LAS TRES CIMAS DEL PROCESO DE PAZ

Este domingo 26 de mayo de 2013 se hizo publico el acuerdo entre los delegados del Gobierno de Colombia y las FARC-EP, relacionado con el primer punto de Agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Este hecho, considerado por algunas voces de la opinión pública nacional e internacional, como un hecho histórico, constituye sin duda un acontecimiento político de grandes alcances para la paz y la esperanza de los colombianos. Con la llegada a este puerto de las “Tres Cimas”, el proceso de negociaciones entre el Gobierno Colombiano y la insurgencia de las FARC, entra en una nueva dinámica marcada por tres factores claves para la superación del conflicto armado colombiano.

En primer término, el anuncio del primer acuerdo denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, abre las exclusas para la superación del “problema agrario” colombiano, considerado por muchos expertos como la “nuez” del conflicto. En efecto, las profundas brechas sociales y económicas que segregan al campo colombiano, los desequilibrios regionales, la inequidad, el despojo y el acaparamiento de la propiedad rural, están en el origen del conflicto armado que ha predominado en el mundo rural durante los últimos 50 años.

La terminación del conflicto representa la oportunidad histórica para lograr las transformaciones sociales, productivas e institucionales que se requieren para lograr una verdadera reforma rural integral en Colombia. La agenda acordada en La Habana, incluye temas tales como: la democratización del acceso a la propiedad rural; la reconversión de las tierras improductivas; la formalización y protección de los derechos de propiedad; la delimitación de la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva campesina y forestal; la lucha contra la pobreza rural; el estimulo a la producción,  a la economía solidaria y cooperativa, la asistencia técnica, el crédito y la generación de ingresos; el acceso a los bienes y servicios sociales básicos; y el apoyo a las políticas alimentarias y nutricionales. Para ello, el acuerdo prevee instrumentos tales como la creación de un Fondo de Tierras para la Paz; el fortalecimiento de la jurisdicción agraria; la actualización y consolidación del catastro rural; y el desarrollo de Programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial –PDRIET-.

En segundo término, para una opinión pública mayoritariamente escéptica sobre los resultados de las negociaciones, el acuerdo le otorga un aire de credibilidad y confianza en que se puede lograr un acuerdo definitivo para la terminación del conflicto. Aunque sea un acuerdo parcial que no desata todos los nudos gordianos de la negociación, por aquello de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”; sin embargo, constituye un avance significativo en la dirección correcta, en la cual gana el gobierno y gana la insurgencia, al demostrar su voluntad sincera de lograr los acuerdos definitivos.

Finalmente, el acuerdo se logra en un momento crucial para las expectativas del proceso, despejando los nubarrones –algunos reales y otros creados por los opositores al proceso de paz con las FARC- que se habían posado en la cima del empinado proceso y que impedían ver la llegada al “llanito” de los acuerdos.

Por estas razones, el primer acuerdo de los seis puntos de la Agenda, nos llega en el mejor momento y nos devuelve la esperanza al dejar ver la “luz al final del túnel”

Luis Alfredo Muñoz Wilches

Consultor Independiente

Miembro del Centro de Pensamiento Estratégico para la Prosperidad y la Acción Social –CEPAS-

EL CAMINO DE OSLO

EL CAMINO DE OSLO

El camino de Oslo significa no solo la protocologización de la segunda fase del Proceso de Paz en Colombia, definido como Mesa de Negociación de la Paz, sino la refrendación del carácter de negociadores plenipotenciarios de los (10) integrantes de la Mesa de Negociación: 5 delegados del Gobierno Colombiano y 5 delegados de las FARC. Los cuales contaran con el apoyo de un grupo de asesores integrado por 20 miembros de cada una de las partes que podrán ser rotados a voluntad de las partes.

Tal como lo expreso el Presidente Juan Manuel Santos, el encuentro de Oslo representa un paso más en la dirección del camino de la paz. Una vez surtida la fase exploratoria, que duro más de dos años, se inicia -con paso firme pero discreto- la fase de negociación del fin del conflicto armado en Colombia.  Por primera vez en la historia del prolongado conflicto armado en Colombia, las partes se sientan en Oslo con el firme propósito de pactar la terminación del conflicto armado. Para lo cual, se pacto una Agenda temática de 5 puntos y un procedimiento de negociación en medio del conflicto, donde las partes manifestaron su intención de NO levantarse de la Mesa hasta concluida toda la agenda de la negociación.

