La aprobación de la hoja de ruta de la
Administración del Alcalde Gustavo Petro, el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana”, por parte de la Comisión del Plan del
Concejo Distrital, constituye una victoria temprana del Alcalde en un terreno
minado donde existe una férrea oposición. La prolija negociación del equipo de
gobierno con los diferentes sectores políticos que tienen asiento en el Concejo
Distrital que terminó en la aceptación de un extenso pliego modificatorio, le
permitió sortear con éxito el difícil trámite.
Sin embargo, el Plan no tiene garantizado un
tramite expedito en las secciones plenarias del Concejo Distrital, donde va ser
sometido a una votación artículo por artículo. Y donde va a tener que enfrentar
las diferencias de fondo que las mayorías del Concejo tienen a cerca de por lo
menos tres temas capitales del Plan: la financiación, las facultades para el
Alcalde y las prioridades de inversión en el sistema de movilidad.
En efecto, la Administración del Alcalde
Petro ha puesto el mayor énfasis en escalar la inversión del Distrito en casi
un 30% para alcanzar una inversión de $61,1 billones en el cuatrienio. Cifra
que ha sido cuestionada por la mayoría de los críticos como insostenible desde
el punto de vista financiero, basados en el hecho que existe un faltante de $8,5
billones que la Administración se propone financiar con recursos de crédito
($3,5 billones), mayores tributos ($3 billones), y recursos privados ($3,6
billones). Apuesta que si bien puede tener buenas probabilidades de ser
alcanzada, dado que Bogotá conserva su calificación (Triple A) que le permite
acceder fácilmente a los mercados financieros nacionales e internacionales. No
ocurre lo mismo con la propuesta de modernización tributaria que no tiene mucha
acogida entre las bancadas de la oposición.
Sin embargo, la argumentación financiera se
ha quedado mirando solo un lado de la ecuación de las finanzas públicas: la
financiación del gasto. Olvidando que el otro lado es definitivamente más
importante: la calidad del gasto. En efecto, la magnitud del gasto que ha
venido alcanzado el Distrito es extraordinaria: 9 billones de pesos anuales que
representan el 10% del PIB de Bogotá y equivalen a la inversión pública total
de todos los departamentos del país. De todos es conocido que esta monumental
capacidad del gasto del Distrito no se ha reflejado en un mayor impacto del
gasto público y, por el contrario, durante los últimos años se tradujo en una
mayor ineficiencia del gasto y, lo que fue peor, en el incremento en los
niveles de corrupción. Razón por la cual, es imperioso examinar la calidad del
gasto público del Distrito antes de comprometerse a escalar los niveles de
inversión. No basta invocar la transparencia o el control social para corregir
tales ineficiencias. Este examen debe pasa por revisar por lo menos tres nudos
gordianos de la calidad del gasto: los sistemas de asignación, la gestión del
gasto público, y los sistemas de información y redición de cuentas.
Frente al primer imperativo, el Plan no
aporta mayor claridad. Se limita a proponer un tímido remedo de los “presupuestos participativos” para
asignar los pírricos recursos destinados a los Fondos de Desarrollo Local
(aprox. $1 billón). Pero deja en manos de las mismas estructuras burocráticas y
centralizadas la asignación de la mayoría de los recursos del Plan. En relación
con el segundo aspecto, el Distrito adolece de un sistema integrado e integral
de gestión del gasto público. Las piezas de este rompecabezas se encuentran
dispersas entre la Secretaria de Distrital Planeación (Segplan), la Secretaria
de Hacienda (Seguimiento Ejecución Presupuestal) y la Veeduría Distrital
(Seguimiento a la Gestión y Resultados). Lo cual hace imposible un seguimiento
integral a la gestión del gasto público distrital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario