domingo, 24 de enero de 2016

EL CALENTAMIENTO LOCAL


El año 2016, la economía colombiana arranco con todas las expectativas a la baja. En opinión de diferentes expertos y de acuerdo con los pronósticos de los más prestigiosos oráculos económicos, el país crecerá a una tasa cercana al 2,5%. Solo en el inflado optimismo del ministro de Hacienda, el país seguirá viajando en la primera clase de los países emergentes que crecen por encima del 3%. La destorcida de los precios del petróleo -que está semana cayeron por debajo de la histórica barrera de los U$30 el barril-, que según todas las proyecciones de los mercados energéticos mundiales se mantendrá hasta finales de la década, comprometiendo seriamente las expectativas de un repunte en los ingresos petroleros y la contracción de las finanzas gubernamentales. La desaceleración de la locomotora china que hace su transito de una economía importadora de materias primas a una economía de servicios que privilegia el crecimiento de su mercado interno. La apreciación de la tasa de cambio que ya rompió el techo de los $3.000, el consiguiente aumento del déficit en la balanza comercial y la caída en los valores de las principales acciones de las compañías nacionales, y los desastrosos efectos que está causando el cambio y la variabilidad climática, configuran lo que algunos comentaristas económicos han llamado un annus horribilis para la economía colombiana.
No obstante, el desempeño de la economía colombiana –comparado con los vecinos del barrio- seguirá siendo uno de los más destacados. Colombia se mueve dentro de un panorama claroscuro de fortalezas y debilidades. De una parte, el país ha logrado una estabilidad macroeconómica sostenida, gracias a lo que el FMI llama una afortunada combinación de buenas políticas, un marco institucional confiable, unos mecanismos de regulación financiera sólidos y unas expectativas crecientes de superación del conflicto interno y de afianzamiento de la paz. De otra parte, los factores que frenan y ensombrecen el panorama económico continúan siendo la lenta diversificación de su estructura productiva y las profundas brechas económicas y sociales que hacen de Colombia uno de los países con los mayores niveles de desigualdad en el mundo.
La bonanza de los precios internacionales de los commodities, que se mantuvo por espacio de varios años, no la supimos aprovechar suficientemente. Si bien es cierto que una parte importante de estos ingresos fiscales se gastaron en subsidios y transferencias directas a los hogares más pobres, a través de programas gubernamentales como Familias en Acción, con lo cual los índices de pobreza se redujeron considerablemente. Sin embargo, las brechas entre los sectores urbano y rural, no solo se mantuvieron sino que se profundizaron aún más, impidiendo la formación de una clase media en el campo que, según las experiencias internacionales, constituye un factor dinamizador del desarrollo rural. Igualmente, no logramos desarrollar un robusto sistema de investigación, innovación y cambio tecnológico que hubiera permitido aumentar la productividad y diversificar la estructura económica del país. A diferencia de países vecinos como Ecuador y Perú que lograron unos adelantos significativos en la provisión de sus infraestructuras productivas y de servicios, Colombia mantuvo estancado su stock de capital fijo. Y solo ahora que se logro diseñar un ambicioso programa de inversiones en infraestructura de carreteras y servicios (G4), el gobierno se tropezó con la falta de recursos públicos para atenderlo.
Por estas razones, las expectativas de los sectores medios urbanos y rurales que -a diferencia de la enceguecida opinión del fracasado exalcalde de Bogotá- constituyen un factor de crecimiento del mercado interno, se enrarecieron tremendamente ensombreciendo las perspectivas económicas del país. La opinión pública recibió los anuncios del Gobierno de la venta de Isagen y la reforma tributaria como una traición al país. Sirios y troyanos aprovecharon la coyuntura para cobrarle al Presidente y a su ministro de Hacienda los desatinos de tales anuncios.
En estos días escuche a un atribulado pasajero de Transmilenio decir que la venta de Isagen era como “vender la nevera para comprar el mercado”. La analogía me llamo poderosamente la atención por su capacidad de resumir en una solo imagen la complicada operación financiera que tuvo que hacer el gobierno del Presidente Santos para conseguir los recursos que necesita el programa bandera del vicepresidente Lleras. Quien, dicho sea de paso, se gano estas indulgencias con las avemarías ajenas.
Posdata:
Para estar a tono con los augurios y los pronósticos de comienzo de este año bisiesto, me fui a mi tierrita y esto me digo el armadillo: enero pasara a la historia como el mes más caliente y seco de últimos 50 años. En febrero descenderá la popularidad del Presidente tanto como las cotas del río Magdalena y Cauca, reduciendo su margen para hacer los anuncios de nuevas reformas. En marzo muchos colombianos harán abstinencia de pescado porque el tradicional pescado seco de la Semana Santa no estará al alcance de sus platos y tampoco se firmará el anhelado acuerdo de fin del conflicto, porque los comandantes andarán muy atareados cuadrando los frentes para la foto –o votos?- de la 10ª y última Conferencia de las FARC. Se clausura con todo éxito el XV Festival Internacional de Teatro de Bogotá. En abril llegaran las primeras lluvias que calmaran la sed de los campesinos y arribaran las golondrinas con sus canticos invernales y se firmará el Acuerdo de Paz. En mayo arrecian los aguaceros, el campo reverdece pero los precios de los alimentos seguirán al alza y el Presidente reestructura su gabinete ministerial el cual se llamara “Gabinete de Paz” y tendrá como una de sus nuevas ministras estrellas a la excandidata Clara López. En junio, el Congreso aprobará las facultades extraordinarias para la paz, después de sortear todos los escollos que dejo el “fenómeno del niño” Uribe, y el gobierno por fin podrá anunciar la convocatoria al Plebiscito por la Paz. En el mes de julio comenzaran las campañas por el SI de la paz y por el NO del uribismo, en medio de fuertes polémicas y nuevas tensiones entre Uribe y Santos. En agosto, con la llegada de 3 nuevos huéspedes a la Casa de Nariño se asegura el triunfo del plebiscito. En septiembre se llevará a cabo el plebiscito por la paz, el cual será aprobado por estrecho margen. Pasara raspando, pero los uribistas denunciaran un fraude. En octubre termina la dejación de armas y con ello desaparecerán las FARC y nace un nuevo partido político que tendrá aseguradas varias curules en el Congreso. En noviembre se conforma la nueva bancada por la paz y se inician las primeras intervenciones integrales en los 10 territorios de paz que serán declarados por el gobierno. En diciembre se clausura el Congreso con un respaldo mayoritario al Presidente y a las políticas de paz del Gobierno. Los primeros uribistas comenzaran a realinearse entorno a la candidatura de German Lleras. Termina el año mundial del catolicismo y se preparará la visita a Colombia del Papa Francisco para el primer trimestre del 2017. Todo un año bisciesto!

