LA ENCRUCIJADA DEL AGRO

Con la aprobación del llamado Acto legislativo para la paz, que agiliza la implementación de los Acuerdos de La Habana y faculta al Gobierno para tramitar una serie de normas y reformas constitucionales que desarrollen lo pactado con las Farc, se allanó el camino para la firma el Acuerdo de finalización del conflicto armado en Colombia. Lo cual constituye un logro sin precedentes en la siembra de la paz territorial. Sin embargo, el resurgimiento de la movilización agraria y rural, que hoy completa una semana de paro campesino e indígena en más de 17 departamentos, con un saldo lamentable de 3 dirigentes de la Minga Nacional Agraria, Campesina, étnica y Popular muertos, y decenas de manifestantes y policías heridos en los enfrentamientos. Constituye un revés para el gobierno del Presidente Santos, que se había comprometido a mejorar las condiciones y oportunidades de los campesinos y habitantes rurales.

Más aún, cuando el Gobierno suscribió, desde el 26 de mayo de 2013, un acuerdo para adelantar una reforma rural integral. Tiene el mejor diagnóstico de las brechas sociales y económicas que afectan el mundo rural, derivado del 3er Censo Nacional Agropecuario del año 2014. Y cuenta con un arsenal de propuestas muy bien estructuradas por parte de la Misión Rural, que llevo a cabo un grupo de especialistas, bajo la dirección de José Antonio Ocampo y con el apoyo técnico de Planeación Nacional. Recomendaciones que fueron incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo de Transformación del Campo.

Resulta paradójico que el Gobierno, en medio de un proceso de negociación de paz, haya tenido oídos sordos a estas propuestas y no cuente con una clara y coherente política pública de desarrollo rural.

A lo anterior se suma, el desbarajuste del desempeño económico del sector agropecuario, que en el último trimestre tuvo un decrecimiento del -2,9%. Tan solo el café logró un buen desempeño (7,9%) que le permitió al agregado del sector pasar raspando (0,7%). Si bien es cierto, tal como lo afirmamos al comienzo del año en esta columna (Misión Rural Recargada), el agudo y prolongado verano que ocasionó el fenómeno del Niño puede explicar en buena parte el descenso en la producción agrícola del primer semestre del año, lo cierto es que la falta de previsión y de una política agropecuaria anticíclica, han terminado por pasarle la factura al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que no ha podido diseñar y proveer los instrumentos idóneos para hacer una política seria y eficaz de ordenamiento productivo del país.

De tal manera, que ante la ausencia de políticas públicas consistentes y efectivas, las demandas de este nuevo paro campesino y rural, seguramente terminaran aumentado la “lista de mercado” de compromisos incumplidos, que según las cifras de la Cumbre Agraria asciende a 1 billón de pesos, entre lo pactado en el primer Paro Agrario de 2013 y los compromisos de Pares del año 2014. Flaco balance para un Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que se precia de ser el “modelo para el postconflicto”

Al Gobierno del Presidente Santos le llegó la hora de dar un timonazo en el sector agropecuario y rural, para enrutarlo hacia la construcción de la paz territorial y el postconflicto.

De lo contrario corre el riesgo de que se haga realidad la predicción del filosofo S. Ziz^ek acerca de que: “la luz al final del túnel sea la de un tren que se acerca en dirección contraria”

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Bogotá, 5 de mayo de 2016

CENTRO - PERIFERIA

 “Quizá desde entonces, le nació esa resignación fatal, inmovilizadora, terrible,

ya que su alma había perdido la esencia misma de la vida”

(La Rebelión de las Ratas, F. Soto Aparicio)

El concepto “centro-periferia”, inventado por Prebisch (CEPAL, 1951) para referirse a las brechas de productividad e ingresos que separan a los países industrializados, de los llamados países pobres, productores de commodities, ha venido evolucionando durante los últimos 50 años hasta transformarse en la noción, que describe las brechas existentes hoy que entre los centros del poder geo-político y económico y las regiones apartadas y pobres del mundo.

El mundo ha cambiado dramáticamente desde esa época. Hoy vivimos en un mundo globalizado donde existen múltiples centros-periferias, que se caracterizan por una nueva relación de dependencia, basada fundamentalmente en la producción de conocimientos y tecnologías que han revolucionado las formas de vida y las relaciones entre las diferentes pueblos del mundo. De acuerdo con el Informe sobre el desarrollo económico mundial, conocido como “La Nueva Geografía económica” (BM, 2009), la generación del conocimiento, innovación y el desarrollo tecnológico en la actualidad se concentran en las grandes metrópolis, en las regiones avanzadas y las naciones más ricas. La mitad de la riqueza que se produce hoy en el mundo cabe en el 1,5% de la superficie del planeta. Al mismo tiempo, más de las 2/3 partes de los pobres del mundo viven en las aldeas y regiones aisladas. De tal manera que, las desigualdades sociales y las inequidades territoriales se han profundizado durante las últimas décadas, tanto a escala planetaria como en las geografías regionales y locales.

