Esta semana el país despierta más confundido que como terminó la semana anterior.
La aprobación del esperpento de Acto Legislativo de Reforma a la Justicia el pasado miércoles 20 al filo de la media noche, desato la peor crisis política de los últimos años en Colombia. El gobierno perdió a uno de sus alfiles, el Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, cuya cabeza rodó como consecuencia del estruendoso fracaso de la Reforma y de las imprevisibles consecuencias institucionales de su entrada en vigencia. El presidente de la Cámara de Representantes y tal vez uno de los delfines más promisorios del Liberalismo, tuvo que agachar la cabeza y reconocer que se equivocó de manera flagrante al no tomarse la molestia de leer el texto final de la conciliación y, no obstante, forzar su aprobación en la plenaria del Congreso esa fatídica noche. La mayoría de los congresistas de la Comisión de Conciliación -6 senadores y 4 representantes- se lavaron las manos y buscaron escondederos de a peso para eludir su responsabilidad ante la creciente ola de indignación que se desató en el país. . Los magistrados de las Cortes se declararon perplejos ante la magnitud de los desafueros de la Reforma, después de haberse congraciado con las gabelas que les fueron otorgadas en el curso de las negociaciones con el Gobierno y los parlamentarios. Hasta el propio Presidente tuvo que salirle al paso a la ola de indignación y haciendo grandes malabarismos políticos y jurídicos anunciar sus objeciones al texto de la Reforma aprobada por el Congreso.
Sin embargo, la decisión del Gobierno parece caer en un verdadero limbo jurídico al carecer de facultades constitucionales para objetar un Acto Legislativo que es facultativo del Congreso. Al mismo tiempo, toman fuerza dos iniciativas que convocan al constituyente primario a hacer uso del poder revocatorio que le otorga la misma Constitución Política: de una parte, la iniciativa ciudadana de convocar a un referendo revocatorio del Acto Legislativo ilegitimo promovida por organizaciones de la sociedad civil y a la cual se sumaron ya varios sectores políticos de oposición. De otra parte, la convocatoria a una constituyente por parte de los sectores uribistas que ven en esta coyuntura la gran oportunidad de poner en marcha su proyecto de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución del 91, a la cual le indilgan el origen del descalabro político y de los impedimentos del Presidente Uribe para retornar al poder.
Ambas iniciativas constituyen una cuenta de cobro contra el capital político del Presidente Santos y de concretarse constituirían un freno a sus aspiraciones reeleccionistas, Por estas razones, el Gobierno ha decidido jugársela a fondo por el hundimiento de la reforma. Para lo cual ha convocado a sesiones extras al Congreso los días miércoles y jueves de la presente semana. El Gobierno aduce que existen “dudas de ilegitimidad” en el trámite de la reforma y que, por lo tanto, resulta “altamente inconveniente que la reforma sea enmendada por el Congreso”.
Independientemente que está desesperada salida política sea constitucional o no, lo cierto es que la reforma resulto ser una verdadera “Caja de Pandora” que desató todas las tormentas políticas que el Gobierno nunca se imaginó cosechar. Y, sea cual sea el desenlace final de esta tormenta, la gobernabilidad del Presidente Santos se verá seriamente afectada y a partir del próximo 20 de julio la Unidad Nacional comenzará a resquebrajarse terminando con su prolongada “luna de miel”.
Al Presidente le esperan dos años con el sol a las espaldas.
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