Luis Alfredo Muñoz Wilches

lunes, 11 de enero de 2016

Una Misión Rural Recargada

Los nuevos mandatarios territoriales, alcaldes y gobernadores, tienen un enorme reto que afrontar: una misión rural recargada. Donde la mayoría de los territorios rurales del país están siendo fuertemente efectos por el cambio y la variabilidad climática.
El año 2016 se inició con una aguda escasez en la oferta hídrica del país, a consecuencia del prolongado verano que nos trajo el fenómeno del Niño. Condición, que según todos los pronósticos, se agudizará en los próximos meses. De acuerdo con los reportes del IDEAM, las dos principales cuencas hidrográficas del país, Magdalena y Cauca, donde habita el 85% de la población colombiana, han llegado a los niveles más críticos en la disminución de sus caudales. El desabastecimiento de agua potable es ya una dolorosa realidad en más de 360 municipios de los departamentos Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. De los cuales, 130 –los más críticos- vienen siendo monitoreados y atendidos, con planes de contingencia, por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en las zonas rurales, donde además de la presión hídrica se le suman otros factores ambientales y climáticos que aumentan sus niveles de vulnerabilidad frente al cambio climático. A la falta de lluvias, que afecta más del 65% de los municipios -principalmente de las zonas Andina y del Caribe-, se añade la mayor variabilidad climática y el aumento de la temperatura por encima de 1.5ºC, que incrementa los niveles de evapotranspiración, dejando sus secuelas de resequedad, aridez y riesgos ambientales.
Pero la estrechez hídrica no es solo una consecuencia del cambio climático, sino también de la destrucción de bosques, paramos y de la cobertura vegetal. Solo durante los últimos meses del año pasado, los incendios forestales arrasaron más de 120.000 hectáreas; cifra equivalente a la deforestación ocasionada en un año en las regiones Andina y del Caribe.
A consecuencia de todos estos factores, los sistemas rurales y agroecológicos se han hecho altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. De acuerdo con las estimaciones de la Segunda Comunicación del Cambio Climático en Colombia (SCCCC), estos fenómenos pueden estar afectando el 50% de las áreas de pastos, el 70% de las zonas cafeteras, el 100% de las áreas sembradas de arroz y el 47% de la agricultura familiar. Lo cual constituye un cuadro muy dramático para los sectores agropecuario, pesquero y forestal; a los cuales –desafortunadamente- solo se les prestara atención cuando sus efectos se vean reflejados en los precios de los alimentos de la canasta familiar.
Mientras tanto, las nuevas autoridades municipales y departamentales tendrán que seguir conduciendo su misión rural con muchas restricciones, dada la precaria institucionalidad rural con que cuenta el país. Colombia no se dispone del conocimiento, la información, ni los instrumentos adecuados para enfrentar los efectos del cambio climático, a escalas semidetalladas y detalladas (1:25.000). Esta información es necesaria y prioritaria para que los alcaldes de los 900 municipios del país, que deben emprender este año la revisión de sus Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, puedan hacer bien su tarea.
La formulación de los Planes de Desarrollo Territorial y los Planes de Ordenamiento constituyen una magnifica oportunidad para superar la improvisación y lograr un buen gobierno. Los nuevos mandatarios deben enfocarse en construir unas hojas de ruta que le den un norte y un rumbo claro al desarrollo de sus territorios que trascienda los afanes del día a día y las meras acciones para enfrentar los problemas del aquí y ahora.
