“No nos pueden prohibir que soñemos”
Jorge Enrique Oramas, sociólogo y líder ambiental asesinado
Esta semana me invitaron a conversar en un Panel de la Sociedad Rural y la Post-pandemia, organizado por la Corporación Misión Rural, sobre las nuevas formas de economía en un momento de transición. Esta es una invitación muy provocadora para un economista que, como yo, nos dedicamos a la difícil práctica anticipatoria. Sin embargo, en circunstancias tan excepcionales como las actuales es necesario asumir una aptitud de sano escepticismo, similar a la expresada en la famoso frase del poeta Mario Benedetti: “Cuando creíamos saber todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas”
Con el Covid-19, al igual que en la paradoja de Nassim Taleb, estamos frente a un Cisne Negro. Una pandemia que desafía todos los paradigmas convencionales de las ciencias que con su aparición desvirtúa las creencias y la ciega confianza en la capacidad predictiva de los modelos determinísticos.
Con el covid-19 estamos frente a un rompecabezas que, tal como lo han advertido los científicos del Imperial College de Londres, los modelos pueden ayudar a entender el comportamiento de una pandemia, pero no tienen la capacidad de anticipar lo que podrá ocurrir en el mundo ni ningún país en particular. ¿De qué depende el comportamiento de un fenómeno epidemiológico como el actual? ¿Depende solo del comportamiento del agente infeccioso? o ¿Depende del comportamiento de las personas infectadas? o ¿Depende de la capacidad del sistema de salud para saber que tan exitoso puede ser un país para enfrentarlo? Hasta ahora ningún país del mundo, por más desarrollado que sea, dispone de las herramientas suficientes para frenar la expansión del covid-19. Lo que hemos observado son casos más o menos con exitosos para detectar, intervenir y contener los casos de contagio y letalidad, pero en ningún caso podemos evitar estos riesgos.
De manera similar, los efectos económicos y sociales de esta pandemia son impredecibles. La mayoría de los organismos internacionales y los centros de pensamiento económico del mundo han coincidido en afirmar que las economías han entrado en una fase de recesión, con los consiguientes impactos en materia de desempleo, quiebra de empresas, incremento de la pobreza y hambruna, sin que podamos anticiparnos para conocer cuanto puede durar y cuáles serán sus efectos en el mediano y largo plazo .
No obstante, algunos gurus de la economía hayan salido a pronosticar que la recuperación de las economías latinoamericanos vendrá en el año 2021. En nuestro país, el gobierno ha comenzado a expresar una inexplicable confianza en la pronta y segura recuperación del crecimiento económico. Nuestro Ministro de Agricultura, ha sido uno de los primeros en sacar pecho con las cifras preliminares de crecimiento del sector agrícola durante el primer trimestre del año, que según el DANE fue del 6,8%. Pero esta “pandiado” -como dijera nuestro querido Enrique Oramas- por cuanto esas cifras esconden la estacionalidad del crecimiento del precio internacional del arroz (20%), provocado por el cierre temporal de las exportaciones de Vietnam, el mayor exportador del mundo. Sin ese efecto distorsionador, el sector agrícola solo creció en un 2,3%. Además, estas cifras ocultan las fuertes caídas que está teniendo el café y las flores, renglones que generan los mayores volúmenes de empleo en el campo.
De tal manera, que toda esa “hechicería harrypotteriana” de la que hacen uso nuestros economistas ortodoxos se cae de su propio peso. Los efectos recesivos de la pandemia tienen correas de transmisión muy diferenciadas dependiendo del tipo de cadenas de abastecimiento y del lugar que ocupan en cada país los diferentes grupos socioeconómicos. La FAO ha señalado, en su más reciente informe, que la cadena de los cereales (commodities seriales) que manejan las grandes transnacionales, goza de muy buena salud. Mientras que la cadena de alimenticos, como las verduras, frutas, carne y leche, de alto valor nutricional está sufriendo los mayores problemas de oferta y demanda.
