Pacto Nacional por el Sector Agropecuario y
de Desarrollo Rural
“Yo soy campesino trabajador, pobre, muy
honra'o
Vivía muy alegre pero (con tanta
preguntadera) me tienen embejucao”
Canción
Campesino embejucado
Luis
Alfredo Muñoz Wilches
Cuenta el escritor boyacense Abril Rojas (1996)[1]
que don Diego de Torres –“El Cacique de
Turmequé”-, precursor de los Derechos Humanos en Hispanoamérica, en la
odisea de sus viajes a España, conoció de primera mano la historia de don
Francisco de Vargas, según la cual el Emperador Felipe II después de escuchar
la innumerables quejas de los abusos y arbitrariedades cometidos por los
encomenderos, oidores y virreyes en América, le encomendó la tarea de averiguar
las verdaderas razones de la inconformidad de los pobladores del nuevo Reino a su secretario, don Francisco de Vargas, hombre de confianza de la Reina
Isabel, quién después de muchos “ires y
venires” presentó un extenso informe al rey sobre las muy justificadas
reclamaciones de los criollos. Sin embargo, nunca se logro conocer cuál fue el
destino final de este informe. De tal manera que las gestiones de don Francisco
se convirtieron en una leyenda que dio origen a la expresión “Averígüelo Vargas” para referirse a
aquellos casos muy difíciles de explicar o de esclarecer.
Con motivo de la protesta campesina que dio
origen al Paro Nacional Agrario –que tuvo su punto de inflexión más alto el
pasado jueves 29 de agosto- y de las respuestas del gobierno del presidente Santos,
parece estar ocurriendo algo similar. Los huracanados vientos de respaldo
ciudadano a la protesta campesina, obligaron al Presidente no solo a tragarse
sus desafortunadas palabras de “el tal
paro agrario, no existe”, sino reconocer la justeza de las reclamaciones y
su desconocimiento de los incumplimientos por parte del MinAgricultura de los
Acuerdos firmados en el pasado paro cafetero del 25 de febrero de 2013. Pero a
diferencia del rey español, el Gobierno Nacional no solo envió a su secretario
privado sino a tres de sus Ministros (Gobierno, Agricultura y Comercio) para
que se sentaran a negociar el pliego de peticiones de los campesinos de Boyacá,
Cundinamarca, Huila, Nariño y Cauca, en medio del paro agrario y del bloqueo de
las principales vías del país.
Este gesto del Presidente, de negociar en
medio del paro, puso en entredicho la ley de oro de la “gobernabilidad” criolla, según la cual, negociar bajo presión
social es una señal de debilidad. Por estas razones, algunos comentaristas y
representantes de la clase dirigente del país, le recordaron al Presidente la
famosa frase del expresidente López, pronunciada con motivo del Paro Cívico
Nacional del año de 1977: “los gobiernos
no se caen por malos, sino por débiles”.
Al margen de que está famosa frase sea cierta
o no, los episodios recientes nos hacen recordar la época de finales de los
años 70, cuando la movilización social en Colombia cobro una dimensión exorbitante,
que paradójicamente tuvo que enfrentar un presidente que llegó al gobierno
presidido de un halo de reformador: López Michelsen. Pero a diferencia de ese
período, cuando la geografía nacional se vio sacudida por las protestas
urbanas, derivadas de la mala prestación de los servicios públicos, la de ahora
es una protesta de origen netamente rural. La cual ha puesto de presente no
solo las profundas brechas que separan el mundo urbano del rural, sino la
exclusión histórica de que han sido víctimas los pobladores rurales del país. Según
las cifras del DANE (2012), en el campo colombiano se presentan los mayores
índices de pobreza (46,8%) y indigencia (23%). Los índices de crecimiento
económico del sector agropecuario y rural durante las últimas décadas han sido
muy pobres e inferiores al crecimiento del PIB nacional, con lo cual la brecha
productiva entre el campo y la ciudad se ha aumentado. Esta situación tiene que
ver con las serias restricciones que tiene los pequeños productores rurales
para acceder a los distintos factores productivos, especialmente a la tierra y
a la tecnología, lo cual los ha confinado a mantener prácticas productivas de
bajo rendimiento y, por consiguiente, bajos niveles de rentabilidad y
competitividad.
Adicionalmente, a estas brechas sociales y
productivas se han sumado otros factores macroeconómicos, climáticos y
ambientales que han puesto en riesgo la supervivencia de la agricultura familiar campesina. La
profundización de la apertura a la competencia internacional, derivadas de la
firma de los Tratados de Libre Comercio, TLC, en medio de la revaluación de la
moneda y de una estructura de costos que hacen muy poco competitiva la producción
agrícola nacional, ha conducido a la disminución de la rentabilidad y los
ingresos de los productores agrícolas colombianos. Situación que se ve
reflejada en la crisis de la producción cafetera, papera y, en general, de la
economía campesina.
Desde el punto de vista climático y
ambiental, los conflictos en el acceso y uso de los recursos del suelo, agua,
recursos biológicos y, en general, de los recursos naturales han hecho mucho
más vulnerable a la población rural frente a los fenómenos tales como el cambió
climático, los desastres naturales y los riesgos propios de la agricultura
tropical. Un aspecto particularmente crítico para la agricultura familiar
andina ha sido el incremento de los costos de producción, derivado una mayor
dependencia de los insumos importados. De acuerdo con las cifras del SISPA[2],
el costo de funguicidas, insecticidas y fertilizantes pesa el 58% de la
estructura de costos de la papa, el 30% de las hortalizas y verduras, y el 45%
en la cebolla. De tal manera que nuestros agricultores son cada vez más
dependientes del componente importado. Esta dependencia es consecuencia del
predominio de los “monocultivos”, los
cuales en las condiciones de los ecosistemas tropicales son mucho más
vulnerables a las enfermedades y a los riesgos climáticos y ambientales.