En esta labor, las autoridades territoriales cuentan con instrumentos tales como: la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, que fijó las bases para la Transformación del Campo; la Ley 1454 de 2011 Orgánica del Ordenamiento Territorial; los estudios y propuestas la Misión Rural; y los Acuerdos de la Habana sobre la Reforma Rural Integral. Estos instrumentos son coincidentes y complementarios para lograr la anhelada transformación y modernización del campo, apoyados en tres ejes fundamentales y algunas estrategias. Los ejes son: Paz, equidad y participación. Y las estrategias de ordenamiento territorial, inclusión social y productiva, provisión de bienes y servicios sectoriales y ajuste institucional.
En relación con el primer eje, la anunciada firma del Acuerdo para la terminación del conflicto armado, entre el Gobierno Nacional y las Farc, en el primer semestre de este año, constituye el inicio del proceso de Paz y reconciliación en Colombia; el cual favorecerá principalmente al sector rural, en la medida que ha sido el motivo y el escenario principal del conflicto armado interno que lleva más de cinco décadas. La Paz traerá no solo el sosiego y la tranquilidad a los hogares campesinos, sino que será la gran oportunidad para la transformación, el desarrollo y el bienestar del campo. La Paz será la paz territorial con desarrollo rural.
El segundo eje fundamental es el desarrollo rural con enfoque territorial, que permitirá cerrar la brecha urbano-rural y lograr la equidad en el desarrollo territorial, mediante el fortalecimiento de las capacidades locales de planeación y gestión de un desarrollo económico y social incluyente y sostenible, que garantice la provisión de alimentos y recursos naturales a las generaciones futuras.
El tercer eje es el de la participación, en la medida que el desarrollo rural se debe planificar y ejecutar con la participación organizada de las comunidades y los productores rurales, de acuerdo con las particularidades de cada territorio. Se debe consultar la vocación productiva, la disponibilidad de recursos naturales, humanos y ambientales y las apuestas colectivas de cada territorio para decidir el rumbo que debe tomar el desarrollo rural y territorial.
En relación con las estrategias, el ordenamiento territorial se propone mejorar el acceso y el uso productivo de la tierras, haciendo más eficiente y sostenible el uso de los recursos del suelo, el agua y los recursos biológicos. Así mismo, es urgente y prioritario lograr el cierre de la frontera agrícola. Para lo cual, los nuevos mandatarios deberán definir en sus POT cuáles son las zonas urbanizables, pero también definir las zonas de reserva para la protección de los recursos naturales y los usos productivos más adecuados de los predios rurales; de acuerdo con sus características biofísicas y ambientales. De esta forma se logrará que el desarrollo económico local genere más riqueza social y sea sostenible para garantizar que las generaciones futuras dispongan de la provisión de alimentos y naturales naturales suficientes para sus vidas.
Finalmente, la estrategia del ajuste institucional permitirá acercar y articular la oferta de bienes y servicios públicos rurales con las necesidades y requerimientos de las comunidades y los pobladores rurales, para lo cual se ha reformado el sector agropecuario con la creación de 3 nuevas Agencias rurales: la Agencia Nacional de Tierras, encargada de ejecutar la política de acceso y el ordenamiento social de la propiedad rural; la Agencia de Desarrollo Rural, responsable de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial; y la Agencia de Renovación del Territorio, cuyo objeto es coordinar las intervenciones de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado que sean priorizadas por el Gobierno Nacional.
El gran reto, entonces, que tienen los nuevos alcaldes y gobernadores es hacer realidad la Misión Rural de transformación del campo colombiano. Manos a la obra!