Las estadísticas oficiales ya comenzaron a registrar fuertes caídas en la producción de alimentos, como es el caso del café en nuestro país, cuya producción cayó un 18,4%, debido a las restricciones impuestas por el confinamiento que afecta la oferta laboral en un período crítico de cosecha o de siembra. Al igual que el incremento en el costo de los insumos importados por efectos de la devaluación de la moneda nacional.
Por estas razones, la FAO advirtió sobre los peligros de la inseguridad alimentaria que se cierne sobre los países latinoamericanos, que son los mayores productores de estos productos alimenticios de alto valor.
Pero ¿De qué depende que esta situación tenga un mayor impacto en la producción agrícola durante la pos-pandemia? ¿Y que los campesinos y productores agrícolas, sobre cuyos hombros recae el peso de la producción alimentaria de nuestros países, no se lleven la peor parte y que regresen a los niveles de pobreza que teníamos hace 15 o 20 años?
Ello va a depender de los tres factores que configuran las formas de vida rural sostenibles: el primero, lo constituye la provisión de activos productivos, tanto tangibles como intangibles. Sabemos que uno de los activos tangibles que garantiza la estabilidad de las provisiones es la tierra. En Colombia, particularmente, este factor constituye la almendra del Acuerdo de Paz de La Habana, tanto en el tema del acceso de los trabajadores agrícolas sin tierra como en la formalización de la propiedad rural. Sin embargo, el Acuerdo, como todos sabemos, no se está cumpliendo. ¡Ni una sola hectárea de tierra ha sido entregada a los campesinos en el tiempo que llevamos de posconflicto! En el Programa de Restitución de tierras que, hasta finales del anterior gobierno había recibido 122.710 solicitudes por cerca de 3 millones de hectáreas, solo ha logrado restituir el 10% de esas tierras y ahora se enfrenta a una parálisis total, a la espera de la terminación de los 10 años que le estableció la Ley 1448 y que vencen en el 2021.
De otra parte, los activos intangibles están constituidos primordialmente por los lazos de solidaridad, de cooperación entre pobladores, la organización comunitaria y las redes de apoyo con que cuentan los campesinos para enfrentar amenazas y situaciones de peligro, como es el caso de esta pandemia. Lo que estamos viviendo en nuestro país es que la oportunidad y fuerza de los nuevos movimientos sociales, ecológicos y ambientales que irrumpieron con renovada fuerza en el posconflicto, están siendo diezmados y sus líderes asesinados ante la mirada cómplice del gobierno nacional. En este fin de semana, con el vil asesinado de Jorge Enrique Oramas, sociólogo de los pies descalzos y líder ambiental de los Farallones de Cali, se llego a la triste cifras de 100 lideres y lideresas sociales asesinados en plena cuarentena. Con la actitud indolente del gobierno y la indiferencia de los medios de comunicación, el precario y frágil el tejido social rural -desgarrado por el conflicto armado de más de 50 años- se está haciendo añicos.
El segundo factor que garantiza la sostenibilidad de las formas de vida campesina y rural es el acceso a los bienes públicos rurales. En Colombia y en América Latina, las posibilidades de acceder a los bienes públicos marcan las diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano. En nuestro país, son bien conocidas las enormes brechas existentes en aspectos tales como: el acceso a los servicios sociales básicos, de educación, salud y protección social; la cobertura de servicios domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, energía, telecomunicaciones, conectividad y la precariedad de la infraestructura vial y de transporte. Tal como quedo retratado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia Rural: Razones para la esperanza” (PNUD, 2011)
Estos accesos dependen fundamentalmente del tipo de políticas públicas que se adopten en cada país. Llama mucho la atención que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que es un ministerio que debería estar enfocado en agenciar políticas de desarrollo rural, solo este concentrado en los temas productivos. Recientemente el Ministerio ha anunciado la puesta en marcha de varios programas de apoyo al pequeño productor agropecuario en esta crisis, que en su conjunto suman menos de $100 millones de pesos (Campo Emprende, con $35.560 millones y Alianzas Productivas para la Vida -APPV-, con $42.000 millones). Lo cual, frente a la magnitud de los impactos previsibles de la pandemia, resultan a todas luces insuficientes, como lo demuestra su ridícula cobertura que solo llega al 1% de los agricultores. Los otros instrumentos de política son los tradicionales instrumentos financieros, otorgados a la Banca comercial haciendo uso de las líneas de crédito de FINAGRO; los cuales son tremendamente inequitativos. De acuerdo con la misma información de FINAGRO, las operaciones de desembolsos en estos últimos tres meses han favorecido solo al 0,6% de los grandes propietarios con el otorgamiento del 84% del crédito agropecuario mientras que, en el otro lado de este desbalance, al 75% de las solicitudes de los pequeños productores se les ha otorgado la insignificante suma del 0,3% del crédito.