Estas realidades han generado nuevas tensiones y la explosión de nuevos conflictos. El resurgimiento de las autonomías territoriales en Europa y Asia. El reclamo de los derechos de las minorías étnicas. La búsqueda y afirmación de las identidades culturales, sexuales y religiosas. Los nuevos movimientos sociales que reivindican las causas ambientales, animalistas y las identidades locales. La exacerbación de los atavismos y las causas ancestrales, fenómenos que están ayudando a redefinir las identidades territoriales.

En Colombia, al acercarnos al fin del conflicto armado se abre un escenario donde los nuevos movimientos sociales nos llevará obligatoriamente a replantear las relaciones entre el centro y las periferias, entre el centralismo del poder y las autonomías regionales. Después de muchos lustros de hegemonía de las elites capitalinas que han asfixiado los intentos de profundización de la descentralización y de democratización, se abre la posibilidad de construir el postconflicto desde los territorios, como el camino para afianzar la paz territorial.      

En los diferentes rincones de la geografía colombiana se puede percibir el clamor de los nuevos movimientos sociales que traen un viento fresco de nuevas identidades territoriales. Una lectura más acuciosa de lo que sucede en el sur de Colombia, donde ya se habla de la “sureñalidad”, como una confluencia de intereses regionales entre las comunidades de Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca, que ya no solo reclaman mayores inversiones del Gobierno Nacional, sino que buscan construir un destino común. Igual ha venido sucediendo en la región caribe, donde los diferentes actores locales y regionales han logrado construir una agenda común, conocida como el “Diamante del Caribe”, y buscan concretar la propuesta de una Región Administrativa y de planificación –RAP_.

En la región central, que cobija los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y la ciudad de Bogotá, viene abriéndose paso la creación de la Región Administrativa y de Planificación Especial del Centro del país –RAPE-. La inclusión de esta iniciativa en las agendas políticas de los actuales mandatarios departamentales y municipales, constituye no solo un reconocimiento de su destino común, sino también es un paso transcendental en la construcción de este instrumento de planificación para posicionarse como la primera región del país.  

La mas reciente recomposición del gabinete ministerial, el Presidente Santos la anunció como la evolución hacia una nueva “coalición por la paz”.  Con esta frase audaz, el presidente intento amainar la tormenta que se le vino encima en la Unidad Nacional. Los partidos que la conformaban, más interesados en conservar o aumentar sus cuotas burocráticas en el gobierno, que en alinearse con la nueva hoja de ruta de la firma de la paz, prefirieron romper la unidad y comenzar a posicionarse en el partidor de la carrera a las elecciones presidenciales del 2018.  

Pero, más allá de este impase, lo que trato Santos con este nuevo gabinete es reconocer e integrar en la nueva coalición, los liderazgos regionales. Este es un paso necesario pero no suficiente para recomponer la coalición de gobierno. Se requiere que el Presidente Santos sea más audaz, y ponga en marcha una estrategia para recuperar la gobernabilidad, que incluye poner en marcha la agenda legislativa para incorporar en el ordenamiento jurídico los acuerdos y las reformas pactadas en La Habana. Un camino más expedito lo abrió la Corte Constitucional al admitir la demanda del ex fiscal Montealegre, de convertirlos en Acuerdos Especiales de paz, que permiten elevarlos a rango constitucional, con el apoyo del Congreso. 

La nueva Agenda de paz, debe incluir una estrategia de copamiento militar e institucional de las regiones donde tienen presencia los grupos insurgentes, para garantizar un transito pacífico hacia el postconflicto.

En síntesis, la nueva Agenda de paz debe, fundamentalmente, avanzar en la dirección de constituir una nueva coalición política, fundada en la integración de las nuevas fuerzas sociales y políticas regionales, el afianzamiento de la paz territorial y la creciente autonomía territorial.

Solo así se logrará que cuando la voz de los fusiles se calle, tengan la palabra:

“las estirpes condenadas a cien años de soledad que no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra!” 

Luis Alfredo Muñoz Wilches,

Bogotá, mayo 9 de 2016

Suenan timbres

¿quién pues dejó caer el corazón del universo en la ola que pasa?

La primera vez que vi un muerto ocurrió en una fría tarde de mi ciudad natal. Tenia apenas 4 o 5 años de edad y solía ir a la tienda de la esquina de mi casa, en compañía de una alegre mujer, en busca de los apetecidos dulces de cristal. En la acera del frente yacía el cadáver de un hombre joven con un impacto de bala en la cabeza. Después supe que se trataba de un subversivo que en su huida fue alcanzado por hombres de la tenebrosa policía política de la época, quienes sin mediar orden judicial alguna le “dieron de baja”, como suelen decir las crónicas rojas de los grandes diarios. Eran los aciagos tiempos de la dictadura militar de Rojas Pinilla. Y recuerdo que en casa estaba prohibido hablar de temas políticos en la sala porque, según decía mi abuela, en las ventanas había espías que escuchaban ocultos las conversaciones de las familias opositoras. Hacia poco, mis tías maternas habían regresado aterrorizadas del bochornoso espectáculo que presenciaron en la Plaza de Toros de la Santamaría, donde un grupo de forajidos del régimen, machacaron contra las graderías del circo a varios de los asistentes que se atrevieron a rechiflar a la hija de mi general Rojas.

