”.

El presidente, Gustavo Petro, en reunión con la cúpula del partido de los Comunes, expresó: “La implementación del Acuerdo de Paz y la seguridad de los firmantes es una prioridad para nuestro gobierno. El primer compromiso del gabinete es el cumplimiento de lo pactado en la Habana, este es el gobierto de la paz”. 

Igualmente, el Jefe del equipo de seguimiento de la ONU al Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, y el nuevo delegado de la CIDH en Colombia, Joel Hernandez García, manifestaron su confianza y respaldo a la búsqueda de la paz total en Colombia por parte del gobierno del presidente Petro. “Agradecemos la confianza depositada por las partes, Gobierno de Colombia y el ELN, en las Naciones Unidas para acompañar a las partes en mesa de diálogos en la búsqueda de la anhela paz entre todos los colombianos”.

Le corresponde ahora al Gobierno Nacional enfrentar los grandes desafíos identificados por la Misión de Transformación del Campo (MTC)[5] e incorporados en el punto uno del Acuerdo de Paz de la Habana[6], mediante la puesta en marcha de políticas territoriales eficaces de ordenamiento social y productivo que permitan desactivar el conflicto socio-ambiental, que tiene enfrentados a los campesinos, grupos indígenas, afrocolombianos y colonos en las zonas de la frontera agrícola colombiana. En particular, se requiere la urgente implementación de las zonas de reserva campesina (ZRC), como un mecanismo para ordenar y regular la ocupación social, productiva y sostenible de las áreas protegidas, promoviendo acciones colaborativas público-comunitarias y la titulación colectiva en las áreas sustraidas de las reservas forestales del país.

En segundo lugar es necesario agilizar los procesos de restitución de tierras, mediante la implementación de la jurisdicción agraria para agilizar la devolución de aproximadamente 5 millones de hectáreas a los campesinos víctimas del despojo violento de sus tierras.

En tercer lugar, el Gobierno Nacional debe avanzar en la puesta en marcha del Catastro Multipropósito que va a permitir la normalización y reconocimiento de los derechos de la propiedad de la tierra de los millones de campesinos y campesinas que viven en el campo y dependen económica, social y culturalmente de los frutos de la tierra. El Catastro Multipropósito es una herramienta que permitirá la administración, gestión y gobernanza de las tierras, a partir del conocimiento de la situación real de los predios, la clarificación de las distintas formas de tenencia y el otorgamiento de la seguridad jurídica de los derechos de propiedad de la tierra en Colombia. 

Por estas razones, el historiador y director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Fabio Zambrano afirmó, en el homenaje que la ESAP le rindiera al economista y candidato al premio Nobel, Albert Berry, “la condición para lograr la paz total y el ordenamiento territorial es y será siempre el cierre de la frontera agrícola.”

Tal como lo expresara el filósofo marxista y político Italiano, Antonio Gramsci, estamos asistiendo a un momento crítico de la historia de nuestro país: “cuando el viejo mundo aún no muere y el nuevo tarda en aparecer” corremos el riesgo del surgimiento de los oscuros mostruos del pasado. Pero también es una oportunidad para que en medio de la oscuridad surgan los brillantes destellos del nuevo mundo.

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

24 de marzo de 2023

 

 

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[1] https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[2] https://www.elpais.com.co/politica/expectativa-en-colombia-por-cese-al-fuego-de-cinco-grupos-armados.html

[3] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-y-ELN-acuerdan-Nueva-Agenda-de-Dialogos-de-Paz-230310.aspx

[4] https://www.elpais.com.co/politica/seguridad-de-los-firmantes-es-una-prioridad-para-nuestro-gobierno-gustavo-petro.html

[5] Informe Final de la Misión de Transformación del Campo (MTC). DNP, 2015

[6] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Presidencia de la República, 2016.

El amor eficaz: un testimonio entre el antes y el ahora

“Los líderes son un producto y, a la vez, productores de las circunstancias históricas que les corresponde vivir” Carlos Matus

En un magistral y cálido documental, Marta Rodríguez nos presenta una imaginada conversación con Camilo Torres Restrepo, pendiente desde hace casi 60 años. Marta y Camilo fueron amigos y compartieron muchos de los avatares de la lucha por la emancipación de los pobres y el esfuerzo por contribuir a la comprensión de la historia de la violencia política colombiana.

El ficticio dialogo entre Camilo y Marta no solo reinventa los vicisitudes de una entrañable amistad sino que se convierte en un paragón entre los tiempos de la violencia de los años 50 y la confrotación que hoy se vive en Colombia por las transformaciones sociales que quiere llevar a cabo el Gobierno del Cambio.