El tercer factor para la sostenibilidad de las formas de vida rural son las capacidades productivas y sociales; las cuales están asociadas directamente con los niveles de educación, innovación y desarrollo organizativo. En materia de educación, la situación es dramática dada las profundas brechas y la baja calidad de la educación rural. Agravada ahora con el cierre de las escuelas y colegios que dificulta aún más el acceso de los niños, niñas y jóvenes a la educación a distancia o virtual.
En relación con la innovación y transferencia de tecnologías, la ausencia de un fuerte sistema de transferencia de tecnologías ahonda cada día más las brechas tecnológicas del sector agropecuario y rural. Lo cual afecta la productividad y competitividad de las cadenas alimenticias de alto valor, como lo son: frutas, carne, leche, hortalizas y leguminosas.
Estas cadenas enfrentan hoy varios obstáculos, derivados de la frágil exposición de los pequeños productores a los impactos de la pandemia. La FAO prevé que las cadenas de productos alimenticos de alto valor se verán afectadas de dos maneras: de una parte, por el choque de oferta, provocado tanto por la reducción de la mano de obra disponible como por los problemas de salud que afectan el transporte y la logística. Por otra parte, estamos asistiendo a un choque de demanda debido a la reducción del consumo en restaurantes y cafeterías. Situación que se agravará en la etapa del pos-covid, donde vamos a asistir seguramente a un descenso prolongado en el consumo. Situación que para los países del tercer mundo y, particularmente, en América Latina va a tener grandes repercusiones, dada su dependencia de las exportaciones agrícolas.
Sin embargo, las cadenas de transmisión de la crisis son diferentes dependiendo mucho de la configuración de las cadenas de abastecimiento de cada país. En el caso de nuestro país sabemos que la exposición a los impactos del covid-19 va a ser mayor por el lado de la oferta que por el lado de la demanda. Factores como el incremento del costo de los insumos, por efecto de la devaluación de la moneda, las limitaciones de los pequeños productores al acceso al capital y a la tecnología, y la escasez de mano de obra va a afectar significativamente la producción agrícola en la pos-pandemia.
Otro aspecto, particularmente crítico de las capacidades son los niveles de organización socio empresarial alcanzados y su papel dentro de las cadenas de abastecimiento alimentario. En la mayoría de las agro cadenas alimenticias, la participación de los pequeños productores es aún muy inequitativa pese a los avances logrados en la firma de los acuerdos de competitividad y en conformación de federaciones y confederaciones de productores. Aún siguen siendo dominantes los intereses corporativos que se sobreponen a la cooperación y a los intereses comunitarios. Una experiencia reciente muy interesante es la conformación de agroredes y nutriredes en el marco de los sistemas de abastecimiento alimentario de Bogotá y Medellín, donde predominan las economías colaborativas.
Por estas razones, la tarea de fortalecimiento de las distintas formas asociativas es de suma importancia para hacer del campesinado colombiano una fuerza deliberante, con capacidad de afrontar los grandes retos que se derivan de la pos-pandemia. Particularmente, en dos frentes: la conformación de redes de productores que garanticen el abastecimiento y la seguridad alimentaria, amenazada por los impactos negativos de la pandemia y, por otra parte, el fortalecimiento de cadenas alimentarias y nutricionales cortas que permitan la diversificación de las canastas alimenticias básicas de los pobladores y la dinamización de las economías locales.
La actual coyuntura es una gran oportunidad para darle la vuelta a los sistemas de abastecimiento para que su operación favorezca los intereses de los productores agrícolas y las comunidades locales.
Luis Alfredo Muñoz Wilches, Bogotá 17 de mayo de 2020
