“Vengo a decirle adiós a los
muchachos …
porque pronto me voy para la guerra
y aunque vaya a pelar en otras tierras
voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe”
Como en el famoso bolero del “inquieto
anacoboero”, el expresidente Pastrana quiso referirse a su viaje a la Casa
Blanca para atender la invitación del Presidente Obama como la “despedida del Plan Colombia”. Pero esa
frase nos hizo recordar que, precisamente, cuando él adelantaba los diálogos del
Caguan fueron los “muchachos” los que
le dijeron adiós, lo dejaron con la silla
vacía y se fueron a hacer su guerra prolongada. Pero en esta ocasión, los
casi 300 invitados a la entusiasta y calurosa recepción del salón de la fama,
el East Room de la Casa Blanca, donde
se dieron cita los representantes más conspicuos del establishment de los dos países, fueron testigos de un momento
histórico: la terminación del Plan Colombia y el comienzo de Paz Colombia.
Luego de 15 años de la ayuda militar y asistencial que cambio la ecuación
de la guerra en Colombia, el Presidente Barack Obama reconoció que Colombia ha
logrado transformar exitosamente el escenario de la guerra en un nuevo
escenario de posconflicto, donde la paz y la prosperidad podrán hacerse
realidad, con el trabajo de todos los colombianos y el apoyo de los EEUU y la
comunidad internacional. El nuevo Plan Paz
Colombia que contará con una partida inicial de ayuda por U$450 millones
para la vigencia 2017, tendrá que hacer tránsito por el Senado Norteamericano y
sortear las dificultades propias de un período preelectoral, cuyos resultados
políticos son aún inciertos, pero que seguramente contará con el respaldo
bipartidista con tuvo el Plan Colombia. No obstante, en opinión de muchos analistas
políticos norteamericanos, la asistencia política de Washington está más acostumbrada
al conflicto que a la paz y el posconflicto. Por esta razón, es muy frecuente
escuchar en los pasillos del Congreso de los EEUU voces –especialmente republicanas-
que desconfían de los Acuerdos logrados entre el Gobierno de Colombia y las
FARC.
Sin embargo, los grandes desafíos que enfrentará Colombia en el
posconflicto tienen que ver más con asuntos internos que con el apoyo de
internacional, que ha demostrado ser muy solidario y abrumador. El posconflicto
y la consolidación de la paz territorial va a requerir de verdaderas reformas que
hagan posible cerrar las brechas sociales y territoriales para integrar esa
Colombia rural dispersa y apartada, donde el abandono y la falta de la
presencia del Estado hizo posible que se convirtieran en los territorios de la
guerra y del narcotráfico.
El dilema que enfrenta el país en el posconflicto es, continuar por la
senda de la mala-adaptación que
consiste en reducir el conflicto a un problema de unos narcoterroristas que se apoderaron de estas apartadas regiones; de
tal manera que bastaría con enfrentarlos con las políticas de contención militar
y erradicación de cultivos ilícitos, acompañadas con intervenciones
asistencialistas orientadas a sustraer el aparente apoyo popular de los
narcoterroristas, que predominaron en la primera fase del Plan Colombia. Lo
cual constituye la esencia del viejo y recalcitrante discurso uribista.
La otra senda, la de la buena-adaptación
que debe predominar en la Paz Colombia consiste en reconocer la multicausalidad del conflicto para
diseñar intervenciones integrales y diferenciales que se ajusten a las
dinámicas particulares de cada región. En cada una de ellas se deben combinar
unas acciones coyunturales, de respuesta rápida,
con intervenciones estructurales que siembren capacidades locales para
hacer posible y sostenible la transformación social, productiva e institucional
de estos territorios abandonados y su integración a la prosperidad y los beneficios
del desarrollo económico y social del país.
Las acciones de respuesta rápida
deben estar orientadas a lograr tres aspectos esenciales de la convivencia democrática:
un sistema de justicia territorial
reparativa que reestablezca la confianza en la institucionalidad y garantice
el ejercicio pleno de los derechos de propiedad; una oferta adecuada de bienes y servicios públicos esenciales de
educación, salud, agua potable y seguridad social para todos los pobladores de
estas apartadas regiones; y unas mejores
oportunidades de generación de ingresos a los pequeños productores de la
agricultura familiar.
Los mecanismos de intervención
integral en los estos territorios deberán estar orientados a generar y/o
mejorar las capacidades locales para
que las distintas comunidades locales y rurales (de campesinos, negros,
indígenas, etc.) puedan ser autogestores de su propio desarrollo. Estos
mecanismos deben contemplar instrumentos más idóneos y pertinentes para el ordenamiento ambiental, social y productivo
de los territorios rurales, tales como un moderno catastro rural, con una base
cartográfica semi-detallada (escala 1:25.000) y una información actualizada de
la estructura socio-productiva municipal (a partir de la información del Censo
Agropecuario 2015). En segundo lugar,
es necesario que los mecanismos de intervención incluyan el fortalecimiento de sistemas locales de asistencia técnica integral
y competitividad territorial que permita incorporar las innovaciones y el
uso de nuevas tecnologías para mejorar la producción y la productividad, y
lograr economías de escala y de agregación de valor que incremente los
ingresos y las capacidades productivas locales. Un aspecto particularmente
importante lo constituye el desarrollo de innovaciones sociales que permitan
engrosar el tejido social y los emprendimientos asociativos. En tercer lugar, se requiere que estos
territorios puedan tener acceso a la provisión
de bienes y servicios productivos esenciales tales como: infraestructuras de
riego y adecuación de tierras, de comercialización, de transporte y
conectividad. Finalmente, es necesario fortalecer la institucionalidad rural mediante el fomento de sistemas de
gobernanza más abiertos y transparentes, basados en el desarrollo de redes
colaborativas público-privadas y comunitarias, mejores articulaciones
local-regional-nacional, el fomento a la asociatividad territorial y la mejor
coordinación para lograr un buen gobierno.
Solo así será posible que tengamos unos modelos de buena-adaptación al posconflicto capaces de generar procesos de
desarrollo local endógenos y sostenibles que hagan realidad la consolidación de
la paz, el desarrollo y el bienestar de las comunidades rurales en nuestro país.
Luis Alfredo Muñoz Wilches
Bogotá, 8 de febrero de 2016
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