En esas conversaciones, se va deshilvanado el hilo del profundo humanismo que hizo de Camilo un militante del “compromiso con los pobres”, teología que adoptó la Iglesia Católica a raiz del Concilio Vaticano II[1]. Compromiso que lo llevó a predicar su postulado del “amor eficaz”, como una forma de comprender mejor las necesidades del prójimo y comprometerse en la busqueda de soluciones eficaces a las necesidades socio-económicas de los sectores populares.

En palabras del Mario Calderón[2], el “amor eficaz” son todas aquellas razones y acciones prácticas que constituyen un imperativo para la transformación social[3]. En palabras de Camilo Torres, se trata de lograr “un cambio de las estructuras de la propiedad de la tierra, del ingreso, de las inversiones, del consumo, de la educación y de la organización política y administrativa del Estado”.

En esta dirección Camilo orientó su acción sacerdotal, profesional y política. Primero, su interés como investigador social, lo condujó a estudiar las causas y mecanismos de la violencia política en Colombia. Investigaciones que formaron parte del libro “La Violencia en Colombia”[4], donde Camilo expresó su reclazo a toda forma de violencia. Sin embargo, señaló que era necesario indagar sobre sus causas y culpó a la mezquindad de pequeños grupos en el poder de utilizar la violencia política para obtener reditos económicos y políticos personales. 

Por estas razones expresó que, era una condición sine qua non para superar el conflicto armado, conocer la verdad y establecer las responsabilidades para afrontar los cambios requeridos en materia social, económica y politíca. 

Planteó que en lo económico era necesario realizar una reforma agraria que reestructurara la tenencia de la tierra, como base para lograr una mayor productividad y equidad en la distribución de los ingresos y las rentas en el sector rural. En lo social, propuso la organización de la Acción Comunal para generar una conciencia y sentido de cooperación y solidaridad entre las comunidades y grupos sociales. En lo cultural, abogó por una mayor inversión social en la educación y formación técnica, tecnológica y superior, teniendo como referencia el éxito del programa Acción Cultural Popular de las Escuelas Radiofónicas. Y, finalmente, en el ámbito político, como una resultante de los anteriores, propuso la ampliación y fortalecimiento de la participación ciudadana y popular en la dirección del Estado.

En segundo lugar, Camilo tomó partido acudiendo a los barrios populares de Bogotá, al lado de Marta Rodríguez, para trabajar en la organización y promoción de la Acción Comunal. Y, también se involucró en la organización campesina, promovida desde el Incora, junto con Fals Borda, en diferentes lugares de la geografia nacional. 

En tercer lugar, Camilo comprendió muy bien que tanto su mensaje del “amor eficaz”, como los obstáculos interpuestos por las jerarquías ecleciasticas a sus predicas cristianas[5], lo condujeron a un callejón sin salida. Ante el feroz ataque de las oligarquías del país, Camillo decide redactar una plataforma política dirigida a los estudiantes, intelectuales, obreros y campesinos, en la cual llama a la unión de las clases populares, por encima de las ideologías políticas, a construir el movimiento político “Frente Unido”.

En los meses siguientes, Camilo se dedica a recorrer el país para organizar esta alternativa política, con el fin de lograr la anhelada transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas del país. En sus discursos comienza a hablar abiertamente de la revolución; lo cual hace insostenible su permanencia en la Iglesia Catolica, cuyos jerarcas declaran publicamente la incompatibilidad de la plataforma del Frente Unido con las enseñanzas de la doctrina catolica. 

Ante está situación y debido al creciente hostigamiento por parte de los grupos de seguridad del Estado, el acoso de la prensa oficial y, finalmente, el atento del cual es víctima, Camilo decide apartarse de la Iglesia y entrar en la clandestinidad para ponerse en contacto con la guerrilla del ELN. A la cual se vincula, en octubre del año 1965 y finalmente, muere en un combate con el ejercito en San Vicente de Chucurí, Santander, el 15 de febrero de 1966. Transformado su brillante trayectoria humanista, religiosa y profesional en el icono del “Camilo, el cura guerrilero”.

En los momentos trágicos del desenlace de su lucha sacerdotal y política, Camilo se enfrentó a un dilema moral y ético: ¿mantenerce fiel a la doctrina católica que pregona el amor al prójimo y el rechazo a la violencia o ser consecuente con sus convicciones revolucionarias y llegar hasta las últimas consecuencias?.

Guardadas las distancias, en el momento actual en Colombia vivimos un dilema similar. Los imperativos del cambio propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se orientan a lograr la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que mantienen en la exclusión, la pobreza y la inequidad a la mayoria de las clases populares.