En opinión de uno de nuestros expertos –expresada en nuestro pasado encuentro del 2 de octubre- la negociación está avanzada en un 90%. Sin embargo, tal como lo manifestaran los voceros de la insurgencia “nada está pactado hasta que todo este pactado”. Razón por la cual, los tiempos de la negociación no están plenamente acotados y podrían ser un motivo de las previsibles divergencias que deben dirimirse durante esta fase de negociación.

Para el gobierno Colombiano, la fase de negociación debe contabilizarse el meses y estaría condicionada por la expectativa del próximo proceso electoral colombiano, que se inicia hacia finales del año entrante (2013). Sin embargo, sí bien la insurgencia aspira a llegar a ese proceso como un nuevo actor político de la contienda electoral, no es un escenario que los trasnoche.

De todas formas, los tiempos de la negociación para ambos bandos se sitúan más en el corto que en el mediano o largo plazo.

Un segundo aspecto que es fundamental para la negociación es la legitimidad internacional otorgada a los negociadores. El hecho que las partes estuvieran de acuerdo en emprender el camino hacia Oslo, en lugar de permanecer cómodamente sentados en la Habana, significa que se busca lograr ese reconocimiento de la comunidad internacional. Lo cual no solo ayuda a “blindar” el proceso de las amenazas internas y externas, sino que esto puede significar el desbloqueo de la “espada de Damocles” que pesa sobre las cabezas del secretariado de las FARC, tanto en la Corte Penal Internacional como en el Departamento de Estado de los EEUU. Una señal clara de estos intríngulis la representa la inclusión de la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer en la mesa de Oslo, sobre la cual pesan varias circulares rojas de la Interpol.

El tercer aspecto clave de este encuentro es la voluntad expresada por las partes de poner fin al conflicto armado en Colombia y hacerlo por la vía de la negociación política. En este aspecto, la habilidad del Presidente Santos se asemeja a la habilidad estratégica de Pekerman con la selección Colombia, al reconocer y direccionar todas las baterías políticas en la búsqueda de una salida negociada. Primero, reconoció el carácter político del conflicto armado, distanciándose fuertemente de la posición de su antecesor, el Presidente Uribe, quién siempre lo vio como una “guerra terrorista” contra el Estado. Luego, con la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, colocó a las víctimas del conflicto en el centro de atención de la política de reparación. Igualmente, el tema del despojo de las tierras y su intención de retornarlas a sus verdaderos dueños, a pesar de la resistencia de la insurgencia de reconocer su carácter progresista, constituye la cuota inicial de la política de tierras y desarrollo rural que está en el epicentro del conflicto armado colombiano.

En cuarto lugar, está la inclusión como primer punto de la Agenda el tema de la Tierra y el desarrollo rural, constituye un reconocimiento a la legendaria lucha por la tierra en Colombia como una de las fuentes primarias del conflicto armado. Para las FARC, este ha sido su legado histórico y no podría pasar a la historia sin revindicar su carácter de “guerrilla campesina”. Este es un “punto de honor, tal como lo expresara Alejandro Reyes en nuestro pasado conversatorio sobre la Ley de Desarrollo Rural. Por lo tanto, los temas de tierras y desarrollo rural territorial constituyen la puerta de entrada a la pacificación de extensas zonas del país y la oportunidad de lograr una completa reinserción de las bases campesinas y milicianas de las FARC. Adicionalmente, este tema está atravesado por los temas de la participación política de la insurgencia, el desarrollo regional, los cultivos ilícitos y la justicia transicional. De ahí la importancia estratégica del tema agrario en la negociación de la paz en Colombia.

Finalmente, está el tema del cese al fuego que aunque se pacto NO incluirlo en la Agenda de la negociación, es un “llanito” que se cruza en el camino de las negociaciones. De una parte, distintos sectores de la opinión nacional reclaman que este tema haga parte de la Agenda de la Habana. Igualmente, los voceros de las FARC han comenzado a proponer que se discuta en la Mesa. De tal manera, que más temprano que tarde comenzará a tener que ser abordado en las negociaciones de paz.

Amanecerá y veremos!