Luis Alfredo Muñoz Wilches
Enero 11 de 2016 

domingo, 3 de enero de 2016

2016: Año de la encrucijada del campo colombiano

2016: Año de la encrucijada del campo colombiano

Luis Alfredo Muñoz W.
Experto en desarrollo rural
Con la llegada del nuevo año se inicia un periodo crucial para el campo colombiano. Después de los festejos del fin de año y de la resaca y la sequia con que comienza el año, el 2016 será sin lugar a dudas un año de grandes encrucijadas del campo colombiano.  La posibilidad de lograr el anhelado Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, el inicio de la reforma rural integral, la devastadora huella del cambio climático y la volatilidad de los mercados y los precios de los alimentos y las materias primas a nivel internacional, constituyen un cuadro de grandes contrastes y expectativas para el campo colombiano.
Después de más de 50 años de confrontaciones armadas que han dejado una larga estela de destrucción, muertes y desplazamiento forzado de millones de campesinos, se ve con mayor nitidez el inicio del fin del conflicto armado en el campo colombiano, lo cual traerá la paz y el sosiego a los hogares campesinos de las más apartadas regiones del país. No obstante, ello dependerá del amplio respaldo ciudadano que logre el Plebiscito por la Paz y de la aprobación y puesta en marcha de las reformas institucionales que cursan actualmente en el Congreso para crear una jurisdicción de paz, justicia y reconciliación, y de la firme voluntad de las FARC de hacer dejación de las armas y su reincorporación a la vida civil y democrática del  país.
Para el sector rural y agropecuario el inicio de la reforma rural integral, que forma parte de los acuerdos de paz de La Habana, constituye el mayor desafío de las políticas de transformación del campo que fueron aprobadas como lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” y que los gobernadores y alcaldes, recién posesionados, tendrán que incorporar en sus planes de desarrollo territorial. El ordenamiento social y productivo de las tierras rurales que viene siendo objeto de un juicioso y arduo trabajo de las entidades del sector, bajo la coordinación de la UPRA, constituye una hoja de ruta importante para lograr el acceso y democratización de la propiedad rural, la planificación y uso productivo más eficiente de la tierra, y el cierre de la frontera agrícola. La provisión y acceso a los bienes y servicios públicos rurales para las poblaciones campesinas, y el mejor y mayor acceso de los productores agropecuarios y rurales a los bienes productivos, constituyen factores claves para lograr el cierre de las brechas urbano-rurales y la mejoría en las condiciones de vida del campo colombiano.
En particular, la puesta en marcha de las tres nuevas Agencias Estatales, que son el eje de la nueva arquitectura institucionalidad rural, constituye un inmenso reto no sólo para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sino para el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Del diseño cuidadoso de los instrumentos de política, la asignación oportuna y suficiente de recursos y de los arreglos institucionales que permitan la mayor flexibilidad y adaptación a las particularidades regionales, depende el éxito de la estrategia de desarrollo rural integral con enfoque territorial.     
De otra parte, en el año que se inicia es urgente hacerle frente a las devastadoras consecuencias del cambio climático, con sus secuelas de sequía, incendios forestales y estrés hídrico, que están poniendo en peligro la seguridad alimentaria y el suministro de agua potable a los pobladores de extensas zonas del país. Los nuevos mandatarios –gobernadores y alcaldes- tendrán que adoptar “planes de choque” para mitigar los efectos del “fenómeno del niño”, considerado por los expertos como el más fuerte en la historia reciente de la humanidad. Las autoridades locales y departamentales deberán incorporar, como una prioridad, en sus planes de gobierno la gestión del riesgo climático, a través de la declaratoria y preservación de áreas de protección especial, la conservación de los recursos naturales, la educación ambiental y todas aquellas medidas que garanticen el desarrollo sostenible de sus territorios rurales y urbanos.
En el contexto internacional, la coyuntura se caracteriza por la fuerte caída en los precios de los productos agrícolas y las materia primas básicas, como consecuencia de las reformas y la desaceleración del crecimiento de las economías emergentes y los países desarrollados, lo cual golpea los ingresos y las finanzas de los países, que como Colombia, dependen de las exportaciones de los commodities. El intercambio desigual y las trabas y dificultades que interponen las economías más desarrollados al libre comercio, reducen las posibilidades de crecimiento de los países en desarrollo e incrementan sus déficits comerciales. De tal manera que las ventajas competitivas que representan para las economías agrícolas -como es el caso de nuestro país- la depreciación de la tasa de cambio y el aumento en la demanda de alimentos en el mundo, se ven opacadas por los términos del intercambio desigual y el proteccionismo de los países desarrollados.
En estas circunstancias, es urgente que el Gobierno Nacional, los gremios, los nuevos mandatarios locales y departamentales, y los productores agropecuarios y rurales seamos muy consientes y nos pongamos de acuerdo para hacer de la reforma rural integral la gran oportunidad para transformar en campo colombiano, enfocándonos en los temas rurales colectivos, tales como: el mejoramiento en la provisión de los bienes y servicios públicos rurales, el acceso a la tierra y a los bienes productivos por parte de los campesinos pobres, la reparación integral de las poblaciones afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado; y la promoción de una verdadera revolución del conocimiento que permita mejorar la educación rural, fomentar la innovación y los emprendimientos asociativos, y la incorporación de las nuevas tecnologías que permitan incrementar la productividad, competitividad y los ingresos de los productores del campo.

