2016: Año de la encrucijada del campo colombiano

2016: Año de la encrucijada del campo colombiano

Luis Alfredo Muñoz W.

Experto en desarrollo rural

Con la llegada del nuevo año se inicia un periodo crucial para el campo colombiano. Después de los festejos del fin de año y de la resaca y la sequia con que comienza el año, el 2016 será sin lugar a dudas un año de grandes encrucijadas del campo colombiano.  La posibilidad de lograr el anhelado Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, el inicio de la reforma rural integral, la devastadora huella del cambio climático y la volatilidad de los mercados y los precios de los alimentos y las materias primas a nivel internacional, constituyen un cuadro de grandes contrastes y expectativas para el campo colombiano.

Después de más de 50 años de confrontaciones armadas que han dejado una larga estela de destrucción, muertes y desplazamiento forzado de millones de campesinos, se ve con mayor nitidez el inicio del fin del conflicto armado en el campo colombiano, lo cual traerá la paz y el sosiego a los hogares campesinos de las más apartadas regiones del país. No obstante, ello dependerá del amplio respaldo ciudadano que logre el Plebiscito por la Paz y de la aprobación y puesta en marcha de las reformas institucionales que cursan actualmente en el Congreso para crear una jurisdicción de paz, justicia y reconciliación, y de la firme voluntad de las FARC de hacer dejación de las armas y su reincorporación a la vida civil y democrática del  país.

Para el sector rural y agropecuario el inicio de la reforma rural integral, que forma parte de los acuerdos de paz de La Habana, constituye el mayor desafío de las políticas de transformación del campo que fueron aprobadas como lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” y que los gobernadores y alcaldes, recién posesionados, tendrán que incorporar en sus planes de desarrollo territorial. El ordenamiento social y productivo de las tierras rurales que viene siendo objeto de un juicioso y arduo trabajo de las entidades del sector, bajo la coordinación de la UPRA, constituye una hoja de ruta importante para lograr el acceso y democratización de la propiedad rural, la planificación y uso productivo más eficiente de la tierra, y el cierre de la frontera agrícola. La provisión y acceso a los bienes y servicios públicos rurales para las poblaciones campesinas, y el mejor y mayor acceso de los productores agropecuarios y rurales a los bienes productivos, constituyen factores claves para lograr el cierre de las brechas urbano-rurales y la mejoría en las condiciones de vida del campo colombiano.

En particular, la puesta en marcha de las tres nuevas Agencias Estatales, que son el eje de la nueva arquitectura institucionalidad rural, constituye un inmenso reto no sólo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sino para el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Del diseño cuidadoso de los instrumentos de política, la asignación oportuna y suficiente de recursos y de los arreglos institucionales que permitan la mayor flexibilidad y adaptación a las particularidades regionales, depende el éxito de la estrategia de desarrollo rural integral con enfoque territorial.     

De otra parte, en el año que se inicia es urgente hacerle frente a las devastadoras consecuencias del cambio climático, con sus secuelas de sequía, incendios forestales y estrés hídrico, que están poniendo en peligro la seguridad alimentaria y el suministro de agua potable a los pobladores de extensas zonas del país. Los nuevos mandatarios –gobernadores y alcaldes- tendrán que adoptar “planes de choque” para mitigar los efectos del “fenómeno del niño”, considerado por los expertos como el más fuerte en la historia reciente de la humanidad. Las autoridades locales y departamentales deberán incorporar, como una prioridad, en sus planes de gobierno la gestión del riesgo climático, a través de la declaratoria y preservación de áreas de protección especial, la conservación de los recursos naturales, la educación ambiental y todas aquellas medidas que garanticen el desarrollo sostenible de sus territorios rurales y urbanos.

En el contexto internacional, la coyuntura se caracteriza por la fuerte caída en los precios de los productos agrícolas y las materia primas básicas, como consecuencia de las reformas y la desaceleración del crecimiento de las economías emergentes y los países desarrollados, lo cual golpea los ingresos y las finanzas de los países, que como Colombia, dependen de las exportaciones de los commodities. El intercambio desigual y las trabas y dificultades que interponen las economías más desarrollados al libre comercio, reducen las posibilidades de crecimiento de los países en desarrollo e incrementan sus déficits comerciales. De tal manera que las ventajas competitivas que representan para las economías agrícolas -como es el caso de nuestro país- la depreciación de la tasa de cambio y el aumento en la demanda de alimentos en el mundo, se ven opacadas por los términos del intercambio desigual y el proteccionismo de los países desarrollados.

En estas circunstancias, es urgente que el Gobierno Nacional, los gremios, los nuevos mandatarios locales y departamentales, y los productores agropecuarios y rurales seamos muy consientes y nos pongamos de acuerdo para hacer de la reforma rural integral la gran oportunidad para transformar en campo colombiano, enfocándonos en los temas rurales colectivos, tales como: el mejoramiento en la provisión de los bienes y servicios públicos rurales, el acceso a la tierra y a los bienes productivos por parte de los campesinos pobres, la reparación integral de las poblaciones afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado; y la promoción de una verdadera revolución del conocimiento que permita mejorar la educación rural, fomentar la innovación y los emprendimientos asociativos, y la incorporación de las nuevas tecnologías que permitan incrementar la productividad, competitividad y los ingresos de los productores del campo.

Bogotá, 2 de Enero de 2016