LA CAJA DE PANDORA DE LA REFORMA A LA JUSTICIA ... HASTA CUANDO?

Esta semana el país despierta más confundido que como terminó la semana anterior.

La aprobación del esperpento de Acto Legislativo de Reforma a la Justicia el pasado miércoles 20 al filo de la media noche, desato la peor crisis política de los últimos años en Colombia. El gobierno perdió a uno de sus alfiles, el Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, cuya cabeza rodó como consecuencia del estruendoso fracaso de la Reforma y de las imprevisibles consecuencias institucionales de su entrada en vigencia. El presidente de la Cámara de Representantes y tal vez uno de los delfines más promisorios del Liberalismo, tuvo que agachar la cabeza y reconocer que se equivocó de manera flagrante al no tomarse la molestia de leer el texto final de la conciliación y, no obstante, forzar su aprobación en la plenaria del Congreso esa fatídica noche. La mayoría de los congresistas de la Comisión de Conciliación -6 senadores y 4 representantes- se lavaron las manos y buscaron escondederos de a peso para eludir su responsabilidad ante la creciente ola de indignación que se desató en el país. . Los magistrados de las Cortes se declararon perplejos ante la magnitud de los desafueros de la Reforma, después de haberse congraciado con las gabelas que les fueron otorgadas en el curso de las negociaciones con el Gobierno y los parlamentarios. Hasta el propio Presidente tuvo que salirle al paso a la ola de indignación y haciendo grandes malabarismos políticos y jurídicos anunciar sus objeciones al texto de la Reforma aprobada por el Congreso.

Sin embargo, la decisión del Gobierno parece caer en un verdadero limbo jurídico al carecer de facultades constitucionales para objetar un Acto Legislativo que es facultativo del Congreso. Al mismo tiempo, toman fuerza dos iniciativas que convocan al constituyente primario a hacer uso del poder revocatorio que le otorga la misma Constitución Política: de una parte, la iniciativa ciudadana de convocar a un referendo revocatorio del Acto Legislativo ilegitimo promovida por organizaciones de la sociedad civil y a la cual se sumaron ya varios sectores políticos de oposición. De otra parte, la convocatoria a una constituyente por parte de los sectores uribistas que ven en esta coyuntura la gran oportunidad de poner en marcha su proyecto de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución del 91, a la cual le indilgan el origen del descalabro político y de los impedimentos del Presidente Uribe para retornar al poder.

Ambas iniciativas constituyen una cuenta de cobro contra el capital político del Presidente Santos y de concretarse constituirían un freno a sus aspiraciones reeleccionistas, Por estas razones, el Gobierno ha decidido jugársela a fondo por el hundimiento de la reforma. Para lo cual ha convocado a sesiones extras al Congreso los días miércoles y jueves de la presente semana. El Gobierno aduce que existen “dudas de ilegitimidad” en el trámite de la reforma y que, por lo tanto, resulta “altamente inconveniente que la reforma sea enmendada por el Congreso”.

Independientemente que está desesperada salida política sea constitucional o no, lo cierto es que la reforma resulto ser una verdadera “Caja de Pandora” que desató todas las tormentas políticas que el Gobierno nunca se imaginó cosechar. Y, sea cual sea el desenlace final de esta tormenta, la gobernabilidad del Presidente Santos se verá seriamente afectada y a partir del próximo 20 de julio la Unidad Nacional comenzará a resquebrajarse terminando con su prolongada “luna de miel”.

Al Presidente le esperan dos años con el sol a las espaldas.

UN PASO ADELANTE Y DOS PASOS ATRÁS

LA MOVILIDAD DEL ALCALDE PETRO: Un paso adentate y dos pasos atrás?

Las recientes decisiones tomadas por el Alcalde Petro en materia de movilidad y recambios en el equipo de gobierno, constituyen -sin lugar a dudas- un avance frente a la inacción prolongada de su administración que estaba haciendo agua en su precaria gobernabilidad. En particular, la decisión de introducir cambios significativos en el mecanismo del “pico y placa” representa un paso adelante y en la dirección prometida en la campaña de desmontar “gradualmente” las restricciones impuestas a la movilidad por el “pico y placa”. Por encima de la polémica desatada por decisión, la medida significa que el Alcalde le apuesta al mecanismo de la regulación para paliar el embrollo de la movilidad y de esa forma anticiparse a los efectos que las reiteradas demoras en la entrada en operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) le pueden causar a su precaria gobernabilidad. Todos sabemos que los “plazos políticos se vencen” y las “deudas se pagan” políticamente y, en este sentido, en contra del limitado capital político del Alcalde Petro.