Bogotá, 2 de Enero de 2016 

domingo, 27 de abril de 2014

A PROPOSITO DEL PARO AGRARIO

EL PARO AGRARIO VA …

Si los anuncios de la dirigencia de las dignidades agrarias se cumplen, las 0:00 horas del día lunes 28 de abril se habrá iniciado el segundo paro agrario en el país, en lo que constituye una nueva reclamación para que se atiendan las necesidades de algunos de los productos representativos de la agricultura familiar campesina. Según la versión de sus voceros, estas reclamaciones no han tenido la solución que esperan los campesinos que fueron al paro el año anterior y que, en ese momento, lograron el respaldo de la gran mayoría de los colombianos, que vimos en esos movimientos sociales una expresión legitima del reclamo de los campesinos por el abandono en que se les ha mantenido durante mucho tiempo y en busca de una nueva oportunidad sobre la tierra, como diría nuestro inmortal Gabo.

Sin embargo, mucho agua ha corrido bajo los puentes desde ese histórico mes de agosto del 2013. En primer lugar, el Gobierno Nacional se vio obligado a iniciar un proceso de concertación de la política pública para el campo, denominado “Pacto Agrario Nacional”, mediante el cual se definieron y concertaron más de 180 prioridades de inversión, en 22 departamentos y más de 800 municipios, en materia de acceso a tierras, proyectos productivos, empleo, infraestructura de riego y drenaje, vivienda rural e infraestructura de comercialización, por un costo de más de 1,2 billones de pesos. Este ejercicio se realizó en el marco de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural –CMDR- y los Consejos Departamentales del Sector Agropecuario –CONSEA-, con la participación de las organizaciones de productores, los Alcaldes y Gobernadores, los gremios, las asociaciones de profesionales y las entidades del sector, y bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo cual constituyó un cambio fundamental en el tradicional esquema de asignación centralizada de los recursos públicos, para dar paso a un esquema descentralizado y con amplia participación de las comunidades campesinas, a nivel local.

En segundo lugar, el presupuesto de inversión del sector agropecuario para los próximos años se multiplico por más de 2 veces, al pasar de 2,5 billones del año 2013 a 5,2 billones en el año 2014, gracias a la destinación del impuesto de 4Xmil de las transacciones bancarias que viene recaudado el Ministerio de Hacienda y que estaban destinados a financiar la guerra. Es evidente, que este monto puede resultar inferior a las necesidades del sector, pero constituye un importante esfuerzo fiscal que de ser bien invertido puede contribuir enormemente a resolver buena parte de los atrasos del sector en materia de asistencia técnica y desarrollo tecnológico, acceso a bienes y servicios públicos, a infraestructura productiva y vivienda rural.

