Estamos próximos a cumplir un año
y las conversaciones de paz en La Habana parecen haber llegado a un punto inflexión.
De un lado, el Presidente Santos, presionado por el costalazo que sufrió en las
encuestas, manifestó que la paciencia de los colombianos tiene un límite y le
reclamó a las FARC la pronta concreción de los acuerdos. En este mismo sentido
se acaba de pronunciar uno de los escuderos más connotados del proyecto
reeleccionista, Silva, en el sentido de que llego la hora de romper las
negociaciones para garantizar la reelección del presidente. De otro lado, el
jefe de la insurgencia amenazó con divulgar los llamados “secretos” de las
conversaciones de La Habana. Y volvió a referirse que las FARC no tienen
ninguna prisa y que no se van a dejar presionar por los “afanes electorales” del presidente Santos. Lo cual le sirvió en
bandeja de plata a los enemigos del proceso de paz, para reclamarle al gobierno
que de a conocer cuáles son los tales “pactos
secretos” con la insurgencia. Estas tensiones se dan en medio de un
desencanto cada vez más generalizado de la opinión pública sobre los resultados
de las negociaciones con las FARC. Con lo cual queda demostrado que las
conversaciones en La Habana pueden entrar en el túnel de la sin salida, sí los
actores comienzan a “descontar sus
propios tiempos ” por encima de los avatares de la negociación misma. Es
bien conocido en la teoría de la resolución
de conflictos que sí los tiempos con que se descuentan los costos de una
negociación no son convergentes, las negociaciones tienden a disolverse o a
estancarse irremediablemente.
Afortunadamente, las señales con
las cuales se inicia la 15ª ronda de negociaciones en La Habana van en otro
sentido: el gobierno autorizó el viaje de la comisión del Congreso a la Habana
y el jefe de las FARC desactivo el torpedo de la amenaza del rompimiento de la
discrecionalidad de las conversaciones. En esta ronda se espera que las partes
lleguen a un acuerdo sólido sobre los términos y las condiciones para que la
insurgencia cambie “las balas por los
votos”. Acuerdo que involucra tres aspectos sustanciales: la participación
política de los exguerrilleros en el poder político, las garantías que el
gobierno les ofrece y la aplicación de la justicia y reparación de las
víctimas. Aspectos estos que constituyen el almendrón de la negociación: ¿qué
tanta justicia se debe aplicar para reparar a las víctimas y castigar los
responsables de los “crímenes guerra”?,
tal como lo contempla el Estatuto de Roma. ¿Cuál es la cuota de participación
política que el gobierno se compromete a ofrecer a los insurgentes
desmovilizados? Y ¿cuáles son las garantías que le ofrece el Estado para que
los acuerdos sean creíbles y legítimos?.
De la forma como se desentrañen
estos nudos gordianos depende que el
proceso salga del atolladero en que se encuentra y se encamine hacia la firma
del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado. Acuerdo que deberá
firmarse más temprano que tarde para recuperar la confianza de los colombianos
y lograr un respaldo significativo para su refrendación.
Sin embargo, una vez superados
estos escollos y firmado el Acuerdo, el proceso de paz entrara en su tercer
tiempo, sobre el cual quiero referirme por segunda vez para explorar los retos que
se deben enfrentar en el postconflicto. Un aspecto esencial lo constituye la
implementación de los Acuerdos en los territorios que fueron del escenario de
la confrontación armada y que dejaron unas profundas huellas en la
gobernabilidad y la gobernanza de esos territorios. Aspectos que tienen que ver
con: la recomposición de la tenencia, el acceso y uso de las tierras; la democratización
y los derechos políticos de sus pobladores; y la gobernanza de los territorios.
En relación con el conflicto de
tierras, de acuerdo con los estudios realizados en algunos de los territorios
que han sido epicentros del conflicto y la experiencia internacional, las
políticas de restitución de tierras no son suficientes para lograr la
estabilización de los territorios rurales. En la medida que el conflicto armado
en Colombia desencadenó profundas transformaciones en la tenencia y uso de la
tierra, caracterizadas por la concentración de la propiedad de las tierras,
tanto por la vía de la coerción armada (de los grupos armados ilegales) como
por la vía de la compra masiva de tierras de parte de empresarios e
inversionistas que hicieron su agosto en los mercados de tierras especulativos.
Reversar estos fenómenos implica llevar a cabo un reordenamiento integral de
estos territorios, donde se articulen las políticas de restitución con medidas
administrativas que permitan la formalización de la propiedad rural, el acceso
a la tierras a los campesinos pobres y sin tierra, y la reestructuración de la
tenencia y el uso de las tierras rurales indebidamente explotadas.
De acuerdo con muchos estudios de
caso, el 49% de los campesinos que fueron despojados carecían de títulos que
certificaran su pertenencia; de tal manera, que la formalización de la
propiedad rural constituye un componente esencial no solo de la reparación de
las víctimas sino fundamentalmente de la protección de los derechos
patrimoniales de los campesinos. Pero, la forma como se está adelantado el
Programa de formalización de tierras no constituye una garantía de celeridad y
eficacia para lograr la meta propuesta por el gobierno de formalizar 35.625
predios en el cuatrienio 2011-2014 del PND. Se requiere adoptar mecanismos
administrativos que aceleren los logros esperados y permitan que en esos
territorios desestructurados, se les restituya la posesión y el disfrute pleno
de sus derechos patrimoniales.
En relación con la democratización y el restablecimiento
pleno de los derechos políticos de los pobladores rurales es necesario ampliar
los espacios de participación y decisión de los sectores sociales y las
comunidades rurales en los procesos de diseño e implementación de programas
integrales de desarrollo rural con enfoque territorial y emprender un vasto programa
de capacitación y fortalecimiento de las capacidades organizacionales y de
participación política de los pobladores rurales.
En relación con la gobernanza de
los territorios rurales es necesario rediseñar y fortalecer la institucionalidad
rural generando capacidades técnicas y administrativas que les permita a los
pobladores rurales lograr su empoderamiento en las instancias de participación
y toma de decisiones a nivel local, regional y nacional.
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