Acudir al mecanismo de la “regulación” constituye un reconocimiento de que dentro del arsenal de instrumentos de la política pública, la expedición de esta clase de “normas” aún puede traer efectos benéficos en la movilidad de la ciudad. En efecto, el cambio en la regulación de los tiempos y los espacios de circulación del abultado parque automotor –que de acuerdo con las estimaciones de los expertos de la movilidad puede estar cerca del millón doscientos mil vehículos- puede ayudar a racionalizar la movilidad. Reduce la inmovilidad de los coches en un 25%, al pasar de las 112 horas/mes actuales a 84 h/m por el mecanismo de los pares e impares. Y desplaza su circulación de llamadas “horas pico” a las “horas valle”. Lo cual, en términos llanos significa un incremento potencial en la circulación de vehículos en las horas valle del 65%. Si los supuestos del modelo matemático funcionan, es posible que más del cincuenta por ciento de estos carros NO circulen porque pertenecen a empleados que están sujetos a horarios inflexibles que les impide usarlos en estas horas valle. Lo cual quiere decir que el incremento real será de aproximadamente el 30% en la circulación diaria de vehículos. En segundo lugar, la novedad de la medida está en crear una zona de exclusión: el sur de Bogotá, a partir de la Av. Primero de Mayo. Por tratarse de una zona con predominio de población los estratos 1 y 2 que no poseen vehículo particular y hacen uso frecuente del transporte público, la medida favorece a aquellos contados propietarios de vehículos particulares que los utilizan como medio de trabajo (informal por supuesto). Tal vez el caso más emblemático sea el de los transportistas particulares que realizan “acarreos” en el caótico mercado de Corabastos. Lo cual incrementará la puja en esta congestionada Localidad de Bogotá. Tamaño lio que deberá afrontar el nuevo Secretario de Desarrollo Económico para hacer efectiva la estrategia de abastecimiento alimentario y provisión de las Plazas de Mercado.

Sin embargo, lo que se podría ganar en eficiencia y equidad en la nueva disposición del mecanismo de regulación de “pico y placa” se puede perder en materia de congestión, autorregulación y contaminación. Tal como lo ha descrito la teoría de juegos (Tucker, 1950), en el famoso “dilema del prisionero”, acá estamos frente a un juego que NO es de suma cero, por cuanto el uso que hacemos los particulares de esta norma no depende de la medida misma sino de OTROS factores situacionales –raison d’humanité-, tales como las percepciones de “ventajas” o ganancias ocasionales que se pueden obtener con el incumplimiento y de las sanciones –de todo tipo- que puedan hacerse efectivas. De tal manera que, la sumatoria de las decisiones individuales se alejará cada vez más del óptimo social. La larguísima fila de los “incumplidos” tenderá siempre a incrementar los niveles de congestión del tráfico y, lo que es aún peor, los niveles de contaminación. En síntesis, lo poco o casi nada que se puede ganar en movilidad se va a perder en deterioro de las vías y del medio ambiente.

Estas reflexiones de política pública, nos conducen a pensar que está clase de decisiones, cuando no van acompañadas de una seria e integral planificación pueden devolverse como un bumerang. La regulación para que sea efectiva debe venir acompañada de otras acciones públicas tales como: decisiones en materia del Sistema Integrado de Transporte Público, inversiones en ampliación, mejoramiento de vías, y promoción de la cultura ciudadana, etc.…

Mientras estas decisiones NO sean integrales estaremos expuestos al famoso paradigma leninista de …un paso adelante y dos pasos atrás …

CAFÉ AMARGO

Hace un par de semanas asistímos a la presentación de una publicación sobre la Crisis y Transformaciones del Mundo del Café. Este libro, bellamente editado por la Universidad Javeriana, se ocupa de los resultados de un exhaustivo y cuidadoso examen de las transformaciones ocurridas en el mundo del café durante las últimas décadas y de cómo los diferentes países cafeteros sortearon las situaciones de crisis. Unos con mucho éxito y otros –como es el caso de Colombia- con graves consecuencias para la productividad y competitividad de sus exportaciones.