El presidente Petro gano en democracia las elecciones con un programa de reformas a la salud, a la educación, a la seguridad humana, al trabajo, a la estructura de propiedad de la tierra y a la Paz Total, como medios para hacer de Colombia Potencia Mundial de la vida.

En palabras del director del Departamento de Planeación Nacional, DNP, el Plan de Desarrollo del Cambio 2022-2026 busca: i) ordenar los territorios alrededor del agua para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales y la justicia ambiental; ii) lograr la seguridad humana para todos los colombianos y colombianas tengan garantizado su acceso a la salud, a una pensión digna, a una educación de calidad, al trabajo decente, a una justicia integral y reparativa; iii) obtener la seguridad y la soberania alimentaria para garantizar la disponibilidad, acceso y adecuación de la canasta básica de alimentos; iv) lograr la convergencia regional, a fin de disminuir las brechas sociales y territoriales; y v) lograr la Paz Total para garantizar el bienestar de la población y el buen vivir de los colombianos y colombianas.

Sin embargo, transcurridos a penas los primeros seis meses de su mandato, Gustavo Petro enfrenta la más despiadada e insidiosa campaña mediatica de las oligarquias y sus bastagos huerfanos del poder que se han agazapado en la cacofonia mediatica de la gran prensa y sus redes para orquestar su rechazo frontal a las reformas y lograr así conservar sus adocenados privilegios. 

Recientemente, con motivo del escandalo mediático en que se halla envuelto su hijo Nicolás, Petro se enfrenta a un dilema moral similar a una “decisión salomónica”. De un lado, en su condición de padre se inclinaría a reconocer sus faltas y prodigar su perdón. Pero del otro lado, su responsabilidad política y su inquebrantable voluntad de lucha contra la corrupción lo lleva a reclamar que sea la justicia quién se encargue de juzgar y, si es el caso, sancionar los presuntos delitos de corrupción de los cuales se le acusa.

Sin embargo, sus enemigos transgrediendo toda frontera ética se han dado a la tarea de endilgarle una supuesta responsabilidad política en las presuntas actuaciones ilegales de su hijo. 

“Calumniar y calumniar … que de la calumnia algo queda” parece ser el lema de los más rabiosos opositores del Presidente Petro.  

Sin embargo, como dice le provervio: “Todos estamos hechos del mismo barro, pero no en el mismo molde”

 

Luis Alfredo Muñoz Wilches

16 de marzo de 2023

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[1] El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y clausurado por el Papa Pablo VI en 1965, se constituyó en una profunda reforma que transformó radicalmente el papel de la Iglesia para ponerla a tono con los tiempos modernos y reafirmar su compromiso con los grupos más vulnerables del mundo entero.

[2] El exsacerdote jesuita Mario Calderón, reconocido investigador y defensor de los Derechos Humanos, fue brutalmente asesinado, junto con su esposa Elsa Alvarado y su suegro Carlos Alvarado Pantoja, el 24 de mayo de 1997, cuando adelantaban una investigación ambiental en la región del Sumapaz, siendo parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

[3] En el ensayo “La Revolución, imperativo cristiano” escrito por Camilo Torres con ocasión del II Congreso Internacional de Sociología, en Lovaina (Bélgica, 1964), se desarrolla de forma más completa su pensamiento al respecto del “amor eficaz”.

[4] A su regreso a Colombia, al concluir sus estudios en Lovaina en el año 1959, Camilo promueve y participa, al lado de Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y German Guzmán, en la investigación más importante sobre la violencia política en Colombia de medidos del siglo XX. Sin embargo, sus aportes a la investigación no llegan a publicarse por la prohibición expresa de la Iglesia y solo se dan a conocer en la ponencia presentada al 1er Congreso Nacional de Sociología realizado en Bogotá en marzo de 1963.

[5] En el año 1962 el Cardenal Luis Concha Córdoba, como represalia a su solidaridad con el movimiento estudiantil universitario, lo obligá a renunciar a todas sus actividades como Capellan de la Universidad Nacional de Colombia y lo nombra vicario-coadjutor de la Parroquia de la Veracruz, en el centro de Bogotá, en un intento por acallar su predica revolucionaria. Finalmente, en el año 1964 después de un duro enfrentamiento con Álvaro Gómez Hurtado, en la Junta Directiva del Incora, sobre la aplicación de la ley de extinción de dominio dentro de la frontera agrícola y su apoyo a las acciones de las autodefensas campesinas en Marquetalia, Tolima, lo obligan a retirarse del sacerdocio y optar por su ingreso a la guerrila del ELN.