Con la aprobación del llamado
Acto legislativo para la paz, que agiliza la implementación de los Acuerdos de
La Habana y faculta al Gobierno para tramitar una serie de normas y reformas
constitucionales que desarrollen lo pactado con las Farc, se allanó el camino
para la firma el Acuerdo de finalización del conflicto armado en Colombia. Lo
cual constituye un logro sin precedentes en la siembra de la paz territorial. Sin
embargo, el resurgimiento de la movilización agraria y rural, que hoy completa una
semana de paro campesino e indígena en más de 17 departamentos, con un saldo
lamentable de 3 dirigentes de la Minga Nacional Agraria, Campesina, étnica y
Popular muertos, y decenas de manifestantes y policías heridos en los
enfrentamientos. Constituye un revés para el gobierno del Presidente Santos,
que se había comprometido a mejorar las condiciones y oportunidades de los
campesinos y habitantes rurales.
Más aún, cuando el Gobierno
suscribió, desde el 26 de mayo de 2013, un acuerdo para adelantar una reforma
rural integral. Tiene el mejor diagnóstico de las brechas sociales y económicas
que afectan el mundo rural, derivado del 3er Censo Nacional Agropecuario del
año 2014. Y cuenta con un arsenal de propuestas muy bien estructuradas por
parte de la Misión Rural, que llevo a cabo un grupo de especialistas, bajo la
dirección de José Antonio Ocampo y con el apoyo técnico de Planeación Nacional.
Recomendaciones que fueron incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo, en el
capítulo de Transformación del Campo.
Resulta paradójico que el
Gobierno, en medio de un proceso de negociación de paz, haya tenido oídos sordos
a estas propuestas y no cuente con una clara y coherente política pública de
desarrollo rural.
A lo anterior se suma, el
desbarajuste del desempeño económico del sector agropecuario, que en el último
trimestre tuvo un decrecimiento del -2,9%. Tan solo el café logró un buen
desempeño (7,9%) que le permitió al agregado del sector pasar raspando (0,7%).
Si bien es cierto, tal como lo afirmamos al comienzo del año en esta columna (Misión
Rural Recargada), el agudo y prolongado verano que ocasionó el fenómeno del
Niño puede explicar en buena parte el descenso en la producción agrícola del
primer semestre del año, lo cierto es que la falta de previsión y de una política
agropecuaria anticíclica, han terminado por pasarle la factura al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, que no ha podido diseñar y proveer los
instrumentos idóneos para hacer una política seria y eficaz de ordenamiento
productivo del país.
De tal manera, que ante la ausencia
de políticas públicas consistentes y efectivas, las demandas de este nuevo paro
campesino y rural, seguramente terminaran aumentado la “lista de mercado” de compromisos incumplidos, que según las cifras
de la Cumbre Agraria asciende a 1 billón de pesos, entre lo pactado en el primer
Paro Agrario de 2013 y los compromisos de Pares del año 2014. Flaco balance
para un Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que se precia de ser el “modelo para el postconflicto”
Al Gobierno del Presidente
Santos le llegó la hora de dar un timonazo en el sector agropecuario y rural,
para enrutarlo hacia la construcción de la paz territorial y el postconflicto.
De lo contrario corre el
riesgo de que se haga realidad la predicción del filosofo S. Ziz^ek acerca de
que: “la luz al final del túnel sea la de
un tren que se acerca en dirección contraria”
Luis Alfredo Muñoz Wilches
Bogotá, 5 de mayo
de 2016
Ello muestra un comportamiento, digamos, "esquizofrénico" respecto del tratamiento del sector rural. Y no es gratuito, pues se debe a multiples compromisos políticos que desequilibran y contaminan el proceso de decisiones de poítica pública.
ResponderEliminar