La caficultura colombiana no logro enfrentar con éxito las vicisitudes del mercado mundial y tampoco pudo aprovechar la reciente expansión del consumo a nivel mundial. Las cifras así lo demuestran. La producción cafetera colombiana cayó hasta ubicarse en 7,8 millones de sacos en el último año, menos de la mitad de la producción que tuvimos durante los tiempos de bonanza. Igualmente, la participación de las exportaciones Colombianas en el mercado cafetero mundial cayó en 7 puntos porcentuales. Situación que fue aprovechada por los nuevos países cafeteros, como Vietnam e Indonesia para desplazar a nuestro país al cuarto puesto en el escalafón mundial. Posición que está siendo amenazada seriamente por países como Perú e India.

En el contexto Latinoamericano, los estudios reunidos y editados por el experto colombiano Mario Samper muestran que mientras países como Brasil, Perú y Costa Rica, lograron importantes transformaciones a sus caficultoras, consistentes en la introducción de innovaciones y la reconversión de los negocios cafeteros. Brasil, el gigante cafetero relocalizó sus áreas productivas hacia las zonas planas y cercanas al mar, logrando así un crecimiento del 13 puntos porcentuales en su participación en el mercado mundial. Perú, un país prácticamente desconocido hasta hace dos décadas en el mercado mundial, logró especializarse en la producción de cafés suaves (tipo gourmet), ocupando el nicho de mercado donde Colombia tuvo siempre la exclusividad.

De acuerdo con una investigación adelantada por el Banco de la República, la productividad física del cultivo del café en Colombia ha caído cerca del 40%, al pasar de una productividad de 14,4 sacos por hectárea en el 2007, a menos de 8,5% en el 2011. Si bien es cierto, como lo afirma la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la productividad del cultivo se ha visto afectada por la ola invernal y el envejecimiento de los cafetales, existen otros factores que la Federación se niega a reconocer. En primer lugar, como lo señalan los expertos del Banco de la República, la “excesiva” regulación del mercado interno y la inflexibilidad de las políticas de la Federación, atadas al monopolio de las exportaciones del café excelso. A lo cual se suman, la falta de una política de reconversión del negocio cafetero para enfrentar la reducción y encarecimiento de la mano de obra, el envejecimiento de los cultivadores y la reducción del tamaño de las plantaciones (la “microcaficultura”), han contribuido enormemente a empeorar la crisis de la caficultura colombiana. Tal parece que la Federación prefirió “dormirse sobre los laureles” y ahora tendrá que beberse este “café amargo”

¡Es la economía, estúpido!

La célebre frase de James Carville, asesor de la campaña de Bill Clinton en su primera elección, nos sirve para enmarcar la caída con la que tropezó la bolsa colombiana el pasado viernes 1 de junio. El efecto “bola de nieve” que se apoderó de las principales bolsas del mundo confirma el carácter globalizado de las economías y nuestra creciente exposición a los vaivenes de la economía mundial.

En efecto, los gélidos vientos de recesión que soplan en las economías capitalistas europeas. Las desalentadoras cifras del desempleo en los Estados Unidos. Y la desaceleración de las locomotoras del sudeste asiático, China e India, le han quitado el aire a las voces de los expertos nacionales que hasta hace poco proclamaban una era expansiva de la economía colombiana. Las locomotoras colombianas pierden su dinamismo, con la caída de los precios internacionales del petróleo y el café.

Internamente, las modestas cifras de crecimiento del PIB (2011) de los sectores industrial (3,9%) y agropecuario (2,2%) contrastan con el crecimiento del sector minero-energético (14,3%) y el sector financiero (5,8%). Cifras que confirman la preocupación por la “reprimarización” de la economía colombiana, cada vez más dependiente de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities. Igualmente, las recientes revelaciones del Simposio sobre el Mercado de Capitales, según el cual en el presente siglo el tamaño del sector financiero colombiano se duplicó hasta constituirse en el 53,5% del PIB. Recorriendo el peligroso camino de la dependencia (path dependence).

