“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí!”
Tal como lo habíamos pronosticado,
en un artículo anterior[1],
la fecha limite del 23 de marzo para la firma del acuerdo final entre el Gobierno Colombiano y las FARC se venció sin
lograrlo. Ni la presión que ejercía por la visita oficial del Presidente Obama
a Cuba, sirvió para lograr la foto del apretón de manos entre el presidente
Santos y el máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, bajo el abrazo de Barak
Obama.
Como era de esperarse, las casandras
del periodismo colombiano y otras hiervas más venenosas, se rajaron las
vestiduras para condenar el incumplimiento de la fecha y lanzar sus vaticinios acerca
de la voluntad de las FARC para alcanzar un acuerdo definitivo y de la
capacidad del gobierno del presidente Santos para lograrlo.
Con el paso de los días, las
verdaderas razones de la postergación de la fecha han venido aflorando a la
opinión pública. Diferencias en la Mesa de Negociación, que no son de poca
monta, y que algunos comentaristas capitalinos se han aventurado en calificar
como “diferencias profundas”, alejaron
la posibilidad de llegar a un rápido acuerdo final.
En realidad, diferentes detalles
técnicos en la implementación de la hoja
de ruta acordada por la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto,
conformada por igual número de oficiales activos del Ejercito colombiano y
guerrilleros de las FARC, dieron al traste con la esperada firma del acuerdo
final. En particular, en el espinoso tema de la dejación de las armas y las
garantías para la incorporación de los alzados en armas a la vida política y
democrática del país, subsisten grandes escollos. Tal como dice el refrán anglosajón,
“el diablo está en los detalles”, pues
mientras el gobierno colombiano espera tener una fecha única para que la
Comisión Política Internacional, conformada por las Naciones Unidas, pueda verificar
la dejación de las armas, la guerrilla de las FARC piensa en un cronograma,
cuyo cumplimiento estaría condicionado por las garantías reales para su
incorporación al ejercicio político-democrático.
Para los negociadores de las
FARC, el desmantelamiento del paramilitarismo, constituye la piedra angular de
este acuerdo. Máxime cuando durante los últimos meses aumentaron en un 35% los
asesinatos de líderes sociales; la mayoría reclamantes de tierras y simpatizantes
de izquierda, a manos de grupos criminales ligados con el paramilitarismo. El tema, incluso, fue abordado por separado con
el Secretario de Estado Norteamericano, John Kerry, quién admitió su
preocupación y ofreció el apoyo de EEUU en la búsqueda de medidas afectivas
para lograrlo.
Pero el problema es otro! Se
trata de las condiciones para hacer efectivo el adiós definitivo a las armas y la recuperación del legitimo “monopolio de las armas” por parte de Estado
Colombiano y de sus fuerzas armadas regulares. Colombia, es uno de los pocos
países del mundo donde la lucha política por el acceso al poder y el control
territorial, ha estado signada por el uso irregular de las armas. El reciente despojo
violento demás de 4 millones de hectáreas de tierras, el desplazamiento de casi
3 millones de personas, el exterminio de la Unión Patriótica y la muerte de más
de 220 mil colombianos, son cifras que muestran de cuerpo entero la magnitud de
este problema.
En el fondo del discurso de
quienes se oponen al proceso de paz, subyacen los
intereses de quienes se han beneficiado de la guerra y el despojo territorial. Las
recientes declaraciones de los más connotados voceros del uribismo, que
cuestionaron el apoyo del presidente Obama a la búsqueda de un acuerdo negociado
entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y, particularmente, la
entrevista de su Secretario de Estado, por considerarlo una concesión al “terrorismo”, demuestran que ellos prefieren
seguir insistiendo en la confrontación y las salidas militares, propias de la época
de la guerra fría. “El dinosaurio todavía
está allí”
La llegada de la paz en los
territorios rurales, que han soportado esta cruenta realidad durante los últimos
50 años, se vive con un sano escepticismo. De una parte, ven con mucha esperanza
la firma de la paz territorial, por cuanto significa dejar atrás las épocas de
intimidación, violencia y despojos, pero por otra se vive en la incertidumbre por
el retorno de la delincuencia de los grupos armados y paramilitares. Las lecciones
aprendidas del programa de “Consolidación
Territorial”, muestran la precariedad de los resultados, en materia de
coberturas y bajos impactos, cuando los planes y acciones de respuesta se
diseñan sin una visión integral del territorio y con una apreciación muy
restringida de la articulación entre las instituciones locales, regionales y
nacionales, para asegurar la paz territorial, que no es solo el silencio de los
fusiles sino una autentica transformación de las condiciones locales para la
producción, el cierre de las brechas sociales y territoriales, y la
consolidación de una verdadera institucionalidad democrática que garantice la
participación de los actores locales, el control territorial y la gobernanza local.
Solo así podremos hablar de
un verdadero y definitivo adiós a las
armas!
Luis Alfredo Muñoz Wilches
