Los nuevos mandatarios territoriales, alcaldes y gobernadores, tienen un
enorme reto que afrontar: una misión rural recargada. Donde la mayoría de los
territorios rurales del país están siendo fuertemente efectos por el cambio y
la variabilidad climática.
El año 2016 se inició con una aguda escasez en la oferta hídrica del país, a
consecuencia del prolongado verano que nos trajo el fenómeno del Niño. Condición,
que según todos los pronósticos, se agudizará en los próximos meses. De acuerdo
con los reportes del IDEAM, las dos principales cuencas hidrográficas del país,
Magdalena y Cauca, donde habita el 85% de la población colombiana, han llegado
a los niveles más críticos en la disminución de sus caudales. El
desabastecimiento de agua potable es ya una dolorosa realidad en más de 360
municipios de los departamentos Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar,
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del
Cauca. De los cuales, 130 –los más críticos- vienen siendo monitoreados y
atendidos, con planes de contingencia, por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en las zonas rurales, donde además de la
presión hídrica se le suman otros factores ambientales y climáticos que
aumentan sus niveles de vulnerabilidad frente al cambio climático. A la falta
de lluvias, que afecta más del 65% de los municipios -principalmente de las
zonas Andina y del Caribe-, se añade la mayor variabilidad climática y el
aumento de la temperatura por encima de 1.5ºC, que incrementa los niveles de
evapotranspiración, dejando sus secuelas de resequedad, aridez y riesgos ambientales.
Pero la estrechez hídrica no es solo una consecuencia del cambio climático,
sino también de la destrucción de bosques, paramos y de la cobertura vegetal. Solo
durante los últimos meses del año pasado, los incendios forestales arrasaron
más de 120.000 hectáreas; cifra equivalente a la deforestación ocasionada en un
año en las regiones Andina y del Caribe.
A consecuencia de todos estos factores, los sistemas rurales y agroecológicos
se han hecho altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. De
acuerdo con las estimaciones de la Segunda Comunicación del Cambio Climático en
Colombia (SCCCC), estos fenómenos pueden estar afectando el 50% de las áreas de
pastos, el 70% de las zonas cafeteras, el 100% de las áreas sembradas de arroz
y el 47% de la agricultura familiar. Lo cual constituye un cuadro muy dramático
para los sectores agropecuario, pesquero y forestal; a los cuales –desafortunadamente-
solo se les prestara atención cuando sus efectos se vean reflejados en los
precios de los alimentos de la canasta familiar.
Mientras tanto, las nuevas autoridades municipales y departamentales tendrán
que seguir conduciendo su misión rural con muchas restricciones, dada la precaria
institucionalidad rural con que cuenta el país. Colombia no se dispone del conocimiento,
la información, ni los instrumentos adecuados para enfrentar los efectos del cambio
climático, a escalas semidetalladas y detalladas (1:25.000). Esta información
es necesaria y prioritaria para que los alcaldes de los 900 municipios del país,
que deben emprender este año la revisión de sus Planes o Esquemas de Ordenamiento
Territorial, puedan hacer bien su tarea.
La formulación de los Planes de Desarrollo Territorial y los Planes de
Ordenamiento constituyen una magnifica oportunidad para superar la
improvisación y lograr un buen gobierno. Los nuevos mandatarios deben enfocarse
en construir unas hojas de ruta que le den un norte y un rumbo claro al
desarrollo de sus territorios que trascienda los afanes del día a día y las
meras acciones para enfrentar los problemas del aquí y ahora.
En esta labor, las autoridades territoriales cuentan con instrumentos tales
como: la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, que fijó las
bases para la Transformación del Campo; la Ley 1454 de 2011 Orgánica del
Ordenamiento Territorial; los estudios y propuestas la Misión Rural; y los
Acuerdos de la Habana sobre la Reforma Rural Integral. Estos instrumentos son
coincidentes y complementarios para lograr la anhelada transformación y
modernización del campo, apoyados en tres ejes fundamentales y algunas estrategias.
Los ejes son: Paz, equidad y participación. Y las estrategias de ordenamiento territorial,
inclusión social y productiva, provisión de bienes y servicios sectoriales y
ajuste institucional.
En relación con el primer eje, la anunciada firma del Acuerdo para la
terminación del conflicto armado, entre el Gobierno Nacional y las Farc, en el primer
semestre de este año, constituye el inicio del proceso de Paz y reconciliación en
Colombia; el cual favorecerá principalmente al sector rural, en la medida que
ha sido el motivo y el escenario principal del conflicto armado interno que
lleva más de cinco décadas. La Paz traerá no solo el sosiego y la tranquilidad
a los hogares campesinos, sino que será la gran oportunidad para la
transformación, el desarrollo y el bienestar del campo. La Paz será la paz
territorial con desarrollo rural.
El segundo eje fundamental es el desarrollo rural con enfoque territorial, que
permitirá cerrar la brecha urbano-rural y lograr la equidad en el desarrollo
territorial, mediante el fortalecimiento de las capacidades locales de planeación
y gestión de un desarrollo económico y social incluyente y sostenible, que garantice
la provisión de alimentos y recursos naturales a las generaciones futuras.
El tercer eje es el de la participación, en la medida que el desarrollo
rural se debe planificar y ejecutar con la participación organizada de las
comunidades y los productores rurales, de acuerdo con las particularidades de
cada territorio. Se debe consultar la vocación productiva, la disponibilidad de
recursos naturales, humanos y ambientales y las apuestas colectivas de cada
territorio para decidir el rumbo que debe tomar el desarrollo rural y
territorial.
En relación con las estrategias, el ordenamiento
territorial se propone mejorar el acceso y el uso productivo de la tierras,
haciendo más eficiente y sostenible el uso de los recursos del suelo, el agua y
los recursos biológicos. Así mismo, es urgente y prioritario lograr el cierre
de la frontera agrícola. Para lo cual, los nuevos mandatarios deberán definir
en sus POT cuáles son las zonas urbanizables, pero también definir las zonas de
reserva para la protección de los recursos naturales y los usos productivos más
adecuados de los predios rurales; de acuerdo con sus características biofísicas
y ambientales. De esta forma se logrará que el desarrollo económico local genere
más riqueza social y sea sostenible para garantizar que las generaciones
futuras dispongan de la provisión de alimentos y naturales naturales
suficientes para sus vidas.
Finalmente, la estrategia del ajuste institucional permitirá acercar y
articular la oferta de bienes y servicios públicos rurales con las necesidades
y requerimientos de las comunidades y los pobladores rurales, para lo cual se
ha reformado el sector agropecuario con la creación de 3 nuevas Agencias
rurales: la Agencia Nacional de Tierras, encargada de ejecutar la política de
acceso y el ordenamiento social de la propiedad rural; la Agencia de Desarrollo
Rural, responsable de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural
con enfoque territorial; y la Agencia de Renovación del Territorio, cuyo objeto
es coordinar las intervenciones de las entidades nacionales y territoriales en
las zonas rurales afectadas por el conflicto armado que sean priorizadas por el
Gobierno Nacional.
El gran reto, entonces, que tienen los nuevos alcaldes
y gobernadores es hacer realidad la Misión Rural de transformación del campo
colombiano. Manos a la obra!Luis Alfredo Muñoz Wilches
Enero 11 de 2016
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