Pero más allá de las cifras, debemos indagar por la solidez y la pertinencia de las políticas económicas. El Gobierno Colombiano y el Banco de la República se aferran a las políticas monetarias restrictivas y a políticas cambiarias expansivas que revalorizan el peso colombiano y le hacen perder competitividad a sus exportaciones. En materia fiscal, los excedentes de la bonanza petrolera (regalías) no se están canalizando para resolver los principales “cuellos de botella” del desarrollo: la infraestructura de transporte (red de carreteras y puertos multimodales) y la calidad del recurso humano (educación de calidad y salud).

De esta forma, el país está corriendo el riesgo de profundizar su dependencia del mercado internacional de los commodities y desaprovechar las oportunidades de mejorar la competitividad de sus exportaciones. 

QUÉ TAN PETRO RESULTO EL PLAN DE DESARROLLO DE PETRO?

La aprobación de la hoja de ruta de la Administración del Alcalde Gustavo Petro, el Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana”, por parte de la Comisión del Plan del Concejo Distrital, constituye una victoria temprana del Alcalde en un terreno minado donde existe una férrea oposición. La prolija negociación del equipo de gobierno con los diferentes sectores políticos que tienen asiento en el Concejo Distrital que terminó en la aceptación de un extenso pliego modificatorio, le permitió sortear con éxito el difícil trámite.

Sin embargo, el Plan no tiene garantizado un tramite expedito en las secciones plenarias del Concejo Distrital, donde va ser sometido a una votación artículo por artículo. Y donde va a tener que enfrentar las diferencias de fondo que las mayorías del Concejo tienen a cerca de por lo menos tres temas capitales del Plan: la financiación, las facultades para el Alcalde y las prioridades de inversión en el sistema de movilidad.

En efecto, la Administración del Alcalde Petro ha puesto el mayor énfasis en escalar la inversión del Distrito en casi un 30% para alcanzar una inversión de $61,1 billones en el cuatrienio. Cifra que ha sido cuestionada por la mayoría de los críticos como insostenible desde el punto de vista financiero, basados en el hecho que existe un faltante de $8,5 billones que la Administración se propone financiar con recursos de crédito ($3,5 billones), mayores tributos ($3 billones), y recursos privados ($3,6 billones). Apuesta que si bien puede tener buenas probabilidades de ser alcanzada, dado que Bogotá conserva su calificación (Triple A) que le permite acceder fácilmente a los mercados financieros nacionales e internacionales. No ocurre lo mismo con la propuesta de modernización tributaria que no tiene mucha acogida entre las bancadas de la oposición.

Sin embargo, la argumentación financiera se ha quedado mirando solo un lado de la ecuación de las finanzas públicas: la financiación del gasto. Olvidando que el otro lado es definitivamente más importante: la calidad del gasto. En efecto, la magnitud del gasto que ha venido alcanzado el Distrito es extraordinaria: 9 billones de pesos anuales que representan el 10% del PIB de Bogotá y equivalen a la inversión pública total de todos los departamentos del país. De todos es conocido que esta monumental capacidad del gasto del Distrito no se ha reflejado en un mayor impacto del gasto público y, por el contrario, durante los últimos años se tradujo en una mayor ineficiencia del gasto y, lo que fue peor, en el incremento en los niveles de corrupción. Razón por la cual, es imperioso examinar la calidad del gasto público del Distrito antes de comprometerse a escalar los niveles de inversión. No basta invocar la transparencia o el control social para corregir tales ineficiencias. Este examen debe pasa por revisar por lo menos tres nudos gordianos de la calidad del gasto: los sistemas de asignación, la gestión del gasto público, y los sistemas de información y redición de cuentas.

Frente al primer imperativo, el Plan no aporta mayor claridad. Se limita a proponer un tímido remedo de los “presupuestos participativos” para asignar los pírricos recursos destinados a los Fondos de Desarrollo Local (aprox. $1 billón). Pero deja en manos de las mismas estructuras burocráticas y centralizadas la asignación de la mayoría de los recursos del Plan. En relación con el segundo aspecto, el Distrito adolece de un sistema integrado e integral de gestión del gasto público. Las piezas de este rompecabezas se encuentran dispersas entre la Secretaria de Distrital Planeación (Segplan), la Secretaria de Hacienda (Seguimiento Ejecución Presupuestal) y la Veeduría Distrital (Seguimiento a la Gestión y Resultados). Lo cual hace imposible un seguimiento integral a la gestión del gasto público distrital.