La historia agrícola andina reciente,
demuestra que las políticas de apertura y la consecuente importación creciente de
cereales, leguminosas e, incluso, frutas y verduras –que tienen un componente
de subsidios altos en sus países de origen- han terminado por restringir las
alternativas y las posibilidades de rotación de cultivos, que constituyen un
condición de sostenibilidad de las agriculturas tropicales. En los campos de
Boyacá, la desaparición de los cultivos de cereales (cebada y trigo),
leguminosas (frijol) y hortalizas (zanahoria, remolacha, etc.) que formaban
parte de la diversidad agroecológica del altiplano, condujeron al predominio de
los monocultivo de papa, cebolla, etc. que han agudizado la dependencia y la vulnerabilidad de la
agricultura familiar.
Otro factor crítico para las pequeñas
economías campesinas ha sido la falta de un sistema adecuado de asistencia
técnica agropecuaria, tal como lo reconoció el exministro Ocampo, ante la
incapacidad de Corpoica de estructurar un sistema de transferencia de
tecnología agropecuaria y el desmonte y debilitamiento de las Unidades
Municipales de Asistencia Técnica (UMATAS) (El Espectador, 1 de sep 2013).
Este conjunto de factores son estructurales.
Sin embargo, las políticas agropecuarias (o la falta de ellas) del gobierno del
Presidente Santos han agudizado la problemática agropecuaria y rural. La excesiva
concentración en los temas de la restitución de tierras, cuyos resultados en
términos de la reparación a las víctimas, en palabras del presidente “bien valdrían
la pena ser presidente”, no han tenido los efectos esperados: 32.000
solicitudes de restitución, de las cuales solo el 12% han sido admitidas por
los jueces (aprox. 3.800), con una cobertura de aprox. 280.000 hectáreas. Cifras
que distan mucho de las metas fijadas por el PND y de la magnitud de los
estimativos del diagnóstico inicial: 150.000 solicitudes en el cuatrienio
(2010-2014) y una afectación de 5 millones de hectáreas. Con lo cual parece
confirmarse una sobreestimación de las metas y los estimativos de la afectación
del despojo.
El excesivo foco que el tema de la
restitución de tierras ha tenido en este gobierno dejo en la sombra los
problemas estructurales del sector. Particularmente, los problemas de la competitividad
de las actividades agropecuarias no le merecieron una consideración especial al
Ministro Juan Camilo Restrepo, ocupado como estaba en darle toda la importancia
y el apoyo que requería para poner a andar esa pesada locomotora de la
restitución de tierras. Las consecuencias, de este abandono, las vino a pagar
el nuevo ministro de agricultura a un costo muy alto.
A la conjugación explosiva de los factores
estructurales y coyunturales del sector agropecuario y rural se le sumo la
debilidad institucional del Ministerio de Agricultura y de sus entidades
adscritas, que a pesar de constituir uno de los lineamientos estratégicos del Plan
Nacional de Desarrollo, PND, (Adecuación
institucional) para avanzar en el mejoramiento de la competitividad, solo
se logro crear la institucionalidad para la política de restitución de tierras
(Unidad de Restitución de Tierras) y de planeamiento de las tierras rurales y del
uso de los recursos de suelo y agua (UPRA). Quedando aplazadas las grandes
reformas institucionales relacionadas con el desarrollo rural y la atención de
los pequeños productores rurales. Precisamente, los sectores que requerían de
mayor y mejor preparación para enfrentar los retos y las oportunidades
derivados de la integración a los mercados internacionales, la globalización
y los TLC.
Las consecuencias de estás carencias y “fallos de política” saltan a la vista: la
profundización de la desconfianza de los pobladores rurales en la institucionalidad
rural y la falta de canales de expresión y participación de los pequeños
productores agrícolas y, en general, de los pobladores rurales en la
planificación y puesta en marcha de las políticas de desarrollo rural y territorial.
Por estas razones, las protestas y reclamos de los campesinos colombianos adquirieron
unas proporciones incalculables que desbordaron la capacidad del gobierno para
canalizarlas y ofrecerles alternativas de solución.
Cuando el gobierno del Presidente Santos
reaccionó para conjurar el Paro Nacional Agrario, PNA, ya era demasiado tarde. Además,
lo hizo de manera inadecuada y torpe, perdiendo la iniciativa y la gobernabilidad
de los asuntos rurales y ciudadanos. Tal como quedo demostrado en el largo
rosario de paros, bloqueos, asonadas y hechos violentos que dejaron como saldo
cientos de heridos, detenidos, destrozos y personas muertas.
Ahora, en medio de este gran “pantano” de ingobernabilidad, el
Gobierno intenta recuperar la iniciativa convocando a un gran Pacto Nacional para el Sector Agropecuario y
de Desarrollo Rural en Colombia que debe reunirse por primera vez el
próximo jueves 12 de septiembre en el Palacio de Nariño, sede del Gobierno Nacional.
Esta puede ser una gran oportunidad histórica
para lograr un consenso nacional a favor del sector rural y de una reforma rural integral que con la
participación de campesinos, las organizaciones sociales, los gremios, la
sociedad civil y el gobierno colombiano, nos permita llevar a cabo las grandes
transformaciones para la modernización de la agricultura, la consolidación de
la paz, el bienestar y la prosperidad de los habitantes del sector rural
colombiano.
ESTIMADO COLEGA MIS SINCERAS FELICITACIONES POR EL ENFOQUE DE SU REFLEXIÓN,ojala no nos toque ir a quejarnos a la pila del mono... en Tunja.
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