En tercer lugar, durante el proceso de negociaciones y de concertación de la nueva política pública, ha sido significativa la poca presencia y la debilidad de la dirigencia campesina para presentar iniciativas y propuestas que contribuyan efectivamente la remoción de los obstáculos que se oponen a la modernización del sector y a la superación de la pobreza rural y, particularmente, pobre y errático ha sido el papel de la dirigencia de las dignidades agrarias.

Enfrascados en disputas e intereses puramente electorales, perdieron el rumbo. Este fue el caso de Cesar Pachon, dirigente de las dignidades paperas, quien incluso aún debe responder por la desviación de algunos recursos públicos destinados a la compra de la cosecha de papa en Boyacá. Ahora, este dirigente renace de las cenizas, cuál ave fénix, y trata de resarcir su maltrecha imagen, mostrando una actitud de intransigencia en esta coyuntura del nuevo paro.


Por estas razones, la “malicia indígena” de mis paisanos boyacenses, los ha llevado a decir en, sotto voce, al Ministro de Agricultura que “algo no les huele bien” en este intento de llevar la protesta por las vías de hecho.

jueves, 7 de noviembre de 2013

UN PASO DECISIVO PARA LA PAZ


Luis Alfredo Muñoz Wilches

La firma del segundo acuerdo parcial sobre la participación política, celebrado en La Habana, representa un paso decisivo en el largo camino hacia la terminación del conflicto y el logro del anhelado acuerdo de paz en Colombia. Nunca antes se había avanzando tanto en las negociaciones con la insurgencia, expreso ayer el presidente Santos en su intervención ante el Congreso de la SAC.

El acuerdo llega un momento crucial para el proceso de paz. En medio del creciente escepticismo de los colombianos sobre los resultados de la negociación, el acuerdo parcial permite recuperar la confianza en las posibilidades de llegar a un puerto seguro. Además, es una manifestación de la decisión de las FARC de deponer las armas y reinsertarse en el juego democrático legal; razón por la cual, el primer punto del acuerdo se refiere a la participación política del “nuevos movimiento que surja del transito de las FARC a la actividad política legal”. Aún quedando pendientes temas cruciales como las garantías para el ejercicio de la oposición política, la participación de los jefes de las FARC sobre los cuales pesan condenas por crímenes de lesa humanidad, y la definición del número de curules y la forma de proveer las llamadas “Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”. Decisiones que se postergan para ser discutidas en el punto 3 de la Agenda de terminación del conflicto armado.

En segundo lugar, el acuerdo le baja la presión al escenario político electoral, fuertemente polarizado por la exacerbación de los detractores del proceso de paz, al dejar sin argumentos las voces que reclamaban la suspensión y hasta la terminación de los diálogos de paz. En este escenario ganan los sectores democráticos que han mantenido su apoyo al proceso de paz, en la medida que tendrán la oportunidad de poner sobre la mesa sus propuestas para la consolidación de la paz y el postconflicto. Ojala no las desperdicien en discusiones estériles sobre quién debe quedarse con el aviso.

También es un ganador indiscutible es el presidente Santos que, a pesar de los cantos de sirena de los opositores al proceso, ha mantenido el rumbo y asumió los costos políticos de está decisión de lograr una paz negociada para los colombianos. Indudablemente, el acuerdo representa un aire fresco para sus aspiraciones de presentarse a la reelección presidencial. Seguramente, esto marcará un punto de inflexión en la tendencia de las encuestas de opinión que comenzaran a marcar a favor suyo.


Pero sin lugar a dudas, el ganador indiscutible de este acuerdo parcial es el país que recobra la esperanza en encontrar una salida definitiva al conflicto y el logro de la anhelada paz. El acuerdo significa una mayor apertura democracia al ampliar los derechos y garantías políticas y el marco de la participación ciudadana, mediante la creación y el fortalecimiento de mecanismos democráticos de participación ciudadana; tales como: la ampliación de la planeación participativa y las veedurías ciudadana, la eliminación del umbral electoral como condición para crear movimientos políticos, y la creación de nuevas instancias para la reconciliación y la convivencia ciudadana.