Tal vez, desde ese momento, tome las decisiones más importantes en mi vida. No ir nunca a una corrida de toros y buscar siempre el sosiego y la tranquilidad de la vida campesina. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad de volver al campo, me siento en búsqueda del tiempo perdido!

Ahora, que he vuelto, a recorrer varios de los territorios rurales del país, con la intención de realizar unos ejercicios de planificación del desarrollo rural con enfoque territorial –DRET-, encuentro que la gente en el campo espera con ansiedad y temor la terminación de la guerra y el postconflicto. Con la esperanza puesta en que sus aspiraciones y anhelos, aplazados durante años, se hagan realidad. Es increíble ver, que en los territorios más apartados y asolados por todas las violencias de este país, sus gentes no han dejado un solo instante de trabajar por construir un mejor bienestar para sus familias y un futuro promisorio para sus hijos. Acá, “ser pilo” lo pagan los padres y, a duras penas, los jóvenes campesinos pueden aspirar a terminar sus estudios de bachillerato en un colegio urbano. Lejos de la presión del reclutamiento forzado o del acoso sexual de los “dueños de la tierra”.

En los talleres participativos que he asistido, con líderes de los municipios rurales, es reiterada la queja de que están, literalmente “mamados” de que las orientaciones de sus planes de desarrollo se las impongan los tecnócratas desde Bogotá, desconociendo las realidades y las dinámicas particulares de cada territorio. En algunos casos, me he encontrado con asesores nacionales, que llegan al mismo tiempo y de manera atropellada, a exigirles la inclusión de X o Y lineamientos de la política pública en los planes, como requisito para ser atendidos por las entidades nacionales. Pero la “malicia indígena” les ha hecho entender que si “quieren marrones, aguantan tirones”; de tal manera, que en la versión final de sus planes de desarrollo territorial, resulta una variopinta de sabores y colores que les ayuda a “apalancar” recursos y ayudas para sacar adelante sus propósitos de desarrollo local.

Los temas comunes en estos ejercicios de planificación territorial se refieren al ordenamiento y uso eficiente de los recursos naturales, particularmente, del agua. Por la proximidad de los impactos negativos que ha dejado el paso del fenómeno del Niño. En algunos territorios, con secuelas de agotamiento y fuerte estrés de las fuentes de agua, tanto para consumo de la población como para fines productivos. Otro tema recurrente del ordenamiento productivo se refiere al agotamiento y contaminación de los suelos, ocasionada por las malas prácticas agrícolas, derivadas de la “revolución verde” y la falta de asistencia técnica integral. Igualmente, lesivo para el campo colombiano resulta la vulnerabilidad de los ingresos de los agricultores dependientes de los monocultivos ante la volatilidad de los precios y la imposibilidad de control de los eslabones claves de las cadenas productivas, como son la comercialización y la transformación agroindustrial.

Pero tal vez, el mayor desafió para la modernización del campo lo constituye las enormes brechas urbano-rurales, que demandan ingentes recursos para ampliar las coberturas de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, telefonía rural, el mejoramiento de las vías rurales, el tratamiento y disponibilidad de las aguas servidas que se vierten directamente a los ríos y quebradas, ocasionando mayor contaminación de las fuentes de agua.

Capitulo aparte, representa el monumental impacto de los cultivos de uso ilícito y la minería, legal e ilegal, en los suelos y la producción agrícola del país. De un lado, están los efectos nocivos que estas actividades generan en el medio ambiente y en el deterioro de los recursos naturales, como consecuencia de la deforestación, la contaminación y el uso irracional de las fuentes hídricas. Pero, también los efectos sociales representados en el acaparamiento de la mano de obra rural, la prostitución infantil y el estilo de vida que genera el boom del enriquecimiento ilícito.

Por estas últimas razones, subyace el temor en los pobladores rurales de que los acuerdos de La Habana, no traigan la paz a estos territorios. Y que los espacios territoriales, dejados por los grupos guerrilleros que se desmovilicen, sean copados por otros actores armados ligados al narcotráfico y la minería ilegal.

Solo la acción oportuna e integral del Estado colombiano, llevando a estos territorios la presencia de instituciones como la justicia, el catastro rural, la infraestructura de carreteras y los bienes públicos, garantizará que se de un transito rápido y certero hacia la paz territorial, que tanto anhelan los habitantes de estos apartados territorios rurales.

Suenan timbres, como decía el poeta!

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Bogotá, 18 de abril de 2016