“Nadie sabe qué lleva en ese costal, el viejo pordiosero.
¿Acaso esconda un libro que narra el combate de Jacob con el ángel exterminador?”
Un Violín para Chagall, Juan Manuel Roca
La semana que termina los colombianos nos enteramos una pésima noticia: la presencia del covid-19 en Corabastos, la central de abastos más importante del país, con 7 casos positivos de contagio y varios más en observación. Y casi simultáneamente, el Ministro de Agricultura anunciaba apresuradamente -en medio de un debate de control político que le hiciera el ahora el Congreso virtual de la República- la aprobación del proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas para la Vida 2020 -PAAP-, destinado a apoyar la vinculación de los pequeños productores rurales a los mercados de abastecimiento agroalimentario, a través de un esquema de agronegocios; al cual se le destinarán un poco más 40 mil millones de pesos.
Corabastos ha sido tradicionalmente un pésimo modelo de la intermediación del mercado de alimentos del país. Funciona como un gigantesco hipermercado donde se negocian un promedio de 8.500 toneladas de alimentos y un pequeño grupo de mayoristas les fijan el precio a los alimentos en Colombia. Utilizando un grupo de inspectores que, linterna en mano, revisan la carga de los cerca de 10.000 vehículos de transporte que ingresan diariamente a esta Central de Abastos; provenientes de todos los rincones de la geografía nacional. Estos transportadores -que son otro eslabón más de la ineficiente cadena alimentaria- traen a Corabastos el esfuerzo y la oferta de alimentos de miles de pequeños productores agropecuarios, que ocupan el eslabón más débil de la cadena y perciben menos del 20% del precio de mercado que pagan los consumidores[1].
La noticia que paso casi inadvertida, en medio del ruido que desató el anuncio del gobierno nacional de pasar a un “confinamiento inteligente” y permitir la reapertura paulatina de las actividades económicas, constituye una bomba de tiempo para la seguridad alimentaria del país, dado que en esta central se negocia diariamente un promedio de 8.500 toneladas de alimentos, ingresan cerca de 10.000 vehículos de carga y acuden más de 250.000 personas procedentes de diversos municipios. De tal manera, que el riesgo para la salubridad y la provisión alimentaria de miles de colombianos es monumental. Sin embargo, las autoridades decidieron como el avestruz “esconder la cabeza bajo la tierra” frente al peligro que representa este foco de contagio para la seguridad alimentaria de millones de colombianos.
Ante tamaño desafió, resulta muy poco probable que el proyecto PAAP del Minagricultura -que es un copy paste del proyecto de Alianzas Productivas- sea una alternativa eficaz para enfrentar esta problemática. En primer lugar, en materia de cobertura resulta insignificante que este proyecto solo ofrezca 150 cupos para todo el país -aproximadamente 5 por cada departamento- para paliar esta gigantesca crisis que, de acuerdo con las cifras del Censo Nacional Agropecuario, afecta a un poco más de 725 mil pequeños productores que residen en el área rural dispersa (DANE, 2014) y comercializan en las centrales de abastos entre el 7,8% y el 20% de sus productos. En segundo lugar, en materia de oportunidad no es posible que este proyecto pueda mostrar resultados antes del mes de agosto, dado que se trata de una convocatoria que se cierra el 13 de junio y cuya evaluación, aprobación y primeros desembolsos podrían tardar entre 6 y 8 semanas más. En tercer lugar, en relación con la equidad no resulta creíble que, un proyecto que destina en promedio 5 millones por productor pueda corregir las desventajas que tienen los pequeños productores rurales frente a las grandes superficies comerciales; las cuales suelen quedarse con la tajada más grande del ponqué, que representa hasta el 80% del precio final del producto.
Por estas razones, resulta ineficaz y poco sostenible una política pública agropecuaria que no consulta el contexto de crisis que exige repensar profundamente el sistema de intermediación para rediseñar el modelo de abastecimiento alimentario, tanto en términos de la escala como de los espacios geográficos de realización.
Las crisis, no hay que olvidarlo, también generan nuevas oportunidades para “romper la caja” y buscar nuevas soluciones que hagan posible la transformación de los viejos paradigmas. Como dijera A. Einstein “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”. Esto es, debemos hacer posible lo imposible y superar la inacción que significa hacer “más de lo mismo”.
El diseño de un nuevo modelo de abastecimiento alimentario para el país requiere repensar tres paradigmas que sustentan el modelo actual: en primer lugar, se requiere desconcentrar y reducir la escala de operaciones del sistema de abastecimiento para disminuir los riesgos que implica el actual modelo de Corabastos y reemplazarlo por redes de abastecimiento que distribuyan directamente los alimentos en las tiendas de barrio, en las pequeñas plazas de mercado, mediante nutri-redes que abastecen directamente a los habitantes en sus lugares de residencia. En segundo lugar, es necesario priorizar las cadenas cortas de abastecimiento que son las que abastecen a los mercados locales y garantizan la seguridad alimentaria de los pobladores de las esas pequeñas comunidades. En una estrategia como esta puede funcionar muy bien el modelo de los mercados campesinos y la creciente presencia de los mercados “verdes” o agroecológicos, que agregan valores locales como la denominación de origen o los sellos verdes; los cuales dinamizan las economías locales y generan nuevas fuentes de ocupación e ingresos para sus habitantes.
Finalmente, las redes locales generan nuevas narrativas emancipadoras, basadas en movimientos de resistencia local o ecoterritoriales, tales como la agroecología, los negocios verdes, las redes de ayuda mutua o redes de solidaridad territorial; donde se expresan otras formas de vida o formas de capital social, basadas en criterios de solidaridad y ayuda mutua.
Este conjunto de aspectos, que están cobrando cada vez más fuerza como nuevos paradigmas relacionales, implican el reconocimiento y el cuidado del otro, y la toma de conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe a todos.
En el contexto actual de esta pandemia, en las discusiones del mundo se han abierto paso las voces de quienes señalan la urgencia de celebrar un nuevo pacto social verde (Green New Deal, con se conoce en ingles) para enfrentar la crisis climática que está detrás del origen de esta pandemia. Desde la diputada demócrata Ocasio-Cortez, hasta el sociólogo y economista norteamericano Jeremy Rickin han venido insistiendo en la necesidad de buscar un nuevo modelo de vida basado lo que el filosofo Félix Guattarri denominó las tres ecologías: la justicia social, la justicia ambiental y la felicidad humana, bajo la égida de una nueva ética de la vida o bioética. La cual debería tener como fundamentos el cuidado del otro, la solidaridad y la interacción entre nosotros y la naturaleza, y entre lo humano y lo no humano.
Solo una construcción colectiva y solidaria nos permitirá reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos unos vínculos de vida basados en la solidaridad y el cuidado mutuo y no en la destrucción.
Luis Alfredo Muñoz Wilches, 26 de abril de 2020
[1] Caicedo Diaz, J.F., 2013. La intermediación como impedimento al desarrollo del pequeño productor de Medellin, en la Revista Economía y Desarrollo Rural, enero-junio de 2013, Corpoica, Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Medellin.
Buena reflexion y buena lectura de lo que esta aconteciendo
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